18 de julio 2018.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una batería de instrumentos legales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sentencia que lo obliga a crear una comisión de la verdad para volver a investigar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país durante la actual administración.

Según la lista de acuerdos publicada el martes por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del máximo tribunal atrajo los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por varias instancias oficiales sobre el “caso Ayotzinapa”, el nombre del municipio del estado de Guerrero donde está la escuela donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema.

El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante tortura”, y determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”.

Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pesquisas, sino que determinó crear una comisión de la verdad integrada por representantes de las víctimas, el ministerio público y el ombudsman, y a la que se podrían incorporar organizaciones internacionales.

La sentencia marcó un punto de inflexión en el caso porque, cuatro años después de los hechos, confirmó judicialmente muchas de las irregularidades y obstrucciones a la justicia denunciadas por expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El grupo tiró por tierra la versión oficial de que los 43 jóvenes habían sido habían sido entregados por policías locales a un grupo del crimen organizado y quemados en un basurero y pidió investigar a autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluido el ejército, algo que nunca se cumplió.

Organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alabaron la decisión del tribunal. Sin embargo, la fiscalía federal mexicana la rechazó desde el inicio y distintas instancias del ejecutivo iniciaron una estrategia legal para intentar paralizarla bajo el argumento de que se había excedido en sus competencias y era inconstitucional.

Carla Huerta, constitucionalista y miembro del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, explicó que, técnicamente, ante un recurso de amparo “los jueces pueden anular una investigación, regresarla y que se empiece de cero pero no pueden decir quién y cómo deben hacerla porque eso lo dicta la ley” y es potestad del ministerio público. Por este motivo, dijo que sí puede entenderse que los jueces se extralimitaron en sus funciones al ordenar la creación de la comisión, cuyo establecimiento correspondería al ejecutivo. Sin embargo, dada la gravedad del caso, debería imponerse una “interpretación política” de la sentencia, apuntó.

El abogado experto en litigios internacionales de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, reconoció que puede haber cierta polémica en la orden de crear la comisión pero subrayó que “la sentencia es clarísima en cuanto a las irregularidades cometidas en la investigación o la necesidad de investigar a funcionarios involucrados” por lo que “hay un montón de cosas que la PGR tiene que cumplir y no podría ampararse”. A su juicio, lo más importante que exhibió el tribunal es “una situación estructural de impunidad” existente en México.

La justicia mexicana ya había aceptado algunos amparos de parte del más de centenar de detenidos por este caso, pero nunca se había pronunciado con una sentencia de tanto alcance. Otros procesados confían en poder beneficiarse del fallo. Por ejemplo, Luis Argüelles, abogado de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, la localidad donde ocurrieron los crímenes, confió en que pueda favorecer también a su cliente.

La sentencia quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre su cumplimiento. Al margen de la decisión, el próximo gobierno, que asumirá el poder el 1 de diciembre, ya se pronunció a favor de crear una comisión de la verdad, con lo que algunos analistas consideran que la estrategia oficialista conseguirá ganar tiempo.

El ejecutivo tiene potestad para crear este tipo de instrumentos y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo hará como parte del proceso de pacificación al que se ha comprometido.

Cuatro años después de los crímenes de Iguala, no hay ningún sentenciado por las 43 desapariciones, 6 asesinatos y más de 180 víctimas de los ataques del 26 de septiembre de 2014.

AP

La ex regidora de Desarrollo Económico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Esther Orea Vargas fue asesinada la tarde de este miércoles en la ciudad de Iguala.

La ex edil en la administración del perredista José Luis Abarca Velázquez, que era militante priísta conducía su camioneta de modelo reciente X-trail marca Nissan color blanco en la carretera Iguala-Chilpancingo cerca de la colonia Floresta.

De acuerdo con un reporte oficial, al menos dos hombres que se trasladaban en motocicletas le dieron alcance y dispararon en varias ocasiones sus armas calibre nueve milímetros en contra de la ex regidora que resultó herida.

Orea Vargas fue trasladada al hospital donde más tarde se informó que murió a causa de las heridas por arma de fuego. Esther Orea Vargas era conocida por los constantes señalamientos que hacía en contra del ex alcalde perredista Abarca Velázquez por las malas obras y acciones que llevaba a cabo en su municipio, éste último, detenido también en un Centro de Readaptación Social (Cereso) de máxima seguridad por su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

quadratin

Ciudad de México, 24 de mar.- Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó que en los próximos días se estará firmando una indemnización para las familias de las víctimas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, incluidas las de los 43 desaparecidos.

El funcionario detalló que en la firma del acuerdo de reparación del daño, estarán persentes integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la academia.

Por su parte los padres y organizaciones acompañantes de los estudiantes de Ayotzinapa, continúan denunciando las escasas acciones del gobierno del federal para resolver el caso que ha dado la vuelta al mundo.

Los estudiantes denuncian que la estrategia del gobierno es retrasar las cosas para que todo transcurra sin complicaciones hasta este 30 de abril que termina el periodo extraordinario del GIEI, por lo que los padres están pidiendo una nueva extensión del periodo, acerca de lo cual no se ha pronunciado oficialmente el gobierno federal.

