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Inadmisible, la impunidad sobre desapariciones forzadas en México: Corcuera

Ciudad de México a 15 de octubre.- Pese a la impunidad que persiste por las miles de desapariciones forzadas, el Estado niega su responsabilidad y rechaza la recomendaciones de los expertos en Derechos Humanos.

Ante los múltiples casos de desapariciones forzadas, Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, alertó por la impunidad en casos de desapariciones; en ese sentido, criticó la reacción del Gobierno federal frente a los distintos informes de organismos internacionales que alertan sobre la situación de derechos humanos en México; por lo que, durante la conferencia “Desaparición forzada de personas”, dictada en el Colegio Nacional, lamentó el rechazo a los diagnósticos realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por relatores y comités sobre la tortura y la desaparición.

En ese sentido, RaúlRomero, considera: “Cuando pensábamos que vivíamos en un régimen de terror, descubrimos la barbarie. Pensábamos que lo habíamos visto todo en San Fernando, en Villas de Salvarcar, en Allende y en Tlatlaya… pero nos faltaba Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014 quedará marcada para siempre en nuestra memoria, esa que, como escribiera un usuario en tuiter, es capaz de asociar números con crímenes y tragedias: 72, 49, 47, 43, 5. El crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos sintetiza la putrefacción del sistema político y del sistema jurídico mexicano. Ayotzinapa es prueba de la complicidad entre políticos, empresarios y criminales que en su afán de acrecentar sus riquezas, utilizan las instituciones del Estado para asesinar, desaparecer y reprimir a quien se interponga en su camino”.

 

Redacción. Huellas de México

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Detalles finos del caso Iguala señalan al narcogobierno

Ciudad de México a 1 de octubre.- Las complicidades y responsabilidades compartidas por acción e inacción en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, son evidenciados por diversos analistas con serios cuestionamientos que aluden al oro blanco y la red de protección institucional de dichas actividades.

De acuerdo con el expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa, el 27 de septiembre, elementos del Ejército y de la Armada de México recibieron la orden de investigar el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que habían desaparecido horas antes, en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo con tarjetas informativas conjuntas de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional de Seguridad y Policía Federal.

Además, elementos castrenses del 27 Batallón de Infantería, el Ejército informó a las policías municipal y estatal del ataque a estudiantes, pero éstas hicieron caso omiso a los reportes; en ese sentido, los militares monitorearon durante cerca de 15 horas los movimientos de los normalistas, desde las 19:40 horas del 26 de septiembre, cuando arribaron a la altura del kilómetro 127 de la carretera Iguala-Chilpancingo, hasta las 10:25 horas del 27 de septiembre, cuando a través del C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) supieron de una persona desollada que, después se sabría, era un estudiante de la Normal de Ayotzinapa. La información se desprende de la versión pública de los partes militares elaborados por los elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y que fueron desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por su parte, el periodista HéctorDeMauleón, indicó que una Urvan, vuelve aparecer aquella noche en Iguala. Esta vez, en el informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Aparece en la declaración de JLRB, un ex estudiante de Ayotzinapa, de 35 años de edad, quien dice que: “Como a las 22 o 22:30 se entera en las noticias y decide ayudar a los muchachos yéndose para el sitio (…). Cuando llegó al lugar vio una Urvan blanca, se identificó como ex estudiante y pensó que estaba seguro porque había periodistas y compañeros, pero empezaron a disparar… disparaban hacia donde estaban los autobuses. Se tiró hacia la banqueta, se rodó y se fue corriendo como pudo en la calle. Solicitó un taxi de un celular de un compañero y se fue solo en el taxi”. ¿Hubo aquella noche una o varias Urvan empeñadas en Iguala? ¿Su presencia abre un camino que agregue algo a una tragedia cuyo móvil sigue en la penumbra?

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prometió elaborar un informe de recomendaciones al gobierno federal sobre los Otros Desaparecidos en Iguala, luego de la prevaleciente impunidad, las tragedias ignoradas de los familiares y la violación a sus derechos humanos; al respecto, Rose Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH, señaló la elaboración del documento al concluir el encuentro con familiares del comité de víctimas de desaparición forzada, “Los Otros desaparecidos de Iguala”.

Por su parte, Rogelio Ortega, quien dejará la gubernatura de Guerrero el próximo 26 de octubre, señaló que su antecesor, Ángel Aguirre, “no actuó con la velocidad requerida”, como tampoco lo hizo el gobierno federal, para evitar la tragedia de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014. Con respecto, al cuestionamiento que le realiza ElUniversal, ¿Qué piensa de Ángel Aguirre, su predecesor? Ortega contestó: “Es un político guerrerense de gran calado, de los políticos vivos más experimentados. De una generación que le dio la oportunidad de cursar una experiencia gubernativa, y para él doble oportunidad: una producto de otra tragedia, la de Aguas Blancas, que le permitió ser gobernador por tres años. Y luego la otra, que le daba la oportunidad de ser gobernador por cuatro. Creo que la segunda oportunidad no la aprovechó”.

