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Senado

Senado felicita a Francisco Acuña Llamas, nuevo presidente del INAI

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, felicitó a Francisco Acuña Llamas por ser elegido comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para el periodo 2017-2020 y expresó su reconocimiento a Ximena Puente por su excelente trabajo en estos primeros años de vida de este instituto.

En un comunicado, Escudero Morales recordó que, conforme al artículo 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el nuevo comisionado presidente durará en su encargo por un periodo de tres años; y aseguró que el perfil del Doctor Acuña garantiza que la presidencia del Instituto queda en manos de un mexicano responsable, ampliamente calificado e institucional.

Finalmente, el presidente de la Cámara alta dijo que esta designación como comisionado presidente, del Dr. Francisco Acuña, asegura una eficiente gestión y conducción del Instituto que está encargado de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

El comisionado Francisco Acuña fue elegido en sesión pública este viernes 12 de mayo, por los siete comisionados que integran el Instituto y rindió rendirá protesta de su cargo ante el Pleno del INAI.

Los comisionados que se registraron como candidatos para ocupar la presidencia fueron María Patricia Kurczyn Villalobos, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

CJF

INAI pide radiograma del caso Tlatlaya al Consejo de la Judicatura Federal

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá entregar a un particular la versión pública del informe por radio (radiograma), mediante el cual se informó de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, entre ellas dos menores de edad.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que la decisión se tomó a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, al resolver el recurso RRA 0101/17, donde el particular se quejó de no haber recibido la información solicitada.

Guerra Ford comentó que en principio el solicitante requirió un oficio, cuatro mensajes todos muy específicos, incluyendo números y el Radiograma 041 del 30 de junio de 2014, por medio del cual el comandante de la Base Operativa “San Antonio del Rosario” informó las actuaciones del 30 de junio de 2014.

En respuesta, el CJF respondió que la información es parte de la causa penal 81/2014-II que continúa abierta, pues algunos involucrados están en libertad bajo reservas de ley, y contiene información de víctimas identificables y por tanto debe ser reservada en su conjunto.

Al inconformarse ante el INAI, el particular invocó el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, según el cual no se puede considerar reservada la información cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, carácter que tiene precisamente el asunto Tlatlaya, según recomendación 51/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida el 13 de enero de 2015.

Bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, refirió Guerra Ford, se puede entregar una versión publica en la que se reserve la información personal o datos de personas físicas identificables.

En ese sentido, expuso ante el pleno que los hechos de Tlatlaya tienen importancia social, pues se presume que los militares involucrados alteraron la escena del crimen, irregularidad que viola los derechos a la verdad y a la debida procuración de la justicia en agravio de las víctimas.

Al analizar el caso, el comisionado explicó que el Consejo de la Judicatura identificó y admitió de manera expresa que las documentales requeridas obran agregadas a la causa penal con número de identificación 81/2014-II.

A través de Requerimiento de Información Adicional (RIA), el CJF señaló que sólo está agregada a la causa penal el Radiograma 041 de 30 de junio de 2014, explicando que en un inicio clasificó todo el expediente como una unidad, aunque reconoció contar con este documento.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, el Pleno del INAI revocó la respuesta del CJF y le instruyó a entregar versión pública del Radiograma 041 del 30 de junio de 2014, clasificando los datos personales.

 

SAT

SAT condonó 882 mmdp en impuestos: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los montos, razones, criterios y personas a quienes se les condonó el pago de adeudos fiscales desde 2007 hasta 2016.
El pleno resolvió por unanimidad el recurso RRA0178/2016 presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford, en el cual un particular solicitó información sobre la condonación de adeudos fiscales, entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de mayo de 2016, incluidos nombres de las personas y las razones.
En respuesta, el SAT se limitó a informar genéricamente que se debía a insolvencia de los deudores y reservó toda la información al argumentar que contiene datos personales.
Al analizar el caso, el comisionado encontró que al contraponer ambos derechos, pesa más el legítimo interés de la ciudadanía saber cómo y por qué se decidió no cobrar ese dinero, ya que se trata de 882 mil 500 millones de pesos.
Esa cifra equivale a 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o bien a la sexta parte del gasto público de 2015, apenas un poco menos que el dinero generado por el sector agropecuario nacional.
Por esta razón insistió que la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién y por qué se le condonan impuestos, ya que se trata de dinero que no ingresó al erario y habría sido muy útil para atender diversas necesidades.

