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Ejecutan a dos secuestradores detenidos en Tabasco, fiscalía investiga

Villahermosa, 15 de ago.- Tras el enfrentamiento entre policías estatales y presuntos delincuentes en el que murieron ocho personas, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que investiga la muerte de dos presuntos secuestradores.

En la refriega registrada ayer en Villahermosa fallecieron tres policías y cinco supuestos plagiarios.

La versión de las autoridades tabasqueñas es que las víctimas perecieron en medio del enfrentamiento cuando los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local frustraron el secuestro de un empresario.

Sin embargo, usuarios de redes sociales compartieronimágenes en las que se ve el momento en el que los agentesdetuvieron y se llevaron con vida a dos de los presuntos secuestradores – una mujer y un hombre-, quienes minutos después aparecieron con un tiro en la cabeza.

La SSP admite que los capturaron con vida, pero que fallecieron mientras se esperaba el arribo de la ambulancia.

En un escueto comunicado, la Fiscalía asegura que ya investiga los hechos.

FGE informa que con fecha 14 de Agosto de 2015, inició la Averiguación previa DGI-293/2015, a fin de investigar los hechos que provocaron la muerte del C. Daniel Tadeo de la Cruz Martínez y una persona del sexo femenino de 28 años de edad aproximadamente, quien actualmente permanece en carácter de desconocida en el SEMEFO de esta Institución y proceder en consecuencia al deslinde de responsabilidad conforme a derecho”, dice el comunicado.

 

Fuente. excélsior.com.mx

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Sedena aplica control de confianza a militares, pero hay abusos sin aclarar

Ciudad de México a 5 de agosto.- La actuación de las fuerzas armadas en el país atraviesa na crisis de legitimidad, luego de presuntos abusos de poder que no han sido aclarados por las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional, atraviesa un proceso de pruebas de control de confianza para todos los mandos militares desplegados en el territorio nacional; cabe destacar que los generales del Ejército realizan periódicamente este tipo de exámenes, especialmente para las zonas donde el crimen organizado tiene alta presencia, indicó El Universal.

No obstante, pese a que la obligación del Estado mexicano, es respetar y hacer cumplir las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos y cada uno de los mexicanos, la cruenta realidad revela que la violencia, corrupción e impunidad, han abatido al Estado y las instituciones que lo componen; al respecto, el caso de Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo, un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal (PF) contra supuestos criminales, que dejó al menos 42 hombres muertos –aunque el número está en entredicho puesto que los familiares de la víctimas, aseguran que fueron más de 50–, mostrando que algo no está bien con un Estado que no responde a las necesidades de información ni a las exigencias de los ciudadanos para transparentar la actuación de las autoridades en todos sus niveles, publicó Sinembargo.

Mientras tanto, una juez penal dictó auto de formal prisión contra el comandante de la Fuerza Rural y líder de las autodefensas en Aquila, Cemeí Verdía, por el delito de robo calificado; no obstante, Verdía fue exonerado del delito de homicidio calificado y lesiones, que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), le adjudicó por la muerte de cuatro presuntos integrantes del ‘Cártel de Los Caballeros Templarios’. Dichas muertes se registraron durante un enfrentamiento con autodefensas al mando de Verdía, el pasado 26 de mayo en Aquila.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Nuevos testimonios contradicen al ejército: militares sí atacaron en Aquila

Ciudad de México a 22 de julio.- En el país de la impunidad, en donde los militares difícilmente son presentados a rendir cuentas, los crímenes que involucran a menores, se constituyen como un atentado en contra de los derechos humanos de los niños y adolescentes; por lo que, los hechos recientes en la comunidad de Ostula en Aquila, Michoacán y en Calera, Zacatecas, preocupan a organizaciones civiles que exige se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, las autoridades de Santa María Ostula desmintieron la versión oficial que sostiene que los militares realizaron “disparos al aire” en el operativo del 19 de julio; por su parte, Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia municipal y vocero de Ostula, negó que los militares que se desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria, Semeí Verdía, hayan hecho “disparos al aire”, por el contrario afirmó que los mandos castrenses dispararon contra los comuneros para que se dispersaran.

Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, señaló que ante los hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, en donde acciones de militares se presume participaron en la desaparición y ejecución de siete personas y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano que dispararon contra civiles , con saldo de un niño muerto y varios heridos, urge que: “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”; en ese sentido, luego del reciente el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez considera que estos hechos son: “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.

En ese sentido, según el estudio que el Índice Global de Impunidad (IGI), México está clasificado entre los cinco países con más alto índice de impunidad; al respecto, el exceso de policías, falta de jueces, un sistema penitenciario deficiente donde 46% de los presos no tiene sentencia, con rangos muy altos de ejecuciones extrajudiciales sin castigo, así como corrupción, son algunas de las características que le valieron para ser evaluado como uno de los países con más impunidad. El IGI analizó 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales sólo 59 fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Mientras tanto, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con sede en la ciudad de Morelia, dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del exvocero de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde; al respecto, de la nueva sentencia Talía Vázquez y Salvador Molina, abogados del doctor Mireles detallaron que fue establecida por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de que se desecharon los delitos contra la salud y delincuencia organizada a José Mireles.