Para JorgeFernándezMenéndez la solución debe ser guiada por la resurrección del estado de derecho; al respecto, el columnista considera que: “El gobierno, en estos años, ha apostado al discurso de la pacificación, de la coordinación, lo hizo bien, pero quizás hoy eso no alcanza. En aquella historia colombiana, al final lo único que termina colocando las cosas en otra dimensión, incluso encarrilándolas hacia los procesos de pacificación posteriores, fue la determinación de aplicar estrictamente la ley (con los narcos y con los actores políticos de todos los niveles, corrompidos por éstos) que asumió Uribe.”; por lo que, Menéndez considera que: “en nuestro caso, tendrá que ser igual: en Iguala, en torno a la fuga de El Chapo, en la Narvarte, en los innumerables casos de injusticia cotidiana”; “ Con la violencia y la corrupción que la genera, ha llegado el momento de ser menos políticamente correctos y más inflexibles”, sugirió el analista.

Por su parte, JesúsOrtegaMartínez refiere que en el segundo informe de la PGR respecto a Iguala, se desprende textualmente lo siguiente: “las informaciones presentadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago. Es decir, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. [….] A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”.

En ese sentido, Ortega señala que: “La PGR ha sido omisa de la existencia de un de la compañía Estrella Roja, a pesar de existir múltiples testimonios de que dicho autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Más aún, hay pruebas de que al hacer evidente por el GIEI la existencia de ese quinto autobús de la empresa Estrella Roja, la PGR presentó otro cuyas características no concuerdan con aquellas derivadas de los testimonios de estudiantes agredidos y de otros testigos.”; “Es decir, la PGR oculta en sus informes la presencia de un quinto autobús en los hechos y cuando el GIEI evidencia su existencia, la PGR presenta ¡uno diferente!”, en ese sentido, cabe la interrogante, ¿porqué lo oculta la PGR?

Mientras tanto, el alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, decidió dar marcha atrás en su decisión de nombrar como secretario de Seguridad Pública Municipal a Crisóforo Tinoco Bahena, quien presuntamente tiene vínculos con la delincuencia organizada y estuvo bajo las órdenes de José Luis Abarca Velázquez; al respecto, el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, acudió a la instalación del ayuntamiento de Iguala, “entiendo que ese cargo quedó sin efecto, es lo que me ha platicado hace un momento el Presidente Municipal, quedó sin efecto y bueno yo creo que es muy importante que todos estemos muy atentos para que cualquier circunstancia que se observe sea corregida inmediatamente”.

 

Redacción. Huellas de México

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Ofende a la SRE críticas de EU sobre DDHH; pero calla atrocidades en México

Ciudad de México a 26 de junio.- En el marco de la jornada Ayotzinapa que expresa la falta de justicia y respuestas para los padres de 43 estudiantes desaparecidos, se publicó el incómodo informe de Washington denominado “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014”, el cual es elaborado por el departamento de estado de Estados Unidos; al respecto, el documento hace un recuento de los hechos ocurridos en México y califica como graves los problemas de derechos humanos que se viven en el país.

En ese sentido, el reporte refiere que el año pasado, hubo numerosos reportes de que el gobierno mexicano o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, casi siempre con impunidad, la misma con la que grupos del crimen organizado fueron también responsables de varios asesinatos, casi siempre vinculados a corruptos oficiales del Estado, locales o de seguridad.

Además, el informe de Estados Unidos concluye que: “México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos participación de policías y militares en serios abusos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico.” La impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas, particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas, lo que limita la libertad de expresión”, señala el reporte.

En respuesta a las conclusiones del reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de México representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que es un ejercicio unilateral que debe ser revisado; “no obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el Gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”, sentenció la SRE.

Por su parte, los padres y familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa consideran que “el Gobierno apostó al olvido y minó protestas”; pero “la lucha sigue”, dicen después de nueve meses desde que desaparecieron los normalistas; aunque, sus padres han llevado la denuncia por todo el mundo, para el Gobierno mexicano la “verdad histórica” es que los normalistas fueron asesinados y quemados entre el 25 y 26 de septiembre de 2014.

Respecto a la investigación de la Procuraduría General de la República(PGR) en el caso Ayotzinapa, la fiscalía aseguró la sede de la Policía Municipal de Iguala; en el operativo, unos 40 empleados de la PGR inspeccionaron y colocaron sellos en las instalaciones de la Policía de Iguala; sin embargo, de acuerdo con vecinos, la comandancia en Iguala fue abandonada desde hace 15 días; por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) indicó la semana pasada que no existen evidencias que confirmen que los normalistas desaparecidos fueron trasladados al inmueble de la Policía Municipal de Iguala como sostiene la versión de Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.

Asimismo, en la indagatoria la PGR ha ejercido acción penal en contra de 108 personas; 74 de ellas son integrantes de las policías municipales de Iguala y Cocula, quienes presuntamente participaron en la detención ilegal de los estudiantes y en su entrega a miembros del cártel delictivo Guerreros unidos.

Mientras tanto, las desapariciones forzadas continúan en Guerrero; al respecto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lleva un censo de casi 500 desapariciones en el estado; algunas datan de la llamada guerra sucia y muchas otras son de fechas recientes, como los 16 casos reportados apenas en mayo pasado en el municipio de Chilapa; no obstante, la CEAV detalló que la cifra va en aumento, “hay más desapariciones que encontrados’’.

