FFCC

Grupo México adquiere ferroviaria en EU

El 100 por ciento de las acciones de Florida East Coast Railway Holdings Corp (FEC) será comprada por  Grupo México, a través de su división de transportes, en una operación en efectivo.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo señaló que esta operación lo posicionará como un operador ferroviario consolidado en Estados Unidos, agregando una línea ferroviaria fundamental en Florida a las operaciones existentes de la empresa en Texas.
En un comunicado, precisó que FEC ofrece servicios ferroviarios a lo largo de la costa este de Florida y es el proveedor del servicio a los puertos del sur de ese mismo estado, como Miami, Everglades y Palm Beach, así como a 565 kilómetros propios, con conexiones a CSX y Norfolk Southern, en Jacksonville, Florida.
“La adquisición de FEC es una importante adición estratégica para GMXT para la oferta de servicios de transporte en Norteamérica. Esta transacción mejorará de manera importante el alcance, la escala y la diversificación de nuestros servicios”.
Grupo México explicó que la transacción se encuentra sujeta a diversas condiciones de cierre, incluida la obtención de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.
Con esta adquisición, la empresa tendrá capacidad para atender a 70 por ciento del territorio estadounidense en uno a cuatro días, manejando alrededor de 550 mil carros cargados al año.

 

3b8440d2bd7b490bb67fcf0b271b8f7a_620x350

Grupo México reduce participación en GAP

El gigante minero Grupo México redujo su tenencia de títulos del operador de aeropuertos GAP, con el que mantiene una larga disputa legal en torno a su posición accionaria, según un documento enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus iniciales en inglés).

La Suprema Corte de México falló en junio a favor de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y sus estatutos que limitan a un máximo del 10 por ciento el número de papeles que pueden estar en manos de un solo inversionista. El mercado aún está a la espera de conocer los detalles de la sentencia.

Grupo Mexico aún posee un 20.7 por ciento de las acciones de GAP, según el documento divulgado el lunes. Hasta inicios de septiembre, el gigante minero mantenía un 22.23 por ciento de los títulos de la compañía, con sede en la occidental ciudad de Guadalajara.

Los papeles de GAP han subido desde junio más de un 35 por ciento en la bolsa local y según cálculos de Thomson Reuters Eikon tienen un potencial de crecimiento de un 11.5 por ciento adicional en los próximos 24 meses.

 

 

Reuters

 

timthumb

GAP gana fallo de la SCJ contra Grupo México

Ciudad de México, 17 de jun.- La Suprema Corte de México falló este miércoles a favor del operador aeroportuario GAP y sus estatutos que limitan la tenencia accionaria individual, cerrando la puerta a que el gigante minero Grupo México continúe adquiriendo sus acciones.

Grupo México posee actualmente alrededor de 24% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico, de acuerdo con datos de Reuters.

Esa posición accionaria de Grupo México contraviene un estatuto interno de GAP que limita al 10% el máximo de acciones que puede estar en manos de un solo tenedor.

Con una votación de tres magistrados a favor y dos en contra, la primera sala de la Suprema Corte respaldó un amparo de GAP en contra de una sentencia judicial previa que apoyaba a Grupo México.

Las dos compañías se encuentran entrampadas en una batalla legal desde el 2011, cuando Grupo México dijo que poseía poco menos del 30% de las acciones en circulación de GAP y que planeaba lanzar una oferta pública de adquisición por hasta el 100% del operador aeroportuario.

El artículo décimo de los estatutos de GAP dice que los accionistas propietarios de títulos clase “B” -que cotizan en la bolsa- no podrán tener una participación mayor al 10 por ciento del capital social en circulación de la firma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había dicho desde el año pasado que revisaría el caso.

Tras el anuncio, las acciones de GAP caían 2.29% a 106.55 pesos; en tanto que las de Grupo México bajaban 0.87% a 47.85 pesos.

La Suprema Corte de México falló este miércoles a favor del operador aeroportuario GAP y sus estatutos que limitan la tenencia accionaria individual, cerrando la puerta a que el gigante minero Grupo México continúe adquiriendo sus acciones.

Grupo México posee actualmente alrededor de 24% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico, de acuerdo con datos de Reuters.

Esa posición accionaria de Grupo México contraviene un estatuto interno de GAP que limita al 10% el máximo de acciones que puede estar en manos de un solo tenedor.

Con una votación de tres magistrados a favor y dos en contra, la primera sala de la Suprema Corte respaldó un amparo de GAP en contra de una sentencia judicial previa que apoyaba a Grupo México.

Las dos compañías se encuentran entrampadas en una batalla legal desde el 2011, cuando Grupo México dijo que poseía poco menos del 30% de las acciones en circulación de GAP y que planeaba lanzar una oferta pública de adquisición por hasta el 100% del operador aeroportuario.

El artículo décimo de los estatutos de GAP dice que los accionistas propietarios de títulos clase “B” -que cotizan en la bolsa- no podrán tener una participación mayor al 10 por ciento del capital social en circulación de la firma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había dicho desde el año pasado que revisaría el caso.

Tras el anuncio, las acciones de GAP caían 2.29% a 106.55 pesos; en tanto que las de Grupo México bajaban 0.87% a 47.85 pesos.

