La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres ha sido asesinada hoy a tiros en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, donde residía. Así lo ha informado el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del país centroamericano (CODEH), Hugo Maldonado.

Al parecer, dos hombres armados llegaron a la casa de Berta Cáceres hacia la 01.00 hora local y le dispararon, relató Maldonado a los periodistas.

Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambienteoponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales.

Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres, miembro de la etnia lenca y madre de cuatro hijos, recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Berta Cáceres también encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.

Amenazas de muerte

En varias ocasiones había denunciado amenazas de muerte contra ella y familiares suyos.

Uno de sus hermanos, Gustavo Cáceres, le pidió hoy al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que este caso no pase a ser un número más en las estadísticas de la violencia en el país, y que su asesinato sea esclarecido y se castigue a sus autores.

Añadió que Berta Cáceres “siempre dio la cara” y “nunca utilizó un arma” para protestar, porque “su arma era su voz” para denunciar violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los recursos naturales.

En Honduras, la violencia criminal causa un promedio de trece muertes diarias.

EFE

Ciudad de México, 9 de nov.- Muy serio es el incidente en que tres activistas indígenas de la huasteca michoacana fueron baleados cuando pretendían denunciar en la capital del país, una serie de agresiones de grupos paramilitares, incluido un asesinato.

Los tres indígenes resultaron con heridas de bala mientras caminaban por una avenida de la Delegación Iztapalapa; Jesús Hernández Reyes, de 28 años, con un balazo en el glúteo; Matías Flores Hernández, de 34, con un disparo en el tórax, y Rubicel Hernández García, quien también recibió una herida en el tórax.

Los indígenas llegaron al Distrito Federal para denunciar ante Amnistía Internacional las agresiones por parte de grupos de tipo paramilitar, como apuntó Milenio.

De igual forma el ComitéCerezo emitió una denuncia internacional para denunciar el caso y exigir una investigación exhaustiva para castigar a los responsables. Los indígenas denunciaban también la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López.

Los atacantes dispararon y se dieron a la fuga desde un jetta azul, mismo que está siendo rastreado por la procuraduría capitalina.

Los heridos pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús es parte del Frente en Michoacán, Matías es integrante del Frente en las Huastecas. y el indígena náhuatl, Rubicel pertenece al Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, como precisa 20minutos.

Y es que la situación en Michoacán se encuentran en tal tensión y amenaza latente de violencia, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha intervenido y ha solicitado que prevalezca el diálogo como forma para arreglar las diferencias políticas; particularmente ante fricciones como las registradas entre normalistas y el gobierno del estado, como describe LaSillaRota.

Redacción. Huellas.mx

Fue unánime. Los cinco ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron la razón a 25 mil familias de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán afectadas por la  producción de soya transgénica de la empresa Monsanto, y anularon el permiso dela gigante trasnacional para continuar con la siembra, hasta que sometan a consulta pública la información y las afectaciones que esta actividad genera.

Aunque los efectos totales del amparo aún están por conocerse, el abogado de las comunidades afectadas Jorge Fernández confirmó que una vez notificada la sentencia,la empresa estaría obligada a detener la producción de  soya modificada.

“Los ministros por unanimidad decidieron que se había violado el derecho que tienen las comunidades y que está  consagrado en la Constitución y en tratados internaciones, para que se les consulte con toda la información disponible y en su idioma de cualquier tema que afecte su entorno y ellos decidan si dan su autorización o no” dijo en entrevista.

Sin embargo, agregó el abogado, en su debate y pronunciamiento los ministros no abordaron la otra parte del amparo relacionada con el daño ambiental que ya causó la empresa, luego de que el gobierno federal le expidió permisos para  sembrar la soya transgénica pese a dictámenes ambientales que advirtieron del riesgo para el ecosistema.

“A reserva que revisemos el documento completo de la sentencia tenemos que lamentar que una vez más el tema de los derechos ambientales quede de lado aun en la Corte; creemos que los ministros se quedaron cortos al no tratar el tema ambiental  que sí abordaron en un inicio los jueces de los amparos originales” señaló Fernández.

Araceli Pech Martin, originaria de la comunidad de Hopelchen en Campeche,  y que acudió a la sesión de la Corte en representación de todas las familias afectadas por la siembra de la soya, advirtió que los tiempos en los que se podían pisotear los derechos de las comunidades indígenas ya quedaron atrás.

“El haberle ganado a Monsanto es un referente muy importante para nosotros y es tiempo de que las comunidades indígenas defendamos nuestros derechos porque por años nos hemos acostumbrado  que pasen sobre ellos y no reclamamos. El camino se está abriendo para ello” dijo en entrevista.

La sentencia de la Segunda Sala, agregó Francisco Martínez Esponda, director Regional de la organización no gubernamental Centro Mexicano de Derechos Ambientales, también servirá de referente para otros procesos que ya se encuentran en curso relacionados con daño provocados en comunidades indígenas, principalmente de Chiapas y Quintana Roo.

Ni siquiera les preguntaron

El derecho mexicano e internacional respalda a las comunidades indígenas para que sean consultadas y tomadas en cuenta si su entorno pretende ser intervenido en cualquier forma. El articulo 2 de la Constitución y en el 108 de la Ley de Bioseguridad, subrayan que las comunidades tienen la garantía de ser consultadas de forma libre e informada.

De la misma forma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de Naciones Unidas sobre seguridad de los Pueblos Indígenas, refirman el derecho de información y consulta de las comunidades.

Pero nada de eso ocurrió en el caso de Monsanto. Los ministros de la Segunda Salaconcluyeron que las 25 mil familias de las distintas regiones mayas de Yucatán y Campeche donde se siembran la soya transgénica nunca fueron consultadas sobre lo que se iba a hacer en el territorio donde viven.

El resultado a los pocos meses fue una afectación considerable en las zonas de cultivo y trabajo de las que dependen las comunidades, pues no hubo ningún tipo de previsión ni preparación al respecto.

“Nosotros tenemos que estar en la consulta porque no pueden consultar a quien no está afectado.  Y el tema no es si solo siembra o no esta soya sino como protegen a las comunidades mayas e indígenas con todos sus recursos naturales y la biodiversidad que tanto daño se está haciendo con esta agricultura industrial y como nos pueden proteger” señaló Pech Martin.

Uno de los daños de mayor consideración fue para las actividades de apicultura de la región, es decir de la producción de miel, actividad fundamental de la que dependen la mayoría  de las familias de las regiones afectadas.

Las abejas, explicó Pech, comenzaron a  morirse por las fumigaciones aéreas hechas para los cultivos de la soya transgénica.

