XALAPA.- El gobernador Miguel Ángel Yunes rindió declaración ante enviados de la Procuraduría General de la República (PGR), a quienes entregó elementos de prueba de que el exgobernador Javier Duarte inició el mal manejo de las arcas estatales desde que era secretario de Finanzas.

En un comunicado de prensa, indicó que aportó documentos para proceder contra la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, más otros exfuncionarios estatales como lo había informado, con la intención de resarcir el daño patrimonial causado a Veracruz.

Yunes Linares señaló que su denuncia hace referencia a los tres círculos cercanos de Javier Duarte, familiares; colaboradores y aparentes empresarios “que realmente servían como cómplices para lavar dinero”, señala el documento.

Dijo que a raíz de que la PGR atrajo la investigación están detenidos Javier Duarte; Flavino Ríos, ex secretario de Educación y de Gobierno y ex gobernador sustituto, y los exsecretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de Finanzas, Mauricio Audirac y de Infraestructura y Obras Públicas, Francisco Valencia, y Gina Domínguez, coordinadora de Comunicación Social.

Refirió que en esa época, Karime Macías adquirió en Tucson, Arizona, una casa en el club de golf con valor superior a medio millón de dólares y la quisieron aparecer como donación de parte del padre de Karime Macías, y “logramos acreditar documentalmente, que la casa realmente fue adquirida por ella y por Javier Duarte”.

Xóchitl Tress Rodríguez, colaboradoras de Javier Duarte y con quien según la PGR el exmandatario sostendría una relación sentimental, salió libre tras pagar una fianza de 40 mil pesos, a pesar de que se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

Un juez autorizó canjear la pena de tres años de prisión que le había impuesto a la excolaboradora de Duarte por una multa de 40 mil pesos y le suspendió sus derechos políticos por los próximos tres años.

Tress Rodríguez aceptó entregar definitivamente sus bienes, los cuales suman cerca de cinco millones de pesos, como reparación del daño y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso que se sigue por desvío de recursos y lavado de dinero en contra de Javier Duarte.

La decisión de canjear la pena ocurre un día después de que Xóchitl Tress se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que abandonó el Penalito de Playa Playa Linda.

XALAPA.- Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, colaboradora del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y con quien según sostenía una relación sentimental, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que un juez de control la condenó a tres años de prisión.

A pesar de haberse declarado culpable, Tress Rodríguez está en posibilidad de salir en libertad, ya que puede pedir que le conmuten los tres años de prisión por una condena alternativa. Además se le suspendieron sus derechos políticos y civiles y fue inhabilitada para desempeñarse como funcionario público durante tres años.

Cabe señalar que durante la semana la Fiscalía General de Veracruz aseguró bienes inmuebles a Tress Rodríguez, quien fuera titular del Instituto de Espacios Educativos; asimismo, la acusó de enriquecimiento ilícito por lo que un juez le impuso prisión preventiva de dos años.

Tras 12 horas, la Procuraduría General de la República presentó 82 pruebas contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y pidió a un juez federal no dejarlo en libertad, porque, de lo contrario, se mandaría un mensaje de impunidad a gobernadores implicados en hechos de corrupción.

Por lo cual se le procesará formalmente por la vía penal por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue notificada por el juez Gerardo Moreno García, luego de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Norte.

Tras escuchar tanto a la defensa de Duarte como a los funcionarios de la PGR, el juzgador determinó que hay elementos suficientes para que el exmandatario sea procesado.

Sin embargo, de momento rechazó que Duarte sea trasladado a un penal federal de Morelos, como pedía la PGR.

Los datos que presentó la Procuraduría incluyeron la denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda por posibles irregularidades en Veracruz durante el gobierno de Duarte de Ochoa, declaraciones de tres de sus excolaboradores -Alfonso Ortega y José Juan Janeiro, considerados de su círculo cercano, así como Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública estatal-, dictámenes contables y copias de escrituras y contratos de compra venta de bienes presuntamente adquiridos con dinero desviado de las arcas veracruzanas.

En su momento, Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR y director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales, afirmó que “no hacerlo así es mandar el mensaje de que cualquier gobernador, por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedará exento de la justicia”.
La dependencia federal ha imputado a Duarte haber ordenado el desvío de mil 670 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales transfirieron el dinero a otras compañías de las mismas características, con el propósito de perder el rastro del dinero y destinarlo a los prestanombres del exmandatario, Moisés Mansur y Alfonso Ortega.
Entre los 82 datos de prueba exhibidos aparece el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro de Duarte y quien se acogió al criterio de oportunidad para colaborar con la dependencia en las investigaciones.

Durante la diligencia, la Procuraduría  incrementó el monto de los desvíos que se imputan al ex gobernador de Veracruz de 580 millones de pesos a mil 670 millones de pesos.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Alonso Israel Lira Salas, compareció en la diligencia para exponer a detalle cómo operaba la red de desvíos y lavado de dinero de Javier Duarte.

Durante su exposición afirmó que fue detectado un desvío mediante contrataciones que sumaron mil 670 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Educación de Veracruz; Servicios Diversos del gobierno estatal; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del estado y la Secretaría local de Salud.