No obstante diversas fuentes señalan que la determinación ya está tomada y a pesar de las contribuciones realizadas por el grupo de expertos y que llegaron a descubrir decenas de elementos que no había detectado la PGR, se tiene el objetivo de correr del país al grupo de reconocidos especialistas, sobre quienes se ha lanzado una campaña negativa de desprestigio, cuyo origen aún no se ha confirmado.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Ciudad de México, 17 de mar.- Padres de los 42 estudiantes que continúan desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, se reunieron hoy con representantes de la PGR y la Secretaría de Gobernación, quienes les informaron de los avances en las investigaciones del Caso Iguala, los cuales resultaron escasos, a decir de los padres que dieron una conferencia de prensa tras el encuentro.

Al lugar asistieron miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como también representantes de organizaciones sociales que acompañan a las familias, quienes denunciaron diversas inconformidades que se mantienen acerca de la investigación.

Las organizaciones fueron tajantes en denunciar, que a más de un mes de una nueva solicitud para entrevistarse con miembros de las fuerzas armadas que estuvieron en el lugar de los hechos, o que tuvieron algún tipo de participación o relación con el caso, la PGR sigue sin responder a las solicitudes, a pesar de los llamamientos realizados desde organizaciones internacionales como la Corte Interamericano de Derechos Humanos, quien llamó a cumplir los compromisos que el presidente de los mexicanos Enrique Peña Nieto, había adquirido.

Se insistió que aún persisten muchas dudas acerca de la participación de las fuerzas armadas, por lo que la opacidad en torno a su actuación, genera aún más incertidumbre, en lugar de contribuir a resolver el caso.

Asimismo se denunció que la fragmentación de la investigación continúa, a pesar de los señalamiento realizados por el GIEI, y los compromisos de la PGR por conjuntar las indagatorias en un solo expediente.

De igual forma se denunció que la actitud de las dependencias federales, pareciera tener la intención de retrasar el proceso, esperando que termine el periodo extraordinario del GIEI, a quien le siguen poniendo trabas en su trabajo, además de que se continúa con una campaña mediática y en redes sociales de desprestigio a su labor.

En ese sentido también se denunció que a menos de dos semanas de que se terminen los trabajos del nuevo grupo de expertos que realizan un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, a la fecha, no les han presentado a los especialistas que realizan el nuevo estudio, por lo cual emitieron una alerta al respecto.

También se denunció que la PGR sigue abordando unicamente la misma línea de investigación, sin abundar en las otras que han propuesto tanto ellos, como el GIEI.

Los voceros de las familias afectadas, también exigieron la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, amagando con abandonar las mesas de diálogo, de continuar la indisposición de las autoridades a cumplir los acuerdos.

Por su parte la PGR adelantó que el próximo 30 de marzo se presentarán los resultados del nuevo peritaje en Cocula, lo cual también causó molestia en los padres, pues se realizará días después de la nueva jornada de protestas que se está convocando para el 26 de marzo.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente Enrique Peña Nieto –en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas– que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del 27 Batallón de Iguala, que presenciaron el ataque contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado este miércoles 2 de marzo, la CIDH advierte que la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero es una muestra de “las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos crímenes” y un un ejemplo “emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.

Los comisionados constataron en su visita a México, realizada el año pasado, que existen “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares” y que el país atraviesa “una grave crisis de violencia y de seguridad”.

La falta de acceso a la justicia, insiste, “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

En el informe, la CIDH respalda la actuación de los miembros del GIEI sobre elcaso Ayotzinapa y señala que el Estado mexicano no ha permitido las entrevistas a los miembros del Batallón 27 que presenciaron el ataque contra los estudiantes.

En la una audiencia pública, previa a la realización del informe, el Estado mexicano  recalcó que “la decisión de permitir acceso o no a que los integrantes del GIEI entrevisten a los soldados recae en el Presidente de la República, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas por mandato constitucional, y no en los líderes castrenses”.

Por tanto, en el informe a CIDH reitera su llamado “al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a los integrantes de Infantería tal y como ha sido solicitado”.

El informe refiere que hubo una actuación “tardía” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), pues intervino ocho días después de la desaparición de los estudiantes. Por ejemplo, horas después del ataque a estudiantes, fueron los propios padres y organizaciones sociales quienes consolidaron la lista completa de los desaparecidos, ante la inacción de la autoridad.

Después de estos hechos, el hallazgo de fosas con decenas de cadáveres resaltan que los familiares, “ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”.

El pasado 28 de febrero la PGR anunció, junto con el GIEI el inicio del nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial los estudiantes fueron incinerados.

Será hasta el 31 de marzo cuando los expertos encargados de hacer el estudio entreguen a ambas partes un “informe conclusivo”.

Situación de Derechos Humanos en México CIDH

animalpolitico.com

A un año cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jugadores del equipo Avispones de Chilpancingo, quienes según la Procuraduría General de la República (PGR) fueron “confundidos” en el ataque del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, revelaron lo ocurrido aquella noche y aseguran que antes de la agresión los futbolistas fueron detenidos por la Policía Federal (PF).

En el ataque murieron un jugador, el chofer del camión y la pasajera de un taxi que pasaba por el lugar.