“Tenemos también  el riesgo de la contaminación de la miel con el rastro del polen transgénico… estamos disminuyendo el volumen de producción y esto se debe a que hay grandes extensiones de deforestación y a que hay una pérdida de especies que necesitan las abejas para el néctar y el polen” señaló.

En ese contexto, la segunda Sala de la Corte, que preside el ministro Alberto Pérez Dayan, determinó que los permisos para la producción de la soya no pueden continuar hasta que se haga la referida consulta.

El abogado Jorge Fernández explicó que no se trata de una encuesta al vapor ni de un proceso sencillo, pues la consulta pública no solo conlleva preguntas sino información clara y honesta sobre las afectaciones que se produzcan en el medio ambiente, y que  debe ser presentada en los idiomas y dialectos de los pueblos.

“Hay toda una serie de mecanismo y metodología y es por eso que se dará vista a varias instancias de gobierno entre ellas la Comisión para los Pueblos Indígenas, para que se comience a trabajar en este procedimiento” agregó el litigante.

Impunidad ambiental

En 2011,  tres instancias especializadas, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) emitieron dictámenes en los que identificaron el daño tanto al agua, como a la flora y fauna que podría originar la siembra de transgénicos en Campeche y Yucatán.

Pese a lo anterior, Monsanto recibió los permisos oficiales de instancias como Semarnat y Sagarpa para iniciar la siembra y cosecha de la soya genéticamente modificada.

En 2012, tres jueces federales de Campeche y Yucatán concedieron distintos amparos a las comunidades, en los que se reconocía que hubo una violación no sólo por la  falta de consulta sino en el derecho que establece la Constitución para poder vivir en un medio ambiente sano.

Sin embargo, según lo explicado por el abogado Fernández, los ministros de la segunda Sala de la Corte dejaron de lado esta situación en el debate que  sostuvieron, y abordaron únicamente lo relacionado con la falta de consulta en las comunidades.

“Tenían que haberse tomado en consideración los dictámenes ambientales que había en el expediente y que no acataron las autoridades federales (…) nosotros consideramos que es una violación trascendental que tenía que haber analizado la Corte, sobretodo porque si lo vieron los jueces de distrito. Falta ver en engrose pero parece se run tema que no le entraron” dijo el abogado.

Consideró que aun cuando la Corte ha tenido resoluciones favorables hacia las comunidades indígenas como la del caso Monsanto, sigue quedando como pendiente el tema del derecho ambiental en varios expedientes.

Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambientales, dijo que no es un dato  menor que las zonas mejor conservadas en temas ambientales del país son aquellas en las que precisamente habitan comunidades indígenas, por lo que cualquier intervención unilateral es de la mayor relevancia.

“Cuando el estado mexicano toma decisiones como las de este caso (Monsanto), es decir expedir un permiso para la siembra de soya transparencia sin medir lo que esto implica y las afectaciones que genera, violenta el paradigma de los derechos humanos pero también el patrimonio cultural y ambiental” dijo.

En ese contexto subrayó que esperarán para ver si en el documento final del amparo se considera el tema ambiental, luego de que en el debate no se hizo mención al mismo.

Aun con lo anterior, Martínez Esponda celebró el que se esté avanzando con estas sentencias a un Estado que reconoce los derechos de las comunidades indígenas y su entorno, sobretodo en vísperas de nuevos procesos que vienen como los relacionados con as actividades minera so de uso de agua también en áreas protegidas.

animalpolitico.com

En conferencia de prensa, la comunidad indígena Binnizá dio a conocer que el 30 de septiembre el Juez Séptimo de Distrito de Salina Cruz, Isaías Corona Coronado, dictó una orden de suspensión para el proyecto “Eólico del Sur”, que frena todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios del uso de suelo otorgados.

Fernando Córdoba, biólogo integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), comentó al respecto: “Esta orden de suspensión confirma las denuncias que estamos llevando a cabo, desde que el gobierno Federal impuso simulaciones de consulta en el Espinal y en Juchitán para dar legitimidad a un proyecto rechazado por la mayoría de la población”.

Sobre el tema, Alejandro Regalado, representante de la comunidad indígena Binnizá expresó estar dispuesto “a lo que sea” para que las nuevas generaciones de la comunidad tengan un lugar para pescar y trabajar.

“¿Por qué el gobierno no nos escucha? ¿Por qué no nos está haciendo caso?… La consulta no se hizo bien, hubo amenazas y hubo dinero”, dijo.

Cristina Hordaga, integrante de Just Associates (JASS) comentó que “esta victoria manda un mensaje importante al estado, a las empresas, a las autoridades, a los intereses privados y particulares que están intentando detener y obstaculizar la lucha que se está llevando a cabo” e hizo hincapié en que el Estado tiene la responsabilidad y obligación de proporcionar las herramientas necesarias para los pueblos indígenas puedan proteger sus recursos naturales.

Para finalizar, hicieron un llamado a la sociedad para que se esté al pendiente de que se cumplan las leyes y la orden de suspensión ya que, comentaron que esta es una batalla ganada para defender la autonomía y autoridad de los diversos pueblos indígenas, buscando ser solidarios.

cencos.org

Ciudad de México, 29 de sep.- De forma gradual la primera dama de México, Ángelica Rivera, ha comenzado a consolidar una nueva imagen pública, intentando ser más cercana a la gente, y tratando de ser participativa en su misión en el DIF.

En esta ocasión visitó Chihuahua donde convivió donde convivió con niños y personas humildes indígenas raramuris mayormente de la Sierra Tarahumara, recorrido que hizo en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña.

Rivera, quien es presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF afirmó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia de gobierno efectiva para combatir la pobreza extrema y el hambre.

En evento donde también estuvo presente el gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, su esposa Bertha Gómez y la directora general de DIF Nacional Laura Vargas Carrillo, visitaron un Centro de Rehabilitación y Educación Especial de la ciudad de Chihuahua donde se da atención a personas con discapacidad motora, auditiva, de lenguaje, visual, entre otras.

La semana pasada Rivera estuvo también en una escuela maya en la Península de Yucatán, y días antes visitó también el Centro de Rehabilitación Gaby Brimmer, confirmando que se mantiene del lado de los intereses de marido, sobre lo que mucho se espéculo, y tratando de cambiar también la percepción que se tiene de la primera dama.

Redacción. Huellas.mx

Este domingo 30 de agosto las autoridades tradicionales del pueblo indígena otomí-ñätho de Xochicuautla emitirán el “contradecreto de reapropiación” que habían anunciado como respuesta al decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto contra su territorio.

