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Gobierno de EPN miente sobre ejecutados en Michoacán: HRW

Ciudad de México, 28 de oct.- La grave crisis de derechos humanos en México sigue agudizándose; ésta vez fue la prestigiosa organización internacional Human Rights Watch (HRW), quien denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado mintiendo acerca del caso de las ejecuciones múltiples cometidas en Apatzingán y Ecuandureo, Michoacán, las cuales habrían sido asesinatos ilegales cometidos por policías federales en contra de civiles sometidos y desarmados, y no un enfrentamiento como ha venido insistiendo el gobierno mexicano.

A través de una misiva firmada por el director gerente de la División de las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, el organismo con sede en Nueva York denunció que se tienen suficientes elementos para concluir que la PF habría cometido ejeuciones extrajudiciales en los dos episodios que en total dejaron más de 50 civiles asesinados.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad”, acusó HRW.

El organismo internacional señaló que cuentan con diversos testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos y quienes coinciden en que policías ejecutaron a varias personas que se encontraban desarmadas, tanto en el rancho El Sol en los límtes con el municipio de Tanhuato, cuando ya habían terminado los enfrentamientos; como en aquellos que fueron ejecutados tras alcanzar a un convoy de la PF en Apatzingán.

Wilkinson acusó que este tipo de actos, demuestran el poco interés que tiene el presidente de México en resolver la grave crisis que vive el país; “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya… y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”, sentenció.

La organización defensora de los derechos humanos, también subrayó las mentiras del gobierno federal y ex funcionarios como Monte Alejandro Rubido, quienes descartaron cualquier posibilidad de que los policías hubieran cometidos ejecuciones extrajudiciales; a pesar de los señalamientos realizados por periodistas, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se recalcó, que a pesar de los abusos cometidos, hasta la fecha ni un solo policía o funcionario ha sido sancionados por los asesinatos.

 

David Galeano. Huellas.mx

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Alcaldesa extorsionada; ejecuciones extrajudiciales, siembra de armas, flagelo de la sociedad

Ciudad de México a 28 de octubre.- La inseguridad en México, la operación y control de territorios por el crimen organizado, la corrupción, las injusticias y el abuso de autoridad, se convierten en el día a día de una sociedad desprotegida.

Luego de que, la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, afirmó haber sufrido intentos de extorsión y que las pasadas administraciones pagaban hasta 25 millones de pesos a la delincuencia organizada por derecho de piso, la iniciativa privada, partidos políticos y legisladores indicaron que debe demostrar con pruebas y denunciar ante el ministerio público federal; en ese sentido, la alcaldesa señaló que administraciones pasadas de Matamoros pagaban cuotas a delincuentes y que, debido a que ella, durante sus casi dos años de gestión, no ha cedido a esa situación ha sido blanco de ataques a su gobierno.

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) consideró que existe evidencia de que elementos de la Policía Federal cometieron ejecuciones extrajudiciales este año en Apatzingán y en Tanhuato, en Michoacán. En un reporte que se presenta, el organismo indica que al menos 50 civiles podría haber sido asesinados por las fuerzas del orden de manera extrajudicial en dos masacres distintas.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) identificó al hombre que el lunes 19 fue colgado del Puente de La Concordia, en los límites entre la delegación Iztapalapa y el Estado de México; no obstante, sin hacer pública su identidad, sólo su retrato, informó que se trataba de un varón de 29 años de edad, originario de Chiapas, pero que vivía en la Ciudad de México desde hace 18 años y no tenía antecedentes penales, según la revisión y análisis de sus huellas dactilares.

Por otro lado, en el Estado de México terminó el secuestro de grandes empresarios, los cuales se han vuelto poco rentables. “Difícilmente se conoce el plagio de algún banquero o de un político”. “Los secuestradores del oriente del DF cambiaron objetivos: la hija del taquero, del paletero; la dueña de la papelería, el verdulero del mercado. Policías y ex policías, algunos con cada pie en un lado distinto de la Ley, explican que los secuestros ambiciosos se han vuelto inviables por los grandes dispositivos de seguridad pero, más que eso, porque los pobres no tienen la opción de denunciar por la cadena de complicidades con que operan los plagiarios”; en ese sentido, los más pobres también son las más desprotegidos.