Esta mañana el portal Aristegui Noticias dio a conocer parte de un documento –una carta entregada a la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien encabeza la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa, firmada por “padres de jugadores y cuerpo técnico” del equipo– donde se asienta una nueva versión sobre los hechos.

El reporte revela que la PF detuvo a los Avispones 20 minutos antes del ataque, y después los mismos elementos policiacos se negaron a auxiliar a los heridos, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.

“Por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”, exponen los familiares.

Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de futbol que había jugado en Iguala aquella noche.

Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.

Las familias avanzaron, pero no el autobús. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, después ésta regresó y los mensajes siguieron.

Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.

Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”.

“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá afuera el ataque”, consideran los padres.

Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.

Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.

“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero, y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusan.

Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.

“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.

Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida. Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.

“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.

En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”, por lo que difieren de la “verdad histórica” que estableció que los soldados no intervinieron.

Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron maltrato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.

Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala, pese a que en el expediente del Ministerio Público se dio una cifra menor: 170.

Además denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.

Las familias también acusan ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refieren que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.

Respecto de los apoyos económicos, reconocen las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, que “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.

Ante ese escenario recuerdan sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.

Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo a Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.

Apro

Ciudad de México, 21 de feb (huellas.mx).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes investigan desde hace más de un año el Caso Iguala, emitieron una conferencia de prensa para informar de los “Avances del segundo periodo de trabajo”, haciendo nuevamente graves acusaciones en contra de la PGR, que sugieren la manipulación de las versiones y evidencias.

El GIEI señaló tajante en la conferencia que la PGR ha estado tratando de construir en el aire y con ayuda de medios cómplices una nueva versión acerca del destino de 43 estudiantes desaparecidos, en la cual pretenden ahora señalar que fueron 17 los estudiantes incinerados en el basurero de Cocula, lo cual no tiene fundamento alguno.

“Nosotros alertamos sobre la creacion de esta quinta version, y reiteramos que la misma no se sustenta ni en declaraciones ni en otros elementos de convicción”, afirmaron los miembros del GIEI, denunciando además la filtración de información confidencial a la prensa como táctica para la difusión de estas versiones.

Se expuso que las recientes detenciones de presuntas personas ligadas al Caso Ayotzinapa, son las que coincidentemente vienen a aportar indicios para la 5a versión de la PGR, lo extraño es que a cierto sector de la prensa, le han llegado declaraciones confidenciales del expediente, a los cuales se supone no deberían tener acceso, induciendo de forma artificial los rumores falsos sobre esta quinta versión; los cuales además se construyen sobre elementos de prueba inexistentes.

Asimismo el organismo con respaldo de la ONU, expuso también que la PGR que dirige Arely Gómez, está obstruyendo el acceso a la información relacionada con figuras trascendentales del Caso Ayotzinapa, entre ellas el Cabo Gil, Gildardo López Astudillo, así como “Los Peques”, los hermanos Benítez Palacios, cuya información ha sido sacada del expediente Ayotzinapa, de manera que no está al alcnce del GIEI ni de las investigaciones del caso, a pesar de ser figuras estrechamente ligadas al caso.

Se expuso también el amparo que le fue concedido a 22 policías de Iguala que participaron en los hechos, lo cual abre la puerta a su posible liberación.

Se insistió nuevamente en la fragmentación del expediente y en la falta de sensibilidad de la PGR para la protección de víctimas, así como para el manejo de los restos de algunos de los fallecidos, lo cual ha causado nuevos conflictos en las familias.

El GIEI señaló que han solicitado investigar las filtraciones que se han dado a la prensa, para determinar con precisión el origen de estos intentos artificiales por construir una quinta versión del caso, además de hacer un llamado para fortalecer las indagatorias en las demás líneas de investigación.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx
Foto. @pajaropolitico

Elementos de la Policía Federal detuvieron en Iguala, Guerrero a otros tres presuntos implicados en la desaparición de los los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, informó esta tarde el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

Los hombres fueron identificados como Bernabé y Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado señalados como miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, relacionados con la indagatoria en relación a los hechos ocurridos en 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, por los que se ha detenido a 113 personas y 31 consignados, precisó.

En la lectura de comunicado ante medios, el titular de la CNS detalló que los sospechosos habrían recibido a los jóvenes, entregados por la Policía Municipal de Iguala, para posteriormente trasladarlos al basurero de Cocula y participar en los hechos allí ocurridos.

Sales Heredia, precisó que se tiene conocimiento de que Bernabé también proporcionaba armas a Guerreros Unidos; además, dijo que la declaración de Gildardo López indica que Taboada Salgado está directamente relacionado con homicidio del normalista Julio César Mondragón.

Ambos individuos fueron señalados en declaraciones de otro consignado por el caso Iguala, como presuntos responsables de hechos delictivos en la zona.

La detención de los dos sospechosos se logró como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre las dependencias del Gabinete de Seguridad y elementos de la Policía Federal, indicó el Comisionado.

Al momento de la detención, se les confiscó una maleta que contenía un fusil AR-15, con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, así como una pistola calibre 45 milímetros. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

ejecentral.mx

Ciudad de México, 11 de oct.- José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, enfrentará un proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) aportó los elementos suficientes para vincular a proceso a Abarca Velázquez, a quién se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El imputado se encuentra recluido en el Cefereso Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, sujeto a varios procesos penales. El Juez de la Causa Penal resolvió en autos de la Causa Penal 103/2014-II, dictar Auto de Formal Prisión en su contra por los delitos mencionados”, informó la PGR.