Lo harán en una ceremonia junto a otros pueblos como el nahua de Ostula, la Tribu Yaqui de Sonora y San Salvador Atenco; además de intelectuales como Sergio Aguayo y el padre Raúl Vera.

En conferencia de prensa, autoridades de la comunidad denunciaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió el tipo de medidas cautelares que habían pedido personalmente a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión.

Xochicuautla exigió que se detuvieran los trabajos del proyecto y retirara la maquinaria, así como personal de la empresa y de cuerpos policiacos.  Sin embargo, las medidas cautelares son temporales y terminaron hoy, por lo que el gobierno federal puede proceder a la indemnización de los terrenos.

“No dudados que en los próximos días, que ya pasaron las medidas cautelares, policías puedan hacer arribo para incursionar”, dijo el vocero José Luis Fernández. También reveló que personal de la empresa y de elementos de gobernación del Estado de México todavía se internan en sus bosques.

“Exigimos que la CNDH analice exhaustivamente la documentación, las pruebas presentadas para emitir la recomendación necesaria para cancelar y parar urgentemente el proyecto denominado autopista Toluca Naucalpan”, dijo el vocero.

Sobre el acto de “reapropiación”,  Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), acompañante del pueblo otomí, dijo en entrevista para Más de 131 que la intención es que los pueblos más representativos del país acompañen a Xochicuautla para contraponer su visión sobre el derecho “ante la concepción jurídica occidental”.

El abogado cuestionó la autoridad que pueda tener Enrique Peña Nieto para haber expropiado casi 40 hectáreas del pueblo bajo la excusa de “utilidad pública” para  la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a empresas de Armando Hinojosa Cantú, contratista favorito del presidente.

“El interés público no está encima de ningún derecho. Se violan derechos para un negocio”, explica Lara, quien contó además que están por ir a Xochicuautla elementos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que posteriormente organizaciones sociales firmen una petición de información a relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Antonio Reyes, miembro del Consejo Supremo Indígena que emitirá el acto de “reapropiación”, advirtió en la conferencia de prensa sobre la falta de agua que el proyecto podría generar: “No digan que no les estamos avisando lo que va a suceder. Es momento de que despierten. Los ríos subterráneos se pueden secar”,

Sobre la movilización que Xochicuautla hizo a la Secretaría de Gobernación, las autoridades  del pueblo indicaron que rechazaron cualquier diálogo con el gobierno, pues desde el 2007  no consultaron a la comunidad. Consideran que, a estas fechas, una consulta ya no es viable por la forma en la que se implementa el proyecto, además de que ya no es previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“El día que platiquemos con el gobierno es para que nos digan que ese proyecto está cancelado”, dijo Fernández.

También contó que este domingo 9 de agosto hicieron otra asamblea para reafirmar el “no” a la autopista. E invitó a presenciar los murales de la comunidad, especialmente el realizado en memoria del fotógrafo Rubén Espinosa, cuya última marcha fue precisamente de Xochicuautla y Ostula.

Por @Aldabi

Fuente. masde131.com

Con un “acarreo” de dirigentes y representantes de comunidades indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó hoy un acto por la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en Temoaya, Estado de México.

Coreando el nombre hecho consigna, los asistentes, representantes de 68 etnias, se congregaron en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya.

Ahí, Peña Nieto admitió los resultados de la reciente medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que documentó el incremento en la pobreza y el fracaso de programas sociales como la Cruzada contra el Hambre, con énfasis en los resultados para los pueblos.

“De acuerdo con datos de Coneval, poco más de 46% de nuestra población enfrenta distintas condiciones de pobreza. Sin embargo, más de 70% de la población de nuestros pueblos originarios enfrenta condiciones de pobreza”, dijo el mandatario.

En su mensaje, anunció su intención de poner en marcha un programa para introducir servicios básicos como agua, luz y drenaje en 3 mil 250 comunidades indígenas que tienen menos de 100 habitantes.

Peña Nieto agregó que la Cruzada contra el Hambre atiende a un millón y medio de familias en 406 municipios, entre otros datos y cifras de programas sociales, para sumar 80 mil millones de pesos presupuestados para atender a pueblos originarios.

Además, aseguró que el presupuesto para el próximo año se propondrá con el sentido de generar mayores inversiones en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y parte de Michoacán.

En el evento no estuvieron presentes los yaquis que en estos meses demandan conservar el agua de sus territorios ni los de la Sierra Norte de Puebla, quienes se oponen a los megaproyectos mineros y energéticos.

Las ausencias notables fueron también de los guarijíos de Sonora, tenek de la Huasteca, nahuas de Ostula, huicholes de Nayarit y Jalisco, nahuas de Colima, mixtecos y tlapanecos de Guerrero.

Tampoco acudieron los nahuas de Xochicuatla, Estado de México, que a la misma hora recibieron a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Es decir, no estuvieron en el acto las etnias y comunidades con problemáticas relacionadas precisamente con políticas, permisos y proyectos federales.

Lo representantes indígenas que asistieron corearon el apellido del presiente en diferentes oportunidades, y lo forzaron a interrumpir su discurso para expresar: “Me da mucho gusto que tengan presente hasta mi apellido aquí en las porras”.

Fuente. Apro

Temoaya, Edomex, 11 de ago.- El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró en el “Centro de Ceremonial Otomí”, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, anunciando nuevas acciones e inversiones en todo el país; paradójicamente al mismo tiempo comunidades otomíes del Estado de México, exigían personalmente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, extender las medidas cautelares, para detener las agresiones derivadas de la imposición de un proyecto carretero que ha generado gran controversia internacional, pues además de atentar flagrantemente contra los derechos de los pueblos originarios, y de ocasionar un gran número de afectaciones ambientales, implica un posible conflicto de interés, pues nuevamente el beneficiario es Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

Peña Nieto señaló en su evento que se invertirán 28 mil 738 millones de pesos para llevar servicios de agua potable, drenaje o electricidad a más 3 mil pequeñas localidades indígenas, como describe ElEconomista, donde se subraya que los índices de indigenismo están estrechamente ligados a los de pobreza.

Tan falso como el Centro Ceremonial Otomí calificaron comunidades indígenas en resistencia, a los festejos del Día Mundial de los Pueblos Originarios; afirmando que en México están siendo pisoteados los derechos inherentes de los indígenas, como se pone de manifiesto en el caso de la autopista concesionada por 30 años para Juan Armando Hinojosa Cantú, como describe SDPNoticias.