Resaltó que las nuevas atribuciones del Inai incluyen medidas de apremio, que van desde la amonestación, hasta una multa que oscila entre 150 y mil 500 veces el salario mínimo a funcionarios públicos en particular, por lo que exhortó al SAT acatar la resolución.

INAI

Sexting puede ocasionar pena de 7 a 12 años de prisión

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó que el sexting puede llevar a cometer el delito de pornografía infantil, tipificado en el Código Penal Federal.

En el marco de la campaña para inhibir el sexting, el INAI indicó sobre las consecuencias legales de esta práctica, ya que si la persona a la que pertenece la fotografía o video tiene menos de 18 años, supone la configuración del delito de producción, posesión o distribución de pornografía infantil.

El delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, la pena es de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa.

El sexting, que consiste en el envío de fotografías y/o videos con contenidos sexual mediante teléfonos móviles, puede causar daño al honor y la imagen de una persona, pérdida de su privacidad, extorsión o chantaje por las imágenes, así como ciberbullying, refirió el INAI.

Recordó que en México, 24 entidades federativas contemplan el delito de pornografía infantil, y cinco lo tipifican con una figura distinta como la de corrupción de menores y difusión ilícita de imágenes íntimas.

 

INAI

INAI pide versión pública del caso Radilla

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al Archivo General de la Nación entregar la versión pública del caso Rosendo Radilla a un particular.
En un comunicado, se indicó que el pleno del instituto instruyó al ente obligado entregar el documento al solicitante en su domicilio, tal como este lo solicitó originalmente, modalidad que fue rechazada en principio por el Archivo.
Al exponer la resolución correspondiente ante el pleno, el comisionado Óscar Guerra explicó que en principio se le ofreció al solicitante revisar in situ la versión pública del documento, bajo determinados requisitos y en copias certificadas, sin la posibilidad de enviarlo al domicilio solicitado.
Al respecto, Guerra Ford explicó que el caso Rosendo Radilla es paradigmático en términos de derechos humanos e incluso mereció una sentencia de la Corte Interamericana en la materia por tratarse de un hecho de desaparición forzada en 1974, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer de él.
Mencionó que en el marco de la discusión de la nueva Ley de Archivos, conviene recordar que este tipo de información debe fluir libremente, conforme al artículo sexto constitucional.
Confió que este recurso sirva como un simple antecedente porque este tipo de cosas tienen que ser totalmente normales y reglamentadas, sin ningún problema, para que la gente pueda acceder a la información.
El expediente del caso Radilla está alojado en el Archivo General de la Nación, al cual fue transferido por la Secretaría de Gobernación como parte de los documentos generados por la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales relacionados con movimientos políticos y sociales del pasado.
En el análisis del asunto se revisó la normatividad aplicable a documentos históricos, ya que el Artículo 27 de la Ley Federal de Archivos dispone la clasificación de 30 años a partir de la creación del documento. O de 70 años tratándose de datos personales sensibles que afecten la esfera íntima de su titular, conlleve un grave riesgo para éste o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación.
No obstante, el Artículo 30 de la referida ley permite al INAI, determinar el acceso a los documentos cuando hayan vencido los plazos de 30 o 70 años. Y dado que el expediente solicitado contiene datos personales confidenciales que deben ser protegidos, se concluyó que el acceso al mismo debe darse por procedimiento del derecho de acceso a la información.
Una vez determinada la posibilidad de acceso al expediente en versión pública para proteger los datos personales como nombres, parentesco, alias y fotografías, se advirtió que el sujeto obligado no acreditó un impedimento justificado para ofrecer como modalidad de reproducción únicamente copia certificada y consulta in situ.
Es decir, el AGN debió atender el requerimiento en la modalidad de entrega elegida, es decir a domicilio. También se consideró improcedente exigir más requisitos a los particulares para ejercer su derecho de acceso a la información.
A partir de esas consideraciones, el comisionado Guerra Ford propuso poner a disposición el expediente solicitado, precisando el total de fojas que lo constituyen, en modalidad de copias simples, notificando los costos de reproducción y envío, cuidando de cumplir ciertos aspectos establecidos en las leyes de Transparencia y de Archivos.
Inai

