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Marinos balean por aire y tierra a mexicanos en Reynosa

REYNOSA.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México disparó a una pareja de residente en McAllen, Texas, la cual cruzó la frontera por cuestiones domésticas.

La pareja, que resultó herida e identificada como Alfredo y Alejandra Alemán, viajaba a bordo de una camioneta Tahoe, de cuatro puertas, color plateado, con placas CGM-7741 de Texas.

De acuerdo a lo que testigos narraron al diario Reforma, Alfredo y Alejandra circulaban por la avenida El Maestro, cuando fueron agredidos por los elementos en el cruce de la calle Río Álamo y Rosalinda Guerrero, de la colonia Jardín.

Según lo informado, los marinos abrieron fuego tanto por tierra en patrullas, como por aire desde un helicóptero.

Debido a la agresión, Alfredo resultó con heridas en la mano y Alejandra en el pie, viéndose incapacitada para caminar.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil llegaron al lugar y trasladaron a la pareja a un hospital.

Al mismo tiempo llegaron patrullas del Ejército Mexicano, quienes cerraron la avenida, así como un hombre llamado Eduardo, identificado como hermano de Alfredo, quien indicó a los medios la equivocación y señaló que su hermano y su cuñada viven en McAllen, pero que cada semana viajan a Reynosa para surtir su despensa.

Los militares, indicó el diario Reforma, procedieron a inspeccionar la camioneta, confirmando que la pareja no portaba armas.

 

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Ayotzinapa y Tlatlaya mancharon la imagen de militares, que ahora se intenta limpiar

Ciudad de México a 15 de octubre.- Pese al nacionalismo rimbombante del discurso del General Salvador Cienfuegos, el Estado mexicano no está exento de sus responsabilidades en la crisis de Derechos Humanos que han advertido los especialistas; en ese sentido, la presión internacional ha sometido al escrutinio la actuación de las fuerzas de seguridad del país.

¿Dónde anda Ángel Heladio Aguirre Rivero? Borrado de la escena política, con bajo perfil deambula el ex gobernador de Guerrero, tras su salida por el caso Iguala, el exmandatario no se fue sin deslindar al Ejército de cualquier participación en las agresiones y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de hace poco más de un año.

Por su parte, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, refrendó ante el presidente Enrique Peña Nieto el compromiso de las fuerzas armadas, “sin confusiones ni protagonismo”, con las instituciones mexicanas y el jefe del Ejecutivo federal como su comandante supremo; al respecto, en el marco del 90 aniversario del Banco de México (Banxico) y la puesta en circulación de una moneda de 20 pesos conmemorativa por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Cienfuegos reiteró la lealtad y compromiso de los militares con la soberanía de la nación y la sociedad de la que forman parte.

Mientras tanto, los tres militares que permanecen sujetos a proceso por la muerte de 22 personas en una bodega de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, solicitaron un amparo para que se les conceda el derecho a carearse con nueve funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), los cuales recabaron los testimonios de tres mujeres que los acusan de haber ejecutado al menos a 15 de los presuntos delincuentes muertos; al respecto, los miembros del Ejército buscan el amparo luego de que el juzgado cuarto de distrito en procesos penales de Toluca negó la petición de citarlos a declarar, porque estimó que el propósito no era controvertir su actuación, sino tratar de que admitan que las sobrevivientes mintieron.

 

Redacción. Huellas de México

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Militares abaten a 5 secuestradores; muere soldado

Tras una agresión a elementos del Ejército el sábado pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los militares abrieron fuego contra civiles armados, abatiendo a 5 presuntos delincuentes; un soldado perdió la vida en el enfrentamiento.

En un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos cuando implementaron un operativo para rescatar a una mujer privada de su libertad.

“La mujer quedó internada en un hospital, donde su estado de salud fue reportado delicado pero estable”, indicó.

El incidente se registró en el crucero de las calles 5 de Febrero y Tamaulipas, punto donde los militares lograron copar a los delincuentes que se desplazaban en una camioneta Lincoln Navigator color dorada, modelo 2007, luego de una persecución por varias calles de ese municipio fronterizo.

Los delincuentes abatidos, que no han sido identificados, tenían edades que van de los 20 a los 30 años. Al verse copados por los militares, chocaron con tres vehículos que se encontraban estacionados y desde el interior de la camioneta atacaron a balazos al personal castrense.

Los militares, al repeler la agresión, abatieron a los cinco delincuentes y rescataron del interior de la camioneta a una mujer que se encontraba amarrada y presentaba lesiones que ameritaron su hospitalización.

La mujer declaró a los militares que estaba privada de su libertad desde el pasado miércoles 7 de octubre, desconociendo a donde la llevaban los delincuentes cuando se suscitó el enfrentamiento.

Como consecuencia del operativo, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional resultó herido, falleciendo cuando recibía atención médica en un hospital de ese municipio fronterizo.

En el lugar de los hechos se aseguraron cinco armas largas, cargadores, cartuchos y otros objetos, además de la camioneta, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para lo conducente.

 

 

imparcialoaxaca.mx

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Tiene el Ejército toda la información del narco en Guerrero; pero no actúa

Ciudad de México a 12 de octubre.- El “oro blanco” transita en Guerrero custodiado por los distintos cuarteles del Ejército; en ese sentido, nada pasa sin que lo sepan los mandos castrenses; por lo que, analistas cuestionan el poder omnipresente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mucho se ha hablado de la presunta participación por acción u omisión por parte de las fuerzas armadas en los trágicos hechos de Iguala, ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014; al respecto, el documental “Mirar morir, el Ejército en la noche de Iguala”. “Una voz en off explica: Una animación muestra el mapa del estado de Guerrero. Líneas rojas señalan las carreteras por las que transita la droga y que marcan los límites del <Pentágono de la Amapola>. Todas confluyen en un punto: la ciudad de Iguala”. “Aproximadamente el 60% de la producción nacional de opiáceos proviene del estado de Guerrero. Las dos terceras partes de esta cantidad –un 42% del total–, se origina en el Pentágono de la Amapola”, expone la voz en off. Precisa: “La ciudad de Iguala es el principal punto de concentración de estos narcóticos. Su posición geográfica es la adecuada para para recibir el producto y embarcarlo hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos.”

