Ciudad de México a 1 de junio.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra muy atareada; al respeto, el organismo encargado de preservar las garantías individuales de cada uno de los ciudadanos vigila a las instancias para que cumplimenten sus requerimientos, y participa con campañas.

Tras la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que atiende la literalidad de cada uno de los requerimientos pronunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que incluyeron el reforzamiento de la capacitación en materia de respeto a las garantías individuales a personas del 102 Batallón de Infantería, lo cual se mantiene en fase de cumplimiento.

Por otro lado, la CNDH intensificó en diversas entidades del país acciones de sensibilización y capacitación que buscan erradicar la trata de personas; al respecto, el organismo refiere que la trata de personas tiene una dimensión transnacional, ya que cada año cientos de miles de personas son captadas en todo el mundo con fines de explotación, principalmente de carácter sexual o laboral.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se comprometió con las obligaciones que le impone la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, simultáneamente realizara las acciones pertinentes en defensa y protección de las garantías fundamentales.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 21 de abril.- El desprestigio de la oposición deja sin opciones a la sociedad; en ese sentido, el uso de helicópteros sólo para trasladar a reinas de belleza, para llegar a tiempo a un evento, pedir “moches” a funcionarios a cambio de favores, organizar fiestas con bailarinas de table dance y respaldar a candidatos presuntamente ligados con el crimen organizado, han medrado la credibilidad de los institutos políticos; “Los escándalos de corrupción son parte de los partidos políticos que, en teoría, tendrían que cuestionar al partido en el gobierno y a sus funcionarios, a quienes el uso de recursos públicos para fines personales, la compra de casas a contratistas del propio Gobierno federal y el derroche de presupuesto en gastos personales, los tienen contra la pared.”, publicó Sinembargo.

Con respecto, a la reforma anticorrupción, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó que dicha iniciativa no garantiza que se termine la deshonestidad de los políticos en México; asimismo, el político tabasqueño agregó que no confía en el PAN, instituto que promueve la reforma; “Los del PAN son unos corruptos y tienen mucho cinismo. Yo no confío, yo no confío en el PAN ni en el PRI ni en la propuesta”, señaló Obrador.

Asimismo, el académico Jorge Alcocer indicó que, existe desconfianza sobre la eficacia que tendrá el nuevo “sistema nacional anticorrupción” a la luz de la inacción gubernamental y la tolerancia social entre escándalos de todos conocidos. “Los conflictos de interés; el cobro de comisiones (moches); las asignaciones de contratos públicos sin licitación; la discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos y otras muchas conductas consideradas corruptas, podrían ser enfrentadas sin necesidad de reforma constitucional.”; al respecto, “confiar en que una reforma a la Carta Magna impulsará el combate a la corrupción, pública y privada, es iluso.”, calificó Alcocer en una nota publicada por Reforma.

Por su parte, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez pactó con diputados locales su ratificación en el cargo a cambio de la entrega de dinero a los coordinadores de las fracciones parlamentarias; “La línea hasta este lunes es ratificar a (Rogelio) Ortega porque ya negoció su permanencia con los líderes de la corriente de Los Chuchos y cedió a la petición de dinero que hizo el coordinador del Congreso, el diputado local perredista vinculado con el narco Bernardo Ortega Jiménez”, dijo a Apro una fuente del Poder Legislativo que pidió el anonimato, publicó Proceso.

Mientras tanto, el mandatario Enrique Peña confió que en breve se concretará la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y reiteró, su compromiso a poner en marcha lo antes posible, con el propósito de crear un sistema integral de combate a la corrupción, indicó el diario La Razon.

No obstante, en una medida calificada de atentado contra la libertad de expresión según expertos en la materia; la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos sentó un precedente para que cualquier persona exija la censura de todo tipo de contenidos en internet, los periodísticos incluidos. En ese sentido, el dictamen del Ifai, viola no sólo la agregaron los especialistas.

