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Inmigrantes padecen signos de esclavitud del medievo por EU y México

Ciudad de México a 28 de julio.- El trato hacia inmigrantes refleja políticas inhumanas por parte de los gobiernos que pese, a ser cuestionadas actualmente siguen practicándose.

En Estados Unidos, obligan a mujeres migrantes a usar grilletes electrónicos en un centro de detención; al respecto, en San Antonio Texas, en un centro de detención del sur se ha bloqueado el acceso de varias madres inmigrantes retenidas a asesoría legal y se les ha obligado a llevar grilletes electrónicos en los tobillos como condición para liberarlas; pese, a que los jueces han dejado claro que pagar sus fianzas sería suficiente, indicaron los abogados que representan a las mujeres; por lo que, activistas señalaron “la falta de transparencia, y por la desorganización, coacción y confusión” reflejada en las liberaciones recientes, según una carta enviada el lunes a Sarah Saldaña, directora del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Además, la violencia en México, junto con los intereses de privados, han desplazado cientos de familias; en Chiapas, el gobierno estatal gastó más de 3.9 millones de pesos para auxiliar a personas desplazadas de sus tierras; no obstante, omitió atender tres casos urgentes visibilizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Se trata de 110 familias desplazadas de las comunidades Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés, que a pesar de formar parte de la campaña civil Rostros del Despojo –que busca el retorno pacífico a sus hogares– permanecen en total vulnerabilidad. Para la organización de derechos humanos, el desplazamiento se agravará en los próximos meses, en consecuencia de las llamadas reformas estructurales que alientan el despojo. Cabe destacar que, en 4 años, 281 mil personas fueron desplazadas en México por la violencia.

 

 

Redacción. Huellas de México

La desaparición forzada ya tiene ley; miles de desplazados a la deriva

Ciudad de México a 7 de mayo.- El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, firmó el decreto de ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México. Dicha ley impone penas de hasta 40 años e inhabilitación de funciones para el servidor público que prive, ordene, autorice, apoye o consienta la desaparición forzada de una o varias personas y sanciona con una pena 15 a 30 años al particular que participe. La iniciativa tiene como propósito prevenir y combatir la desaparición forzada y sancionar a autores, participes y encubridores.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa 22 quejas por presunta desaparición forzada en el DF, informó la presidenta de la comisión, Perla Gómez Gallardo; en ese sentido, Quadratín cuestiono a la presidenta de la CDHDF sobre si hay cifras de cuántas personas han desaparecido en el Distrito Federal, a lo cual contestó que se carece de datos al respecto.

Por su parte, en Veracruz, tres expolicías municipales de Acultzingo, fueron detenidos y consignados por los delitos de desaparición forzada y secuestro, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Los hechos por los que fueron consignados los exagentes de seguridad ocurrieron en agosto de 2014 en el municipio de Maltrata, donde tres víctimas (cuyas identidades no fueron dadas a conocer) fueron privadas de la libertad, indicó CNN.

Por lo que, la violencia en México ha provocado la movilidad de un total de 281 mil 400 desplazados internos; no obstante, el gobierno “no reconoce oficialmente el desplazamiento interno”, según un informe publicado en Ginebra por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).; “La mayor causa de desplazamiento en México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (maras)”, afirmó el texto; en ese sentido, en México la violencia criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país, publicó La Jornada.

 

 

Redacción. Huellas de México

La narcopolítica, incólume; la criminalidad y la lucrativa industria de “seguridad”

Ciudad de México a 29 de abril.- Se habría cuestionado alguna vez, ¿A quién podría beneficiarle la violencia?, ¿La violencia un mercado redituable? Resulta que la situación de criminalidad que se vive en el país, atrajo la mirada de empresas de seguridad que pretenden vender al Gobierno mexicano, toda la tecnología de punta para enfrentar la violencia; en ese sentido, la empresa israelí Geotec intenta venderle a autoridades federales una metodología que desarrollaron para la detección de fosas clandestinas sin la necesidad de realizar excavaciones y usando en cambio sistemas como Google. Además, con la reforma en telecomunicaciones, compañías como Motorola Solutions y otras de Europa y hasta de Medio Oriente buscarían participar tan solo en la creación de la llamada red compartida, la cual podría requerir una inversión de 10 billones de dólares, estimó Fred Gallart, director general de Motorola Solutions de México, informó Reforma.

Y es que, la violencia en México sigue arrasando con pueblos y comunidades amenazados por grupos armados; al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a la señora Esperanza Hernández Lugo y a otra mujer -cuyo nombre por motivos de seguridad permanece en anonimato- y a sus familiares, ya que el organismo determinó que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Ambas mujeres son parte de las 600 familias de la Sierra Madre Occidental de Sinaloa, que en el 2012 abandonaron casas y trabajo por la violencia de la región, detalló El Economista.