En ese sentido, la periodista SanJuanaMartínez considera que “el tono del general Cienfuegos es de un tirano, un autócrata por encima de la ley civil”. “El Ejército mexicano es el eje central de la impunidad. Lo sabe el gobierno, lo sabemos los ciudadanos. Los militares son una casta de privilegiados por encima de la ley, un grupo armado con licencia para matar, desaparecer y torturar. No es necesario investigar mucho para conocer los deleznables crímenes cometidos por el Ejército. Los hay cotidianos y continuos. Miles de delitos. El Ejército, es la institución con el mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, 7 mil durante el gobierno de Felipe Calderón y ahora seguramente al ritmo que vamos en torno a los crímenes de Estado, será el doble con Enrique Peña Nieto. El poder del Ejército es absoluto. Su dominio ha crecido tanto que ya no sabemos quién manda en este país. Si el general Salvador Cienfuegos Zepeda o el supuesto máximo jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Enrique Peña Nieto.”, añadió la comunicadora.

 

Redacción. Huellas de México

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ONU revira: Ejército mexicano debe dar la cara a la CIDH

Ciudad de México, 7 de oct.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México este miércoles lanzó un exhorto al gobierno mexicano para que el Ejército responda y de la cara ante los cuestionamientos que tienen planteados los miembros de la comisión de expertos de la Comisión Interamerican de Derechos Humanos (CIDH), a lo cual se había comprometido el gobierno mexicano, recalcó.

El tema ha generado gran polémica pues en su investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha solicitado de forma reiterada poder entrevistarse con los testigos militares que había del Batallón 27 en Iguala, así como a altos mandos del ejército, lo cual ha sido rechazado hasta la fecha.

Hace unas semanas el gobierno mexicano se comprometió en la ONU a cumplir todas las recomendaciones del GIEI, por lo cual el comisionado recalcó que no era posible que a pesar de las insistentes peticiones, no se ha accedido aún a colaborar para tratar de esclarecer este abominable crimen del que aún nadie tiene respuesta.

“Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI, incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del batallón número 27”.

Este pronunciamiento surge de forma inmediata a las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien se negó tajantemente a permitir que sus soldados rindan cuentas ante “personas extranjeras”.

El Alto Comisionado de la ONU criticó también la intolerancia a las críticas de los informes internacionales como el de la CIDH, a pesar de los informes que delatan que en México existe “una verdadera crisis de derechos humanos, con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales e impunidad en todo el país”.

 

 

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

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Insostenible opacidad del Ejército; fue orden federal: Solalinde

Ciudad de México, 7 de oct.- En entrevista con Carmen Aristegui el padre y Premio nacional de los Derechos humanos, Alejandro Solalinde, afirmó que existen suficientes elementos para investigar el papel del Ejército Mexicano y las fuerzas federales en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, basándose en testimonios de testigos claves que habrían estado en el lugar de los hechos.

Alejandro Solalinde, quien fue el primero en dar la versión de que los estudiantes fueron incinerados, aclaró con Aristegui que se trata del testimonio de 6 personas distintas, quienes le confesaron que estuvieron en el lugar de los hechos, y quienes coinciden en que a algunos los trataron de desaparecer de esta forma.

Solalinde aclara que no sabe el lugar exacto donde sucedieron los hechos, aunque subrayó que existen múltiples elementos para afirmar que no fue en el basurero de Cocula como se ha venido manejando; exhortando al estado a aclarar entonces de donde salieron esos restos incinerados que ya han sido identificados, como el caso de Mora Venancio.

Asimismo afirmó que “atacando cabos”, él tiene muy claro que tuvo que haber sido una “orden federal”, puesto que hay múltiples testimonios de testigos que vieron en el lugar a militares y policías federales, ambos, sólo responden a órdenes federales, no locales; calificándolo como uno de los motivos para investigar a fondo la labor del ejército.

Solalinde destacó también que fue el Ejército quien tenía precisamente el control del C-4, el órgano de comunicación policial que en todo momento siguió el rastro de los normalistas, hasta perderles la pista misteriosamente, después de haber sido levantados por presuntos policías.

 

Redacción. Huellas de México

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Militares y policías federales son condenados en el tribunal mediático

Ciudad de México a 7 de octubre.- Mientras especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles han documentado la recurrencia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del país; algunos analistas tachan de “conspiranoico” indagar sobre la participación del Ejército en la trágica noche del 26 de septiembre en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa; no obstante, la historia documentada por la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero revela la participación de los mandos castrenses en el periodo denominado como la “guerra sucia”.

La Fiscalía mexicana no ha cerrado las investigaciones del caso Tlatlaya; al respecto, analiza todas las opciones; por lo que, podría consignar a un alto mando de la Sedena y configurar el delito como omisión. La orden que recibieron los funcionarios de la procuradora es agotar todas las líneas de investigación para que el caso no se cierre y se queden sin elementos castrenses que juzgar.

Por su parte, CiroGómezLeyva, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan la percepción de que, “si no se trató de un crimen de Estado, tiene una gran similitud con un crimen de esa naturaleza”; al respecto, el columnista refiere que: “la narrativa y descriptiva de la CIDH son similares a la de la PGR y el gobierno”. “Grupos criminales coludidos con policías municipales sometieron a los jóvenes, los tras-ladaron, martirizaron y mataron”; cabría preguntarle a Leyva en que apartado del informe de expertos independientes se afirma que fueron asesinados; no obstante, el periodista del Universal señala que las diferencias entre la CIDH y la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam, estriban en que, el organismo “dice que no hay datos firmes para asegurar que, además, los quemaron y tiraron al río”; además, el comunicador reproduce un fragmento del testimonio de un militar del batallón 27 que narra como observador cuando los policías querían bajar a los estudiantes del camión Estrella de Oro, dichas declaraciones del mando castrense coinciden con las recabadas por la Fiscalía de Guerrero; por lo que, Ciro Gómez señala: “Y sólo un delirante, un complotista, afirmaría hoy que hubo una orden suprema para hacer coincidir las declaraciones de los militares en activo con las de los policías municipales detenidos el sábado 27”.

A su vez, CarlosRamírez detalla tres noticias que inciden en la agenda de seguridad pendiente: 1.- Un juez civil determinó la libertad de cuatro militares que estaban acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Será el primer caso simbólico de militares sometidos a leyes civiles, como lo exigieron organismos internacionales. 2.- Diputados priístas tomaron la iniciativa de homologar el marco legal de las fuerzas armadas que tiene años de rezagos. Hasta ahora, las fuerzas armadas cumplen con el requisito constitucional de participar en labores de seguridad interior, pero sin que exista una ley reglamentaria. El actual congreso debe legislar sobre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, doctrina de defensa nacional y leyes de espionaje e inteligencia. 3.- El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló los militares tienen una función legal y no existen razones para comparecer ante organismos internacionales los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre.