El ex edil de Iguala, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, recibía en la alcaldía a líderes y operadores de Guerreros Unidos para planear sus actividades.

Declaraciones de integrantes de esa organización, indican que José Luis Abarca forma parte de la estructura operativa de la organización criminal “Guerreros Unidos”.

Tenía una participación activa dentro de la organización y permitía las actividades de “Guerreros Unidos” bajo su consentimiento; y junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, son señalados como cerebros financieros de la organización.

noroeste.com.mx

Ciudad de México, 11 de oct.- Gran polémica está generando el espionaje cometido en contra de Omar García, vocero del movimiento que aglutina a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y a los padres de los 42 estudiantes desaparecidos y 7 asesinados en la trágica noche de Iguala.

De forma peculiar, quien presenta en exclusiva los resultados de tales labores de espionaje es Carlos Marín, el director editorial de Milenio, quien presenta un artículo, donde publica una conversación telefónica que habría tenido Omar con otro estudiante de Ayotzinapa sin identificar, lo cual es usado por el periodista para argumentar la relación de la escuela con el grupo criminal Los Rojos.

En la conversación, el sujeto sin identificar le informa a Omar que presuntamente los policías comunitarios lograron evitar que un comando del grupo criminal Los Ardillos, lograra entrar a la Normal Rural a llevarse a cuatro estudiantes que presuntamente estarían involucrados con Los Rojos.

En la conversación, Omar le pregunta al sujeto si ya le informó a “la cúpula”, no obstante el joven afirma que no podía localizar a nadie más.

Que dice Omar

Ante esta situación Omar García, quien es identificado por Milenio con el nombre real de Omar Vázquez Arellano, emitió una primer respuesta donde denuncia la hipocresía de Milenio al valerse del espionaje para intentar desmeritar al movimiento, mientras que en otros casos lo han condenado como sucedió con Lorenzo Córdova.

Omar adelantó que la conversación fue sacada de contexto, señalando que pronto se emitirá una posición al respecto pero en conjunto, como escuela, denunciando que se trata de una estrategia por desprestigiar al movimiento y pretender desviar la investigación de los estudiantes desaparecidos y asesinados, negando al mismo tiempo que la normal esté bajo el dominio de Los Rojos, como se venido difundiendo desde un sector de los medios.

Asimismo cuestionó como es que el estado tiene a su disposición sofisticadas herramientas de espionaje, mientras que por otro lado, sigue sin presentar la información de geolocalización de los estudiantes desaparecidos aquella noche, petición reiterada con gran insistencia en el último reporte de la CNDH.

A pesar de que fuera cierta la información mencionada por el sujeto que le habló por teléfono a Omar, ésto se refiere exclusivamente a cuatro presuntos estudiantes, no a la escuela en general, no obstante medios como LaRazón arremetieron señalando que esto es la confirmación de que “el narcotráfico está metido hasta la médula en Ayotzinapa”, situación que ni la PGR ha podido a fundamentar.

Por otra parte en redes sociales cobran gran popularidad las contradicciones de Marín, quien meses atrás arremetía contra quienes espiaron a Córdova, y ésta vez pretende valerse del espionaje para calificar de narcotraficantes a toda la Normal de Ayotzinapa y sus principales líderes.

En Mayo Marin decía que las escuchas eran recurso de sabotaje. Es irónico que @Milenio ahora difunda una #Ayotzinapa pic.twitter.com/B5VbGuRMk4

— Juan Yves Palomar (@JuanYvesPalomar) November 10, 2015

Asimismo medios como Desinformémonos consideraron esto como una “campaña despiada de Milenio” contra el movimiento de Ayotzinapa. Este artículo ha sido compartido mucho más en redes sociales que la misma columna de Carlos donde expone las labores de espionaje.

Más tarde el columnista de Milenio volvió a sacar una columna titulada Omar, Omar, Omar… donde reclama que aún no se aclara en que contexto sucedió entonces la llamada que le fue publicada por el mismo diario.

Las dudas

Ante esta situación persisten muchas cosas por aclarar, en primera instancia quien y porque motivos está espiando a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y cómo es que casualmente Milenio, el medio que mintió con encuestas amañadas 101 días consecutivos favoreciendo a Enrique Peña Nieto, es precisamente quien tiene el fruto de tales labores de espionaje.

También será necesario aclarar quien es esa persona que habló por teléfono con Omar, y quien saltándose a las autoridades de la escuela, a quienes presuntamente llevaba días sin poder localizar, le dice tan abiertamente a Omar que hay Ardillos buscando a presuntos Rojos en el interior de la escuela, lo cual también despierta gran sospecha por la secuencia de palabras utilizadas.

De igual forma, Omar y la escuela tendrán que aclarar quienes son esos cuatro estudiantes, si efectivamente pertencen a alguna agrupación criminal, si tenían conocimiento de ellos, si forman parte de su movimiento o porque no han sido denunciados.