Sedena deberá presentar imágenes y video de normalistas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), buscar y difundir fotografías, así como videos tomados por un militar la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, para ayudar a esclarecer el caso.
La recomendación emitida a la Sedena se registra después de que un particular solicitó documentación, escrita y audiovisual, sobre la información que el militar Eduardo Mota recabó el 26 de septiembre de 2014.
En respuesta, la dependencia federal declaró inexistente esta información, pero puso a disposición un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por Mota. La persona consideró esa decisión como insuficiente e interpuso un recurso de revisión.

Inai

INAI pide a Semarnat aclarar gastos de publicidad en 2013-15

La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) debe informar los gastos de publicidad oficial realizados de 2013 a 2015 y sus impactos mediante documentos debidamente identificados.El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que la resolución se desprende de un recurso de revisión presentado por una particular, quien solicitó a la Coordinación General de Comunicación Social de la Semarnat la entrega por Internet del presupuesto, los gastos en campañas de difusión, sus resultados y boletines emitidos, entre otros datos.

Como sujeto obligado, la Semarnat puso a su disposición la información solicitada en 217 hojas para consulta directa o en copias certificadas o simples, aduciendo que no está obligado a digitalizar los documentos ni cuenta con personal para hacerlo.

Esa respuesta inconformó al solicitante, quien interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, por lo cual el comisionado Joel Salas, recordó que con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, el presupuesto gubernamental destinado a campañas oficiales y sus montos desglosados deberán ser públicos, para que los ciudadanos puedan monitorearlas y evaluarlas; los sujetos obligados que no cumplan podrían ser sancionados.

En cuanto al recurso de revisión analizado, la resolución determina que la respuesta de la dependencia resultó insuficiente e imprecisa porque en las 217 hojas no se identifica la expresión documental que da respuesta a cada uno de los puntos solicitados por la recurrente.

Por ello el pleno resolvió modificar la respuesta de la secretaría y le instruyó a identificar con precisión y comunicar a la particular los documentos que dan respuesta a su solicitud sobre el presupuesto de Comunicación Social, desglose de gastos, campañas, estudios y evaluaciones de campañas y número de boletines, de 2013 a 2015.

 

drones

Sedena deberá informar cuántos drones posee: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisar el número de “drones” con los que cuenta para llevar a cabo tareas de vigilancia aérea.

En votación dividida, los comisionados del INAI decidieron que la Defensa Nacional debe dar a conocer esa información, pese a que la dependencia argumentó que difundirla puede comprometer la seguridad nacional.

En un comunicado, el instituto señaló que los comisionados, por mayoría de votos, decidieron que el dato del número de “drones”, en sí mismo, no revela la capacidad de vigilancia aérea de la Defensa Nacional para emprender acciones contra la delincuencia organizada. “El número no brinda elementos contundentes que generen un desequilibrio para la capacidad de reacción, planeación o estrategia que plantea la dependencia para combatir a la delincuencia organizada”.