No obstante, el analista indicó que: “Mañosamente, la CIDH quiso endosarle al ejército la crisis de seguridad que fue responsabilidad de la autoridad municipal del PRD”; al respecto, caben las interrogantes, si el ataque perpetrado contra los estudiantes de Ayotzinapa sólo fue a manos del crimen organizado infiltrado en la policía municipal y el gobierno de Iguala, ¿qué responsabilidades tiene el CISEN, la CNS y la SEIDO?; acaso, ¿el Batallón 27 no conocía las actividades delictivas de los Abarca y qué hay de los señalamientos que ubica a la estirpe Figueroa al mando de GU?; sin embargo, el analista descalifica el informe del grupo de investigadores de la CIDH y acusa de tergiversación por intereses políticos mexicanos del secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.

Por su parte, el académico JaimeLuisBrito contextualiza los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014; en ese sentido, la normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos puesto que de sus aulas salieron los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero; la respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual todavía persiste la impunidad; cabe destacar que días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero presentó el informe donde documentó la participación del Ejército en contra de los disidentes en la denominada “guerra sucia”; Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época; además, las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo, con la finalidad de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”; al respeto, el clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza; al respecto, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.

En lo que respecta al caso Tlatlaya, Estado de México, la resolución de un juez de liberar a cuatro militares involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales, no es definitiva, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; en ese sentido, el ombudsman recordó que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya, cuando 22 personas murieron en un presunto enfrentamiento con militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. La comisión concluyó en octubre de 2014 que al menos 15 fueron ejecutadas.

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló: “En caso de que la PGR y el Poder Judicial de la Federación persistan en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”; por lo que, la liberación de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, no implica que el Ejército haya sido exonerado, indicó el organismo; “Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.

Para el columnista JorgeFernándezMenéndez “no hay una sola prueba verosímil en contra de los acusados en este caso”; al respecto, refiere: “Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que los 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados. Tampoco hubo, durante casi tres meses, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados de haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio de los enfrentamientos”, señaló.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 2 millones y medio de pesos como recompensa a quien proporcione información que lleve a la detención de cinco probables responsables de delitos en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; en ese sentido, se busca localizar a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala; José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”; Érick Sandoval Rodríguez, “La Rana”, y Miguel Miranda Pantoja, “Pajarraco”.

Además, el entonces procurador guerrerense, Iñaki Blanco, acusado de apoyar a Los rojos, iba tras el alcalde de Iguala; al respecto, el 24 de septiembre de 2014 el procurador de Justicia de Guerrero, preguntó a un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) cómo iba su encargo. Desde mayo de ese año, en un encuentro de procuradores en Huatulco, Oaxaca, había requerido apoyo porque de las pesquisas sobre la coautoría del secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona se encontraron elementos del vínculo del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Beltrán Leyva.

Mientras tanto, la procuradora general de la República (PGR) Arely Gómez González, afirmó durante un encuentro privado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein que: “el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección, siempre han sido objetivos de suma importancia para México”; además, Gómez González, resaltó que “un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro”; asimismo, la funcionaria detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el gobierno de la República “contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por diversos órganos, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respaldó los resultados de los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, indicó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; en ese sentido, se afirma que existe una crisis generalizada en el país y que las conclusiones de la PGR son cuestionables.

A su vez, en otro caso de presunto abuso policíaco el pasado 27 de septiembre, “la Policía Federal se encontraba custodiando la oficina de la Fiscalía Antisecuestros en Villahermosa, Tabasco, ya que momentos antes habían presentado a unos detenidos por el delito de secuestro. Al tiempo, a escasos metros de ahí, un grupo de jóvenes tuvieron una discusión por motivos de vialidad, pero se resolvió rápidamente y cada quien continuó su trayecto”. “Los policías se percataron del hecho y siguieron la camioneta donde iba el arquitecto ambientalista Alejandro Contreras Sierra de 27 años, Miguel Ángel Martínez Domínguez, Roberto Contreras y Jorge Luis Gómez Estrada”. “Se desconoce el motivo por el cual la PF quiso tomar partido en ese asunto, ellos siguen su camino e incluso llegan a su casa con toda calma y se estacionan tranquilamente, porque no tenían nada que temer no habían cometido delito alguno, es ahí cuando los elementos se bajan, se les acercan y por la espalda les disparan, fue de atrás hacia delante. No hubo ningún tipo enfrentamiento como lo quiso manejar y manipular la policía Federal”, indicó el abogado Carlos Castillo Romero, defensor de la familia Contreras Sierra.

Por su parte, el medio LaRazón criticó las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por retomar testimonios de casos que datan de 1974 y nueve más de entre 2006 y 2014, incluido el caso Iguala; en ese sentido, la CIDH concluyó que en México la desaparición forzada es generalizada, además de que consideró que las ejecuciones extrajudiciales son parte de la “grave crisis” en materia de derechos humanos, basándose en los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, habría que rememorar los años de impunidad para las familias de los desaparecidos en Guerrero en el denominado periodo de la “guerra sucia”, las demandas de justicia fueron recogidas con la transición democrática del partido dominante y el arribo de Acción Nacional con Vicente Fox, quien instruyó la creación de la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero, cuya investigación fue presentada días después de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.

Asimismo, el columnista, RaymundoSánchez indicó que el caso Tlatlaya quedo “derruido” porque las tres mujeres testigos incurrieron en contradicciones y no hubo más prueba que sus declaraciones, que cambiaron hasta cinco veces, contra cuatro de los ocho militares a los que se apresó por esa supuesta matanza de 22 “civiles” dedicados al secuestro y la extorsión. Sanchez, dice que el abogado que defiende a los efectivos del Ejército, Juan Velázquez, identifica al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de haber inventado la versión de la supuesta “ejecución”, y haber aconsejado a las tres testigos para que así lo declararan ante el MP; al respecto, el columnista de la Razón detalla que “el director del Centro Pro Juárez es Mario Patrón, quien fue primer visitador de la CDHDF cuando la presidía Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario general de la CIDH, cuyos expertos sostienen que los 43 de Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula”; por lo que, en opinión del columnista son “las pequeñas venganzas de Álvarez Icaza, porque en 2009 no pudo ser ombudsman nacional”.