No obstante la versión de Milenio es por demás sospechosa porque si fuera cierto que un grupo de Ardillos iba a levantar a 4 estudiantes de Ayotzinapa por presuntamente pertenecer a Los Rojos, en realidad se estaría exonerando al mismo Omar y a la dirigencia de la escuela de ser Rojos también, pues ya hubieran ido entonces por ellos desde hace mucho, en cambio se enfocan en cuatro presuntos estudiantes; ¿Porqué intentar linchar entonces al movimiento estudiantil? ¿Y en verdad un grupo de narcotraficantes se iba a aventurar a meterse a levantar 4 jóvenes de Ayotzinapa estando los ojos del mundo en el lugar?

David Galeano

Ciudad de México, 4 de nov.- Este miércoles fue exhumado el cuerpo del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón.

Julio César Mondragón murió antes de que se suscitara la jornada violenta en la que desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y en la que hubo seis muertos y por lo menos 26 heridos.

Cabe recordar que estos hechos se registraron el pasado 26 de septiembre del 2014, y en los que el normalista fue encontrado sin rostro y sin ojos.

Peritos mexicanos y argentinos iniciaron este miércoles la exhumación de los restos del joven normalista, Julio César Mondragón. Expertos de antropología forense formarán parte de esta investigación.

Con información de RadioFórmula

José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, arribó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) poco antes de las 11:00 horas de este miércoles para declarar por los señalamientos en su contra de pertenecer a la organización criminal de “Los Rojos”.

La semana pasada, Hernández Rivera se presentó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, para manifestar su interés en declarar ante el Agente del Ministerio Público de la Federación.

Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, señaló al director de la Normal Rural como cabecilla del grupo delictivo de “Los Rojos”.

En su declaración, “El Cepillo” aseguró que Hernández Rivera había recibido dinero de “Los Rojos” para que estudiantes de Ayotzinapa acudieran a la Plaza Pública de Iguala el 26 de septiembre de 2014 para realizar disturbios durante el informe de María de los Ángeles Pineda como titular del Sistema DIF.

Hernández Rivera llegó acompañado de otros directivos de la Normal al edificio ubicado en Paseo de la Reforma número 75. “Ya saliendo les platico qué pasó“, dijo a los reporteros a su llegada.

ElUniversal

Chilpancingo, Guerrero, 3 de nov.- Este martes un grupo de ejidatarios de la comunidad de El Carrizalillo, Guerrero confirmó el descubrimiento de nuevas osamentas al poniente del ejido, ésto mientras siguen explorando la zona de Los Manguitos y la Barranca de las Palomas, donde se reportaron fosas del grupo criminal Guerreros Unidos.

Es de especial atención el desinterés de las autoridades federales en la pista Carrizalillo, pues a pesar de que desde el viernes pasado, pobladores de la comunidad confirmaron el descubrimiento de osamentas humanas, a partir de revelaciones realizadas por un halcón de Guerreros Unidos; en tres días no acudió ninguna autoridad para confirmar ni investigar los hechos.

Al parecer la promesa de mantener abiertas las líneas de investigación por el Caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no es más que demagogia, pues en la realidad se sigue poniendo en evidencia la falta de capacidad del estado mexicano para investigar y reaccionar ante los indicios de uno de los peores crímenes de los últimos tiempos.

Los motivos para investigar no son menores; los pobladores de Carrizalillo, hicieron hablar a un halcón de Guerreros Unidos que temía ser linchado por la comunidad; el sujeto reveló que en la zona se encuentran múltiples fosas utilizadas por su grupo criminal, lo cual fue verificado por los habitantes, quienes descubrieron un grupo de huesos a un metro de profundidad y dieron aviso inmediato a la autoridad.

No obstante la autoridad estaba bastante ocupada como para atender la denuncia, así se expone en Milenio donde se señala que las autoridades justificaron el retraso debido a la “carga de trabajo”.

El asunto no es aislado, el diario Proceso había revelado desde octubre de 2014 a que partir de reportes federales se tenía conocimiento que en Carrizalillo se atrincheró un grupo de Guerreros Unidos después de los hechos acontecidos en la noche de Iguala el 26 de septiembre pasado.

En una nueva entrega el periodista EzequielFlores confirmó el testimonio de habitantes de Carrizalillo, quienes señalan que al menos un centenar de sicarios de Guerreros Unidos se refugiaran en dicho poblado la madrugada del 27 de septiembre, señalando que también estuvieron realizando trabajos con maquinaria pesada, además de que desaparecieron montones de tierra y materiales que ya se tenían listos para una obra.

A pesar de todas las evidencias los únicos que han acudido ha investigar las denuncias en Carrizalillo han sido peritos de la Fiscalía de Guerrero, quienes apenas el día de ayer fueron a realizar las primeras indagatorias.

Carrizalillo y sus rivalidades

Este lugar ha sido objeto de disputa por parte de varios cárteles de la droga que pelean el control de una zona codiciada por su importancia para el trasiego de mercancía, así como por la cercanía con la minera Gold Corp a quien también cobran derecho de piso.

Hace tan solo dos semanas, un grupo de policías federales fueron retenidos en la comunidad, acusados de estar actuando en complicidad con Guerreros Unidos; junto con los federales detuvieron a un halcón del grupo criminal, quien fue el que terminó contando sobre las fosas a los pobladores.

