Oaxaca, Oax, 26 de ene.- La organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez, del sur de México, junto con varios sacerdotes y activistas, acusó hoy a la Iglesia Católica mexicana de proteger a un cura que pudo haber abusado de un centenar de menores y que desde el 2013 está en prisión para ser procesado por la justicia por corrupción de menores.
La acusación fue realizada en una rueda de prensa en la que se leyó una carta de la madre de una de las víctimas dirigida al papa Francisco, que visitará México en febrero, en la que pide al sumo pontífice “justicia” para los niños y adolescentes blanco de esos abusos y que “no vuelva a suceder”.
El objetivo principal de la denuncia es el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, al que los denunciantes acusan de encubrir esos casos por no realizar presuntamente una investigación a fondo de los supuestos abusos, ocurridos al parecer en siete comunidades indígenas.
Al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández se le acusa presuntamente de cometer un primer abuso hace casi una década.
“En el 2006 Gerardo Silvestre abusa de un niño de nueve años al ocupar un interinato de seis meses” en la parroquia de San Pablo Huitzo, indicó el representante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) Alejandro de Jesús al exponer el caso.
Según De Jesús, después de aquello “se han rastreado a más de 100 víctimas” en los años en que Silvestre ejerció sus funciones de cura en los siete destinos distintos a los que fue trasladado por la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca en la sierra de ese estado del sur de México, uno de los más pobres e indígenas del país.
“Exigimos justicia para las víctimas”, un “castigo real” y “que sean asignadas las penas máximas” por los abusos, reclamó el activista.
Pidió también sanciones para los involucrados “indirectamente” en el caso, en alusión a la Iglesia mexicana, a la que acusó de “proteger a los victimarios en lugar de salvaguardar a las víctimas” por su “complicidad con los clérigos pederastas”.
“Estos delitos no representan hechos aislados y constituyen crímenes de Estado que hieren a la humanidad”, consideró.
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El cura espera encarcelado juicio y sentencia
Silvestre fue acusado por la fiscalía oaxaqueña de corrupción de menores el 12 de agosto del 2013 contra dos niños de la comunidad indígena de Villa Alta ubicada, en la Sierra Norte de Oaxaca.
El 29 de noviembre de ese año fue recluido en una cárcel oaxaqueña, donde permanece a la espera de juicio y sentencia.
En la rueda de prensa participó también el sacerdote Apolonio Merino, actualmente suspendido por la arquidiócesis oaxaqueña y una de las personas que denunció el comportamiento de Silvestre.
Merino aseguró que la denuncia “no es para atacar a la Iglesia, sino para que se conozca la verdad” y “se aplique la justicia”.
Dijo ser blanco de “hostigamiento, amenaza y persecución” por haber cumplido con “el deber de un clérigo”, es decir, “ser colaborador del obispo” y “decirle” lo que sucedía, después de escuchar el testimonio de las víctimas.
En la carta dirigida al papa Francisco por la madre de un adolescente de 14 años que supuestamente fue objeto de los abusos, leída en el mismo acto, además de pedir justicia al pontífice, la mujer criticó al arzobispo por “castigar” a varios padres, además de Merino, que no estaban de acuerdo con lo que hizo Silvestre.
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La iglesia solo sugiere que se aparte
La Iglesia mexicana sugirió al sacerdote Gerardo Silvestre que pudiera apartarse de su responsabilidad eclesial, aunque aclaró que en su investigación interna no pudo corroborar las acusaciones.
El religioso Francisco Reyes Ochoa, vicario general de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, a la que pertenecía Silvestre, dijo hoy que cuando tuvo conocimiento del asunto, la institución “siguió el proceso que marca la Iglesia para este tipo de casos”.
“Ya terminó el proceso formal a nivel interno”, que incluyó diversas investigaciones de las autoridades eclesiásticas oaxaqueñas y que pasó incluso por el Vaticano.
Según Reyes, “la Santa Sede encargó a un obispo diferente” al del estado sureño de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, en este caso al del estado vecino de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, “que hiciera las investigaciones” por su cuenta para complementar la labor.
“Se fueron a las comunidades, se habló con los testigos, con los que acusaban, y no se encontró constancia de que haya sucedido eso en ninguna investigación”, aseguró.
Reveló que en un caso así, aunque no se encuentren pruebas de esas acciones, la Iglesia recomienda al sacerdote apartarse de sus funciones religiosas, pero “no se le obliga”.
“Cuando ya hay una sospecha, aunque no esté todavía comprobada, de que hay este posible delito, por el bien de la persona, espiritualmente, por el bien de la Iglesia, se sugiere que esa persona solicite voluntariamente su dispensa y la Iglesia la acepta”, relató.
Fuente: EFE