 

Redacción. Huellas de México

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Caso Ayotzinapa: lucha sin tregua con tintes políticos

Ciudad de México a 6 de octubre.- Mientras se sigue cuestionando al Estado sobre los hechos acontecidos el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero; siguen las interrogantes ¿Participó el Ejército en la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa?, ¿hay una crisis de Derechos Humanos en México? y la DEA que investiga el oro blanco en esa región ¿qúe sabe del caso?; las respuestas siguen faltando pese a los compromisos del gobierno.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, dijo que los efectivos castrenses responden solamente a autoridades ministeriales mexicanas y que en el convenio que hizo el gobierno federal con ese organismo no establece que los puedan interrogar; asimismo, Cienfuegos, afirmó que no puede permitir que “sus” soldados sean tratados como criminales, ni que sean interrogados en torno al caso Iguala, ya que hasta el momento está comprobado que no participaron en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en contra de normalistas de Ayotzinapa; “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahorita, ningún delito, ¿qué quieren saber?, está todo declarado”, indicó; además, el titular de la Sedena expuso que a la fecha casi 50 soldados del 27 Batallón de Infantería han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR), algunos hasta cuatro veces por el caso y sin tener señalamientos.

Por su parte, durante su visita, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tendrá encuentros con los funcionarios del más alto nivel; en ese sentido, se entrevistará con el presidente Enrique Peña Nieto, así como con los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; asimismo, se reunirá con los titulares de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y la procuradora General de la República, Arely Gómez González. El propósito del Alto Comisionado es fortalecer el diálogo e identificar nuevas áreas de cooperación para promover y proteger los derechos humanos en el país.

En ese sentido, en la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein tuvo un encuentro clave: se reunió con el ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien lo recibió con todos los honores en la sede de la CNDH comentó TemploMayor. El ombudsman se hizo acompañar, entre otros, por José Larrieta, el encargado de investigar el caso de los normalistas de Ayotzinapa; al respecto, las desapariciones forzadas fue uno de los principales que abordó la autoridad de la ONU; además, “uno de los temas que más interesó a Al Hussein fue si el presidente de la CNDH compartía lo dicho por los comisionados de la CIDH sobre que en México existe una crisis generalizada en materia de derechos humanos”; por su parte, “González Pérez le explicó que sí, en efecto, esa es la situación pero sólo en algunas regiones del país. No en todo el territorio nacional”, detalló la columna.

Mientras tanto, 10 días después de la reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, los padres de los normalistas de Ayotzinapa no han recibido alguna respuesta formal a sus 8 demandas, indicó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante la presentación en el DF del informe anual de Tlachinollan, que está dedicado al movimiento de los familiares de alumnos de Ayotzinapa. “Lo que pedían los padres no eran cosas imposibles”, agregó Patrón, quien acompañó a los padres en el encuentro del 24 de septiembre”. “Antes de salir nos dijeron que muy pronto habrían buenas noticias y no ha pasado nada”, señalaron.

Por su parte, la Comisión Especial por el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados trabajará en cuatro ejes fundamentales, entre ellos el registro de víctimas y seguimiento de la reparación del daño, además de continuar las entrevistas con las personas involucradas, señaló la legisladora del PRD, Cristina Gaytán; asimismo, se dará seguimiento a la sentencia de los probables responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; y se trabajará en la segunda fase de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En opinión del analista SalvadorGonzálezBriceño la comparación entre “Tlatelolco vs Ayotzinapa” revela la misma “tapadera” del “corroído” sistema político mexicano. “La impunidad es la constante”. “Tlatelolco, plaza de las Tres Culturas, el saldo criminal de 1968, el asesinato de estudiantes —oleada mundial libertaria y democratizadora— a fuego cruzado. Ayotzinapa, de 2014, es la desaparición en Iguala de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, México.”; al respecto, las sospechas: “El calificativo es . ¿Implicados? El sistema. Antes: el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el titular de gobernación Luis Echeverría Álvarez, así como el Ejército, estaban la <policía secreta> o y los grupos del de la DFS (Dirección Federal de Seguridad), la policía del DDF (Departamento del Distrito Federal), los se inauguraban; y la (conformada por <ladrones, exmilitares y militares>) que creó Francisco Quiroz Hermosillo, a cuyas órdenes estuvo Miguel Sánchez Ordoñez, El Doc, por encomienda del Secretario de Sedena, Marcelino García Barragán. Ahora, por Ayotzinapa: las policías municipal, estatal y federal, el Ejército, los cuerpos de seguridad del presidente municipal José Luis Abarca; ¡y los Guerreros Unidos!, el cartel que controla el negocio de la heroína en el estado de Guerrero, para el abastecimiento del mercado estadounidense”; por lo que, cabe cuestionar: “¿La DEA está implicada?”

Por su parte, el secretario particular de Luis Abarca, detalló a la Procuraduría General de la República (PGR) que el ex presidente municipal, le dijo que “estaba dormido” y no pasaba nada grave; no obstante, Abarca, giró instrucciones para que documentos clave fueran sacados del ayuntamiento e hizo los preparativos de un viaje a la Ciudad de México.

A su vez, la versión pública del expediente del caso Iguala revela que autoridades federales y estatales escondieron información para cuadrar la llamada “verdad histórica”; en ese sentido, la noche en que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados masivamente por policías de Iguala y Cocula no sólo murieron 6 personas, revela la versión pública del expediente del caso; al respecto, el Servicio Médico Forense de Guerrero recogió un número indeterminado de cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala la madrugada del 27 de septiembre, establece un parte informativo del Ejército mexicano; no obstante, hasta ahora sólo se tenía conocimiento de la muerte de seis personas: dos normalistas en las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte; uno en el Camino del Andariego; un jugador de “Los Avispones” y una mujer en el cruce de Santa Teresa; y el chofer del autobús del equipo de futbol en el hospital.

 

Redacción. Huellas de México

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Violaciones, tortura y muerte, ‘deporte’ de algunas ‘fuerzas del orden’

Ciudad de México a 30 de agosto.- Distintos abusos en contra de la población son cometidos por las fuerzas de seguridad mexicana; no obstante, muchas normatividades estatales califican de delitos menores diversos tipos de violaciones.

Tras el asesinato de dos jóvenes tabasqueños presuntamente cometidos por elementos de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso; al respecto, el pasado domingo, en la colonia Las Águilas, en Villahermosa, dos jóvenes fueron asesinados en un ataque de probables miembros de la PF, al ataque sobrevivieron dos personas, quienes, junto con testimonios de los vecinos, aseguran que fueron dos personas quienes bajaron de una camioneta de dicha dependencia federal quienes los atacaron.

A su vez, Yolanda G., una joven de 25 años, originaria de Chihuahua, acusó a militares de abuso sexual; “si le dices a tu familia se van a la cárcel o desaparecen”, amenazan mandos castrenses a Yolanda; en ese sentido, la joven lleva uno año de ir a terapia, luego que “en uno de sus constantes viajes en una de las carreteras de Ciudad Juárez sufriera tocamientos por parte de un militar y después una violación sexual perpetrada por otro”. “Su trabajo como promotora de medicamentos la llevaba a viajar de una ciudad a otra constantemente, pero al adquirir un automóvil comenzó a trasladarse por su cuenta a los puntos más cercanos. Eran las seis de la tarde cuando fue detenida, le pidieron bajar de una manera amable y ella accedió en seguida, revisaron el carro y uno de ellos le dijo que tenía que someterla a una revisión”.