Por su parte, el marco constitucional se renueva para atender las problemáticas en materia de seguridad y justicia; aunque, están en espera de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se crearon dos reformas en materia de seguridad y justicia que se encuentran ya en manos del presidente Enrique Peña Nieto; al respecto, los cambios implicaron que el Poder Legislativo modificara la Constitución, en sus Artículos 18 y 73; las modificaciones son en materia de justicia para adolescentes y sobre la desaparición forzada de personas. En ambos casos, se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes secundarias respectivas.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Ayotzinapa, Tlatlaya e incendio de asilo, adornan antifama de México en DDHH

Ciudad de México a 25 de junio.- El estado es acusado de omisión, contención y opacidad en la salvaguarda de los derechos humanos; lo que permite, que en México el menosprecio y la falta de justicia sean una constante que aparece con normalidad para la sociedad.

Los derechos humanos se ha vuelto una “carrera de obstáculos”, pero es el mínimo ético y el mínimo legal que se debe procurar, afirmó el Juez español Baltasar Garzón; en ese sentido, aseguró que en México, como en otros países los derechos humanos siempre han estado “en entredicho”, por lo que se debe trabajar para garantizar que se respeten.

Por lo que, Garzón, señala que es una “vergüenza” que a casi nueve meses de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no se haya dado una respuesta a los familiares; “Me he pronunciado varias veces sobre ese caso, es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, se algo que quede ahí, y hay que encontrar los mecanismos para que no solo las familias sean reparadas, sino para prevenir que no vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa”, comentó.

Además, con respecto al caso de Tlatlaya, Estado de México, en donde militares ejecutaron a 22 personas, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inay), rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar, porque se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense; por lo que, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado. El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Mientras tanto, el operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para contener las protestas sociales que se generaron tras la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores; asimismo, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015″, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otro lado, luego de la terrible tragedia en la que murieron 17 adultos mayores de un asilo en un incendio, el alcalde de Mexicali, indicó que las instalaciones estaban en buen estado; no había razones técnicas para que hubiera un cortocircuito o alguna situación de gas; por lo que, una de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades es que el incendio en el asilo de ancianos Hermoso Atardecer, fue provocado; “ El primer indicio que se tiene por el peritaje parecía indicar, por el lugar donde inició esto, pudiera haber una presunción (de que fue intencional), que ya está entregando la Procuraduría General de Justicia del Estado, estos resultados para su investigación”, detalló el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa.

 

 

Redacción. Huellas de México

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Activistas, blanco favorito de funcionarios para desaparecerlos

Ciudad de México a 17 de junio.- Los activistas sociales parecen ser una piedrita en el zapato de las autoridades; al respecto, las desapariciones y atentados en su contra revelan el repudio que les provocan los ciudadanos organizados.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), desde que la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en junio de 2013, se han registrado 120 casos de desaparición forzada, en los que los perpetradores del delito fueron “posibles autoridades federales, ministeriales y/o municipales“; en ese sentido, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales; 25 más por autoridades municipales y 21 por estatales, detalló el reporte de fiscalía; asimismo, de las víctimas desaparecidas por autoridades gubernamentales, el informe reveló que son: 112 hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país.

A su vez, la PGR concentrará datos sobre fosas; al respecto, se homologará la información de desaparecidos, con identificación de cuerpos sepultados clandestinamente; por lo que, el censo con este tipo de información será elaborado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la dependencia, actualmente a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.

Por su parte, las ocho víctimas del ataque del 5 de junio en Veracruz consideraron que el atentado en su contra fue diseñado para “desmovilizar a la sociedad”; los alumnos de la Universidad Veracruzana estaban en una reunión en un domicilio particular en Xalapa, cuando en la madrugada, un grupo de personas vestidas de civil, con los rostros cubiertos y con chalecos estilo policía entraron a la casa y golpearon a los jóvenes con bates, palos, machetes y armas largas; al respecto, Josué Bello, uno de los agredidos piensa que: “Los grupos paramilitares le hacen el trabajo sucio al Estado”; en ese sentido, consideró que: “el ataque parece diseñado para causar el mayor daño posible sin matar, pero sí para producir terror y desmovilizar a la sociedad”; cabe destacar que las víctimas del 5 de junio son estudiantes universitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales.

Además, aproximadamente 600 pobladores del municipio de Tamiahua, en Xalapa, Veracruz, incendiaron el palacio municipal de la región, las instalaciones del DIF y la casa del alcalde Martín Cristobal Cruz, en protesta por el asesinato de un vecino de la zona a manos de policías municipales; los inconformes, denuncian la complicidad del edil puesto que se negó en primera instancia a entregar a los elementos de seguridad responsables del delito; al respecto, hace una semana, policías municipales irrumpieron en el domicilio del joven Jalid García Vidal, a quien confundieron con un delincuente; Jalid fue torturado por los elementos de seguridad y posteriormente, al ver que el joven no respondía por los fuertes golpes recibidos, los policías decidieron abandonarlo en la entrada municipal de Tamiahua.