Asimismo en SinEmbargo se detalla que los grupos originarios de los municipios de Lerma y Huixquilucan en el Estado de México, están exigiendo a la CNDH ampliar las medidas cautelares emitidas, las cuales están próximas a vencer; en estas se solicita detener las agresiones contra las comunidades y los habitantes de la región; pues ya han sido destruidas al menos cinco viviendas en la comunida de San Francisco Xochicuautla, de donde también más de 20 indígenas han llegado a ser encarcelados y se mantienen sujetos a proceso, además de que ha muchos los han hostigado y amenazado, solamente por el hecho de exigir se realice el procedimiento con apego a derecho, y no mediante la imposición y el cambio de estrategias que pone de manifiesto que nunca se han tenido los requirimiento esenciales para el trazo carretero.

Mientras tanto en Ostula, los indígenas Náhuas siguen exigiendo la liberación del comandante de su grupo de autodefensas, Cemeí Verdía; gran impacto está causando un reportaje de Laura Castellanos, donde se pone de manifiesto porque los Caballeros Templarios ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por su cabeza.

David Galeano. Huellas.mx

Ciudad de México, 9 de ago.- Este fin de semana indígenas ñhato (otomíes del Alto Lerma) de diversas comunidades de los municipios de Lerma y Huixquilucan, Estado de México, en compañía de diversos colectivos y organizaciones sociales, realizaron una rodada desde el Museo de Antropología en la capital del país, hasta los bosques de San Francisco Xochicuautla, en protesta por el despojo concretado mediante decreto, en el cual presidente Enrique Peña Nieto otorgó a una de las empresas Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la concesión para construir una autopista que atraviesa una zona boscosa perteneciente a diversas comunidades indígenas, lo cual sigue generando gran polémica.

El proyecto ha generado gran controversia pues una vez más se estarían concediendo de manera ilegal una concesión irregular al afamado empresario dueño de Grupo Higa y gran amigo de Enrique Peña Nieto (el presidente fue el testigo de honor en la boda del hijo del empresario), lo cual ha sido cuestionado hasta por el New York Times hace unos días.

Los indígenas y activistas están denunciando que además del gravísimo impacto ambiental que se está generando, y que organismos ambientales como la Conabio ya alertó; también se está violentando de forma severa los derechos de los pueblos originarios de la región, a quienes nunca se les consultó de forma libre, previa e informada del proyecto, tal como marcan los convenios internacionales que en materia de derechos indígenas ha firmado México, por lo que mantienen una lucha frontal de resistencia al proyecto desde hace 7 años.

Incluso catedráticos de la UNAM como Octavio Rosas Landa, destacado investigador de la Facultad de Economía, y quien también pertenece a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, publicó un video donde hace un llamado a la justicia, afirmando que las acciones de despojo al pueblo otomí de Xochicuautla, deberían sancionarse con cárcel, pues eso es lo que establece la ley en los casos en que se incurra en prácticas de corrupción donde además de despojar a las comunidades indígenas de su territorio, se provoquen graves heridas sociales, amenazas, agresiones y hasta encarcelamiento de personas que simplente han exigido hacer valer sus derechos, como ha sucedido en este caso, el cual también ejemplifica el tipo de conflicto que viven o están por vivir muchos pueblos originarios del país.

Rosas Landa condenó severamente el decreto emitido por Enrique Peña Nieto el mes pasado, afirmando que es inconstitucional por diversos motivos, pues además de que se rompen diversos articulos constitucionales a nivel nacional, también se están violentando múltiples convenios internacionales, además de diversas solicitudes internacionales para respetar los derechos de las comunidades indígenas de Lerma, algunos emitidas incluso desde la ONU; no obstante todas las peticiones internacionales han sido ignoradas por el régimen de Peña Nieto, quien además ha cambiado la estrategia de imposición en al menos 5 formas distintas; la última de ellas el decreto federal; pues por la misma vía legal todos los intentos previos habían sido refutados.

Otra jornada de resistencia

Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de protestas en defensa del gran bosque de agua, decenas de personas participaron de un recorrido de 62 kilómetros desde la Ciudad de México, hasta la comunidad indígenas de Xochicuautla, quien se mantiene en resistencia desde hace más de siete años juntos con las comunidades de Huitzizilapan en el mismo municipio de Lerma, así como Ayotuxco, del lado de Huixquilucan.

En la comunidad de Xochicuautla se mantiene un campamento permanente de protesta para evitar el paso definitivo del trayecto carretero, el cual ya se encuentra avanzado en los diversos tramos del proyecto.

El colectivo de estudiantes Más de 131 también emitió otro nuevo material documental acerca de la lucha de los pueblos indígenas por las casi 50 hectáreas de bosque que estarían siendo devastadas por la autopista privada, a pesar de que la Conabio alertó que en el lugar existen decenas de especies en riesgo de extinción, algunas de ellas incluso endémicas del lugar, lo que ha propiciado la enérgica condena de organismos ambientalistas que también están denunciando el alto costo para un medio ambiente de por sí devastado, y que además enfrenta una severa crisis de agua.

David Galeano
Huellas.mx

Ciudad de México, 4 de ago.- El Senado de la República realizó la mañana de este martes la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una edición bilingüe español-maya.

El proyecto fue impulsado por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graciela Saldaña, quien contó con el apoyo de integrantes de su bancada, así como el senador Luis Sánchez.

Esta edición sirve para que los pueblos indígenas tengan herramientas para conocer las leyes en su defensa y poder ejercer sus derechos.

Durante la presentación, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, destacó la importancia de esa herramienta para promover las garantías y los derechos de los pueblos y las comunidades que hablan esa lengua.

El legislador informó que la lengua originaria que más se usa en el país es el náhuatl, con un millón 544 mil 968 hablantes; seguida por la maya, con 786 mil 113; la mixteca, con 471 mil 710; la tzeltal, con 445 mil 856, y la zapoteca, con 425 mil y por tal razón existe la necesidad de contar con traducciones en lenguas indígenas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó durante el 2014 que ocho mil 334 indígenas presos no hablaban español y el 80 por ciento de ese total sufrió violaciones en su proceso penal al carecer de un traductor.

“Es necesario traducir leyes, decretos, reglamentos y demás documentos que atañen al aspecto legal a fin de dar a las comunidades herramientas jurídicas para la defensa, protección y difusión de sus derechos”, expresó Fidencio Briceño, coordinador de la traducción de la Carta Magna a maya.

Fabrizio Gaxiola, quien asistió en representación del director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), resaltó que los 600 intérpretes del Inali no son utilizados en los tribunales ni en las procuradurías de justicia “por falta de presupuesto”.