Además, en el poblado El Dorado en Sinaloa, un menor de edad, que después fue calificado como ‘narcomenudista’ por la Marina, sin que pudieran comprobar nada, fue asesinado por los elementos, que le dispararon por la espalda; en ese sentido, Miguel Ángel de 17 años, “iba en su motocicleta, cuando se encontró con marinos que patrullaban en dos unidades oficiales por las calles de la comunidad”; al respecto, los habitantes, narran que las fuerzas de la Armada llevaban días recorriendo el territorio.

Mientras tanto, en México no existe un registro sobre el número de casos de tortura debido a que en los estados “no se cuentan así o porque los califican como delitos menores, por lo que es imposible conocer la gravedad del problema pese a que organismos internacionales lo han calificado como una práctica generalizada en el país”; por lo que, la analista TaniaL.Montalvo considera que: “el Congreso deberá crear y aprobar en menos de 100 días una Ley General contra la Tortura que sea parte de los cambios constitucionales aprobados en junio al artículo 73 que faculta al Legislativo para emitir leyes sobre desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.


Redacción. Huellas de México

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Peña inaugura cuartel y resalta el respaldo de las Fuerzas Armadas

México a 22 de septiembre.- Frente a los actos que vulneran las libertades o que lesionan el Estado de derecho, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son un firme respaldo institucional para asegurar el respeto a la ley y recuperar la paz y la tranquilidad, aseveró el Presidente Enrique Peña Nieto.

En la ceremonia de abanderamiento del 108 Batallón de Infantería e inauguración de sus instalaciones, dijo: “A nivel nacional la coordinación y colaboración interinstitucional ya han mostrado su eficacia reflejándose en importantes reducciones en la incidencia de los delitos más relevantes como son los homicidios, los secuestros o las extorsiones”.

El mandatario federal recordó que en esta administración se han construido seis cuarteles de la Defensa Nacional y cinco más están en proceso de edificación.

Llamó a las fuerzas armadas a continuar desempeñando su labor con lealtad y con honor para reducir los índices de violencia y los delitos que más lastiman a la población, a continuar con su misión de fortalecer el Estado de derecho y contribuir a lograr un México en paz.

“Mantengan con su conducta ejemplar la honorabilidad y prestigio que distinguen a nuestras fuerzas armadas”, y los convocó a sentirse orgullosos de servir al país en estos tiempos de cambio y transformación nacional.

 

Fuente: Notimex

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Sedena aplica control de confianza a militares, pero hay abusos sin aclarar

Ciudad de México a 5 de agosto.- La actuación de las fuerzas armadas en el país atraviesa na crisis de legitimidad, luego de presuntos abusos de poder que no han sido aclarados por las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional, atraviesa un proceso de pruebas de control de confianza para todos los mandos militares desplegados en el territorio nacional; cabe destacar que los generales del Ejército realizan periódicamente este tipo de exámenes, especialmente para las zonas donde el crimen organizado tiene alta presencia, indicó El Universal.

No obstante, pese a que la obligación del Estado mexicano, es respetar y hacer cumplir las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos y cada uno de los mexicanos, la cruenta realidad revela que la violencia, corrupción e impunidad, han abatido al Estado y las instituciones que lo componen; al respecto, el caso de Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo, un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal (PF) contra supuestos criminales, que dejó al menos 42 hombres muertos –aunque el número está en entredicho puesto que los familiares de la víctimas, aseguran que fueron más de 50–, mostrando que algo no está bien con un Estado que no responde a las necesidades de información ni a las exigencias de los ciudadanos para transparentar la actuación de las autoridades en todos sus niveles, publicó Sinembargo.

Mientras tanto, una juez penal dictó auto de formal prisión contra el comandante de la Fuerza Rural y líder de las autodefensas en Aquila, Cemeí Verdía, por el delito de robo calificado; no obstante, Verdía fue exonerado del delito de homicidio calificado y lesiones, que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), le adjudicó por la muerte de cuatro presuntos integrantes del ‘Cártel de Los Caballeros Templarios’. Dichas muertes se registraron durante un enfrentamiento con autodefensas al mando de Verdía, el pasado 26 de mayo en Aquila.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Conclusiones imprecisas de PGR sobre Ayotzinapa; más acusaciones vs militares

Ciudad de México a 24 de julio.- Mientras se sigue buscando armar el rompecabezas con los pedazos inconclusos de la denominada verdad histórica y el presunto involucramiento del ejército, el gobierno entrega paliativos para contener el conflicto social en Guerrero, donde se cocina un hervidero de injusticia e impunidad; por su parte, los militares se deslindan de las acusaciones en su contra; no obstante, diversos testimonios afirman que el otrora “Ejército del pueblo” ahora está contra el pueblo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió fallas y omisiones en las diligencias ministeriales del caso Ayotzinapa; al respecto, luego de la comparecencia de nueve militares, la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) está ‘‘incompleta’’, sentenció el ombudsman, Luis Raúl González Pérez. Por lo que, el organismo sugiere la ampliación de la declaración de nueve militares, argumentando que hay etapas no concluidas en la acción pericial, así como diligencias aisladas en el video presentado por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con el cual llegó a la ‘‘verdad histórica’’ de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero. En ese sentido, la CNDH, afirmó que el video, con testimonios de algunos involucrados, no reúne los requisitos legales para estimarlo en una construcción de hechos.

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación puso en marcha la Caravana de Atención Integral y Prestación de Servicios en Chilapa, Guerrero para atender a los familiares de las personas desaparecidas en ese municipio, en abril pasado. La dependencia ofrecerá a los familiares de las víctimas programas como “65 y más”, “Prospera” y “Seguro de Vida”, además de que estará una Unidad Móvil de la SSA.

Por su parte, el mando especial para la seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola Ramírez, reiteró que no se permitirán más grupos de civiles armados ni autodefensas en el estado. Gurrola afirmó, “nosotros no vamos en contra de todos los autodefensas, sino en contra de aquellos que infrinjan la ley, sea quien sea y si encontramos a civiles armados en flagrancia pues sí vamos a actuar”; asimismo, negó que el ejército haya matado a un menor de la comunidad de Ostula en Aquila; en ese sentido, agregó el mando especial: “A mi parecer, sí existen grupos que quieren manchar al Ejército y culparlo de la muerte de un menor”.