Mientras tanto, en Michoacán se elevó la cifra de personas fallecidas a siete, además de que hay cinco heridos y un agente desaparecido, como saldo del enfrentamiento registrado en Apatzingán según informó la fiscalía del estado; además, la PGJE, detalló que dos de los fallecidos son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los otros cinco son civiles, dos de los cuales murieron calcinados.

 

 

Redacción. Huellas de México

04-02-2013humanrights

A México le preocupan los DDHH en Venezuela; a la ONU, las violaciones en México

Ciudad de México a 12 de junio.- En lo que pareciera una ironía, mientras México se dice preocupado por la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos en el Estado de Venezuela, en el país las cifras y las observaciones de los expertos internacionales en esa materia han alertado sobre “una de las peores crisis en derechos humanos en los últimos años”.

El ex presidente español, Felipe González, señaló que: “Frente a una dictadura, uno sabe a qué atenerse, pero no frente a una democracia traicionada. Venezuela es el reino de la arbitrariedad y el presidente Maduro lleva al país hacia la destrucción”, afirmó en su primera comparecencia, en Madrid, para informar de su visita a Caracas, que tuvo como propósito el asesoramiento en la defensa de los dos líderes opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma. El primero está en prisión y en huelga de hambre; el segundo, en arresto domiciliario.

Por su parte, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, también se pronunció a favor del respeto de los derechos humanos en Venezuela; Peña señaló tener una relación “muy institucional” aunque “bastante cordial” con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente mexicano fue entrevistado en Bruselas donde ha participado en la II Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se refirió también a las gestiones realizadas en Venezuela por el ex presidente del Gobierno español Felipe González.

No obstante, la situación de los derechos humanos en los últimos años en México está en una “grave crisis”, advirtió la abogada Alejandra Ancheita. Cabe destacar que, la especialista, es directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y fue convocada a visitar la Universidad de Chicago está semana para hablar sobre la situación de los derechos humanos en México; en ese sentido, la abogada, recibió en octubre 2014 el premio internacional Martin Ennals, considerado como el Nobel de los Derechos Humanos; “Estamos enfrentando una de las peores crisis de violaciones a los derechos humanos en México, principalmente con casos muy graves como desapariciones forzadas, la práctica de tortura se ha vuelto otra vez uno de los elementos que han agravado la crisis de derechos humanos”, indicó Ancheita.

Además, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación de violencia y de violación de los derechos fundamentales en 38 países, entre ellos México y Venezuela. Con respecto a México Zeid realizó un informe desde marzo pasado en el que expresa su preocupación por los vínculos del crimen organizado con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales del país.

 

 

Redacción. Huellas de México

En Guerrero las personas no desaparecen por arte de magia, sino de mafia

Ciudad de México a 28 de mayo.- Tras las desapariciones forzadas  de habitantes del municipio de Chilapa, en Guerrero, presuntamente realizadas por integrantes del grupo criminal ‘Los Ardillos’, tanto el gobierno estatal como el federal se han sumado para esclarecer los hechos y localizar a las personas desaparecidas en el territorio que ha sido asolado por la violencia y se caracteriza por ser transito de estupefacientes.

La Fiscalía General del estado de Guerrero informó que continúa con las indagatorias derivado de los hechos violentos y la desaparición de personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado; por lo que, ha citado a declarar a 16 comisarios municipales de distintos poblados cercanos a Chilapa, por su probable participación de forma activa en la desaparición de personas registradas durante el 9 y 14 de mayo; en ese sentido la Procuraduría estatal cuestionará a los funcionarios municipales qué saben de las desapariciones y qué hicieron durante esos cinco días mientras un grupo armado ‘levantó’ a los habitantes en cuatro retenes.

No obstante, tras el vencimiento del plazo de 48 horas que los familiares habían dado al gobierno de Guerrero para encontrar a sus desaparecidos, los pobladores de Chilapa exigieron que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), intervenga en el asunto; en ese sentido, José Díaz Navarro, vocero de los familiares, consideró “desalentador” que la administración del gobernador Rogelio Ortega no les haya dado un “resultado favorable” a su demanda de que sus cercanos sean localizados.

Por su parte, la investigación de Chris Kyle un antropólogo de la Universidad de Alabama ha documentado 105 asesinatos en Chilapa; en 1 año y 8 meses los chilalpenses han sido baleados, decapitados, desmembrados, apuñalados, ahogados y hasta lapidados, entre muchas otras formas de perder la vida, revela el investigador social; de tal forma que, en esta zona amapolera de Guerrero desde finales del 2013, una persona es asesinada en promedio cada 5 días.

Al respecto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de esta dependencia se reunió con 20 familiares de las personas presuntamente privadas de manera ilegal de su libertad en Chilapa, Guerrero, entre el 9 y 14 de mayo de este año. La reunión se llevó a cabo con la presencia de integrantes de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Nacional de los Derechos Humanos, así como de autoridades estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y de la Fiscalía del estado de Guerrero.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, indicó que los comisarios rurales que tomaron Chilapa acusaron el grupo delictivo de Los Rojos sobre la desaparición de 30 personas y acusan directamente a Los Rojos, por lo que, realizaron aquella acción del 9 y 10 de mayo de irrumpir con ciudadanos armados a Chilapa, en la búsqueda también de sus familiares”.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República puso a disposición la versión pública correspondiente a los 22 peritajes realizados en el basurero de Cocula, sitio en el que la versión oficial indica que fueron ultimados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En sesión pública, los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), destacaron que dicha información fue negada en un primer momento por la PGR aduciendo la reserva de las investigaciones, sin embargo, la propia institución revisó sus procedimientos y entregó copia pública sobre los peritajes. El informe no incluye los nombres de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la SEIDO y servidores públicos que realizaron funciones sustantivas ya que, derivado de las funciones que desempeña, su identificación podría poner en riesgo su vida, su seguridad o su propia salud.