Se destacó que se tienen 29 traducciones de la Constitución Mexicana a lenguas indígenas del total de las 68 que se requerirían, pero sólo una, ésta, está actualizada.

Fuente. rasainforma.com

Ciudad de México, 27 de jul.- El pueblo otomí de Xochicuautla lanzó una convocatoria a la sociedad en general para marchar de la Estela de Luz a la Secretaría de Gobernación (Segob) bajo dos demandas: La cancelación del decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto contra casi 40 hectáreas de su territorio y la cancelación de la construcción de laautopista Toluca-Naucalpan, que cruzaría por su bosque.

A su vez, deciden abrazar a la comunidad nahua de Santa María Ostula tras el ataque que sufrieron por parte del Ejército y la detención del líder de su policía comunitaria, Semeí Verdía, quienes exigirán su liberación inmediata, alto al hostigamiento de la Marina y el Ejército y  justicia para la familia del niño que murió por un disparo de los militares.

La cita es este martes 28 de julio a las 4:00pm en la Estela deLuz y marcharán a Segob:

José Luis Fernández, comunero de Xochicuautla, sede inaugural del Festival Mundial de las Resistencias y ganadora del premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2015, advierte que esta es la primera de varias movilizaciones que realizarán, y que en ella informarán a la sociedad lo que pasa en su pueblo y en las comunidades indígenas en general.

“Basta ya que a las comunidades indígenas y campesinas se violen los derechos. Tenemos que visibilizar eso y por eso tenemos que caminar a gobernación porque ahí nace todo. Y el responsable de lo que pasa es la Secretaría de Gobernación”, aclara.

Invitan a las comunidades indígenas y campesinas del Distrito Federal y del Estado de México a acompañarlos, e invitan especialmente a los capitalinos:

“A la gente de la ciudad la llamamos para que no nos dejen solos. Lo que hacemos como comunidades indígenas es que luchamos por nuestro territorio, pero también luchamos por el bosque y el agua”, dice Fernández.

El comunero insiste:

“Eso no es sólo para nosotros, es para toda la sociedad. La gente que está en el Distrito Federal. Los invitamos a marchar con nosotros porque Xochicuautla aporta dos pozos, uno al pueblo y otro al sistema Cutzamala. Es un problema de mucho más gente”.

Fuente. @Masde131

Ciudad de México, 27 de jul.- Siguen multiplicándose los indicios de que el Ejército Mexicano actuó de forma brutal e imprudente en la protesta del pasado 19 de julio en Aquila, Michoacán, donde tres menores de edad resultaron heridos por arma de fuego, al igual que otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos, algunas de estas sin participar directamente de las acciones de protesta, que exigían la liberación del líder de las autodefensas Cemeí Verdía.

El periodista Luis Pablo Beauregard, del diario ElPaís de España, entrevistó a Delfino un joven de 17 años de edad, uno de los tres menores que fueron heridos de bala aquel día, aunque él sí sobrevivió y relata su testimonio, afirmando que vio directamente a miembros del Ejército Mexicano disparando en su contra, logrando herirlo en la pierna:

“Fue el Ejército”, afirma con seguridad. “En el chaleco, en el pecho, decía Ejército mexicano”, narra.

No sólo eso, el adolecente, quien tendrá que vivir de por vida con una bala incrustada en su glúteo derecho, afirma que vio con claridad que fue el séptimo u octavo que empezó a tirar, corroborando que fueron varios miembros del ejército mexicano quienes dispararon, y no solo al aire como afirmó el titular de la Sedena.

El testimonio de Delfino, coincide también con lo que se pone de manifiesto en diversos videos que circulan en redes sociales; algunos de estos recopilados por la agencia Subversiones, donde se ve con claridad los momentos previos al conflicto, donde decenas de militares fuertemente armados, amedrentan a una población que se declara desarmada en el lugar y que simplemente exigen de manera pacífica la liberación de “una persona que está haciendo las cosas bien”, como aluden los pobladores visiblemente molestos por la detención del respetado líder comunitario.

En otro video difundido por PersonajesMéxico, se pone en evidencia que el Ejército se abre paso a la fuerza, ante el descontento de la población que les recrimina por la desproporcionada respuesta del Ejército Mexicano, mucho mayor que la realizada en búsqueda de grandes capos de la mafia.

También hay videos del momento de la balacera, donde se pone de manifiesto dos cosas importantes; la primera de ellas es el momento, pues sucede cuando los militares ya se van del lugar, esta cuestión es completamente atípica para echar balazos al aire, lo cual normalmente no se realiza antes de echarse a correr, a menos que sea para asesinar; también destaca la forma de los balazos, los cuales no parecen disparos aislados de advertencia, sino más bien violentas ráfagas de metralla encaminadas a agredir o conmocionar severamente a los presentes.

La agencia Subversiones también realiza una entrevista a la madre de Hidelberto, el niño que murió a consecuencia de las balas aparentemente disparadas por el Ejército mexicano; la señora, visiblemente devastada, argumenta con gran valor contra el estado mexicano, acusándolo de mentiroso y de no querer decir la verdad acerca del asesinato de su hijo, acerca de lo cual también está convencida de que fue el Ejército Mexicano.

Analistas como RodríguezNajera califican además como “una treta de las autoridades federales, incluidas las del Ejército mexicano”, la maniobra que realizaron para detener a Cemeí Verdía, usando la misma táctica que en el caso de José Mireles, lo cual consideró cuestionable también por tratarse de “un engaño”, orquestado por el Ejército Mexicano.

Por eso no sorprende la exoneración inmediata que el jefe del ejecutivo federal realizó de las fuerzas armadas, sin siquiera haber realizado las investigaciones; pues se trata de una íntima y ciega complicidad, de una táctica de estado que está siendo denunciada de forma cada vez más reiterada e insistente de parte de decenas de organismos locales e internacionales de Derechos Humanos, que califican la estrategia nacional como  “atropellos de lesa humanidad”.

Habrá que investigar también las averiguaciones de la procuraduría del estado de Michoacán, quienes también han exonerado a las fuerzas armadas, basándose en su presunta incapacidad para detectar el origen de las balas, algunas de las cuales determinaron también mantener intactas dentró de los cuerpos de los agredidos.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Ciudad de México, 10 de jul.- El día de ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicó un nuevo decreto expropiatorio mediante el cual se estaría despojando de 37 hectáreas a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, entre otras, para permitir el paso de la polémica autopista Toluca – Naucalpan, concesionada a Autopista de Vanguarda SA, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo que construyó la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.