LaSillaRota realiza un reportaje sobre la situación, describiendo a detalle la forma en que los pobladores detectaron de forma fortuita la presencia del criminal junto con los Policías Federales quienes pretendía llevarse al comisariado ejidal, lo que provocó el levantamiento del pueblo quien logró retenerlos y secuestrarlos por varias horas, antes de ser entregados a la PGR y obligar al halcón a revelar su identidad: Modesto Peña, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien también estaba uniformado con siglas de la corporación policial.

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

Vecinos de la comunidad de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, llamaron a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que vayan a ese poblado a buscar a sus hijos.

Hicieron el llamado luego que hallaron una fosa con restos humanos a un costado de la carretera que comunica con Amatitlán y Tenantla.

El sábado pasado, los pobladores realizaron un recorrido, en el cual le mostraron a representantes de medios de comunicación un montón de huesos y dos mandíbulas que encontraron en la fosa de aproximadamente un metro de profundidad, a unos 20 metros de la carretera, en el lugar conocido como Los Cazahuates.

Asimismo, indicaron que Modesto Onfre Peña Celso, presunto halcón que fue deptenido con nueve policías federales el miércoles pasado, les confesó que en los cerros de esa comunidad hay varias fosas clandestinas, en donde están enterrados cuerpos de las víctimas del cartel de Guerreros Unidos.

De acuerdo con el diario “El Sur”, estas personas forman parte del grupo que defendió al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García, a quien el miércoles pasado policías federales intentaron detener y que finalmente fueron retenidos por los habitantes.

Explicaron que ese día, luego de que se tocaran las campanas del pueblo y los habitantes retuvieron a los uniformados, Peña Celso les informó que en los cerros de la comunidad había fosas clandestinas.

“Cuando los policías vieron que nos los dejaríamos ir, nos dijeron que nos iban a dejar a Onofre y que hiciéramos con él lo que quisiéramos, y él al creer que lo íbamos a linchar nos comenzó a dar información para que no le hiciéramos nada, y nos dijo que aquí hay muchas fosas”, detallaron.

Indicaron que el viernes, un grupo de pobladores, acompañados por un agente del Ministerio Público Federal, recorrieron la carretera que comunica con Amatitlán y Tenantla, y en el lugar encontraron huesos y mandíbulas dentro y fuera de un hoyo de aproximadamente un metro de profundidad.

Dijeron que el Ministerio Público regresaría el sábado con forenses para excavar, pero la actividad fue suspendida.

Reporte incómodo

Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con el semanario “Proceso”.

Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.

Maratón Protesta

Padre de Ayotzinapa corre maratón en Nueva York en honor a su hijo desaparecido.

Hacer conciencia

A manera de protesta por la desaparición de su hijo José Antonio Tizapa, Jorge Antonio Tizapa Legideño participó ayer en el Maratón de Nueva York. El objetivo de Tizapa es generar conciencia sobre la situación en México a través del deporte.

yucatan.com.mx

Ciudad de México a 2 de noviembre.- Nuevamente se exhiben los nexos de los políticos con los narcos; esta vez, el partido del Sol Azteca es el afectado con la detención del candidato que esta fracción propuso para presidente municipal de Cocula, Guerrero; no obstante, el partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslindo del político detenido con un líder de la organización Guerreros Unidos.

Las detenciones del alcalde de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez junto con Adán Casarrubias Salgado, uno de los principales líderes de “Guerreros Unidos” en Cuernavaca, Morelos, además de Eloy Flores Cantú, quien se identificó como asesor del PRD en la Cámara de Diputados, lo cual ha sido desmentido por la propia bancada; a su vez, la dirigencia del Sol Azteca en Guerrero se deslindó también de Eric Ulises Ramírez y aseguró “que no se va a solapar a nadie”; en ese sentido, a través de una conferencia de prensa Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, señaló que, la Procuraduría General de la República no informó al partido sobre posibles vínculos del alcalde con el crimen organizado, previo a su postulación; asimismo, recordó que el partido, pidió a la dependencia que investigara si los candidatos que postularía tenían alguna relación con el crimen organizado.

Por lo que, el columnista Jorge Fernández Menéndez de Excelsior considera que los grupos criminales y políticos de la zona mantienen su relación más de un año después de los hechos de Iguala; en ese sentido, Menéndez aprovechó para defender su película “La Noche de Iguala”, la cual ha sido severamente criticada por exponer la verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam, la cual dicho sea de paso se ha desmoronado con la investigación de los expertos independientes; no obstante, el columnista considera: (..) “decir que los jóvenes de Ayotzinapa no murieron por la lucha entre fracciones del narcotráfico, del que participan como parte, como actores, diferentes sectores políticos, de uno y otro bando, es ignorar la evidencia. Lo hacen porque va en contra del sentido (‘fue el Estado’) que quieren darle a una agenda política sesgada y cuyo objetivo se ubica precisamente en desmontar las instituciones del Estado mexicano”, señaló.

Mientras tanto, la analista JesusaCervantes comentó que “la bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro”; al respecto, durante el primer mes de trabajo, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que “puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército”. “Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo”, señaló Cervantes.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 31 de oct.- La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión en contra de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un comunicado la dependencia informó que la orden del juez se llevó a cabo en reclusión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La imputada se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil Numero 4 noroeste, en Tepic, Nayarit, donde enfrenta varios procesos penales.