En ese sentido, como detalló Contralínea, el fallo ¬–que obliga a Google a eliminar información periodística de su buscador– favorece al empresario Carlos Sánchez de la Peña, accionista de Estrella Blanca y contratista del gobierno federal, y perjudica a la revista Fortuna. Negocios y Finanzas. Por lo que, el supuesto afectado, amigo de los Fox-Sahagún o quien se le ocurra: Carlos Salinas de Gortari o su hermano Raúl o Elba Esther Gordillo o Amado Yáñez o José Luis Abarca o Arturo Montiel o, de plano y si estuviera vivo, hasta Arturo Durazo, el Negro, quien sea, cualquiera podrá solicitarle al Ifai que obligue a los motores de búsqueda de internet a borrar los enlaces hacia los trabajos periodísticos que les causen escozor.

Redacción. Huellas de México

La Secretaría de Economía (SE) deberá dar a conocer el estatus actual de 78 títulos de concesión minera otorgados, el número de lotes que abarca cada uno y los oficios de los títulos que fueron cancelados.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó lo anterior al analizar un recurso de revisión presentado por un particular que se inconformó con la respuesta de la dependencia a su solicitud.

La secretaría federal, detalló un comunicado del instituto, no le proporcionó los documentos que dan cuenta del estatus actual de dichos títulos.

Además, reservó los oficios de cancelación, argumentando que se encontraban dentro de un proceso judicial que analiza un órgano del Poder Judicial de la Federación, del cual no existe una resolución definitiva.

En alegatos, la dependencia reiteró la clasificación de los oficios de cancelación y agregó que su difusión podía causar un serio perjuicio a las estrategias que se siguen en los procesos judiciales o administrativos.

Al analizar el caso, el comisionado ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov determinó que si bien la solicitud fue atendida, no se entregaron los documentos que dan cuenta del estatus actual de los títulos de concesiones mineras y omitió pronunciarse sobre el número de lotes que abarca cada concesión.

En ese sentido, concluyó que la actuación de la dependencia transgredió el derecho de acceso del peticionario, en razón de que no otorgó la información ni justificó legalmente dicha omisión.

Además, consideró improcedente la clasificación de los oficios de cancelación de los títulos de concesión, pues la secretaría no acreditó la existencia de un proceso judicial, administrativo, ni la vinculación que, en su caso, tuvieran con la documentación solicitada.

Advirtió que en respuesta a solicitudes, presentadas con anterioridad, la dependencia ha proporcionado información relacionada con el tema e incluso ha otorgado oficios de cancelación.

Al presentar el caso ante el pleno, el comisionado dijo que el otorgamiento de concesiones mineras favorece a particulares, para extraer y aprovechar recursos naturales propiedad de la nación, de acuerdo a los alcances que se fijen en dichos instrumentos.

“Resulta incuestionable que toda la información que se genera con relación a los títulos de concesión minera, se traduce en datos que, por su naturaleza, atañen a la ciudadanía, ya que dan cuenta de los límites del derecho que la autoridad competente otorgó a diversos particulares”, sostuvo.

Por lo anterior y a propuesta del comisionado Monterrey Chepov, el pleno del IFAI modificó la respuesta de la dependencia y le instruyó una búsqueda en la Dirección General de Regulación Minera, a fin de que entregue al recurrente la información de su interés.

Fuente. Notimex

MÉXICO, D.F.- Las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) van a paso lento para cumplir, a más tardar en julio, con los 26 compromisos establecidos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa para promover entre los gobiernos la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos. Este movimiento lo promueven diversos gobiernos en el mundo y actualmente México es presidente de este mecanismo a nivel internacional.

El Gobierno mexicano se comprometió a 26 compromisos que pretenden mejorar el uso de las tecnologías y de los datos abiertos entre los ciudadanos, pero aún reporta un avance de 65%, por lo que compromisos como las bases de datos de personas desaparecidos, de detenidas o padrones de beneficiarios de programas sociales aún no se encuentran “en línea”.