Peculiar modus operandi

El caso es grave y ha llamado la atención de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, quienes coinciden en que se están violentando múltiples derechos inherentes de los pueblos originarios, firmados y ratificados por el gobierno mexicano.

Aunque no es la única acusación grave en contra de las autoridades, también se está denunciando un modus operandi inédito para concretar la realización del proyecto, pues el gobierno del Estado de México, una empresa privada, en este caso Autovan, y el gobierno federal, se han puesto de acuerdo para cambiar en múltiples ocasiones la estrategia para la imposición del proyecto carretero; son 8 años de conflicto ya con las comunidades indígenas, quienes han detenido por la vía legal todos los intentos de imposición del proyecto carretero, no obstante esta semana se ha concretado una nueva intentona del gobierno federal por finiquitar el proyecto: el decreto expropiatorio federal.

Polémico decreto

Tan sólo con la publicación del decreto ya se viene a ratificar una cuestión muy seria: el hecho de que desde hace años el gobierno estatal autorizó e emitió miles de millones de pesos para la realización de un proyecto, que ni siquiera contaba con los permisos para ello; pretendiendo ahora con el manotazo del decreto presidencial, imponer un proyecto que ha sido criticado desde múltiples perspectivas sociales.

Con esto además queda en evidencia que no se está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en todo el mundo: el derecho a la consulta previa e informada, lo cual no sólo lo han denunciado las más de 3 comunidades afectadas de los municipios de Lerma y Huixquilucan, sino también organizaciones internacionales como el Centro de Estudios Indígenas del Mundo, quien desde hace meses emitió una carta a funcionarios mexicanos como Guerra Abud, titular de Semarnat, exigiéndole respetar los derechos de los pueblos originarios y suspender el proyecto carretero; no obstante a la fecha, los organismos mexicanos siguen sin responder a los llamados que incluso se han emitido desde la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El decreto del día de ayer se trata del enésimo intento en legalizar un proyecto carretero, mediante el cual también se pondría en evidencia que nunca hubo legalidad para el mismo, por lo que entonces vendrían siendo ilegales las violentas incursiones de maquinaria realizadas en territorios comunales, las cuales han estado protegidas por miles de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, quienes han resguardado el avance de la máquinas del señor Hinojosa Cantú.

El día de hoy se realizó una protesta en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como relató la crónica de AristeguiNoticias, pobladores de la comunidad y grupos afines se manifestaron para solicitar a la CNDH se decreten medidas cautelares, para exigir el respeto de las comunidades originarias y suspender la construcción del paso carretero.

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla, no son los únicos que denuncian la ilegalidad del trayecto, Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, organización que junto con el Tribunal Permanente de los Pueblos concluyó que se están cometiendo en México crímenes de lesa humanidad por la imposición de carreteras, expuso también diversas irregularidades que se ponen de manifiesto con el nuevo decreto expropiatorio, pues además de que no se cuentan con firmas esenciales para su expedición, contradicen múltiples artículos constitucionales.

El abogado destaca además, la ridícula forma mediante la cual el estado pretende afirmar que informaron a la población: “las autoridades mexicanas dan muestra de su cinismo e ignorancia al señalar que, en efecto, con la notificación, la pregunta expresa y el consentimiento del Comisariado de Bienes Comunales, se dio por satisfecha en plenitud la garantía de audiencia de la cual son titulares la Asamblea comunal, los comuneros inconformes y la población afectada. Es muy importante recordarle al estado mexicano que el principio de legalidad, debido proceso y diligencia debida, que incluye como uno de sus aspectos a la mencionada garantía de audiencia previa, no se reduce a ésta y, en cualquier caso, tal garantía no se satisface de esta manera. Por si fuera poco, las autoridades comunales debieron informar de manera inmediata, adecuada y suficiente sobre la notificación al resto de los comuneros, incluidos los  inconformes con el proyecto, así como a la totalidad de la población que se ve afectada por el Decreto, lo cual no hicieron”.

“Digámoslo con más detalle. En ninguna de las tres partes que conforman el Decreto se mencionan las múltiples violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de los miembros de la comunidad inconformes con el proyecto carretero, y que oportunamente han sido denunciadas y que incluso se encuentran sometidas a juicio. Situación que de entrada supone el incumplimiento de los deberes específicos en materia de derechos humanos previstos en el artículo 1º constitucional. En segundo lugar, el Estado tampoco observa sus obligaciones generales en la materia, pues contempla exclusivamente el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, pero en abstracto y eludiendo otros derechos en disputa, e incluso lo hace sin considerar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como sin interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia siguiendo el principio de máxima protección.”

Años atrás el gobierno del Estado de México, ya había emitido un decreto que igual fue ampliamente criticado y posteriormente ignorado por el propio estado. Con este nuevo decreto, los abogados expertos nuevamente exponen la ilegalidad del proceso, tan sólo en cuestiones fundamentales como el derecho a la consulta:

“Se desprende del propio Decreto que la consulta:

1. no fue previa, ya que se hizo con posterioridad a la notificación del proceso expropiatorio;

2. no fue libre, dado que no se puede actuar en libertad cuando se tiene una notificación de procedimiento expropiatorio encima, la cual pone en cuestión la vida comunitaria y la sobrevivencia individual, y menos aún si, como también se desprende del Decreto, la zona expropiada ya estaba ocupada por el SAASCAEM con el respaldo de la fuerza pública;

3. no fue informada, puesto que los comuneros inconformes no fueron debidamente notificados ni informados sobre los detalles del Decreto expropiatorio, su procedimiento y sus efectos (ni siquiera han sido debidamente informados del proyecto carretero por parte de las autoridades, quienes todo el tiempo han manipulado la información y han actuado con opacidad);

4. no fue de buena fe, ya que subsisten recursos y juicios en trámite, además de que el territorio fue ocupado previamente y se han documentado las agresiones por parte de las autoridades y la empresa, finalmente;

5. tampoco fue una consulta culturalmente accesible, pues se llevó a cabo según procedimientos ajenos a los propios de la comunidad, sobre los cuales, sobra decir, tampoco fue consultada”

Organizaciones defensoras de derechos humanos, también han venido denunciando las agresiones que han sufrido los originarios de las comunidades afectadas, quienes además de haber sido encarcelados y liberados al no haber motivos, en varias ocasiones, y de que han sido amenzadas de múltiples formas, continúan exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales.

Las comunidades afectadas han colocado también un campamento de protesta para exigir la suspensión del proyecto que califican de ecocida y epistemicida, pues además del grave daño ambiental, denunciado también por varias ong’s, están denunciando la destrucción de los recintos más sagrados de su cultura, parajes de adoración milenarios, que actualmente siguen vigentes, y que quedarían también completamente devastados con el paso del proyecto carretero.