 

 

Fuente. eleconomista.com.mx

Enfrentamientos-Perú

Condenan a Grupo México en Perú por delitos ambientales

La Southern Copper Corporation, propiedad del Grupo México, lleva adelante en Perú una explotación minera, Tía María, que desencadenó ya una crisis para el gobierno de Ollanta Humala: choques entre la fuerza pública y los habitantes del valle del Tambo han cobrado la vida de cuatro personas. El fondo del conflicto: quienes viven alrededor del complejo cuprífero se quejan del alto grado de contaminación que los afecta. Incluso una fiscalía para delitos ambientales pidió pena de cárcel para el presidente de la empresa, el mexicano Óscar González Rocha. Pero éste se amparó y la minera sigue trabajando.

Con una maniobra legal de último minuto, el presidente de la compañía minera Southern Copper Corporation (SCC), el mexicano Óscar González Rocha, detuvo indefinidamente un pedido de la fiscalía de Perú para condenarlo a 30 meses de prisión por delitos de contaminación ambiental.

La SSC protagoniza uno de los peores y más violentos conflictos sociales que enfrenta el gobierno de Ollanta Humala; el saldo hasta ahora es de tres civiles y un policía muertos a consecuencia de los choques entre la fuerza pública y ciudadanos que se oponen al proyecto cuprífero Tía María, en el sureño valle del Tambo.

El pasado 22 de mayo Humala declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay, donde tienen lugar las manifestaciones contra la SCC y su plan de inversión de mil 500 millones de dólares, y puso el área bajo control de militares y policías.

Los pobladores del Tambo, mayoritariamente dedicados a la agricultura, rechazan Tía María pues ese proyecto representa una amenaza a su economía, no obstante que la minera les ha prometido una millonaria compensación ante cualquier eventual daño ambiental.

El pasado 2 de febrero, González Rocha, acusado de delitos de contaminación ambiental, debía presentarse en el juzgado de Ilo, la provincia donde están las instalaciones de la fundición y la refinería de la SCC, para recibir sentencia. No se presentó.

En nombre de la empresa, el abogado peruano Renzo Carrasco Domhoff entregó una resolución judicial que le concedía a González Rocha un amparo constitucional para no ser procesado ni condenado.

El documento lo expidió un juez de Lima, Ricardo Chang Racuay. Uno de los argumentos que esgrimió González para recurrir al amparo fue que un eventual mandato de cárcel le causaría la muerte debido a su avanzada edad. Acaba de cumplir 77 años.

Historial

El 29 de mayo, González dijo –en una entrevista en el programa de televisión La Hora N– que no comprendía por qué la población se expresaba contra la compañía, si durante su trayectoria en Perú había sido muy cuidadosa con las normas de preservación ambiental.

“Cumplimos con modernizar la fundición, no hay ningún problema de humos en la población de Ilo, después de la inauguración, en 2007 (…) Creemos que hemos hecho las cosas bien en Ilo. Es una de las poblaciones de mayor desarrollo del Perú y que tiene los índices de desarrollo humano más altos, según las Naciones Unidas. (…) No creemos que la empresa haya hecho mal las cosas”, dijo.

Sin embargo, después de que la SCC se acogió al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante el cual se obligaba a reducir los niveles de contaminación del complejo de la fundición y refinería de Ilo, los superó.

De acuerdo con documentos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) –que Proceso pudo consultar–, entre el 8 y el 18 de mayo de 2007 se aplicó una evaluación técnica al complejo de Ilo con resultados negativos: se detectaron emisiones de la chimenea de entre 187.9 y 219.4 mg/m3, cuando lo permisible es 100 mg/3. También se registraron efluentes con una concentración de arsénico que alcanzaba los 8.009 mg/L, que superaba largamente el 1.0 mg/L exigido por la Ley de Preservación del Medio Ambiente.

Del 17 al 21 de noviembre de 2009 se hicieron nuevas evaluaciones del complejo de Ilo y nuevamente se detectaron violaciones a las normas de conservación ambiental.

Los informes evidencian que Southern es una compañía con antecedentes de violación de las leyes ambientales peruanas, muy lejos de la imagen que quiere proyectar González Rocha.

Basándose en estos hechos, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe sobre los estudios aplicados al complejo minero el 13 de marzo de 2013.

Ocho meses después, el 11 de noviembre, la fiscalía determinó que había suficientes elementos de convicción de que Southern había cometido delito y pidió 30 meses de cárcel para Óscar González Rocha.

“Lo más importante de la acusación fiscal es que la compañía Southern superó los límites máximos permisibles, específicamente respecto a las partículas contaminantes que arroja la chimenea. Ese es un hecho objetivo”, señaló la fiscal Ángela Marroquín Córdova, quien sustentó la acusación.

En su defensa la compañía alegó que si hubiera habido contaminación, eso hubiera sido en 2007, cuando se hizo la primera evaluación, pero que en la actualidad dicha situación ha sido superada.

Empero, la fiscalía demostró que en 2009 se mantuvieron los registros de contaminación. “Señalamos que el delito continuó, fue permanente en el tiempo, y que mientras no se demuestre lo contrario, es un delito permanente. De hecho, la emisión de partículas contaminantes podría continuar hasta el día de hoy”, señaló Marroquín.

Fuentes de la OEFA consultadas por este semanario informan que no hay ningún nuevo informe sobre evaluaciones practicadas al complejo de Ilo que pudiera demostrar control o eliminación de partículas contaminantes por parte de la minera.

Daños

En la audiencia del pasado 2 de febrero, a la cual faltó González Rocha, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo tenía previsto acreditar más evidencias que demostraban que desde 2007 se repitieron los incidentes de contaminación.

Pero González pudo detener el juicio con una acción de amparo ante el temor de que una condena pudiera costarle la vida.