A su vez, un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 10 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes presuntamente le “sembraron” un arma de fuego al abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, informó Arely Gómez González. Los mandamientos judiciales, indicó la funcionaria ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fueron librados por delitos contra la administración de justicia e informes falsos rendidos ante una autoridad distinta a la judicial.

 

Redacción. Huellas de México

COLOMBIA TERROR ESTATAL web

HRW denuncia 3 mil civiles ejecutados por ejército colombiano

Bogotá. Decenas de altos mandos del ejército de Colombia implicados en la muerte de 3 mil civiles considerados falsamente guerrilleros han escapado a su castigo, en una de las peores atrocidades cometidas en América Latina, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

En un informe de 105 páginas titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, HRW detalló el balance sobre el patrón de los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas, que reciben apoyo de Estados Unidos. También revisó procedimientos legales contra los soldados que durante varios años intentaron presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate para inflar el conteo de rebeldes abatidos y lograran así promociones y recompensas.

A pesar de que más de 800 uniformados han sido condenados por estos homicidios, la mayoría de bajo rango, no se han presentado cargos en contra de ningún oficial que estuviera al frente de una brigada o algún alto mando. El reporte detalla que los asesinatos se cometieron entre 2002 y 2008, momento climático de la ofensiva militar contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre los acusados están los generales Juan Pablo Rodríguez, actual jefe de las Fuerzas Armadas, y Jaime Lasprilla, comandante del ejército, altos mandos más distinguidos de la milicia de Colombia. Ambos militares dirigieron brigadas en diferentes partes del país en las que se registraron al menos 76 de los asesinatos.

“Los generales están lejos de recibir el golpe”, dijo el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. A principios de este año, el fiscal jefe Eduardo Montealegre indicó que más de una docena de generales estaban bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido encausado formalmente.

 

 

Fuente. AP

Iguala crimen de Estado, México en crisis de DH: CIDH y HRW

Ciudad de México a 20 de octubre.- México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y el hallazgo de las muchas fosas clandestinas que ha aparecido mientras se busca a los normalistas secuestrados, son muestra de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad afirmó el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

En ese sentido, Vivanco en entrevista con el medio El Universal, agregó: La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es la crisis más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco (la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968), especialmente con la culminación de estas desapariciones de más de 40 estudiantes. Yo no conozco un hecho similar en América Latina en los últimos 30 años, y aunque en la historia de México ha habido muchos desaparecidos, de esta magnitud y en tiempo real no conozco ningún caso.

Asimismo, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, los pasado 26 y 27 de septiembre, es responsabilidad del Estado mexicano ya que se da como un caso de desaparición forzada, al verse involucrados servidores públicos.

Además, luego de que el Comisionado Nacional para La Seguridad Monte Alejandro Rubido informó que se había solicitado la presencia de a CIDH en en el caso Iguala, Álvarez Icaza indicó que la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos de manera excepcional, por la “urgencia” que amerita y la “gravedad de los hechos”.

 

 

Redacción. Huellas de México

Entre protestas, compromiso de Peña Nieto en Derechos Humanos

Puebla, Puebla a 13 de octubre.- En la inauguración del Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, uno de los eventos previos a la XXIV Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en diciembre próximo en la ciudad de Veracruz, el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró: “En México los derechos humanos son la piedra angular de nuestro orden constitucional, y deben serlo también de nuestra realidad cotidiana“.

Asimismo, el mandatario indicó que los organismos de la sociedad civil impulsan una cultura a favor de los derechos humanos y en materia de seguridad la sociedad participa en los esfuerzos públicos para alcanzar un México en paz; en ese sentido, detalló que en la integración de la política de prevención de la violencia participaron 250 organizaciones y 70 universidades.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló: “En este contexto todos debemos asumir nuestras responsabilidades y comprometernos dentro del ámbito de nuestra competencia a llevar a cabo las acciones que le permitan al país acceder a un estado superior de desarrollo que es el objetivo común promovido por el presidente de la República”.

No obstante, el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas, condenó las violaciones a los derechos humanos, la violencia en el país y la incapacidad del Estado para hacer frente y dar respuesta a demandas ciudadanas. Por lo que, con protestas y manifestaciones de poblanos fue recibido el presidente Enrique Peña Nieto.