A través de redes sociales, y mediante el hashtag #XochicuautlaNoEstáSolo, se está llevando a cabo una campaña de información y denuncia de las determinaciones gubernamentales.

David Galeano. Huellas.mx

Ciudad de México a 10 de julio.- En su visita en Bolivia, el papa Francisco pidió perdón frente al millar de líderes de movimientos populares e indígenas del continente que se congregaron para su visita; en ese sentido, el primer papa latinoamericano reconoció las ofensas y crímenes que la iglesia católica cometió contra los pueblos indígenas durante la conquista de América. “Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”, señaló Francisco.

A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, obsequió al papa Francisco un crucifijo tallado en madera sobre la hoz y el martillo, símbolo del comunismo, durante una reunión que ambos sostuvieron en la Casa de Gobierno. El regalo de Morales contenía la imagen de un Cristo crucificado en el mango del martillo; al respecto, el mandatario se define como socialista y representa una corriente regional conocida como “Socialismo del siglo XXI”, que también profesan los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 26 de mayo.- Guillermo Trejo columnista de EL PAÍS detalló que la discriminación racial en México es un fenómeno sistémico y generalizado; al respecto, “diversos estudios recientes sobre el fenómeno del racismo en contra de poblaciones indígenas y de mestizos con rasgos fenotípicos indígenas o de hispanohablantes con acento indígena muestran que la experiencia cotidiana de discriminación en México es mucho más extendida de lo que solemos aceptar y que tiene efectos nocivos para los discriminados en múltiples esferas: en mercados laborales, en el acceso a bienes y servicios públicos, en la posibilidad de convertirse en candidatos a puestos de elección popular y en el tipo de relación que los partidos políticos establecen con ellos”.

En ese sentido, la encuesta del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, en 2010 señala que sólo el 13% de los mexicanos aceptaron haber sido víctimas de discriminación racial pero el 54% reportó haber presenciado al menos un acto de discriminación en contra de individuos con rasgos indígenas y el 80% cree que a la gente de tez blanca le va mejor en la vida que a los indígenas.

Luego de la polémica llamada del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova sostuvo una reunión con los jefes indígenas de los que se burló, en la que ofreció disculpas en persona; al respecto, Córdova Vianello explicó que fue una reunión respetuosa y que los indígenas quedaron de consultar con las bases si le otorgaban el perdón.

No obstante, en este caso “resultó ser más grave lo menos grave (el espionaje telefónico) que lo verdaderamente grave (el racismo indignante)”; “El audio revela la visión que tiene no sólo Lorenzo Córdova sobre los indígenas mexicanos, sino también la que tienen muchos funcionarios y servidores públicos del país que ocupan cargos clave para el desarrollo de estas comunidades. Permitir, por tanto, que continúe Córdova Vianello en el cargo es acreditar que somos una sociedad racista y que nos sentimos orgullosos de ello” publicó Sinembargo.

Por otro lado, en la punta más oriental de Honduras, en una inmensa llanura que se debate entre el mar y la tierra y que se llama Mosquitia; los habitantes son los indios misquitos y, ahora, después de décadas de lucha, por fin son dueños del suelo que han pisado por generaciones; pero hace menos de dos años, los misquitos eran considerados ocupantes en su propia tierra, apenas tolerados por el Gobierno central, abandonados a la merced de colonos cada vez más voraces y del narcotráfico y los contrabandistas; no obstante, en 2013 lograron la propiedad legal y reconocida sobre ese territorio que han habitado desde antes de que se inventara el Estado.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 25 de mayo.- Mauricio Mata Soria, líder de la comunidad chichimeca del norte de Guanajuato, comento que Lorenzo Córdova se disculpó por las burlas hacia su persona durante una llamada telefónica; no obstante, el también secretario estatal del gobierno nacional indígena, detalló: “Como Mauricio Mata Soria lo perdono, pero que renuncie. Los pueblos indígenas tomarán su determinación. Es el orgullo de la raza y la defenderemos. Sí lo disculpamos, pero que se vaya. Una persona así tiene mucha predisposición en contra de los indígenas. El INE es como un niño, debe cuidarlo, pero ya ves como son ellos, no quepo en su forma de encasillar la forma en que se debe hablar”.

Al respecto, mujeres indígenas de los pueblos amuzgo, maya, mazahua, me’paa, nahua, purépecha, tlapaneco, triqui, yaqui, zoque, wixárika, ñañu, nashinanda y mixes, integrantes de una decena de agrupaciones, repudiaron el ‘‘tono de mofa’’ del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para referirse a la forma de vida y expresión de los pueblos originarios; en ese sentido, exigen al instituto que convoque a los pueblos indígenas y a los servidores públicos a mesas de diálogo para llegar a acuerdos que faculten a las etnias en la elección de diputados y senadores indígenas sin recurrir a partidos políticos.

Por su parte, Lorenzo Córdova, luego de ser sometido a la condena social recibió el respaldo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes cerraron filas en un pronunciamiento en el que sostuvieron: “el INE repudia los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar, en lo individual y lo colectivo, a los miembros del Consejo General” ; “en días pasados se han producido una serie de eventos que nos preocupan y alertan, porque evidencian que existe una premeditada intención de lastimar al Instituto Nacional Electoral y erosionar su credibilidad pública justo de cara a la realización de la elección y cuando estamos cumpliendo a fondo nuestras responsabilidades y ejerciendo nuestras atribuciones legales. Frente a esos hechos, las y los Consejeros Electorales cerramos filas y reprobamos todo intento por debilitar a la institucionalidad electoral.”, manifestaron los servidores.

En ese sentido, el diario Excelsior publicó los resultados de la aplicación de una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior para responder al cuestionamiento: ¿Se tolera el espionaje telefónico? ; al respecto, aunque se rechaza la práctica , el 62% de los encuestados, ven correcto difundir pláticas privadas si se trata de actos indebidos y corrupción; mientras tanto, el 55% cree que buscan debilitar a Córdova; por lo que, la divulgación de la llamada del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, mofándose de un líder indígena es reprobada por pocos en parte porque su contenido genera molestia, aunque se coincide con que este acto busca debilitarlo como autoridad.

En apoyo de Córdova, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, resaltó que es indispensable insistir en la relevancia del Instituto Nacional Electoral (INE), como un órgano de Estado que es fundamental para la gobernabilidad del país, por lo que se debe respaldar y fortalecer al organismo.