 

 

Redacción. Huellas de México

Protege Osorio al Ejército de ‘desgaste institucional’; se intensifica la violencia en Guerrero

Ciudad de México a 26 de mayo.- El grupo de expertos de la Comisión Interamericana pidió al Estado mexicano entrevistar “de manera directa” a los militares del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, Guerrero, en relación con la investigación de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa; no obstante, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó la posibilidad de que los expertos de la CIDH, entrevisten a los militares del 27 batallón de infantería; Chong opinó que ello significaría someter a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste. Además, consideró que existe un interés, no de los especialistas de la CIDH, sino de otras instancias, en desprestigiar y debilitar a instituciones como el Ejército Mexicano.

Por su parte, el articulista de Excelsior, Francisco Garfías, indicó que, Lorenzo Córdova se siente “vapuleado” ante el fenómeno que define como: “la democratización de la amenaza”; con respecto, al uso que distintos grupos de interés hacen del amago de no permitir la realización de elecciones si la autoridad no cede a sus peticiones. Ejemplos: los maestros de la CETEG, si no se da marcha atrás a la Reforma Educativa; los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, si no les devuelven vivos a sus hijos; los integrantes de la Gubernatura Nacional de Pueblos Indígenas (GNPI), si no les permiten presentar sus propios candidatos a puestos de elección popular.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) investigará la desaparición de al menos 15 personas en Chilapa de Álvarez, Guerrero, y la participación de grupos criminales en esos hechos; en ese sentido, la procuradora Arely Gómez González ordenó el traslado de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de Servicios Periciales.

A su regreso, la delegación de padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que partió hace un mes a Europa para realizar una gira por 13 países de ese continente, afirmó que el gobierno mexicano se ha dedicado a difundir la versión oficial y no lo que realmente sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre pasado; “No se toman en cuenta para nada las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las del Comité de Desaparición Forzada (ONU) o las del relator (especial sobre Tortura de ONU) Juan Méndez. Se guarda silencio ante todo eso y ese es el problema”.

En Guerrero, la violencia continúa, ahora en el municipio de Heliodoro Castillo, 10 personas murieron y 20 resultaron heridas, debido a un enfrentamiento a balazos entre grupos armados; la Fiscalía de Guerrero, indicó que la balacera se realizó la noche del martes y la madrugada del miércoles, al menos en dos localidades, la comunidad de Villa Xóchitl y la cabecera municipal Tlacotepec, en la región centro del estado, en la que dos grupos delictivos se disputan la zona por el cultivo de enervantes.

 

 

Redacción. Huellas de México

Desaparecidos: reclamos eternos sin solución oficial

Ciudad de México a 11 de mayo.- En el estado de Michoacán se tienen contabilizados 320 casos de desapariciones forzadas, de 2006 a la fecha, indicó Mercedes Ruiz, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, Alzando Voces; no obstante, destaca que este número representa únicamente el 5 por ciento de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, puesto que por cada persona que presenta la denuncia existen por lo menos otras cinco que no lo hacen, añadió.

Mientras tanto, el recién nombrado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián se reunió con madres, padres y familiares de desaparecidos en México; en ese sentido, informaron al subsecretario las necesidades en sus entidades y expresaron sus demandas por fortalecer los mecanismos de protección, de atención a víctimas e interinstitucional a familiares de desaparecidos.

Por su parte, como una muestra de solidaridad internacional alrededor de dos mil personas se manifestaron en Barcelona, España exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; asimismo, los manifestantes recaman justicia por los hechos acontecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; los ciudadanos españoles y mexicanos residentes exclamaron el grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”; de esta manera ha sido acogida la “eurocaravana” de Ayotzinapa, representada por Omar García, estudiante de la escuela atacada, Eleucadio Ortega, padre de uno de los jóvenes desaparecios, y Román Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña.

 

 

Redacción. Huellas de México

Persiste impunidad en tortura trata y desapariciones

Ciudad de México a 29 de abril.- La titular de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, se pronunció respecto al caso de Ana Laura, la joven de 22 años víctima de esclavitud en la colonia Tlalpan; en ese sentido, Orozco indicó: “Pedimos el castigo más severo que puede haber, no puede haber más casos como este en México. Si acabamos con (la esclavitud) y respetamos al ser humano entonces el país va a prosperar”; además,la activista contra la trata reconoció que puede haber más casos como el de Ana. “Yo creo que hay más casos como este, ella pudo escapar, hay muchos que no han podido escapar”, señaló.