Además, las más de 20 organizaciones que conforman el frente realizaron una marcha para condenar la política emprendida por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas contra las protestas sociales de las comunidades y los colectivos organizados. Por lo que, cientos de integrantes de diferentes organizaciones sociales marcharon desde San Andrés Cholula para exigir la liberación incondicional de los presos políticos Enedina Rosas Velez y Juan Carlos Flores Solís; asimismo, los manifestantes exigiron la renuncia del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas.

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Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto encubre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y autoridades porque le preocupa mantener una buena imagen de México en el extranjero.

Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la crisis en materia de derechos humanos en México revela que el Estado de Derecho del país es muy débil, incapaz de sancionar a los responsables de crímenes, prolongando con ello la impunidad; por lo que, “creo que México ha tocado fondo”, aseguró Vivanco.

En opinión del periodista, René Sánchez Juárez,”es un hecho que la administración federal sigue en deuda en cuanto al tema de los derechos humanos. Ejecuciones, desapariciones, torturas, asesinato y encarcelamiento de luchadores sociales, es una constante en nuestro país.”; en ese sentido, eventos como Tlatlaya o Ayotzinapa han llevado al ejecutivo federal a enfrentar la opinión pública nacional y extranjera sólo con un discurso de consolación hacia las víctimas y sus familias con el compromiso de llegar a las ultimas consecuencias, “tope donde tope”, sentenció el comunicador.

Mientras tanto, hace unos días la abogada mexicana Alejandra Ancheita, fundadora y directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), recibió el premio Martin Ennals para defensores de derechos humanos; al respecto, Ancheita lleva más de 15 años colaborando con migrantes, trabajadores y comunidades indígenas para proteger sus derechos y sus tierras frente a empresas mineras y energéticas transnacionales.

 

 

Redacción. Huellas de México

¿Ejecuciones extrajudiciales en caso Tlatlaya?

Ciudad de México a 29 de septiembre.- De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP) , el oficial del ejército y siete soldados que enfrentan medidas disciplinarias en prisión por su participación en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, también estuvieron involucrados en otros incidentes violentos contra la población civil.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que los ocho militares estuvieron involucrados en el incidente del 30 de junio en Tlatlaya un encuentro que los mandos castrenses reportaron en un principio como una balacera pero que una testigo ha descrito como una masacre.

Al respecto, el periodista Jesús Silva-Herzog Márquez, citó un artículo en Nexos sobre los usos de la fuerza pública en operativos contra el crimen organizado, publicado en noviembre de 2011 por Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas. En dicha publicación los académicos del CIDE y de la UNAM advertían una significativa desproporción en los enfrentamientos. En ese sentido, se entiende que todo choque entre las fuerzas del Estado y los criminales supone el riesgo de muerte pero, cuando las muertes de un lado no tienen correspondencia razonable con las muertes del otro o cuando el número de civiles heridos es mucho menor que el número de muertos, podemos encontramos con evidencia de un abuso de autoridad. Lo que indica que los hallazgos de aquel estudio son contundentes. Por lo que, hay buenas razones para pensar que la fuerza pública no enfrenta para llevar a la justicia sino para liquidar, sentenció Silva-Herzog.

Además, el director de organización Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que en el caso de Tlatlaya; “Poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables (…) de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de fuerzas militares”; en ese sentido HRW, “lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta ahora haya brillado por su ausencia en torno a este caso”; asimismo, la organización calificó el caso de Tlatlaya como la “peor masacre de los últimos años” y destacó las “declaraciones valientes” de la testigo sobreviviente y a los medios que divulgaron los hechos.

Por su parte, la fracción del Sol Azteca en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a que los ocho militares involucrados en el caso Tlatlaya sean juzgados por autoridades militares y exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional poner inmediatamente a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los ocho militares investigados por la presunta ejecución de las 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

Asimismo, analistas especializados en temas de seguridad manifestaron su preocupación y alarma tras las nuevas revelaciones relacionadas con la muerte a manos del Ejército de 22 personas el pasado 30 de junio en el Estado de México, y que apuntan a una posible ejecución extrajudicial y encubrimiento del caso. Por lo que, los expertos exigieron una investigación que sea clara, contundente y que no deje duda en la opinión pública de lo ocurrido, sin descartar de antemano ninguna línea de investigación.