Proceso pidió a la especialista Liz Pérez Ramos, del Centro de Control Analítico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una opinión en torno al impacto de la contaminación que detectó el Osinergmin en 2007 en el complejo de Ilo.

“Las partículas lanzadas al aire por la chimenea de la fundición se acumulan en los pulmones y pueden generar en los seres humanos fibroma, fibrosis y asma. Esas partículas también caen al suelo; se acumulan en la tierra y atrofian el desarrollo de las plantas. Eso también afecta a la fauna marina”, explica la especialista.

Pérez Ramos resalta también las consecuencias de la superación de los límites máximos permisibles del vaciado de arsénico al mar.

“Importantes consecuencias de los altos niveles de arsénico en el mar son la bioacumulación y la biomagnificación. Esto significa que si un pez vive en un mar con niveles de arsénico que han superado lo establecido, acumula el tóxico en su cuerpo; viene luego otro pez más grande y se lo come y su cuerpo se llena de ese metal pesado. Y así sucesivamente. Luego aparece el hombre que se come al pescado contaminado y puede así tener daños neurológicos, hematológicos y renales” precisa.

Defensor

Juan Carlos Eguren, del centroderechista Partido Popular Cristiano (PPC) y congresista por el departamento de Arequipa, es uno de los más notorios defensores del proyecto Tía María. No ha reparado en calificar a los opositores de “terroristas medioambientalistas” y “delincuentes”, y ha promovido vigorosamente las medidas de fuerza en el valle del Tambo, donde se ubica la veta cuprífera.

Para Eguren, que la SCC tenga antecedentes por contaminación no afecta su reputación y mucho menos debería ser motivo de desconfianza de la población.

“La minería en el mundo, como cualquier otra actividad, siempre tiene riesgos ambientales. Si por alguna circunstancia, voluntaria o involuntaria, sobrepasa los estándares de calidad medioambiental, el Estado tiene la facultad para multar a la empresa o incluso cancelar la actividad si eso termina siendo insuperable. Esos son los mecanismos que se aplican a cualquier empresa. La actividad minera social y ambientalmente responsable debe cumplir con la ley.

“Ahora, si el presidente de la empresa Southern ha conseguido una acción de amparo para evitar un juicio, tenemos que respetar lo que dice la justicia”, argumentó Eguren.

De acuerdo con los registros de la OEFA, la SCC es una de las 10 mineras más multadas en el país por violaciones a la Ley de Preservación del Medio Ambiente: tiene 14 multas, sin contar con el proceso judicial por contaminar Ilo.

Para Ricardo Giesecke, quien fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Humala, los antecedentes de la SCC no fortalecen la confianza de la población en la compañía minera propiedad del Grupo México.

“Si Southern se comprometió a cumplir con los límites máximos permisibles y no lo hace, entonces la población tiene obviamente derecho a desconfiar. Tenemos derecho a sospechar sanamente que en general no cumplen lo que dicen. ¿Por qué vamos a tener la confianza en que van a cumplir todas las maravillas que nos ofrecen en el estudio de impacto ambiental que proponen para el proyecto Tía María, si en la realidad no cumplen”, dice a Proceso.

El pasado 31 de mayo el diario La República publicó una encuesta de la compañía GfK que le da la razón al exministro. En un mes subió el número de pobladores que considera que el proyecto Tía María ocasionará contaminación: pasó de 51% a 59%.

Por Ángel Paez

Fuente. Proceso

2 muertos y más de 200 heridos en protestas contra Grupo México en Perú

Lima, Perú, 5 de may.- Ya suman dos muertos en la serie de protestas que se están realizando en Perú contra un proyecto minero de Grupo México en la zona del Alto Inclán, Mollendo.

Según información divulgada por la RadioNacional del Perú, el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, confirmó la muerte de otro poblador identificado como Henry Checlla de35 años de edad, quien habría fallecido tras registrarse un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía, quienes han tenido ya varios altercados.
Protestas en Perú
Horas antes un agricultor de 61 años, de nombre Victoriano Huayna Nina falleció tras haber sufrido una herida de bala en un enfrentamiento con la Policía al intentar bloquear una carretera.

Esta situación generó inmediatamente diversas reacciones de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, por lo que el ministro del interior ha tenido que salir a afirmar que se investigará el incidente, ya que “la policía está en la obligación de despejar usando armas no letales como se ha indicado desde el comienzo”.

También se tiene confirmados 140 heridos tan solo del bando de las fuerzas del orden, mientras que no se cuenta con un dato preciso del número de pobladores que también han resultado lesionados en los enfrentamientos, aunque medios locales señalan que son al menos 75.

Medios internacionales como ElPaís de España también están dando seguimiento a las protestas contra la minera Tía María, filial de Grupo México, miles de pobladores han protestado, uno de los principales temores es el tema del agua, lo cual ya de por sí es una preocupación en una zona que vive de la agricultura, lo cual también está motivado por el impacto que ya está generando la minería en otras zonas del Perú.
proxy (2)
Redacción. Huellas de México

IFAI ordena transparentar Fideicomiso de Grupo México por Río Sonora

HERMOSILLO, Son. 23 de abril.- El pleno del IFAI ordenó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)que haga públicos los estudios con los cuales calculó el monto del Fideicomiso Río Sonora, creado por Grupo México para remediar el daño que provocó a los damnificados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre.