No obstante, “desde diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a las fuerzas armadas del país de sus cuárteles y lanzarlas en una guerra contra el narcotráfico, la imagen del Ejército mexicano ha perdido el brillo y el respeto que le caracterizaron por décadas, al ser ”, indicó Sinembargo; “Nueve años después, el Ejército mexicano se ha convertido en el blanco de incesantes críticas y en el malo de una película traumática de la que nadie quería que fuera protagonista, pero los gobiernos del panista Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, quien a pesar de las promesas de cambio siguió la misma estrategia de Calderón en la lucha contra el crimen, lo han puesto al frente de un reparto donde sobresale de manera significativa porque, además, no parece que el Gobierno federal y los civiles que están a cargo hayan puesto el énfasis que la emergencia nacional demanda en la profesionalización de policías y mucho menos en los altos niveles de corrupción que han invadido a los diversos cuerpos de seguridad civiles”, añadió el portal .

 

 

Redacción. Huellas de México

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Nuevos testimonios contradicen al ejército: militares sí atacaron en Aquila

Ciudad de México a 22 de julio.- En el país de la impunidad, en donde los militares difícilmente son presentados a rendir cuentas, los crímenes que involucran a menores, se constituyen como un atentado en contra de los derechos humanos de los niños y adolescentes; por lo que, los hechos recientes en la comunidad de Ostula en Aquila, Michoacán y en Calera, Zacatecas, preocupan a organizaciones civiles que exige se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, las autoridades de Santa María Ostula desmintieron la versión oficial que sostiene que los militares realizaron “disparos al aire” en el operativo del 19 de julio; por su parte, Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia municipal y vocero de Ostula, negó que los militares que se desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria, Semeí Verdía, hayan hecho “disparos al aire”, por el contrario afirmó que los mandos castrenses dispararon contra los comuneros para que se dispersaran.

Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, señaló que ante los hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, en donde acciones de militares se presume participaron en la desaparición y ejecución de siete personas y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano que dispararon contra civiles , con saldo de un niño muerto y varios heridos, urge que: “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”; en ese sentido, luego del reciente el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez considera que estos hechos son: “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.

En ese sentido, según el estudio que el Índice Global de Impunidad (IGI), México está clasificado entre los cinco países con más alto índice de impunidad; al respecto, el exceso de policías, falta de jueces, un sistema penitenciario deficiente donde 46% de los presos no tiene sentencia, con rangos muy altos de ejecuciones extrajudiciales sin castigo, así como corrupción, son algunas de las características que le valieron para ser evaluado como uno de los países con más impunidad. El IGI analizó 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales sólo 59 fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Mientras tanto, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con sede en la ciudad de Morelia, dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del exvocero de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde; al respecto, de la nueva sentencia Talía Vázquez y Salvador Molina, abogados del doctor Mireles detallaron que fue establecida por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de que se desecharon los delitos contra la salud y delincuencia organizada a José Mireles.

Por su parte, la Red por delo Derechos de la Infancia (Redim), señaló como “inadmisibles los ataques y ejecuciones extrajudiciales de niñas, niños y adolescentes a manos de policías y militares”; para Redim es urgente la revisión del por qué no se están aplicando los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos policiacos y militares donde se encuentran niñas, niños y adolescentes. Al respecto, el asesinato de un niño de 12 años, además de cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña de 6 años y un adolescente de 17 años de edad durante el presunto ataque de elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán. En ese sentido, el “Grupo de Coordinación Michoacán” ha reconocido y lamentado este ataque en contra de población civil. Sumado a estos reprobables hechos, el pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas a manos de los militares del 97 batallón de infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; lo que aporta evidencia de ejecución extrajudicial.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Imputan nuevo cargo contra Mireles para mantenerlo en prisión

Morelia, Michoacán, 21 de jul.- José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, recibió un nuevo auto formal prisión por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, informaron sus abogados Talía Vázquez y Salvador Molina.

En conferencia de prensa, los abogados revelaron que el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con sede en la ciudad de Morelia, dicto la nueva sentencia contra el líder de las autodefensas.

“Este día se dio a conocer que José Manuel Mireles recibió un nuevo auto formal prisión por el delito de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, después de que se desestimaron los delitos contra la salud y delincuencia organizada”, dijo Vázquez.

En tanto, Mireles continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social  (Cefereso) Número 11, en Hermosillo, Sonora,durante el tiempo que dure el proceso, el cual es indefinido.

Asimismo, indicó que a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) se promulgó en el desistimiento de la orden de ampra, “sigue con el afán de crearlo como un preso del sexenio ya que no hubo sustento en los otros dos delitos que se le imputaban”.

Cabe recordar que el pasado 3 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se desiste del amparo en contra de José Manuel Mireles Valverde, ex líder comunitario de Tepalcatepec y fundador de las autodefensas en Michoacán.

 

Fuente. 24-horas.mx
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Aureoles expresa su apoyo al ejército tras hechos en Ostula

Silvano aureoles, gobernador electo de Michoacán, quien se reunió en las instalaciones de la 21 zona militar con el mando especial de seguridad para la entidad, Pedro Felipe Gurrola, refrendó su respaldo al Ejército y dijo estar interesado sobre los detalles del enfrentamiento ocurrido la tarde de ayer, hechos que dejaron como saldo a un niño muerto y cuatro heridos .

“Esto simplemente no puede seguir ocurriendo en Michoacán; es necesario construir las condiciones de seguridad idóneas para que los ciudadanos tengamos paz”, consideró.

El motivo de esta reunión donde también estuvieron presentes el General de Brigada y comandante de esta Zona, José Francisco Morales Cázares; Florentino Coalla Pulido, Delegado de la Secretaría de Gobernación; el Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Armando Del Río Leal y el responsable del equipo del gobernador electo, Adrián López Solís; fue dar seguimiento a los trabajos que desarrolla en Michoacán el Ejército Mexicano, tanto en materia de seguridad como de apoyo social.

Reconoció que la situación no es fácil pero con un trabajo coordinado, “podremos generar las condiciones para que Michoacán salga adelante”.

La comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja sobre el ataque a la población. Por instrucciones del Ombudsman Luis Raúl González, el segundo visitador general, Enrique Guadarrama, encabeza el equipo de tres visitadores adjuntos y dos peritos, quienes se trasladaron a Michoacán para iniciar las averiguaciones.

 

 

 

Fuente: El Economista

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Peña Nieto respalda actuación de las fuerzas armadas

Por más que algunos se empeñen en manchar el esfuerzo y labor de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina trabajan todos los días en favor de la seguridad de los mexicanos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Es de reconocer, como mexicanos, que nuestro Ejército y Marina, trabajen todos los días con esmero y dedicación diaria en favor de los mexicanos”, expresó el mandatario al destacar la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción de un ambiente de paz, armonía y tranquilidad.