Con las nuevas acusaciones, el caso lo lleva a cabo el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, a Pineda Villa se le relaciona con una organización delictiva que opera en el estado de Guerrero

Notimex

Ciudad de México 30 de octubre.- El grupo criminal de Guerreros Unidos(GU) y la colusión con las autoridades locales de los municipios de Guerrero continúa exhibiéndose, tal es el caso de las detenciones del alcalde de Cocula y el líder de GU; no obstante, la familia Abarca Pineda se dice inocente y la fracción perredista se deslinda del edil de Cocula; mientras tanto, está casi completo el nuevo peritaje para el caso Iguala.

Elementos del Ejército y la Policía Federal de México detuvieron a Eric Ulises Ramírez, alcalde de Cocula, Guerrero y a Adán Zenen Casarrubias, alias El Tomate uno de los líderes del grupo Guerreros Unidos y hermano de Sidronio Casarrubias, actualmente encarcelado; además, en el momento del arresto también se encontraba con ellos Eloy Flores, quien se identificó como asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD); cabe destacar que el recién nombrado edil de Cocula tomó posesión del cargo el 30 de septiembre y su predecesor, César Miguel Peñaloza Santana, fue detenido en diciembre del año pasado por presuntos nexos con el grupo Guerreros Unidos, aunque fue puesto en libertad poco después.

Al respecto, la fracción perredista en el Congreso de Guerrero se deslindó del presidente municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, quien fue detenido junto al presunto líder de Guerreros Unidos, Adán Zenén Casarrubias Salgado.”Si es culpable que lo pague”, aseveró el legislador Sebastián de la Rosa Peláez, coordinador de la bancada del sol azteca en Guerrero; “hay un hecho muy concreto que sucedió y por tanto, él tendrá que responder por esa responsabilidad”; no obstante, De la Rosa Peláez aclaró que sin sonar a justificación el asunto que se plantea hoy con el caso de Cocula no es algo exclusivo del estado de Guerrero, es un fenómeno nacional que tampoco es imputable solo al PRD.

Asimismo, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, negó que Eloy Flores Cantú, sea asesor de su grupo parlamentario y advirtió que ese partido “no solapa delincuentes”.

Mientras tanto, el cuerpo de peritos que busca crear la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para realizar un nuevo estudio sobre la quema de cuerpos en el basurero de Cocula, ya está casi listo, señaló el subprocurador de Derechos Humanos de la Fiscalía, Eber Omar Betanzos; además, Betanzos Torres indicó que para el reinició de los trabajos de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, se usará tecnología de punta, como drones con equipos para analizar el subsuelo de Guerrero.

Por otro lado, sobre la situación legal del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR comentó que es el juez de la causa quien está analizando las evidencias mostradas por el Ministerio Público Federal; sin embargo, hay elementos suficientes que vinculan a la pareja con el crimen organizado y a Abarca con otro caso de secuestro y homicidio, añadió el funcionario.

Sin embargo, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, señalan que el móvil es político, denuncian diversas irregularidades en el proceso y coinciden en que no saben quién ordenó los ataques, pues el exmandatario nunca se comunicó con los municipales de manera directa.

Mientras tanto, el director de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, José Luis Hernández Rivera, se presentará a rendir su declaración sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, a la PGR, el miércoles de la próxima semana.

A su vez, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el próximo 1 de diciembre en el Parlamento Europeo su reporte sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que rechaza la versión oficial del exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre la incineración de los estudiantes en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

Redacción. Huellas de México

La procuradora general de la República, Arely Gómez, dijo que en la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno federal va en la ruta correcta y advirtió quele arrebatarán todos los bienes para atacar su estructura financiera.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, Gómez González dijo que después de la fuga de El Chapo, se ha avanzado en el desmantelamiento de la estructura financiera y de operación, la cual comprende, inmuebles, vehículos y aeronaves, así como pistas de aterrizaje.

“Con estas acciones se avanza en la ruta correcta. Por convicción institucional y exigencia legal, les arrebataremos todos los objetos productos e instrumentos del delito con lo que cuenta para llevar a cabo diligencias delictivas”, advirtió la titular de la PGR.

Relanza búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa

En cuanto al caso Iguala, la procuradora informó el relanzamiento de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como resultado de los acuerdo de colaboración establecidos entre el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señaló que durante el 156 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, se establecieron diversos acuerdos de colaboración para investigar el caso Ayotzinapa, entre ellos el acompañamiento de las víctimas, lo que incluye ayudarlos en su búsqueda de justicia.

Recordó que la averiguación previa del caso Ayotzinapa fue puesta bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y señaló que se incorporaron al expediente diversas observaciones, muchas de ellos surgidas de la relación de coadyuvancia técnica establecida con el GIEI.

Sostuvo que esa dependencia trabaja de manera decidida para agotar todas las líneas de investigación y para dar certidumbre y confianza a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa.

Señaló que esa voluntad implica el firme compromiso de que todos los responsables, sin duda, serán puestos a disposición de la autoridad competente.