Se trata de los análisis de valoración económica y riesgo ambiental que el citado instituto realizó en conjunto con laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los cuales fueron solicitados por un particular a través de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, la respuesta le fue negada en un claro ejemplo opacidad de las dependencias federales y el consorcio minero.

Según el análisis del propio INECC, la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, originado en la mina de Cananea propiedad de Grupo México, afectó a 24 mil habitantes de siete municipios de la ribera, generando daños que ascienden al menos a mil 800 millones de pesos, por esto el gobierno federal estableció que el monto del fideicomiso para la remediación del daño fuera por 2 mil millones de pesos.

En una ponencia ante el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el comisionado Joel Salas Suárez, destacó que las consecuencias del derrame tóxico van más allá de las pérdidas económicas, pues quienes habitan cerca de zonas de explotación minera deben conocer los efectos, magnitud y riesgos latentes de esta actividad.

Frente a contingencias ambientales, es necesario proporcionar información de forma constante, organizada y de acuerdo a las necesidades de la población. Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas de modo que, favoreciendo el principio de máxima publicidad, esté en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones”, expuso el Comisionado del IFAI.

Luego que un particular solicitó la información al INECC, la dependencia se declaró incompetente para atender la solicitud, afirmando que “en sus archivos no cuenta con la información solicitada”.

Al no quedar conforme, el interesado presentó un recurso de revisión ante el IFAI que revocó la respuesta al considerar que de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, el INECC sí es competente para conocer la información solicitada porque son de su facultad los temas de protección ambiental, además que está demostrado que colaboró con Semarnat en la cuantificación de los daños que provocó Grupo México.

El pleno del IFAI instruyó que el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de los estudios de valoración económica y del riesgo ambiental, para que sean entregados al particular interesado y sean del conocimiento público en las próximas semanas.

Desde el pasado 6 de agosto que sobrevino el derrame tóxico en el río Sonora por responsabilidad de Grupo México, considerado por el gobierno federal como la peor catástrofe ecológica de la historia moderna del país, el consorcio minero ha puesto todo tipo de trabas para impedir la entrega de los recursos del Fideicomiso por 2 mil millones de pesos.

En enero, el delegado en Sonora de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales, reconoció que Grupo México estaba obstruyendo el proceso de remediación del daño a los damnificados; además que a partir del mes de marzo, el Comité Técnico del Fideicomiso suspendió los pagos con el pretexto de la veda electoral, a pesar que el Instituto Nacional Electoral afirma que no hay impedimentos para que continúe la entrega de cheques porque los recursos provienen de una empresa privada y no del erario público.

 

 

 

Fuente. Excelsior

GMéxico sigue contaminando acusa Sonora y rompe relaciones

Hermosillo, Sonora, 19 de sep.- El gobierno de Sonora ha anunciado que rompe relaciones con la empresa Grupo México, toda vez que la minera sigue contaminando deliberadamente, y que además violaron los sellos de clausurado, haciendo caso omiso a las disposiciones ambientales.

A través del titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Jesús Arias, se informó que el gobierno de Guillermo Padrés, rompe todo tipo de relación con Grupo México; “el Gobierno del estado rompe totalmente cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de Cananea”, manifestó el funcionario, citado por la agencia Notimex.

Se detalló además que la compañía Buenavista del Cobre violó los sellos de clausura que había colocado la UEPC; además de que se tiene evidencia de que siguen contaminando de manera deliberada al río Bacanuchi, donde realizan descargas tóxicas.

Arias expuso una serie de fotografías donde se muestra a equipos de bombeo realizando descargas al arrollo “Las Tinajas”, y posteriormente en el río Bacanuchi, sobre un represo provisional que se había construido para contener el derrame del 6 de agosto pasado; la imágenes habrían sido tomadas tres semanas después de la tragedia.

Se aseveró que ya se ha dado aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que investiguen el caso y finquen posibles responsabilidades.

Redacción. Huellas de México

Controversia por la presa del gobernador de Sonora

Ciudad de México a 12 de septiembre.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la reunión que mantendría con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, no se realizará “en tanto no existan las condiciones necesarias para un dialogo respetuoso y constructivo”.

Por su parte, los diputados del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y del Trabajo señalaron que el gobierno federal debe aplicar la ley en el caso del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien construyó una presa en terreno de su propiedad. Asimismo, los legisladores exhortaron a que se investiguen el origen de los recursos con que se pagó la obra.

En su defensa, el gobernador de Sonora,Guillermo Padrés, aseguró que la presa en una de sus propiedades fue construida hace más de 60 años, lo que contradice la versión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual señala que se realizó entre 2010 y 2011, ya con Padrés como mandatario.

Cabe recordar que el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, informó que la dependencia sigue una investigación respecto a la polémica que desató la existencia de una represa en un rancho de propiedad de la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Korenfeld, afirmó que si después de la investigación en curso se descubre que la presa en el rancho del gobernador de Sonora no cuenta con permisos, ésta será clausurada y el agua será liberada en su curso natural.

Tras el reportaje de Fátima Monterrosa en que se documentó que la presa de Guillermo Padrés construida en su rancho familiar durante su gestión como gobernador de Sonora, Joaquín López-Dóriga, opina que la reacción del gobernador panista fue violenta, políticamente hablando; ya que Guillermo Padrés Elías, solicitó la destitución de los delegados federales de Semarnat, Profepa y Conagua, acusándolos de no atender a tiempo el desastre ambiental de la mina Buenavista del Cobre; además, el gobernador acusó al procurador federal de Protección al Medio Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, de haberlo juzgado sin tener siquiera una inspección a su presa.