Mañana sábado se llevará a cabo la segunda audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en la Primera Sala de Justicia Penal del Reclusorio Norte, la cual iniciará a partir de las 10:00 horas.
Será el domingo cuando el juez determine si vincula a proceso o no a Javier Duarte de Ochoa por uno o por los dos delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), tales como delincuencia organizada y lavado de dinero.
La defensa de Duarte de Ochoa solicitó la comparecencia, el testimonio o interrogatorio de Alfonso Ortega López, para que detalle en qué basa sus acusaciones contra el ex mandatario veracruzano, por lo que mañana será presentado.
Ortega López estuvo acusado injustamente por los desvíos de recursos del gobierno de Veracruz por lo que se le quitó la orden de aprehensión y llegó a un acuerdo con la PGR, por lo que ahora es el testigo principal del caso Duarte.
Algunos de los escenarios de la audiencia de Duarte son que se le retire el delito de delincuencia organizada y solo se sostenga el delito con recursos de procedencia ilícita. En este supuesto, la PGR podría solicitar su prisión preventiva en un reclusorio o penal federal, algo que apelaría la defensa.
Otro de los escenarios es que tampoco se sostenga el delito con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y se reconfigure el delito por peculado, por lo que la defensa podría solicitar su libertad bajo caución y pagar garantía.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría estar de regreso en México en aproximadamente 10 días, comentó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
Estimó que el proceso contra Duarte de Ochoa podría llevar poco más de un año y mencionó que por delincuencia organizada se prevé una penalidad de 15 a 20 años de cárcel, en tanto que por operaciones con recursos de procedencia ilícita es de entre cinco y 10 años de prisión.

En entrevista radiofónica, Elías Beltrán señaló que será el juez quien determine el penal donde se recluirá al exmandatario para enfrentar su proceso, pero “lo que nosotros estamos viendo es que sea uno de orden federal”.
Duarte de Ochoa se allanó hoy a la orden de aprehensión del orden federal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; de la misma manera que la semana pasada lo hizo a dos peticiones de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por cinco delitos, con lo que aceptó su extradición.
El subprocurador comentó que para el regreso de Duarte a México se deben cumplir con ciertas condiciones o requisitos administrativos tanto en el Poder Judicial, como administrativo por la Fiscalía General de la Nación y la cancillería de Guatemala.

El Consejo de Ministros de España autorizó la extradición a México de, Javier Nava Soria, presunto contador e integrante de la red de desvío de recursos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra detenido en Guatemala.

Nava Soria fue arrestado el 19 de abril pasado y se le imputan los delitos de pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero, al realizar “diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros”.

El exfuncionario del gobernador veracruzano supuestamente operó la red de empresas “fantasma” con las que se desviaron y lavaron más de 439 millones de pesos del erario estatal. En su momento, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 16 cuentas bancarias ligadas a esta presunta red de corrupción.

El ex contador de Duarte tiene orden de aprehensión librada por Gerardo Moreno García, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Nava Soria “fue localizado y detenido con fines de extradición en Cabrils, Barcelona”, por personal de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior del Reino de España. El pasado 21 de abril rechazó ser extraditado a México al comparecer ante la Audiencia Nacional Española.

En el organigrama de la red de lavado de dinero, las investigaciones federales apuntan a Moisés Mansur, empresario veracruzano, quien señaló en su testamento al ex gobernador como beneficiario de tres inmuebles en la Ciudad México.

Además, se encuentran el propio Nava Soria, así como Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, quienes están señalados como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante compañías “fantasma”.

GUATEMALA.— El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, ofreció la colaboración de su gobierno para agilizar la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras evalúa aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano.

El ministro aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el sábado pasado, cuando se ocultaba en un hotel del municipio de Panajachel, departamento occidental de Sololá.

Asimismo, el canciller dijo que el gobierno guatemalteco está listo para colaborar con su contraparte mexicana con el propósito de agilizar el proceso y concretar en los tiempos y términos de la ley la extradición del detenido.

Argumentó que se podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano si se comprueba que el ex gobernador Duarte adquirió propiedades en Guatemala.

Desde su vigencia, hace ocho años, el Estado guatemalteco ha recuperado por medio de juzgados específicos bienes, propiedades y recursos financieros significativos, que fueron obtenidos de manera ilícita por el crimen organizado y funcionarios corruptos.

Por la Ley de Extinción de Dominio se arrebataron fondos y bienes al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, detenidos por corrupción en septiembre y agosto de 2015, de manera respectiva, cuando su mandato concluiría el 14 de enero de 2016.

En tanto, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, coincidió en que la coordinación con autoridades mexicanas favoreció la marcha de la investigación que llevó a la captura de Duarte.

Indicó que se siguió de cerca al prófugo durante tres días hasta el sábado por la noche cuando se cumplió la orden de aprehensión contra Duarte, emitida por un juez guatemalteco.

Duarte, quien permaneció prófugo de la justicia mexicana durante seis meses, fue capturado el sábado pasado con fines de extradición a México, un proceso que podría durar entre dos y seis meses, según fuentes cercanas al caso.

El ex gobernador veracruzano comparecerá mañana miércoles ante un juzgado guatemalteco en una audiencia en que se le informará el motivo de su detención provisional con fines de extradición, solicitada a Guatemala por el gobierno mexicano.