Se trata de un dato que no incluye información adicional que pudiera entorpecer la labor de la dependencia, porque no localiza geográficamente a los “drones”, ni revela datos de la estrategia con la que se despliegan, ni su modo de operar. Estos aparatos “tienen una función meramente de vigilancia, por lo que no constituyen instrumentos de defensa”, señalaron los comisionados del INAI en el documento.

Ante ello, los comisionados decidieron modificar la respuesta de Sedena e instruirle a que dé a conocer el número de “drones” con los que cuenta.

INAI

Entró en vigor Ley de Transparencia para 882 sujetos obligados

A partir de este día entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nuevo marco normativo que se aplicará para los 882 sujetos obligados del ámbito federal, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI).
En un comunicado, el instituto recordó que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, el cual abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública consta de 206 artículos y nueve artículos transitorios, y está armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria de la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, de febrero de 2014.
Tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Este marco normativo define que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona.
Y esta sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
El INAI expuso que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fija los procedimientos y plazos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, además que señala las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados en el ámbito federal.
En total, son 247 nuevas obligaciones específicas que los sujetos obligados, en el ámbito de sus atribuciones, deberán cumplir de forma adicional a las ya establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

INAI

Diez estados publicaron leyes de transparencia: INAI

Al concluir el plazo para que los congresos locales armonizaran sus leyes de transparencia con la ley general en la materia, sólo 24 lo han hecho y de ellas sólo 10 ya publicaron sus respectivas leyes, mientras que ocho no cumplieron.
Ante esta situación el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) garantizará el derecho de acceso a la información hasta concluir el proceso legislativo.
El instituto advirtió que se valoran las acciones legales que el propio INAI emprenderá contra los estados que incumplieron, por omisión legislativa, si bien no especificó cuáles son los 10 estados que sí armonizaron y publicaron sus leyes.
En un comunicado, el instituto señaló que ante la falta de armonización de las leyes locales con la ley general, será ésta la que se aplique en las entidades donde no se cumplió el proceso y el INAI “hará uso pleno de las prerrogativas que le otorga la ley, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información”.

Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigor el 5 de mayo de 2015 y establecía un plazo de un año para armonizar las leyes locales.

Los estados que definitivamente no cumplieron con su obligación de armonizar las leyes locales, fueron Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas, así como la Ciudad de México.

Inai

El PRI suscribe Acuerdo Nacional por la Transparencia

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) firmó el Acuerdo Nacional por la Transparencia, con lo que refrendó su compromiso permanente con la rendición de cuentas y la legalidad.
En representación del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el secretario Jurídico y de Transparencia del CEN priista, Gerardo Herrera, firmó el documento en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).En compañía de la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora, y del coordinador de la Comisión Permanente de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados, Francisco Javier Acuña, Herrera dijo que con la firma del acuerdo, el Revolucionario Institucional refrenda su compromiso con la democracia y la transparencia.

Afirmó que el PRI ha impulsado la transparencia desde el Congreso de la Unión y es la que más altas evaluaciones ha tenido en materia de rendición de cuentas en el país, por lo que manifestó el compromiso del tricolor por fortalecer su trabajo con el INAI, en un ejercicio de transparencia en el que deben participar los partidos políticos -como sujetos obligados-, pero también la sociedad.

Por su parte, Puente de la Mora precisó que, con la firma del Acuerdo Nacional por la Transparencia, el PRI ratifica su compromiso con la rendición de cuentas, llevándola más allá de los tiempos electorales, en un ejercicio permanente.

 

Inai

INAI aprueba padrón de nuevos sujetos obligados

Con voto unánime de los siete comisionados, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, el cual contiene información de 882 nuevos sujetos obligados, entre ellos partidos, sindicatos y fideicomisos públicos.

En sesión extraordinaria, el pleno del INAI aprobó el padrón que incluye información de las instituciones que a partir del 5 de mayo estarán obligadas por ley a rendir cuentas.