Por su parte, la empresa minera Buenavista del Cobre de Grupo México señalada como la responsable del derrame tóxico en los ríos de Sonora, incumplió con el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, al no construir al menos tres piletas de contención, por lo que el derrame de sulfato de cobre acidulado contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.

A su vez, la Semarnat informó que en el país hay 635 lugares contaminados, sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendido, de acuerdo con el Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

 

Redacción. Huellas de México

CEDH y gobernador de Sonora buscan culpables del desastre ambiental

De acuerdo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el desastre ocasionado por el derrame no fue atendido a tiempo por autoridades federales; al respecto, Padrés Elías dijo tener evidencia que corrobora la tardanza de las autoridades federales en la atención de la contaminación en los ríos del estado causada por el derrame de tóxicos; por lo que, el gobernador anunció que solicitará la sanción y el despido de los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En opinión de Julián Andrade, el proceder del gobernador sonorense es desequilibrado y sin debate, “en lugar de documentar la necesidad de la obra en la propiedad de su familia, o pedir rectificaciones o aclaraciones por los canales tradicionales, optó por escalar el conflicto y escabullir así la responsabilidad pública que tiene.” Andrade agrega que cuando se gobierna no sólo basta con tener la razón, sino que “se debe realizar una labor de convencimiento y más aún cuando existen dudas en la sociedad.” Esto en relación a las declaraciones de Padrés Elías, en las que sostiene que los delegados actuaron con sesgo político y omisiones en el caso del derrame tóxico. Por lo que, quiere fuera, pero del gobierno, al procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro, “por no prever” el peor desastre en décadas.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora interpuso una demanda penal y otra civil contra responsables de derrame tóxico; en ese sentido, la CEDH se presentó ante la delegación de la PGR en Hermosillo el viernes pasado, y el lunes se ratificó, informó Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión.

Rogelio Guedea considera que los últimos desastres naturales ocasionados en nuestro país lastiman por varios motivos. “Primero: porque no hay en los mexicanos conciencia de las consecuencias que traerá en el futuro no cuidar debidamente nuestro entorno, no al menos como la hacen en otros países. Segundo: porque las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad parecen discapacitadas para hacerlo. Y tercero: porque las empresas o instituciones que cometen tales catástrofes quedan, como casi todo en nuestro país, impunes.”

Por lo que, Guedea, resalta la urgencia de replantear las políticas medioambientales del país. Pues los efectos del desastre ocasionado por la minera de Grupo México, que no derramó 40 mil m3, como indicó la empresa, sino más de 240 mil, tal como lo aseguró Antonio Navarrete, del Sindicato Minero, no solo posicionan a este desastre ambiental minero como al más grande de la historia de del país, además las afectó a casi 24 mil personas de siete municipios, canceló las actividades agropecuarias y ganaderas e impactó incluso en la población infantil, que se quedó sin escuela, y sin agua potable, señala el comunicador.

Desabasto de agua en Hermosillo por derrame en Río Sonora

Hermosillo, Sonora, 7 de sep.- Alejandro López Caballero, presidente municipal de Hermosillo, capital de Sonora, señaló que ante la amenaza de que algunos pozos de la zona oriente pudieran haberse contaminado tras el derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, han tenido que enfrentar problemas de desabasto de agua en la ciudad.

El edil afirmó que aunque los señalamientos se hicieron “extraoficialmente”, implicaron un cambio logístico en el abasto que ha generado baja presión del vital líquido en diversas colanias, mientras que otras de plano se quedan sin servicio durante diversos lapsos del día.

El alcalde citó ante el diario La Jornada, el caso del de la presa de El Molinito, de donde se extraían 400 litros pos segundo antes de la contingencia ambiental.

Paralelamente el secretario de salud estatal, Bernardo Campillo García, afirmó que este lunes estará llegando a Sonora el toxicólogo especialista Juan Elías Viquez Guerrero, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para determinar con precisión cuáles de los ocho casos de presuntas afectaciones por contacto con agua del río están realmente ligados al derrame de tóxicos vertidos por la minera.

Mientras tanto El presidente municipal de Aconchi, Pedro Armando Lugo, manifestó sentirse bloqueado y aislado políticamente por el gobierno estatal, por mantener una postura activa en las protestas contra Grupo México y exigir una respuesta pronta de las autoridades para atender la emergencia en el río Sonora, señaló en entrevista.

Diversos medios también han señalado que la Conagua se ha negado a hacer públicos los resultados de los diversos estudios toxicológicos que se han implementado en la zona.

 

 

Redacción. Huellas de México

A cuanto equivale el desastre ambiental de Grupo México en Sonora

Ciudad de México, 25 de ago.- Gran conmoción ha causado a nivel nacional el desastre ambiental más grave de la historia moderna de la minería en México, al menos 7 municipios de Sonora se han visto severamente dañados, además de decenas de kilómetros de ríos y áreas naturales que también se vieron afectadas.

La inversión privada y la Secretaría de Economía han salido en defensa de la empresa Grupo México, responsable del desastre, pues dicha firma genera más de 9 mil empleos en la zona, “Grupo México es uno de los grandes grupos empresariales de este país que genera miles y miles de empleos y mucha riqueza. Yo creo que lo hay que hacer es dimensionar realmente (lo que sucedió) y que la empresa, si así lo determina la autoridad, pueda resarcir la parte ambiental y que pague la multa. Es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos, yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer y así se determina hay que pagar la multa que sea necesaria y así evitar que vuelva a suceder este tipo de situaciones”, manifestó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

No obstante en Sonora un sector de la población continúa inconforme con la situación, este jueves habitantes bloquearon la carretera de Mazocahui, en el entronque que conduce a los complejos cupríferos de Buenavista del Cobre, en Cananea, y La Caridad, en Nacozari de García, informó El Siglo de Torreón.