Mientras tanto, ni los funcionarios federales logran ponerse de acuerdo en una versión oficial respecto a los avances en materia de seguridad en el estado de Tamaulipas; luego de los cruentos enfrentamientos registrados en la entidad, el Comisionado Nacional de la Seguridad Monte Alejandro Rubido afirmó que, “no se le ha dado la vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas”; en contraposición, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong destacó que los avances logrados para pacificar dicho territorio favorecen la recuperación de la tranquilidad, indicó El Informador.

Además, Rubido aseguró que, de los 15 objetivos criminales identificados en Tamaulipas por la PGR, 14 ya fueron neutralizados y las fuerzas federales han frenado la reorganización de los cárteles de la droga en esta entidad, refiere Excelsior.

A su vez, en otra evidencia más que involucra a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, alias El Gerber con Servando Gómez, líder de Los Templarios, mejor conocido como La Tuta, sale a la luz pública otro video: “Váyase pa’ la casa, ponemos el helicóptero”, dijo Rodrigo Vallejo, al capo Servando Gómez. En una comida llena de risas y bañada con whisky, Vallejo enumera a La Tuta los problemas que atravesaba el Gobierno de su padre; “Si llega a faltar tu papá [Fausto Vallejo], ¿qué sigue?”, pregunta La Tuta. – “No es porque me caiga bien, ni lo quiero, sino que simplemente es una persona que se lo ha ganado”, responde Vallejo al referirse al secretario de Gobierno de su padre, Jesús Reyna; tras la publicación del nuevo video, la Procuraduría General de la República (PGR), abrió una nueva investigación en contra de Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán informó El País.

No obstante, el pasado 11 de abril Rodrigo Vallejo Mora dejó el penal de Santiaguito, en el Estado de México, donde estuvo recluido desde agosto de 2014 por el delito de encubrimiento y vínculos con el crimen organizado luego de aparecer en un primer video junto al narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”; mientras tanto, han surgido, más videos y fotografías que muestran que los 7 mil pesos de fianza que pagó por su libertad, son claramente insuficientes. El abogado del hijo de Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador priista de Michoacán, alegó que, alcanzó el beneficio del amparo porque las acusaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) le imputó “no son delitos graves por perseguir”, detalló Sinembargo.

En este contexto, aunque la corrupción sea un fenómeno generalizado, hay que “diferenciar lo malo de lo peor”; “No es lo mismo la corrupción de un policía que a cambio de una mordida no infracciona a un conductor que se pasa un alto que un funcionario que se roba el dinero del erario para enriquecerse. Nadie puede justificar ni lo uno ni lo otro: toda forma de corrupción es condenable y debe ser castigada. Pero también debemos reconocer que no todos los casos son iguales, que sí hay diferencias”, opinó Leo Zuckermann de Excelsior.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, comunicaron el rescate de 101 migrantes en el Estado de México y Tamaulipas; al respecto, seis de ellos menores de edad— eran retenidos y obligados a pedir dinero a sus familiares a cambio de no sufrir daños físicos, indicó El Economista.

 

 

Redacción. Huellas de México

Nada alivia la tragedia de los desplazados en México

Ciudad de México a 28 de abril.- De los ciudadanos que a causa de la violencia, la inseguridad, la mala situación económica y en general, por razones ajenas a su voluntad, tienen que dejar su lugar de residencia, se cuentan miles de historias; en ese sentido, el desplazamiento de personas es hoy un hecho tan grave, que se han llegado a reportar “Pueblos Fantasmas” a lo largo y ancho de la República Mexicana, a consecuencia de dicho fenómeno; al respecto, se calcula que en México existen por lo menos 1.6 millones de desplazados, a pesar de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado en los estados más conflictivos del país.

En esa lógica, entre el 2011 y el 2014, se tiene registro al menos de 121 episodios de desplazamiento forzado masivo; cabe destacar que las entidades más afectadas durante este periodo son: Guerrero, seguido por Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas, revela la investigación “Desplazamiento interno por violencia”, elaborada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la estudiosa del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), publicó El Economista.

Por su parte, el grupo que pobladores desplazados de San Antonio Ebulá en Campeche presentaron una solicitud de amparo contra el gobierno del estado para exigir la reparación del daño por las destrucción de sus viviendas en 2009, al inicio de la presente administración; el Poder Judicial de la Federación admitió ayer la demanda de los afectados, que será resuelta por el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad.

 

 

Redacción. Huellas de México

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