Al inaugurar la Ciudad de las Mujeres en Tlapa, Guerrero, destacó que este modelo en el que se brindarán diferentes servicios, se replicará en otros estados ya que las mujeres son el motor para que México avance y genere mejores condiciones.

 

 

 

Fuente: Notimex

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Con balas de goma y gases repliegan a padres de los 43 en cuartel de Iguala

Iguala, Guerrero, 15 de jul.- Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron una marcha este miércoles por las avenidas principales del municipio de Iguala para exigir la apertura de los cuarteles militares y la presentación con vida de los estudiantes, quienes desaparecieron hace más de nueve meses.

La movilización inició alrededor de las 10:30 horas en el periférico oriente de esa ciudad de Guerrero en donde el 26 de septiembre policías municipales atacaron y detuvieron a los normalistas.

Una media hora después, la marcha llegó a las afueras del 27 Batallón de Infantería, donde los manifestantes quitaron los candados de seguridad de la puerta principal y removieron vallas de seguridad.

Cuando pretendían ingresar al cuartel, policías antimotines lanzaron gas lacrimógeno y encararon a normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Durante 10 minutos hubo un conato de enfrentamiento.

“No nos queda duda de la participación del Ejército mexicano”, dijo uno de los padres.

‎Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas, afirmó que la marcha y protesta es para “recordarle” a la población de Iguala lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre, y que la violencia no se ha detenido en el estado de Guerrero.

“Queremos exigir la apertura de los cuarteles para buscar a los 43 futuros profesores, hoy por eso a la puerta de este cuartel venimos a decir que tienen que abrir las puertas para que los compañeros expertos de la Comisión Interamericana hagan su revisión”, declaró

Por su parte, Vidulfo Rosales, representado jurídico e integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dio que su movilización no se detendrá hasta localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y “ver tras las rejas” a los involucrados, dijo.

“Tomaremos cada plaza, tomaremos cada municipio para seguir demandando a nuestras autoridades a nuestros jóvenes, no es posible que Iguala, nuestros pueblos sean tumbas en donde se sepulta y desaparecen sin responsabilidad”, afirmó Rosales.

 

 

Fuente. CNNMéxico

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Cuando ordenen, el ejército deja las calles; pero a cuarteles no entran: Cienfuegos

Ciudad de México, 9 de jul.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, continúa en el ojo del huracán tras la polémica desatada por la violenta participación de las fuerzas armadas en el combate el crimen en México; el militar, visiblemente molesto, se manifiesta a favor de legislar acerca de la participación de las fuerzas armadas, y aclara que en cuento reciba la orden de abandonar las calles, se cumplirá con prontitud.

 

El dócil periodista de Excélsior, Fernández Menéndez, realizó una nueva entrevista al general Cienfuegos, en medio de la polémica internacional que existe por las presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; el reconocido militar afirma que uno de los grandes problemas es que en muchos lugares la policía es ineficiente o simplemente no existe, motivo por el cual han tenido que sumarse a las labores de seguridad, descalificando implicitamente a las demás instituciones de seguridad.

No obstante, Cienfuegos afirma que el ejército nunca ha tenido aspiraciones políticas, por lo que serían los primeros en aplaudir la orden de regresar a los cuarteles, situación que se podría cumplir el mismo día que se ordene, señaló.

Es interesante también la declaración del titular de la Sedena, quien afirma en entrevista que no es la primera vez que el ejército forma parte de las actividades policiales, por lo que se manifestó confiado, reiterando que se tiene experiencia al respecto; habrá que preguntarle a que casos se refiere, no vaya a estar hablando de la Guerra Sucia que desataron en Guerrero, desapareciendo y ejecutando a cientos de personas realizando presuntas actividades policiales, cabe recordar que Cienfuegos fue Jefe de Estado Mayor del 27 Batallón del ejército, en los tiempos que Arau Cámara era el comandante del batallón 27, militar que está incluido en los expedientes de la Guerra Sucia documentados por la Comisión de la Verdad.

Otra de las novedades que se ponen de manifiesto en la entrevista, es el rechazo absoluto a que los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa ingresen a los cuarteles militares, afirmando que es algo que no se va a permitir, pues “no tiene fundamento”; cambiando el discurso que se había manejado, de que podían entrar a revisar lo que quisieran, como se afirmó meses atrás.

Respecto al escándalo por las órdenes explícitas de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, el general afirmó que “alguien”, sin entrar en detalles de quien, cambió el sentido de la orden original, la cual debió haber sido “abatir homicidios perpetrados por los delincuentes en horas de oscuridad”, afirma el castrense.

No obstante dicha explicación, también ha despertado fuertes críticas; Romero Vadillo de SinEmbargo, lo describe como una “ridícula discusión semántica”, ironizando sobre lo culto del lenguaje que ahora los militares pretenden aparentar, siendo que en decenas de documentos y comunidades oficiales, la palabra “abatir” se usa como sinónimo de asesinar; “una ridiculez, porque sin duda la orden ha sido dejar tendidos a los presuntos delincuentes, pero en charcos de sangre”.

En el artículo también se hace referencia a la segunda entrega del estudio sobre el índice de letalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, en esta guerra contra el crimen, investigación en el que llevan años trabajando Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, y en la cual se concluye la lógica de guerra implementada por el ejército en el ámbito civil.

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

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CNDH emite medidas cautelares a Sedena por órdenes de ‘abatir’

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se precise el término “abatir delincuentes en horas de oscuridad” contenido en la orden de mando recibida por el grupo militar involucrado en los hechos de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército.

También solicitó que les sea entregado el documento íntegro que hace unos días hizo público el Centro Pro de Derechos Humanos, y en el cual se señala que la orden recibida por el grupo soldados para los operativos de vigilancia en esa zona era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, informó además que ha solicitado a la Sedena emita medidas cautelares para que se evite imprecisiones o ambigüedades en ese término que ha sido cuestionado.

Entrevistado al término de su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por El Colegio de México, el ombudsman nacional dijo que la Comisión Nacional no conocía el texto que hizo público el Centro Pro, pero que ese mismo día le fue entregado.

 

 

Fuente. LaJornada

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Caso Tlatlaya: Encendida polémica por el significado de ‘abatir’

Ciudad de México, 6 de jul.- En un lío internacional se ha metido el gobierno y ejército mexicanos tras una serie de comunicaciones secretas del ejército expuestas al público por un grupo de organizaciones de derechos humanos, y posteriormente alentadas por otros documentos confidenciales expuestos por la revista Proceso sobre el caso Tlatlaya, lo que ha provocado la condena internacional desde la ONU hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes exigen una amplia investigación y explicación al respecto, no obstante aún se permanece a la espera de explicaciones que deberían al menos ser de tanto peso como las graves acusaciones emitidas.