En octubre será en México la cumbre de la AGA, en la que los gobiernos que forman parte de ella darán a conocer sus avances.

Existe ya un avance en las normas que el mismo gobierno aplica a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) o la información del sistema carretero, así como un nuevo sitio web que agrupará toda la información gubernamental.

Hasta el 14 de abril, fecha en que se dio a conocer el último reporte de avances por parte del GFederal, no se ha avanzado en información sobre las industrias extractivas (minería y petróleo) que debía cumplir la Secretaría de Economía y Energía, así como el portal de compras Compranet, por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otros avances desaparecen 

Joel Salas, comisionado del IFAI, afirmó que además él observa algunos avances que se cumplieron desde el sexenio pasado y que actualmente ya no se encuentran actualizados en este año.

La AGA fue un movimiento que inició en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón. En ese tiempo se buscó cumplir con varios compromisos y entre ellos se encontraba el dar a conocer en bases de datos abiertas toda la información relacionada con publicidad oficial. En la Función Pública se encontraba esta información, así como la base de datos de los funcionarios que habían incumplido con resoluciones en materia de transparencia. Actualmente no está actualizada.

El comisionado mencionó que se puede solicitar al Órgano Interno de Control (OIC) de cada una de las dependencias incumplidas para que inicie una sanción contra funcionarios que no han cumplido con las normatividades, de acuerdo al mismo Manual de Transparencia.

Por otra parte, existen diversos tópicos de información que le pueden ser útiles a los ciudadanos y que por desconocimiento no se encuentran de manera sencilla, como poder tramitar el acta de nacimiento vía electrónica.

Por su parte, Ximena Puente, comisionada presidenta del IFAI, también mencionó que hay un aspecto importante del funcionamiento de este mecanismo y es el hecho de que ahora también los gobiernos de los estados tendrán que entrarle al tema.

Un ejemplo de Gobierno abierto y que los comisionados del IFAI impulsaron fue el sistema de “viajes transparentes”.

Con éste, en Internet se puede conocer cómo viajan los comisionados de ese instituto, cuánto gastan, a dónde van y todo en formatos abiertos y accesibles para consulta.

“La gente puede consultar de manera abierta y de manera proactiva los ejercicios de las comisiones y el micrositio donde se da a conocer la información relacionada a la construcción del edificio del IFAI”, ejemplificó.

SABÍAS QUÉ… 

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa para promover entre los gobiernos la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos.

El Gobierno mexicano se comprometió a 26 compromisos que pretenden mejorar el uso de las tecnologías y de los datos abiertos entre los ciudadanos.

La AGA fue un movimiento que inició en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Fuente. ElUniversal.com.mx

Gracias a huecos en las leyes, los partidos políticos utilizan bases de datos públicas para fines electorales, lo cual viola la protección de los datos personales.

El Plan Nacional de Numeración, que se encuentra en el sitio web del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es utilizado por partidos políticos con fines partidistas.

Aunque no se asocia el número telefónico al nombre de una persona, la finalidad del archivo no es para ser utilizado con fines electorales.

Pese a ello, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) —encargado de proteger los datos personales de los mexicanos— se declaró incompetente para abordar el tema y así ha estado haciéndolo desde 2012, es decir, desde el último proceso electoral.

“Cualquier partido político estaría hoy por hoy, sin duda alguna, en la posibilidad de hacer un uso indebido en sus capacidades de promoción, apoyándose en bases de datos que todos sabemos que andan circulando en las calles, así como una infinidad de las mismas”, dijo Francisco Javier Acuña, comisionado del IFAI.

Un ciudadano presentó una solicitud de información ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para saber cómo el partido político había logrado conseguir su número si no estaba afiliado al mismo.

La respuesta del PVEM fue que utilizó el Plan Nacional de Numeración, publicado por el IFT, y “que puede ser descargado por cualquier ciudadano en la página de dicha institución”.