Los manifestantes se expresaron inconformes por lo que calificaron como una débil actuación de las autoridades federales en contra del Grupo México, “Han transcurrido ya 22 días de que más de 22 mil habitantes de siete municipios afectados estamos sin agua, con pérdidas millonarias en la agricultura y la ganadería, además de los miles de estudiantes que no pueden regresar a clases“, manifestaron los inconformes.

Incluso CNN calificó como un pellizco la sanción económica contra Grupo México, agregando también el testimonio de organizaciones ambientalistas como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quienes reiteraron que “no sólo en la REMA sino en el movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero que debería estar prohibida la actividad minera a cielo abierto y la actividad minera de tumba y relleno por su alta cantidad de agroquímicos”, afirmó Miguel Ángel Mijangos, miembro de la organización.

Y es que la multa, la cual es la máxima que contempla la legislación es de 40 millones de pesos, es decir unos 3 millones de dólares, lo cual equivale al 0.0000017 % de las ganancias netas que tuvo la empresa el año pasado por ejemplo; es decir, en lugar de ganancias netas por $ 1,747,297 millones de dólares, la ganancias serían de $ 1,747,294 millones de dólares, practicamente nada, en comparación con las billonarias sumas que maneja grupo México.

Gráfica ganancias netas GMéxico

Es decir si Grupo México fuera una tienda que genera ventas constantes las 24 horas, la sanción sería como si la obligaran a cerrar sus puertas por 12 minutos, teniendo libre todo el resto del año para operar normalmente.

Y aunque se ha anunciado también que la empresa va a tener que pagar los daños de restauración, el gobernador de Sonora afirma que se calcula que el daño podría tener un costo de unos 100 millones de pesos (aldededor de 7 millones dólares), lo cual equivale al 0.00004 por ciento de las ganancias netas del 2013; cabe señalar que este monto no afecta ni minimamente el presupuesto para salarios ni otro tipo de gasto, pues es mínimo en comparación con las utilidades, es decir las ganancias netas de la empresa.

Habría que preguntar también a las autoridades porque no hay una sanción por mentir, pues la misma Semarnat publicó hace unos días que la empresa mintió respecto a los motivos que generaron el desastre ecológico, lo cual es una asunto serio que terminó afectando la vida y salud de miles de personas y especies, algunas de ellas bajo categorías de protección ambiental.

Cabe señalar que el gobierno de Sonora, con recursos del erario público, además está prestando millones de pesos a Grupo México, para empezar a cubrir los gastos de restauración, el gobernador confirmó que se estarían prestando alrededor de 100 millones de pesos a la empresa, quien todavía no cubre ni los 40 millones de pesos de multa por los daños ambientales, según confirmó el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra en entrevista con Milenio.

El mismo secretario destacó el reto que enfrenta la Semarnat ante el desastre ecológico más grave en territorio nacional, no obstante se congratuló que la multa solo pudo ser posible gracias a la ley de responsabilidad ambiental, aprobada apenas el año pasado.

Por su parte el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés manifestó en entrevista con CNN que se está promoviendo de manera normal los productos agrícolas y ganaderos de la zona, garantizando que no tienen daño alguno y que son de calidad, no obstante reconoció que se siguen aplicando estudios para valorar los daños ambientales.

Por su parte el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que de ninguna manera se revocará la concesión de la empresa, pues da empleo a miles de personas de la región.

El diario Prensa Latina, también hizo eco de las protestas en Sonora, “Habitantes irritados por la carencia de agua tomaron hoy alcaldías y cerraron caminos rurales en el estado de Sonora como medida de presión al gobierno y la minera culpable del desastre” subrayó este jueves el medio cubano.

 

 

 

Raúl Flores Durán
Huellas de México

Derrame en Sonora producido por falla en tubería: Semarnat

Ciudad de México a 26 de agosto.- El peritaje demostró que no fue un exceso de lluvias lo que provocó el derrame de sulfato de cobre acidulado (sustancia altamente tóxica) en el río de Sonora, el derrame fue producido por una falla en el amarre de un tubo de polietileno; por lo que, la empresa Grupo México es totalmente responsable de los daños ocasionados, refiere Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que acudieron al lugar a efectuar una vista técnica.

En ese sentido, la sanción para Grupo México podría ser multada hasta con 40 millones de pesos con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental, legislación nueva que de hecho se estrenaría en este caso.

Al respecto, Guerra Abud, refiere que dicha ley abre la oportunidad para obligar a la empresa que genere daño ambiental a reparar los daños que correspondan.

No obstante, el titular de Semarnat, agregó que la ley permite obligar a la empresa a remediar todo el daño ambiental que se ha generado, y que según las estimaciones preliminares puede llegar a cientos o miles de millones de pesos.

El derrame alcanzó el arroyo Tinajas, afectado en 17.6 kilómetros; el Río Bacanuchi, en 64 kilómetros; y el Río Sonora en 190 kilómetros, y cuyo líquido llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15.4 millones de metros cúbicos, 20 por ciento de su capacidad.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, informó que se aplicó el protocolo correspondiente para evitar consecuencias hidrológicas y restringió el agua del río, así como en los 322 pozos y norias ubicados a 500 metros a cada margen del río.