Además, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país a frenar a quienes pretenden hacer fracasar al Instituto Nacional Electoral y pidió generar las condiciones idóneas para que el INE pueda sancionar a quienes insisten en violar la Constitución y las leyes electorales, saque adelante las elecciones del 7 de junio y garantice el derecho al voto de los mexicanos.

Por su parte, el diario La Jornada destacó que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, tiene un equipo cercano de colaboradores integrado por 39 personas entre coordinadores, asesores, especialistas y personal administrativo, cuyas remuneraciones representan más de 25 millones de pesos al año; en esa lógica, el mejor remunerado es su coordinador de asesores, Luis Emilio Giménez Cacho, con percepciones brutas de 197 mil 454 pesos mensuales.

Para Jesús Silva Herzog la publicación de las conversaciones privadas “no es solamente un asalto, es una equivocación.”; “Es, por supuesto, una invasión inaceptable, un delito que merece castigo. (…) Bajo el despotismo de lo público creemos que toda reserva es ocultamiento de algo ruin. No lo es. Una sociedad necesita cuidar el ámbito privado tanto como ha de estimular el debate público.”; por lo que, Herzog añade: “Las conversaciones que imaginamos protegidas por una cápsula de secreto otorgan permisos que en otro ámbito serían inaceptables. En ese refugio, los conversadores no necesitan hacer advertencias ni tienen que dar explicaciones. Su soltura parte de esos entendidos, de las experiencias compartidas que dan sentido a ese vocabulario.”

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 24 de may.- Mauricio Mata Soria, es el secretario estatal del Gobierno nacional indígena, y el representante de la nación Chichimeca de Guanajuato, de quien el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se burló afanosamente en una conversación telefónica filtrada al público; el líder indígena finalmente ha dado la cara para sumarse a la lista de personas y organizaciones que están exigiendo la renuncia del funcionario.

“El del cabrón, de pendejo, Toro sentado, ese soy yo”, afirmó Mata Soria en entrevista con ElFinanciero, aludiendo a que la llamada telefónica se realizó el pasado viernes, después de una reunión que tuvo con Córdova y otros funcionarios del INE.

“Como Mauricio Mata Soria lo perdono, pero que renuncie. Los pueblos indígenas tomarán su determinación. Es el orgullo de la raza y la defenderemos. Sí lo disculpamos, pero que se vaya. Una persona así tiene mucha predisposición en contra de los indígenas. El INE es como un niño, debe cuidarlo, pero ya ves como son ellos, no quepo en su forma de encasillar la forma en que se debe hablar”, señaló el líder chichimeca.

Asimismo manifestó que ya habló personalmente con Córdova, quien le pidió una disculpa, no obstante afirmó que el presidente del INE sigue negándose a dar respuesta a su petición de tener al menos un regidor indígena en cada uno de los cabildos, señalando que los pueblos originarios no tienen participación y se encuentran relegados por los partidos políticos.

El líder indígena también respaldó la denuncia interpuesta en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato por 43 comunidades otomíes de San Miguel de Allende.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 21 de mayo.- Abundan las críticas y reproches que en las redes sociales enjuician las declaraciones de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), que lo califican como un servidor público no sólo de lamentable calidad moral sino además de junior, insensible y racista.

Y es que, las declaraciones del funcionario del INE en las que se burla de un líder indígena fueron sometidas al escarnio público tras ser filtradas por presuntas prácticas de espionaje; no obstante, de la discriminación de la cual hace objeto al líder comunitario indígena durante su conversación telefónica, Lorenzo prácticamente sólo dice, lo siento es lo que pienso pero ha sido ilegal que me grabaran hablando con otro servidor público sobre una reunión del INE en relación con el proceso electoral, la cual no revela datos confidenciales pero si exhibe “las crónicas marcianas” de la institución.

En ese sentido, tal como revelo CNN, el hijo del reconocido politólogo Arnaldo Cordova y presidente del INE lanzó acusaciones de “intencionalidad política” por parte de alguno de los actores -no quiso especular quién- que se han visto afectados por las decisiones del instituto; “No me parece casual que sea justamente hoy, a 18 días de la jornada electoral, que existan estas filtraciones. Creo que hay una intencionalidad política, no quiero especular respecto de quién, detrás de esto, y creo que ese es el dato.”, indicó Lorenzo.

Por lo que, sin mayores excusas para poder emplear con respecto al racismo demostrado, Córdova considera un complot en su contra para el desprestigio del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista con Joaquín López Doriga, Lorenzo Córdova, señaló: “los hechos a los que hago referencia en esta grabación respondieron, o más bien se refieren a un acto en ejercicio de mis atribuciones como presidente del Instituto”; al respecto, cabe cuestionar: ¿Es una atribución del Presidente del INE ejercer la discriminación, vulnerar la igualdad y expresar posturas racistas que prohíbe la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando habla en privado?, expresó el columnista Ernesto Villanueva.

Por su parte, el senador priista Emilio Gamboa Patrón negó categóricamente que el PRI o el Partido Verde estén detrás del espionaje y filtración de la llamada telefónica del consejero presidente del INE Lorenzo Córdova; Gamboa Patrón aseguró que “entre todos se espían”, ante las sugerencias de que el PVEM esté detrás de la filtración, como venganza política por las multas que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral.

Luego de verse afectada la imagen pública de Lorenzo Cordova, como un funcionario con doble moral, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, señaló que de cara al proceso electoral no es conveniente desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no abona en el fortalecimiento de nuestra democracia.

Para la investigadora y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval: “El contenido del bochornoso intercambio es sin lugar a dudas de interés público. Es importante que los ciudadanos conozcan la forma de pensar, de expresarse y de actuar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores. Ello fortalece la rendición de cuentas y facilita el mejor funcionamiento de las instituciones.”; “Con su parcialidad institucional y hoy con sus lamentables comentarios racistas, es el señor Córdova uno de los principales responsables del enorme desprestigio en que se encuentran sumidas las instituciones electorales del país. En lugar de victimizarse y rogar protección a sus amigos de Los Pinos y a Televisa disfrazada de PGR, el señor Córdova mejor tendría que asumir su responsabilidad institucional.”

Redacción. Huellas de México

Una grabación que circula en Youtube revela una charla telefónica en la cual el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se burla de la forma de hablar de indígenas con los que sostuvo una reunión.

En el audio de poco menos de dos minutos.

Córdova le cuenta al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que habló con un grupo de indígenas que se manifestaron en contra de las elecciones. El presidente del INE enfoca su relato en la manera en la que se expresó uno de los asistentes al encuentro.