 

¿Fue el ejército?

Fue el jueves pasado que organizaciones sociales encabezadas por el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitieron una conferencia de prensa para presentar una investigación realizada acerca del caso de 23 personas ejecutadas por el ejército en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, concluyendo con base en testimonios y documentos oficiales, que los militares involucrados tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, lo cual se ha vuelto el centro de la polémica.

Las organizaciones expusieron los documentos obtenidos a través de un proceso de amparo de la víctima y en el cual se exponen las órdenes vertidas por la 22 zona militar del Estado de México, quien emite la instrucción de “abatir”; por lo que calificaron como una prueba irrefutable de que altos mandos del ejército emiten este tipo de órdenes. lo que vendría también a corrobar el porque de la generalización de los abusos de poder cometidos por las fuerzas castrenses.

Reforzando dichas acusaciones, la revista Proceso publica en su más reciente edición, como nota principal una investigación de GloriaLeticiaDíaz, titulada “En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto”; donde afirman haber tenido acceso a documentos confidenciales, que vienen a ratificar que las acciones militares nocturnas contra el crimen, es parte de la estrategia federal implementada.

En el documento confidencial referido, se detalla ampliamente la estrategia que se deberá implementar en el combate al crimen organizado de parte de las fuerzas armadas; en él se viene a exponer que los polémicos operativos nocturnos estaban ya enmarcados en una estrategia nacional: “Basados en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”, se indica en el documento referido.

De igual forma en otra parte del documento se exponen órdenes que pudieron haber servido de justificación para la matanza: “En caso de ser agredidos por delincuentes con armas ‘de alto poder destructivo’, se ordena ‘emplear todo el armamento disponible a fin de (…) eliminar la amenaza, en forma tal que se garantice la integridad física del personal militar’.

Resalta la ambigüedad de los términos e instrucciones, donde no se expone limitación alguna en caso de rendición o presencia de civiles, además de dejar sin aclarar a que se refieren con “armas de alto poder destructivo”.

En el mismo documento también se exponen las recomendaciones para incrementar los dispositvos de seguridad en carreteras y zonas de amplia incidencia delictiva.

 

La respuesta de la Sedena

El general Cienfuegos no ha respondido aún por cada uno de los señalamientos vertidos en contra de la Sedena, este fin de semana estuvo solo practicamente, sin la presencia del ejecutivo, en la entrega de condecoraciones del Ejército, aunque refrendó “el líderazgo y guía” del presidente Peña Nieto, como apuntó CuartoPoder.

La Sedena unicamente se ha limitado a responder las acusaciones a través de un escueto comunicado donde afirman que en el mismo documento expuesto por las organizaciones, se incluyen instrucciones explícitas de salvaguardar los derechos humanos, como relata LaJornada.

No obstante en la conferencia de prensa del jueves pasado, ya habían hablado de dichas instrucciones de la Sedena, manifestando que representan una contradicción con la clara instrucción de “abatir”.

 

Significado de abatir; matar o desalentar

A pesar de las acusaciones respaldadas por organismos internacionales, aún hay quien opina que abatir no significa necesariamente asesinar, así lo expone el “periodista” JorgeFernándezMenéndez en su artículo, “Tlatlaya: no hubo orden de abatir”, donde afirma que “ese abatir, como está utilizado en el párrafo, puede servir como cualquiera de sus sinónimos: derribar, hundir, derrumbar, derrocar, tirar, tumbar, volcar, inclinar, vencer, humillar, desalentar”.

No obstante suena bastante inversímil la justificación del columnista estelar de Excelsior, más aún considerando que el reporte entregado por los militares que orquestaron el operativo en Tlatlaya, fue precisamente que se había logrado “abatir” a 18 delincuentes, cifra que posteriormente subieron a 22.

Por este motivo la gran mayoría coincide en que el “abatir” del ejército, significa matar, asesinar, ejecutar, tal y como considera Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien argumentó que “el mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”; como describe ElEconomista.

Incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, se ha manifestado ya también al respecto, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, quienes instan a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones, advirtiendo que “las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”, como publicó ElSiglodeTorreón.

ElInformador también recapitula la reacción de Amnistía Internacional, respetado organismo mundial que ha emitido un comunicado exigiendo a las autoridades mexicanas “actuar con urgencia”, solicitando también al presidente de México definir su posición al respecto: “Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.

En ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también lamentó la lentitud del proceso judicial, por lo que emitió un exhorto para que “inicie cuando antes el proceso”, pues también se ha tornado sospechoso el retraso del mismo.

 

Crisis política

Mientras tanto en el Senado de la república, diversas voces se pronunciaron a favor de retornar al ejército a los cuarteles, como relata la crónica de AndreaBecerril, quien cita a legisladores como Manuel Bartlett, quien acusó de absurdas las explicaciones de la Sedena: “Debe sancionarse a quien ordenó abatir, en lugar de estar dando explicaciones absurdas, sentenció el senador de oposición.

Asimismo en LaJornada se hace un análisis del proceso legislativo por medio del cual se pretendía regular la actividad del ejército en las actividades policiales; lo cual, precisamente se congeló debido a que la Sedena pretendía tener atribuciones casi de independencia para poder llevar a cabo sus operaciones en total opacidad y falta de rendición de cuentas. Según el relato, la Sedena habría sido quien terminó parando la ley, “por ello, ‘extraña’ el reciente llamado del secretario de la Sedena para que el Congreso legisle y otorgue un marco jurídico que de certeza a las fuerzas armadas en la tarea de combatir a la delincuencia organizada”.

Por su parte la Secretaría de Gobernación criticó la presencia de una de las víctimas en la conferencia de prensa del jueves, así lo externó el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, quien advirtió que “ellos tienen razón en que hay que ser cuidadosos y conviene que ellos (Centro Pro) también sean cuidadosos en esta parte”, como se publica en la nota de FabiolaMartínez.

El funcionario confirmó también que estarán informando puntalmente de las medidas cautelares, que ya han sido emitidas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso aún merece mucho mayores aclaraciones oficiales, pues las acusaciones son contundentes y de gran peso; periodistas como SanJuanaMartínez han profundizado en la cadena de mando, afirmando que la cadena de responsablidades, “esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa”; acusando también la responsabilidad de Osorio Chong, afirmando que esta no es la única masacre cometida por el presente gobierno, por lo que hace también un llamado a poner en claro la estrategia del estado.

 

David Galeano. Huellas de México

 

 

 

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