Korenfeld, añadió que se han realizado mil 30 muestreos analizados por laboratorios certificados en Hermosillo y la ciudad de México, los cuales han revelado que entre los contaminantes vertidos en el agua se encuentran: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles se encuentran fuera de la norma.

 

 

Redacción. Huellas de México

 

Se descarrilla tren de GMéxico con ácido en Sonora

Ciudad de México a 26 de agosto.- La noche del pasado domingo, Protección Civil de Sonora informó que seis vagones cargados con 240 toneladas de ácido sulfúrico propiedad de Grupo México se descarrilaron a unos 10 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, municipio fronterizo de Nogales por donde pasa el Río Santa Cruz.

El accidente provocó la movilización de brigadas de auxilio de la empresa Ferromex, responsable de la carga destinada a la frontera de Nogales, Sonora.

No obstante, los contenedores que transportaban ácido sulfúrico no se derramaron, ni se reportó ninguna fuga pero la alerta de una posible contaminación se hizo latente ya que los contenedores habían quedado volcados a 10 metros del río.

Cabe mencionar que el ácido sulfúrico tenía como destino la frontera de Nogales, para luego ser llevado a los Estados Unidos

El dí de ayer, un grupo de inspectores de la Unidad Estatal de Protección Civil acudió al lugar del inciente para verificar que no se haya contaminado la corriente.

A su vez, 20 trabajadores de la empresa Ferrocarriles Mexicanos laboran en el lugar del percance para recuperar los tres vagones que se salieron de las vías y reconstruyendo el tendido.

 

 

Redación. Huellas de México

Tren de Grupo México descarrila con 280 toneladas de ácido en Sonora

Hermosillo, Sonora, 25 de ago.- Aún no terminan los daños producidos por un derrame de ácido sulfúrico de la empresa Grupo México en Sonora, cuando ya un nuevo accidente estuvo apunto de contaminar un nuevo afluente.

Protección Civil de Sonora confirmó que alrededor de las 3 horas del día domingo, un tren con 280 toneladas de residuos de ácido sulfúrico, descarriló a escasos metros del río Santa Cruz, en el municipio de Nogales, Sonora.

Carlos Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, afirmó en conferencia de prensa que afortunadamante no se presentó un derrame del tóxico ácido. Agregó que los químicos tenían como destino los Estados Unidos y provenían de una de las minas de Grupo México en la zona.

Fue a la altura del lugar conocido como ‘El Cajón’ o ‘La Canasta’, donde seis contenedores volcados quedaron a 10 metros del Río Santa Cruz, afirmó el funcionario.

Gran impacto está generando en la población civil de Sonora la contaminación por ácido sulfúrico, la cual además de matar a miles de especies, ha producido también daños directos a la población.

https://twitter.com/normareyessolis/status/502569100296847360/

Hace unas horas también Guillermo Haro, procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acusó que no fueron las lluvias las que provocaron el desastre en el Río Sonora; “Es incontestable por parte de la empresa que dieron aviso tardío del accidente; ellos tuvieron que haber en términos de la Ley de Gestión de Residuos, que dar aviso dentro de las 24 horas de ocurrido ese incidente, lo cual no ocurrió. Lo hicieron prácticamente 48 horas después del término previsto en la propia ley”, afirmó el funcionario.

 

 

Redacción. Huellas de México

El ecocidio del Río Sonora no puede quedar impune

Hermosillo, Sonora, 13 de ago.- A siete días del derrame comienzan a dilucidarse las catastróficas consecuencias del vertido tóxico generado por la mina Buena Vista del Cobre en Sonora, el cual terminó contaminando al menos dos ríos y provocando serias consecuencias en varias comunidades.

Se trata del “peor desastre ecológico en la historia de la entidad“, según el análisis de especialistas como Jaime Varela Salazar, profesor emérito de la Universidad de Sonora (UNISON), quien manifestó que la contaminación por metales pesados en los afluentes, es sumamente grave por las implicaciones que tiene en la salud de los humanos, además de que el trayecto atraviesa siete municipios, relató en entrevista para Excelsior.

La minera es propiedad de Grupo México, empresa con un amplio historial de estragos que van desde la peor tragedia minera en México, la muerte de mineros en Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del medio ambiente.

 

Los responsables de la devastación

Ante la gravedad del asunto diversos funcionarios han afirmado que tendrá que caer todo el peso de la ley contra la empresa responsable del derrame, el cual contaminó con ácido sulfúrico, mezclado con otros metales pesados como fierro, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, manganeso y níquel, afluentes que son vitales para la población, motivo por el cual se ha tenido que implementar un plan de emergencia para abastecer de agua a diversas comunidades.

El vicepresidente de Relaciones Internacionales de la empresa Grupo México, Juan Rebolledo, manifestó que las lluvias fueron las culpables del derrame de químicos, no obstante su empresa asumiría la responsabilidad por los daños ambientales.

El funcionario manifestó en entrevista con López Dóriga, que la obra en realidad apenas estaba en construcción, y con las fuertes lluvias se rebasaron los represos, mismos que se desbordaron y fueron a parar al río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora.

Aún no se confirma si hay daños también en otras zonas, pues el río Bacanuchi se encuentra a más de 8 kilómetros de distancia, como reconoció Rebolledo, quien resaltó la fuerza del agua.

La empresa se ha justificado afirmando que tomó acciones inmediatas y levantó un muro para evitar que continuara el derrame, además de dar aviso a las instancias correspondientes; no obstante autoridades locales informaron que recibieron el reporte hasta el día viernes, informó la agencia Notimex.