Por su parte, Human Rights Watch exhortó a las autoridades mexicanas a intensificar esfuerzos ante las gravísimas violaciones de derechos humanos presentes en el país; además, HRW denunció que el gobierno minimiza las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que predominan en México; por lo que, el organismo internacional envió una misiva a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, en la que identificó medidas que debería adoptar para dar cumplimiento a su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Mientras tanto, un tribunal federal de Jalisco canceló las condenas de 10 años de prisión impuestas a 14 sujetos acusados de pertenecer al Cártel del Golfo. Luego de concluir que la Policía de Guanajuato obtuvo sus confesiones mediante torturas, el juez estimo que la PGR no pudo probar que sus confesiones fueran lícitas. En ese sentido, los sujetos fueron liberados, tras cinco años y diez meses de reclusión.

 

 

Redacción. Huellas de México

El DF ya cuenta con ley contra la desaparición forzada

El pleno de la ALDF aprobó la creación de la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en el Distrito Federal.

 

La legislación impone penas de hasta 40 años de prisión para aquel servidor público que prive, ordene, autorice, apoye o consienta la desaparición forzada de una o varias personas.

 

También sanciona al particular que por orden o autorización de servidores públicos del Gobierno Distrito Federal participe en una desaparición forzada, a éste se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión.

 

La nueva  legislación propuesta por  el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera crea la figura de la “Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada”. Un documento en que los familiares de la victima podrán solicitar ante el Juzgado Cívico, la conservación de su patrimonio y  la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos.

 

Esto garantizará la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida incluidos derechos laborales, de seguridad social y de educación.

 

Esta ley también mandata a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Instituto de Ciencias Forenses la creación del Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, mismo que recabará los datos correspondientes de las víctimas de  este delito para hacer más eficiente su localización.

 

 

 

Fuente. aztecanoticias

Más de 22,000 desapariciones forzadas en México

Ciudad de México a 14 de noviembre.- Ante los legisladores de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, el presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involucradas de Naciones Unidas, Ariel Dulitzky,alertó  que en México no hay un marco normativo, ni una política pública integral que se ocupe de la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Al respecto, Dulitzky señaló: “No puede ser que México sepa más cuánta cantidad de petróleo exporta, que cuánta cantidad de personas ha sido desaparecida forzadamente”.

Asimismo, el representante de la ONU indicó que las políticas que se apliquen deben guiarse sobre los cuatro 4 ejes: verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición; “Esto significa establecer la suerte y el paradero de todos los desaparecidos forzadamente en México, no sólo la de los 43 estudiantes, sino de los miles de casos que siguen abiertos”, añadió Dulitzky.

A su vez, la Fuundec, un colectivo de organizaciones agrupadas en la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos refiere que aunque México es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, “en la mayoría de las denuncias que se presentan –más de 22,000 en el país, según han sido reconocidas recientemente por la Secretaría de Gobernación– no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros. Por otra parte, no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas”.

En ese sentido, luego de que federales e integrantes de la Policía Comunitaria de la Costa Chica localizaron 11 fosas en el municipio de Iguala, Guerrero con 30 cuerpos cuyas identidades no coinciden con el ADN de los jóvenes; se identificó el cuerpo de Jesús Quemada Parra, quien fue enterrado en una fosa clandestina con su cartera, en la cual llevaba tres tarjetas bancarias que medio quemaron junto con su cuerpo. Por lo que, de no ser por lo ocurrido el pasado 26 de septiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, seguiría sin identidad.

Por su parte, Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA, indicó que el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrán la facultad de revisar las acciones hechas por parte del Estado Mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Asimismo, el pacto de la CIDH con México se ampliará a otros casos de desapariciones forzadas.

 

 

Redacción. Huellas de México

Acusan de parálisis política ante crisis de seguridad

Ciudad de México a 4 de noviembre.- Los diputados federales de la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones sobre los hechos registrados el día 26 y 27 de septiembre en Iguala entregaron un informe en San Lázaro en el que detallan las primeras investigaciones; en ese sentido, los legisladores documentaron irregularidades, “graves omisiones” y “múltiples contradicciones” de las autoridades locales encargadas de las primeras averiguaciones del caso; por lo que, los “resultados preliminares” de sus diligencias, afirmaron que los estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada y “es posible presumir que fueron igualmente víctimas de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de ejecuciones extrajudiciales en algunos casos”.

Por lo que, la falta de sensibilidad política que exhibe el mandatario Enrique Peña Nieto tras anunciar su viaje a China hace cuestionar al periodista Eduardo R. Huchim, ¿Debe irse Peña Nieto?; al respecto, luego de los incidentes de violencia por los casos Tlatlaya y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, así como la crisis generada en el país, el mandatario debe reflexionar sobre la demanda que en estos días recorre las redes sociales y las calles de veintenas de ciudades mexicanas, con repercusiones en el extranjero: su renuncia. En ese sentido, el talante de un político se observa con claridad en situaciones de crisis, no obstante su ineptitud también puede salir a relucir; por lo que, ante la crisis detonada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, “el mandatario y su gobierno cayeron en el pasmo.” ; “(…) sus mensajes y conferencias de prensa han sido decepcionantes. Una decepción que también alcanzó a los padres de los desaparecidos, cuando entraron colmados de expectativas a una reunión con el Presidente y salieron vacíos de esperanza y llenos de frustración.”