Por su parte, la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora, pidió al coordinador de Acceso a la Información explicar el contenido de ese listado.

Al respecto, Alcalá Méndez señaló que este documento se creó en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivada a su vez de la reforma al Artículo 6 constitucional.

Se trata de una lista de 882 nuevos sujetos obligados, entre los que se encuentran órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos y/o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Por su parte, el comisionado Óscar Guerra consideró importante dar certeza a los ciudadanos sobre quiénes son los nuevos sujetos obligados, pues mucha gente no sabe que se les podrán exigir cuentas a fondos y fideicomisos, por ejemplo.

Tan solo de organismos de ese tipo con recursos públicos hay 300, y para los ciudadanos es complicado saberlo con certeza. Ahora, con el padrón disponible, se facilitará la presentación de solicitudes de información.

En este padrón ya están incluidos los sindicatos que reciben recursos públicos, los cuales a partir de esta semana serán sujetos obligados.

 

Pemex

Cuestionan franquicia de Pemex en Campeche

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Pemex Transformación Industrial entregar copias de los contratos de franquicia de tres estaciones de servicio en Campeche, los cuales la empresa clasificó como secreto comercial.

El pleno del INAI respaldó la propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, con lo que revocó la respuesta de la empresa productiva del Estado a un particular.

Así, Pemex deberá entregar los contratos de las estaciones de servicio E12766 “Servicios Ecológicos de Champotón” suscrito el 14 de septiembre de 2015; E12886 “Servicios Ecológicos Muyil”, del 14 de enero de 2016; y E12718 “Hidrocarburos Campeche”, del 26 de noviembre de 2015, todas ubicadas en Campeche.

Guerra Ford argumentó que, conforme a la reforma energética, debe prevalecer el criterio de máxima publicidad en los contratos celebrados por las distintas empresas de Pemex.

Señaló que originalmente, cuando el particular solicitó la información, Pemex Transformación Industrial la clasificó bajo el supuesto establecido en el Artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia, por considerar que se trataba de un secreto comercial o industrial.

Ante la queja del solicitante, el comisionado analizó el asunto a la luz de la legislación nacional e internacional a la que México está suscrito, de lo cual concluyó que el secreto comercial o industrial incluye información que dé ventaja competitiva a terceros.

 

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Fast track en Senado a Ley de Transparencia

El pleno del Senado avaló vía fast track la minuta que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue modificada y enviada por la Cámara de Diputados.

La presidenta en turno de la Mesa Directiva del Senado, Rosa Adriana Díaz, pidió al pleno votar la dispensa de los trámites, lo cual fue avalado, por lo que de inmediato inició el debate.

El dictamen fue aprobado por 72 a favor y cuatro en contra, por lo que se turnó al Ejecutivo federal para su entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los cambios realizados en el recinto legislativo de San Lázaro y avalados en el Senado incluyen la eliminación de un párrafo del artículo 23, donde se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) serán de confianza. Con la eliminación los trabajadores de este organismo conservarán sus derechos laborales y su pertenencia al apartado B de los empleados del Estado.

Se estableció que los sujetos en esta ley son cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos, fracciones políticas y órganos de gobierno del Congreso, así como fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Además se avalaron las modificaciones a un artículo transitorio donde se reduce de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.

Inai

Aplaude Inai aprobación en San Lázaro

Tras conocer la aprobación en la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) precisó que las modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Transparencia darán certeza jurídica al cumplimiento de las 260 obligaciones en la materia.

El organismo aplaudió el consenso al que llegaron los grupos parlamentario para aprobar los cambios al artículo cuarto transitorio del proyecto de dicha legislación, respecto de la minuta remitida por el Senado a la colegisladora.

De acuerdo con dicho artículo, se establece un plazo de seis meses para que el instituto apruebe los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplir las nuevas obligaciones de transparencia.