César Lagarda, director del organismo de cuenca noroeste de la Comisión Nacional del Agua (CNA), también fue severo con la empresa; “repruebo totalmente que hayan tenido una falla porque son especialistas en esto, evidentemente hay una falta de supervisión y que no hayan dado aviso oportuno de lo que sucedió eso se califica con sanciones severas, tan severas que ya estamos imponiendo multas y vamos a revisar todas las instalaciones”, señaló el funcionario en entrevista con Milenio.

El representante de la CNA también hizo hincapie que “ni siquiera es una anomalía, es una falla; la responsabilidad es ciento por ciento de la empresa, ellos son los depositarios, responsables de la calidad de las obras y de su operación”, señaló.

Se detalló que Grupo México, tiene cinco días para entregar un plan de trabajo, además de que deberán contratar una empresa especializada para evaluar el daño ambiental, incluidos los cuerpos de agua; posteriormente tendrán que presentar un programa de muestreo de las aguas superficiales cada 15 días durante cinco años, así como también por algún periodo para las aguas subterráneas.

Lagarda reiteró además que la empresa deberá pagar los gastos realizados para controlar la contingencia y los daños a las cuencas, así como una multa de hasta 20 mil salarios mínimos.

 

La greve situación persiste

El gobernador del estado Guillermo Padrés, también afirmó que la mina debe pagar por los daños, además de reiterar las recomendaciones de autoridades federales en torno a no tomar agua de los pozos cercanos.

El derrame fue de cerca de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con metales pesados y está afectando a los municipios sonorenes de Cananea, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures.

Un análisis del laboratorio de calidad de la Conagua, publicado este martes, reveló que se han encontrado cantidades de Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre y Fierro, superiores a las permitidas por la norma; es preocupante especialmente el Arsénico, el cual se encuentra casi 20 veces más del máximo establecido por la norma, así como el Aluminio que se encuentra en una cantidad 300 veces superior a lo permitido.

Diarios locales dan cuenta de los conflictos que se están generando, pues mientras que algunas personas están huyendo a otras poblaciones, otros más enfrentan problemas para abastecerse de agua purificada; el alcalde de Aconchi declaró que la ayuda aún es insuficiente, pues los 22 mil habitantes tienen problemas con el suministro del vital líquido desde hace cindo días.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirmó también que ha iniciado una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de habitantes de Sonora, ante lo cual el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó el traslado de visitadores adjuntos a fin de recabar información y atender de inmediato las quejas de las personas afectadas.

Arturo Rodríguez, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, informó que ya se está intentando neutralizar las zonas más afectadas con cal, “Ahorita estamos haciendo un monitoreo de toda la zona para evitar más daños en la flora y fauna silvestre, lo normal ha sido que haya algunas zonas quemadas porque es lo que pasa con el ácido, sin embargo, lo hemos estado neutralizando con cal”, indicó; por su parte la empresa afirmó que está colaborando con la instalación de planta potabilizadores móviles, para colaborar con la limpieza del caudal”, aseveró.

 

Empresa con un controvertido historial

Grupo México es una empresa relativamente nueva, su estructura moderna fue fundada por Raul Antonio Escobedo y Germán Larrea Mota Velasco en 1988, y a partir de entonces ha crecido hasta convertirse en la más grande corporación minera de México, y el tercer mayor productor de cobre del planeta.

Una de las mayores catástrofes de las que ha sido responsable, es la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en uno de los procesos más lamentables de la historia de Coahuila y el país entero.

Investigadores como Jorge Lora Cam, también han denunciado el “ecocidio” que ha realizado la empresa en países como Perú; “el Grupo México opera en Perú con la misma política de las trasnacionales norteamericanas, destruyendo impunemente la naturaleza y la sociedad de los lugares donde opera. Para lograrlo, se vale del soborno generalizado de funcionarios y políticos de distintos niveles, a fin de no realizar las inversiones que
permitan reducir la contaminación atmosférica, de ríos, aguas subterráneas y mar del suroeste peruano”, concluyó en un artículo científico publicado por la revista Quivera.

El académico también sintetiza su investigación argumentando: “Peor aún, esta empresa ha evitado durante 45 años el registro de enfermedades pulmonares las más evidentes y con mayor mortalidad a tra vés de inducir que el Ministerio de Salud no cree unidades de enfermedades bronco pulmonares en los hospitales, ni envíe especialistas en neumología. Ello, por supuesto, se traduce en muertes intencionales (¿genocidio?), por las cuales y por muchos motivos más, esta compañía debería ser juzgada en una corte internacional“.

Hace unos meses también diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en México, denunciaron los actos de intimidación y hostigamiento que estaba realizando Grupo México en contra de la comunidad indígena totonaca de Olintla, Puebla, para imponer un hidroeléctrica.

De igual forma múltiples comunidades y colectivos han llevado acciones contra los “Proyectos de Muerte en Puebla”, acusando también diversos megaproyectos mineros e hidroeléctricos de Grupo México, que están generando irreversibles daños.

No obstante, a pesar de las denuncias internacionales y domésticas, la empresa sigue cotizando de forma importante en los mercados internacionales, y operando sin mayores contratiempos.

El tiempo dirá si el crimen cometido en Sonora, representará verdaderamente una sanción ejemplar contra una empresa que sigue acumulando tanta devastación como capital.

 

 

Raúl Flores Durán
Huellas de México

Menu Title