A su vez, el comunicador Ciro Gómez Leyva, comparó el congelamiento de la autoridad, y el sentimiento de culpa que le causa al gobierno el #TodoSomosAyotzinapa con la primera quincena de enero de 1994, cuando se dio el levantamiento del EZLN en Chiapas. En ese sentido, refiere que ante la crisis política surgen propuestas desmesuradas con carácter nacionalista que exigen la renuncia del presidente Peña Nieto. Al respecto, Leyva criticó la nota de la revista New Yorker titulada: “¿Podrían 43 estudiantes desaparecidos encender una revolución?”; la cual calificó como una “nota de recuperación de clichés” que concluye con un provocador párrafo: “Los mexicanos tienen ahora otra oportunidad de reinventar políticamente su país (…) Porque muchos mexicanos están diciendo: es ahora o nunca”; por lo que, el periodista cuestiona, ¿Cuántos mexicanos dirán hoy que es ahora o nunca? ¿Cientos, millones, cuántos?; asimismo, Gómez Leyva afirmó que: “Lo mejor de estas notas es que se podrán releer en unos años. Estoy seguro que entonces se verá lo pobre que fueron en argumentos y estructuras.”

El medio internacional, The New Yorker publicó un análisis de Francisco Goldman, titulado “Crisis en México: ¿Podrán cuarenta y tres estudiantes detonar una revolución?, donde exponen que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe prepararse para una “condena y un gran tumulto social” si se confirma la muerte de los estudiantes. Asimismo, el semanario detalló en dicha publicación que tras la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, México está indignado por este acontecimiento y por toda la violencia social que se desata día con día, en donde los habitantes que parecían “anestesiados” hoy parecen haber despertado.

Además, el periódico The Guardian señaló que luego de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, se ha evidenciado, “cómo el crimen organizado sigue dominando la política local, y el contraste entre la retórica y la realidad a la que México está expuesto”. Al respecto, el medio inglés publicó una investigación de la periodista Jo Tuckman, su corresponsal en la Ciudad de México, donde refiere que el gobierno federal no ha podido evitar ser el centro de atención por “su incapacidad para actuar”, pese a que tiene nuevos niveles de coordinación e inteligencia para la estrategia de seguridad.

En contraparte, el presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en la supuesta reducción de la tasa de homicidios en el país, pese a que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) a cargo de la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que 22.4 millones de personas afirmaron haber sido víctimas de un crimen en el último año, mientras que en 2012 fueron 21.6 millones.

Por su parte, el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (Cofaddem), estima que por cada denuncia de desaparición forzada, hay al menos cinco que no se denuncian.


 

Redacción. Huellas de México

Un mes desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa

Chilpancingo, Guerrero a 26 de octubre.- Luego de que el día de ayer, el Congreso de Guerrero aprobará la solicitud de licencia de Ángel Aguirre; el día de hoy, el Congreso local, constituido en Colegio Electoral, eligió por 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, a Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino, quien ocupará el lugar de Ángel Aguirre Rivero.

Mientras tanto, estudiantes de 80 escuelas de México, que conforman la Asamblea Interuniversitaria, convocan a la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional y a realizar un paro y movilizaciones nacionales el próximo 5 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, la Procuraduría General de la República confirmó que hasta el momento han hallado 11 fosas clandestinas con 38 cadáveres en Guerrero; además la PGR indicó que las fosas encontradas por la a Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ya habían sido localizadas por las fuerzas federales.

Cabe destacar, que los presuntos asesinos de algunos normalistas de Ayotzinapa, en declaraciones ministeriales hechas durante la primera semana de octubre de 2014, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero señalaron: “Yo participé matando a dos de los ayotzinapos, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos… la forma de matarlos fue ancados [sic] y les disparamos por un lado de la cabeza”. “El Gaby junto con Choky ya habían matado a los tres ayotzinapos, les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno, el Gaby mató a dos y Choky a uno, esto por andar de revoltosos, dijo el Choky”.

Por otro lado, luego de las protestas que se registraron en el estado de Guerrero en las que sujetos encapuchados saquearon centros comerciales y regalaron los productos a los pobladores, la Normal Rural de Ayotzinapa indicó: “Nos pronunciamos por una lucha genuina y decidida, prescindiendo de métodos que favorezcan una salida represiva por parte del gobierno; por ello, queremos aprovechar la oportunidad para deslindarnos y expresar nuestro rechazo a las acciones que se realizaron en las manifestaciones llevadas a cabo en las tiendas departamentales Aurrerá, Coppel y Comercial Mexicana el día de ayer en la ciudad de Chilpancingo”.

En ese sentido, luego de la posible colusión de las autoridades municipales con el crimen organizado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el hecho es un golpe duro para la sociedad; no obstante, el funcionario advirtió que “un agravio no lo resuelve otro agravio a nuestras instituciones. Tenemos que trabajar para hacer de esta una sociedad apegada a la norma, a la libertad, al cuidado de los derechos humanos, pero siempre bajo un estricto y riguroso estado de derecho”; asimismo, Osorio Chong dejó claro que en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, “habrá cero impunidad” y “se castigará a quienes han ofendido a la sociedad mexicana”.