Desconocen destinatarios

“En el Plan se especifica los rangos (series) de números que son concesionados a cada compañía y por ende el conjunto de números que dichas compañías pueden proporcionar a sus clientes. Usando el Plan Nacional de Numeración es posible determinar también si el número marcado es un celular o un teléfono fijo. Es importante notar que en ningún momento sabemos quién es el titular de la línea a la que se está marcando, solamente sabemos su número telefónico”, argumentó el PVEM.

Aunque la Ley Federal de Datos Personales prohíbe que se utilicen sin el consentimiento de los ciudadanos sus datos y aunque se debe contar con un aviso de privacidad, esto sólo aplica a las empresas para que puedan ser sancionadas por el IFAI.

Los partidos políticos están aún fuera de la norma, pues no existe una Ley General de Datos Personales. Sin embargo, el PVEM sí cuenta con un aviso de privacidad, pero éste no impide que ciudadanos reciban llamadas a sus números telefónicos, aún sin ser militantes del partido.

La respuesta otorgada por el INE al ciudadano —a través del número de folio UE/15/01240— también da a conocer que otra base de datos pública que utiliza dicho partido para enviar propaganda a los domicilios es la que tiene Correos de México. De la misma manera, el instituto político afirma que no cuenta con los nombres de los destinatarios de su propaganda.

“Contamos con bases de datos de direcciones que no están asociados a ningún nombre, las cuales utilizamos para enviar correspondencia a direcciones específicas, pero a cualquier destinatario dentro del domicilio.

Dichas bases de datos se generan de una manera similar a como se realizaron los números de teléfono: mediante una combinación de varias bases de datos de direcciones como son la sección blanca, Google Maps, bases de Correos de México, nuestras propias bases de afiliados y nuestras brigadas en tierra, entre otras”, detalla el instituto político.

Así, cualquier partido puede enviar también propaganda. Cabe destacar que recientemente el INE firmó un convenio en días pasados con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

No somos competentes: IFAI

El IFAI aún no se considera competente en el tema, ya que no cuenta con una Ley General de Datos Personales que incluya a los partidos políticos como posibles entes para ser sancionados, explicó Francisco Ramírez Acuña, comisionado del órgano federal de transparencia.

“El IFAI no puede en estos momentos admitir esas denuncias respecto al PVEM, porque hay un régimen transitorio que fijó el Tribunal Electoral el año pasado con relación al tema”, manifestó el funcionario.

Por el momento, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría cancelar el envío de publicidad a teléfonos celulares o fijos a través del Registro Público para Evitar Publicidad (http://rpc.profeco.gob.mx/), y con ello dar de alta el número telefónico que no quiere que reciba llamadas de origen partidista.

Algo que las personas no saben al contratar un servicio telefónico es que pueden solicitar que su número sea privado y no público. De ahí que todos los usuarios que no solicitan que sus números telefónicos sean privados, se encuentren en la base de datos —en poder del IFT—.

Trasladan quejas al INE

Actualmente hay cuatro denuncias que se presentaron ante el IFAI por la misma pretensión de uso indebido de datos personales, a través de tarjetas y promocionales así como llamadas a celulares o envío de promociones a domicilio o empresa. Sin embargo, el IFAI envió las quejas al INE.

“Mientras no haya Ley de Transparencia y en su caso, Ley General de Datos Personales, que podría resolver el tema —porque hubiera un maltrato de datos personales en los temas de partidos políticos— por lo pronto está en un ‘deténgase’ y todo sigue como está”, expresó Acuña.

“¿Qué pasa ahorita? El IFAI tiene potestades muy amplias pero éstas son naturalmente en las empresas o los individuos que tienen las bases de datos. El IFAI ha resuelto muchos casos en la medida en que vaya pasando esto”, mencionó.