Por su parte, la Red por delo Derechos de la Infancia (Redim), señaló como “inadmisibles los ataques y ejecuciones extrajudiciales de niñas, niños y adolescentes a manos de policías y militares”; para Redim es urgente la revisión del por qué no se están aplicando los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos policiacos y militares donde se encuentran niñas, niños y adolescentes. Al respecto, el asesinato de un niño de 12 años, además de cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña de 6 años y un adolescente de 17 años de edad durante el presunto ataque de elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán. En ese sentido, el “Grupo de Coordinación Michoacán” ha reconocido y lamentado este ataque en contra de población civil. Sumado a estos reprobables hechos, el pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas a manos de los militares del 97 batallón de infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; lo que aporta evidencia de ejecución extrajudicial.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Ofende a la SRE críticas de EU sobre DDHH; pero calla atrocidades en México

Ciudad de México a 26 de junio.- En el marco de la jornada Ayotzinapa que expresa la falta de justicia y respuestas para los padres de 43 estudiantes desaparecidos, se publicó el incómodo informe de Washington denominado “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014”, el cual es elaborado por el departamento de estado de Estados Unidos; al respecto, el documento hace un recuento de los hechos ocurridos en México y califica como graves los problemas de derechos humanos que se viven en el país.

En ese sentido, el reporte refiere que el año pasado, hubo numerosos reportes de que el gobierno mexicano o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, casi siempre con impunidad, la misma con la que grupos del crimen organizado fueron también responsables de varios asesinatos, casi siempre vinculados a corruptos oficiales del Estado, locales o de seguridad.

Además, el informe de Estados Unidos concluye que: “México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos participación de policías y militares en serios abusos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico.” La impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas, particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas, lo que limita la libertad de expresión”, señala el reporte.

En respuesta a las conclusiones del reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de México representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que es un ejercicio unilateral que debe ser revisado; “no obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el Gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”, sentenció la SRE.

Por su parte, los padres y familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa consideran que “el Gobierno apostó al olvido y minó protestas”; pero “la lucha sigue”, dicen después de nueve meses desde que desaparecieron los normalistas; aunque, sus padres han llevado la denuncia por todo el mundo, para el Gobierno mexicano la “verdad histórica” es que los normalistas fueron asesinados y quemados entre el 25 y 26 de septiembre de 2014.

Respecto a la investigación de la Procuraduría General de la República(PGR) en el caso Ayotzinapa, la fiscalía aseguró la sede de la Policía Municipal de Iguala; en el operativo, unos 40 empleados de la PGR inspeccionaron y colocaron sellos en las instalaciones de la Policía de Iguala; sin embargo, de acuerdo con vecinos, la comandancia en Iguala fue abandonada desde hace 15 días; por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) indicó la semana pasada que no existen evidencias que confirmen que los normalistas desaparecidos fueron trasladados al inmueble de la Policía Municipal de Iguala como sostiene la versión de Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.

Asimismo, en la indagatoria la PGR ha ejercido acción penal en contra de 108 personas; 74 de ellas son integrantes de las policías municipales de Iguala y Cocula, quienes presuntamente participaron en la detención ilegal de los estudiantes y en su entrega a miembros del cártel delictivo Guerreros unidos.

Mientras tanto, las desapariciones forzadas continúan en Guerrero; al respecto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lleva un censo de casi 500 desapariciones en el estado; algunas datan de la llamada guerra sucia y muchas otras son de fechas recientes, como los 16 casos reportados apenas en mayo pasado en el municipio de Chilapa; no obstante, la CEAV detalló que la cifra va en aumento, “hay más desapariciones que encontrados’’.

Por su parte, el marco constitucional se renueva para atender las problemáticas en materia de seguridad y justicia; aunque, están en espera de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se crearon dos reformas en materia de seguridad y justicia que se encuentran ya en manos del presidente Enrique Peña Nieto; al respecto, los cambios implicaron que el Poder Legislativo modificara la Constitución, en sus Artículos 18 y 73; las modificaciones son en materia de justicia para adolescentes y sobre la desaparición forzada de personas. En ambos casos, se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes secundarias respectivas.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Ayotzinapa, Tlatlaya e incendio de asilo, adornan antifama de México en DDHH

Ciudad de México a 25 de junio.- El estado es acusado de omisión, contención y opacidad en la salvaguarda de los derechos humanos; lo que permite, que en México el menosprecio y la falta de justicia sean una constante que aparece con normalidad para la sociedad.

Los derechos humanos se ha vuelto una “carrera de obstáculos”, pero es el mínimo ético y el mínimo legal que se debe procurar, afirmó el Juez español Baltasar Garzón; en ese sentido, aseguró que en México, como en otros países los derechos humanos siempre han estado “en entredicho”, por lo que se debe trabajar para garantizar que se respeten.

Por lo que, Garzón, señala que es una “vergüenza” que a casi nueve meses de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no se haya dado una respuesta a los familiares; “Me he pronunciado varias veces sobre ese caso, es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, se algo que quede ahí, y hay que encontrar los mecanismos para que no solo las familias sean reparadas, sino para prevenir que no vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa”, comentó.

Además, con respecto al caso de Tlatlaya, Estado de México, en donde militares ejecutaron a 22 personas, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inay), rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar, porque se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense; por lo que, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado. El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Mientras tanto, el operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para contener las protestas sociales que se generaron tras la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores; asimismo, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015″, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otro lado, luego de la terrible tragedia en la que murieron 17 adultos mayores de un asilo en un incendio, el alcalde de Mexicali, indicó que las instalaciones estaban en buen estado; no había razones técnicas para que hubiera un cortocircuito o alguna situación de gas; por lo que, una de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades es que el incendio en el asilo de ancianos Hermoso Atardecer, fue provocado; “ El primer indicio que se tiene por el peritaje parecía indicar, por el lugar donde inició esto, pudiera haber una presunción (de que fue intencional), que ya está entregando la Procuraduría General de Justicia del Estado, estos resultados para su investigación”, detalló el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa.

 

 

Redacción. Huellas de México

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