El plazo transcurrirá a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, y una vez concluido se podrán realizar y presentar los procedimientos de verificación y de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Las comisionados del Inai coincidieron que estas modificaciones permitirán trabajar en la elaboración de los lineamientos técnicos que den certeza jurídica en el cumplimiento en los 260 lineamientos que deben atender los sujetos obligados.

Gasolina

Pide INAI reporte a Pemex de importación de combustibles

Por indicaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Pemex Transformación Industrial deberá informar sobre el valor y volumen de las importaciones de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos comprados en Estados Unidos, entre el 1 de enero de 2000 y el 27 de octubre de 2015.

En un comunicado, el INAI indicó que el pleno acordó lo anterior a propuesta del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, luego que un particular solicitó la referida información, la empresa petrolera la negó, bajo el argumento de estar reservada por el secreto comercial e industrial, contrario al criterio del comisionado Monterrey, quien consideró que con ella, se puede medir el desempeño de la empresa y se rinden cuentas de recurso públicos.

En su respuesta original, Pemex Transformación Industrial  dijo que según la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración de Pemex adoptó las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales. Esto para protegerlas respecto a la difusión de información que les signifique perder ventajas competitivas o económicas frente a terceros.

Sin embargo, refirió que la información relacionada con el “volumen de comercio exterior” es pública en la “base de datos institucional de Petróleos Mexicanos”, de ahí que proporcionó el vínculo electrónico correspondiente para su consulta.

Ante la queja del particular, el INAI revisó el caso y, en alegatos, Pemex reiteró la reserva, al señalar que la información se refiere a actividades comerciales e industriales protegidas por el secreto industrial y comercial.

Pero Monterrey Chepov insistió que la divulgación de la información no significa desventajas frente a terceros, pues no se relaciona procesos de producción, medios de distribuciones o comercialización, ni mucho menos con conocimiento técnico-industrial interno; sólo se pidieron datos numéricos.

 

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Sancionan a Capufe por ocultar videos del Caso Iguala

Ciudad de México, 21 de mar.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitió una resolución donde concluye que Caminos y Puentes Federales (Capufe) está incurriendo en una falta al negar a un civil el acceso a videos de lo que sucedió la noche que desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, lo cual fue requerido a través de una solicitud de transparencia, por lo que instó al organismo a cumplir con su responsabilidad, y otorgar una copia del material requerido.

Capufe, se había excusado afirmando que después de 60 días todas las grabaciones eran destruidas, no obstante, tras una investigación, el INAI detectó que ya antes estos videos habíansido presentados por Capufe a la PGR, 82 días después de haber ocurrido los hechos, por lo que se tendrían evidencias de que se guardaron por orden judicial copias de lo que sucedió aquella noche, mismas que ordenó entregar al civil que lo solicitó.

La solicitud, es para acceder a una copia de lo ocurrido entre las 9 de la noche del día 26 de septiembre y las 5 de la mañana del 27 de septiembre en la caseta Plaza 3 en las afueras de la ciudad de Iguala, Guerrero.

Y aunque el INAI señala la obligación de Capufe de presentar copia de los videos, aclara que tendrá que evitarse mostrar a detalle placas de vehículos, así como rostros de personas que pudieran alcanzar a ser visibles en las tomas.

Según los hechos descritos y documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue en este punto donde uno de los camiones de estudiantes se paró a “botear” aquella noche, no obstante que había un operativo con policías federales, quienes estaban ya operando del otro lado de la caseta, impidiendo el acceso de camiones a la ciudad, por lo que decenas de personas tuvieron que trasladarse caminando a la ciudad desde este punto.

También desde aquí comenzó a seguirlos y reportarlos un agente de inteligencia militar que estaba en motocicleta vestido de civil; este mismo agente los siguió y estuvo reportando todos los movimienos de los estudiantes, hasta el momento en que fueron violentamente levantados por la fuerza y trasladados con lugar desonocido, fue aquí, donde curiosamente recibió la orden de regresar a la 27 Zona Militar, perdiendo así la pista de los estudiantes, de quienes a la fecha no se ha vuelto a saber; con excepción de Mora Venancio.