“Seguiremos trabajando, en este y otros asuntos con responsabilidad y transparencia, privilegiando el respeto a los derechos humanos”, enfatizó la funcionaria federal.

Agregó que por constituir una exigencia ciudadana, la PGR determinó que la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala fuera puesta a disposición de toda la sociedad, lo cual constituye un hecho inédito.

“Este documento está totalmente abierto para su consulta en la sección de Transparencia de la página electrónica de la procuraduría, donde hasta ayer se habían registrado 36 mil 552 accesos”, apuntó.

Esa averiguación previa fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, donde un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos atienden esa indagatoria en una segunda fase, expuso.

“Las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas; tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, si no que se desarrollan en el curso de la propia investigación”, añadió la titular de la PGR.

Notimex/24-horas.mx / YouTube

Ciudad de México a 27 de octubre.- El secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong encaró los señalamientos que culpan al gobierno federal en los hechos acontecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero; al respecto, negó rotundamente que el gobierno federal sea el responsable y culpó al gobierno municipal de dicha entidad.

La Fiscalía mexicana documentó los ‘nexos’ del ex alcalde José Luis Abarca con el grupo criminal de ‘Guerreros Unidos’; al respecto, según la indagatoria de la PGR el ex edil de Iguala. Guerrero, recibió a líderes del grupo criminal en la presidencia municipal; en ese sentido, tras la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la dependencia cuenta con los elementos suficientes para la consignación de Abarca Velázquez, a quien se le relaciona directamente como miembro del grupo delictivo.

Por su parte, el columnista RubénCortés considero que el gobierno se “tardó”, en emitir un “ya basta” a quienes culpan al gobierno federal por la desaparición de los 43 normalistas; al respecto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que “ya basta de señalar al gobierno de la República porque por supuesto no tiene nada que ver, aunque sí es responsabilidad suya dar con la verdad para castigar a los responsables” de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014; no obstante, “tendría que haberlo aclarado desde mucho antes, aun cuando no lo haya hecho por sensibles consideraciones políticas”. “Porque es esencial volver a escribirlo: si en algo coinciden todas las investigaciones (PGR, CNDH, CIDH, EAAF, Fiscalía de Guerrero…) es en que la desaparición se produjo por la colusión de policías corruptos y de la alcaldía perredista de Iguala con el cártel Guerreros Unidos”, afirmó Cortés.

En ese sentido, CiroGómezLeyva en entrevista con Osorio Chong cuestionó: “—¿Por qué las culpas, secretario? —intento. —¡Culpas, cuando es una autoridad municipal la que participó en la tragedia! —suelta por fin el aire—. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, pero sí tenemos que encontrar la verdad de lo que pasó. Y si para eso se tiene que dar apertura, como se hizo hace más de seis meses, y ahora otros seis, lo vamos a hacer. Osorio repetirá a partir de ese momento que no tienen nada que ocultarle a la CIDH ni a nadie. Y que invitará a los expertos de la Comisión a revisar a fondo la averiguación para que ayuden a encontrar la verdad. Dice: —Ya basta de señalar al gobierno de la República que no tiene absolutamente nada que ver. Que caiga quien tenga que caer. Nosotros tenemos que buscar y entregar la verdad para que se dé confianza en las instituciones que, por cierto, no fueron formadas hace apenas tres años, y en donde hay servidores públicos de primera en quienes debemos confiar. —Si ellos dicen que no los incineraron en el basurero, que nos digan dónde y cómo fueron los hechos. En eso consta su ayuda, su apoyo y su respaldo, no nada más en señalar, sino también en apoyar para saber hacia dónde deben dirigirse las investigaciones”, indicó.

Por su parte, el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el caso Ayotzinapa es una herida que será muy difícil que sane; al respecto, el funcionario reconoce que tomará las riendas de una entidad sumergida en la peor crisis de su historia en materia de seguridad, de gobernabilidad y en el tema financiero; además, Astudillo, advirtió que hará pública cualquier responsabilidad que no le corresponda, ante la crisis financiera con la que recibirá la administración, para lo cual no descarta solicitar auditorías a las administraciones anteriores. “En un tiempo perentorio, tal vez una semana después de haber rendido protesta como gobernador, o 15 días, podré dar una posición”, detalló.

No obstante, CarlosRamírez refere que “después de diez años de gobiernos perredistas desastrosos y de cuando menos medio siglo de gobiernos priístas marcados por el crimen, la violencia y la corrupción, el PRI regresa hoy al gobierno de Guerrero en condiciones de ausencia de controles políticos y acotado por el control político del PRD”; en ese sentido, el priísta Héctor Astudillo “carece de una propuesta de gobierno en crisis, llega sin margen político de maniobra y con los hilos de poder estatal en manos del mismo PRD”; sin embargo, se trata “del mismo PRI que prohijó el peor gobierno priísta del siglo XX: el de Rubén Figueroa Figueroa, gran cacique camionero, secuestrado por Lucio Cabañas y cuya liberación llevó a la muerte del líder guerrillero, que enfrentó una de las primeras denuncias de represión crónica por 500 activistas desaparecidos, aunque Figueroa respondió que ‘los desaparecidos están muertos’, sin que las autoridades abrieran un expediente judicial”, comentó el analista.

Redacción. Huellas de México