En opinión de Jenaro Villamil, “No es la primera vez que se tiene registro de una matanza o ejecución protagonizada por efectivos militares en Tlatlaya.”; además, tampoco la primera vez que se encubre la información y que el gobierno del Estado de México participa en esta operación de “silenciamiento”. No obstante, es el primer caso que se ventila en medios norteamericanos y presiona una reacción acelerada del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, desde la década pasada, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el federal y estatal respectivamente, sentó sus reales ahí La Familia Michoacana. “Y hay varios indicios que vinculan a integrantes del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, con sede en San Miguel Ixtapan”, agregó el periodista.

 

 

Redacción. Huellas de México

HRW denuncia crímenes de guerra de Israel en Gaza

New York, EEUU, 11 de sep.- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que Israel ha cometido crímenes de guerra en al menos tres ataques en los que se vieron envueltos civiles durante la cruenta ofensiva bélica que lanzó este verano contra la Franja de Gaza.

En un informe que recoge las conclusiones de una investigación, la ONG con sede en Nueva York precisa que el ejército israelí violó el derecho de guerra en tres ataques contra colegios regentados por la ONU que albergaban a desplazados palestinos, y en los que murieron numerosos civiles.

HRW refiere que dichas acciones, ocurridas el 24 y 30 de julio y el 3 de agosto de este año, dejaron un total de 45 víctimas mortales, incluidos 17 menores, y subraya que los objetivos militares no eran claros, lo que hace pensar que fueron ilegalmente indiscriminados.

“El Ejército israelí llevó a cabo ataques sobre o cerca de tres colegios perfectamente señalados donde sabía que centenares de personas estaban refugiadas, matando e hiriendo numerosos civiles”, se afirma en un documento firmado por el asesor especial de HRW, Fred Abrahams.

El responsable sostiene que “Israel no ha ofrecido una explicación convincente de (la razón de) esos ataques a los colegios a donde la gente había acudido en busca de refugio, o de la carnicería resultante”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió el pasado julio, en pleno conflicto, formar una comisión de investigación para examinar las acciones del Ejército y los milicianos en Gaza, decisión muy criticada por el gobierno israelí.

El miércoles las Fuerzas Armadas israelíes informaron de que analizaba cinco casos de supuesta mala práctica de sus tropas durante la reciente ofensiva en Gaza, en dos de los cuales ordenó abrir una investigación criminal.

La organización israelí de defensa de los derechos humanos Btselem criticó hoy ese proceso y dudó de sus resultados, ya que este no aclara la cadena de mando de cada orden y elude así que se pueden aclarar responsabilidades a alto nivel.

En un comunicado enviado a Efe, la ONG subrayó que “las esperanzas son mínimas” porque los mismos asesores legales que ayudaron a los soldados durante la operación serán los que ahora examinen caso a caso.

“En base a nuestra experiencia pasada con investigaciones similares, no tenemos muchas esperanzas. Creemos que los resultados llevarán a un maquillaje, a un lavado de cara”, explicó la organización.

 

 

Fuente: EFE

Human Rights Watch acusa a Marina de acoso en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 16 de may.- Human Rights Watch (HRW) denunció a través de una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la oficina del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Tamaulipas está rodeada de elementos de la Secretaría de Marina (Semar). En un acto que el presidente de esa organización civil, Raymundo Ramos Vázquez aprecia como “intimidación y amenaza”.

En ese sentido, la misiva de HRW pidió la intervención de Gobernación para garantizar la integridad de las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Tamaulipas; asimismo, Human Rights Watch solicitó a Osorio Chong que se adopten las medidas necesarias para que se suspendan de inmediato las acciones de hostigamiento e intimidación que están ejerciendo contra el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Cabe mencionar que mediante una entrevista telefónica, con ProcesoRaymundo Ramos Vázquez informó que la CDHNL es una organización civil de defensa de derechos humanos que ha documentado casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Marina y de la Defensa Nacional, lo que ha provocado amenazas en su contra.

 

 

Redacción. Huellas de México

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