 

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

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Banobras se ampara para evitar transparentar Higa autopista

Ciudad de México, 30 de ago.- La juez federal Laura Gutiérrez de Velasco concedió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) un ámparo para evitar que cumplan con la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de transparentar los recursos que se aprobaron a la empresa Autopistas de Vanguardia, para la construcción de la polémica autopista Toluca-Naucalpan.

El 2 de septiembre pasado, el INAI emitió una resolución donde tras analizar el caso corrigió a Banobras y lo instruyó a hacer pública la información solicitada por un particular, quien pidió conocer qué órganos de Banobras autorizaron recursos para financiar la autopista Toluca-Naucalpan, si entre estos está el Consejo Directivo y copia de las actas de sesiones en que se llevaron a cabo estas autorizaciones.

El INAI resolvió en sesión que las actas de sesiones que dan constancia de cómo cumplieron las autoridades de Banobras sus atribuciones, no puede ser reservada, concluyendo que respecto a este punto el agravio denunciado por el particular, es fundado; por lo que instó a Banobras a hacer pública la información.

https://twitter.com/joelsas/status/639864130367688704/

La autopista ha estado en medio de la controversia desde hace años; comunidades indígenas de la región como San Francisco Xochicuautla y Huitzizilapan, se oponen al proyecto carretero, el cual tienen parcialmente detenido desde hace dos meses con un campamento, así como una campaña internacional de denuncia; la empresa que tiene la concesión es propiedad Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo empresario que construyó la polémica Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Ángelica Rivera.

Por algún motivo Banobras ha seguido movilizando imporantes recursos jurídicos, y finalmente mediante un amparo concedido el 24 de septiembre pasado, evita así cumplir con la orden del INAI de hacer pública la información, haciendo más turbio el caso.

Las comunidades indígenas están solicitando también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, extender las medidas cautelares sobre dicho proyecto, el cual se mantiene en litigio en tribunales.

Los indígenas denuncian que no se les están cumpliendo sus derechos inherentes firmados y ratificados por el gobierno mexicano; la Comisión de asuntos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, también emitió el año pasado un exhorto al gobierno mexicano para respetar los derechos de las comunidades originarias y respetar su determinación.

 

David Galeano
Huellas.mx

 

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INAI censura medio año expediente militar de Tlatlaya

Al resolver dos nuevos recursos contra la negativa de entrega de información de la averiguación previa de la Procuraduría de Justicia Militar abierto en contra de los 7 militares involucrados en el caso Tlatlaya, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información se dividió en torno al sentido del voto.

De acuerdo con La Jornada, otra vez salió a la luz –como pasó en un anterior recurso- la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional de abrir la información al INAI para que verifique que la causal de reserva tiene sustento y resolver según sea el caso.

Más allá del fondo del asunto en ambos casos, esta negativa de Sedena motivó el reproche de la comisionada Areli Cano, quien cuestionó la actitud de la dependencia por regatear las facultades al INAI de acceder a la información para verificarlo.

Y fue más allá, al lamentar que la mayoría de los comisionados no salieran en defensa del INAI para que ejerciera las facultades a plenitud y no haya “ni siquiera un extrañamiento” a la Sedena por su actitud.

En cuanto al fondo de los recursos, ante la existencia de un amparo de los militares involucrados en los hechos, la mayoría del pleno del INAI determinó ordenar la reserva de la información por seis meses, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a abrir la información al organismo para que verifique que efectivamente los delitos que se le imputan no tienen que ver con delitos graves de derechos humanos y sólo se trata de indisciplinas militares.

En la sesión se confrontaron dos posturas en torno a los alcances de las facultades del INAI, toda vez que los proyectos originales se presentaron en dos sentidos, ya que el juez, al resolver el amparo, determinó que el INAI debería esperar a que se resuelva el fondo del amparo antes de resolver.