Al cuestionarle sobre si considera que los partidos políticos están logrando su objetivo al existir vacíos legales, el comisionado del IFAI señaló: “Ante las estimaciones de parecer nosotros indiferentes, tibios, por no poder intervenir, tenemos que decir que nos urge la Ley General de Protección de Datos Personales para tener cómo intervenir.

“ En ausencia de esta ley, la reforma constitucional se queda trunca, porque falta el instrumento que la ponga en conexión. Urge que los legisladores aprueben esta ley”, declaró.

“Los partidos tienen una naturaleza política especial y aunque estarán sujetos de manera directa ante el IFAI en materia de transparencia, también lo están para el tema de datos personales, porque son de interés público.

“Si así las cosas vamos, cualquier partido político estaría hoy por hoy, sin duda alguna, en la posibilidad de hacer un uso indebido en sus capacidades de promoción, apoyándose en bases de datos que todos sabemos que andan circulando en las calles, así como una infinidad de las mismas”, concluyó el funcionario.

Fuente. tiempoenlinea

Ciudad de México a 22 de agosto.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer pública la información con respecto a la detención de 16 policías municipales de San Fernando en el estado de Tamaulipas, que están vinculados a la muerte de 72 migrantes.

Al respecto, luego de que la PGR negó la información a un particular con el argumento de que estaba reservada para un periodo de 12 años como parte de una averiguación previa.

El solicitante interpuso su inconformidad y la Comisionada Ponente expuso que el Poder Judicial Federal determinó que el IFAI es competente para ordenar la entrega de documentos cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, lo que invalidó dicha reserva en interés de la sociedad y con el objetivo de dar a conocer las diligencias de investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.

En ese sentido, la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas y a la sociedad, la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificará los informes de seguimiento, acuerdos y correos electrónicos sobre la detención de 16 policías de este municipio, por su presunta participación en el asesinato de centroamericanos en agosto de 2010.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 13 de may.-El titular del Ejecutivo federal avaló la elección de los comisionados para integrar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En ese sentido, Enrique Peña Nieto indicó que no usará su facultad de objeción sobre la elección de los siete nuevos comisionados del IFAI, realizada por el Senado el 30 de abril pasado.

Los integrantes del pleno del IFAI que resultaron electos son: Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Evgueni Monterrey Chepov, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Ximena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana.

A su vez, el oficio que el Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión destacó que el nombramiento de los comisionados consideró los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo así como los perfiles idóneos, en un “proceso amplio, incluyente, democrático y transparente”; además, de una perspectiva multidisciplinaria y el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República, representando un amplio consenso de los grupos parlamentarios.

Por lo que, el presidente afirmó que no hará uso de la facultad de objeción a que se refiere el artículo Sexto, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 26 de abr.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) impuso una multa de nueve millones 940 mil 660 pesos a Telcel, por el caso de una clienta que denunció a la compañía, por haber estado haciendo llamadas a sus contactos, para presionar por el pago de una deuda.

De acuerdo a la información proporcionada por el IFAI, la empresa propiedad de Carlos Slim, hizo un uso indebido de los contactos y números frecuentes de la clienta, para ponerlos al tanto del adeudo de la persona, de quien se ha protegido la identidad.

La afectada demostró que en ningún lugar del contrato se especificó que Telcel podría recurrir a este tipo de prácticas, por lo que interpuso una denuncia ante el IFAI, misma que resulto favorable para sus intereses.

El IFAI afirmó que es ilegal que Telcel mande mensajes y realice llamadas a terceros, para informar y presionar sobre deudas de personas civiles, lo cual no se estipula en sus contratos.

“Las sanciones fueron acordadas porque la empresa no guardó la confidencialidad de los datos personales de la denunciante, ya que los divulgó a algunas personas para gestionar la cobranza mediante llamadas y mensajes de texto vía teléfono celular, sin su consentimiento expreso”, informó el IFAI a través de un comunicado.

Se determinó que la empresa actuó con dolo en contra de “los principios de lealtad, proporcionalidad y licitud”.

Redación. Huellas de México