La comisionada Areli Cano presentó un proyecto según el cual, se pueda apelar a la causal de “causa de fuerza mayor” para suspender el plazo de resolución del recurso del solicitante hasta que se resuelva el amparo y entonces poder resolver.

En contraste, en el otro recurso, relacionado con el mismo tema, propuesto por la comisionada presidenta Ximena Puente, determinó que en función de que sólo se trataba de procesamientos por delitos del fuero militar, que no involucraban violaciones graves a derechos humanos, procedía la reserva de información en principio por un año –que después a propuesta del comisionado Francisco Xavier Acuña– se redujo a seis meses, o que hayan desaparecido las condicionantes jurisdiccionales que impide, es decir, que el juez resolviera el fondo del asunto.

En este caso, por 4 a 3, se aprobó la propuesta de Puente, con lo que una vez más el acceso a la información a la averiguación previa militar a los efectivos involucrados en el caso Tlatlaya, volvió a cerrarse.

Posteriormente, al votarse, el recurso resuelto por la comisionada Cano que pretendía suspender la resolución fue rechazado, pues se consideró inviable acreditar la “causa de fuerza mayor”.

 

 

Fuente. aristeguinoticias.com

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INAI ordena a la Segob informar sobre feminicidios

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) buscar y dar a conocer el número de homicidios dolosos en contra de mujeres, registrados entre enero de 2006 y diciembre de 2012.

En respuesta a un particular, el sujeto obligado indicó que la información solicitada no era de su competencia y le sugirió acudir ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual publica estadísticas sobre incidencia delictiva.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que manifestó que la Segob debe contar con estadísticas de seguridad.

En alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta original, y apuntó que turnó la solicitud a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a la Dirección General de Apoyo Jurídico de la Inspectoría General, a la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, y luego de una búsqueda, reiteró que la información de interés del particular, no obra en sus archivos.

En el análisis del caso, y tras una búsqueda de información pública, el Instituto localizó que en marzo de 2012, la entonces Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención de Delito de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, elaboró un estudio especial relativo al homicidio doloso, que incluye los delitos cometidos en contra de mujeres desde 2009.

Además, se advirtió que la Segob entregó a la Cámara de Senadores el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, durante 2013 y lo que ha transcurrido de 2014.

Al respecto, en dicho informe se incluyen indicadores relacionados con la situación de violencia y delincuencia que afecta a la población y, de manera específica, se muestran estadísticas relacionadas con mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por lo que la Segob, en el ámbito de su competencia, conoce de información estadística en materia de delitos, en específico, homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres.

Adicionalmente, la comisionada Kurczyn, resaltó que actualmente la Secretaría de Gobernación ha emitido alertas de género en once municipios del Estado de México y en ocho municipios del Estado de Morelos, lo que permite advertir que el tema relacionado con los feminicidios es de alto impacto y de enorme afectación para nuestra sociedad.

Ahora bien, en cuanto a la orientación proporcionada al solicitante, si bien el SESNSP es competente para conocer del universo al que pertenece la información requerida por el particular, eso no exime a la Segob de haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó a efecto de que realice la búsqueda de la información al nivel de desglose que obre en sus archivos, relativa al número de homicidios dolosos en contra de mujeres, de enero de 2006 a diciembre de 2012, y la entregue al particular.

En dicha búsqueda, no podrá omitir a la Unidad de Política Interior y Análisis de Información, Dirección General de Información Legislativa, Dirección General de Coordinación Intersecretarial, Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la Unidad de Información para la Seguridad Pública.

De igual forma, el Pleno dejó a salvo los derechos del particular a fin de que, si resulta de su interés, acuda ante el SESNSP o a las Unidades de Enlace de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que solicite la información que sea de su utilidad.

 

 

Fuente. Apro

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