En opinión de Jorge Fernández Menéndez, algo sucedió en la administración federal que la crisis de Iguala, dejó al gobierno paralizado durante días y rompió el ritmo, la imagen, el Mexican Moment del que tanto se habló después de la Reforma Energética y de la exitosa visita presidencial a Nueva York.


 

Redacción. Huellas de México

ONU presiona en búsqueda de estudiantes de Ayotzinapa

Ciudad de México a 24 de octubre.- La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió a las autoridades mexicanas a incrementar sus esfuerzos para encontrar a los estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En ese sentido, el portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, indicó que también están preocupados por el hecho que varias fosas colectivas hayan sido encontradas en las afueras de Iguala.

Por lo que, la ONU, “exhorta a las autoridades mexicanas a conducir investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la justicia a los responsables.”

Asimismo, el organismo expresó su más profunda solidaridad con todas las víctimas, familias y seres queridos además de pedir al gobierno federal reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas, de acuerdo con el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

 

Redacción. Huellas de México

Seguridad sin resolver, secretismo en Gendarmería Nacional

Ciudad de México a 18 de jun.- De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ONC) en su Reporte sobre delitos de alto impacto correspondiente al pasado mes de abril, reafirmó que el tema de la inseguridad continúa prevaleciendo como la principal problemática por resolver en las diferentes entidades del país.

No obstante, en el discurso oficial, los mensajes en materia de seguridad en la administración actual usan como principal indicador el número de homicidios dolosos. Delito que, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde 2011 ha reportado con tendencia a la baja. En contraparte, la incidencia en secuestros, extorsión, robo, trata de personas, desapariciones involuntarias y tráfico de armas, exhibe resultados inquietantes.

En ese sentido, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) informó que el homicidio doloso y el secuestro se mantuvieron a la alza en el mes de abril. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que cada cinco horas se cometió en el país una privación ilegal de la libertad; en ese sentido, Tamaulipas registró el mayor número de denuncias de secuestros,1.46 individuos diarios.

Asimismo, el Observatorio Nacional Ciudadano, refiere que en abril de este año se denunciaron mil 557 homicidios culposos en México, los estados con más denuncias son Estado de México, Michoacán y Chiapas. En homicidio doloso fueron mil 393 denuncias, en 50.97 % de los casos fue con arma de fuego. Es decir, se denunciaron 46 homicidios intencionales al día.

Por su parte, el periodista, Javier Solórzano Zinser, señaló que en relación a las personas “No localizables o desaparecidos”, se tiene que hacer una categorización para tener precisión y saber si las personas que pueden estar dejando sus lugares de origen tienen que ver con el fenómeno de la migración o por la inseguridad que ha agobiado durante los últimos años. Aunque, todas y todos los desaparecidos importan sea por hechos violentos o no.

La nueva Gendarmería Nacional anunciada por Enrique Peña Nieto, como eje distintivo de su gobierno entrará en funciones el próximo mes; sin embargo, los principales detalles de esta nueva división de la PF continúan en la opacidad.

En ese sentido, mediante una solicitud de información respecto de la creación de la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Gobernación (Segob) respondió con la clasificación de información confidencial a los datos correspondientes a la capacitación de sus integrantes, requisitos que deberán cubrir los elementos civiles para ingresar y la ubicación de la nueva sede. Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob no especificó en que serán gastados los 1,500 millones de pesos asignados para este año a la Gendarmería.

 

 

Redacción. Huellas de México

Polémica lista de desapariciones forzadas cifra 16 mil

Ciudad de México a 17 de jun.- Luego de que, Querétaro se convirtiera en la primera entidad en México que reconoce la existencia del delito de “desaparición de personas por particulares”, el Poder Legislativo del estado, lo tipificó como aquel que “sin la autorización, apoyo o aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad a una o mas personas, cualquiera que sea su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. Además, en la nueva norma aprobada por Querétaro, cuando la persona desaparecida es una mujer embarazada, no sólo la reconoce a ella como víctima,sino también al bebé que se gesta en su vientre.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó este 16 de junio que la cifra de desaparecidos es de 16 mil; no obstante, el pasado 23 de mayo Chong afirmó que las personas no localizadas eran 8 mil. El funcionario detalló que el número de personas desaparecidas, ” al final del sexenio de Felipe Calderón era de 27 mil, mismo que se redujo a 8 mil después de hacer una revisión con la información de las entidades federativas. “Pero se siguió incrementando a partir de 2012, con otro número aproximado de 12 mil, 14 mil, que también ya se redujo a 8 mil en la revisión. “El caso es que es una sola lista que hoy tenemos en alrededor de 16 mil”, indicó Osorio Chong.

Sin embargo, las interrogantes han comenzado a pronunciarse; al respecto, el diario The Economist , a través de un artículo, cuestionó el número de desaparecidos en México y la forma en la que, el gobierno federal ha conjeturado la cifra, “¿De dónde salen?, ¿qué método se utilizó para calcularlas?, ¿se cree que los desaparecidos que han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía, o por una combinación de los dos?”

A su vez, las organizaciones: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (COFAMIPRO); la Casa del Migrante de Saltillo, México; el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH); y la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), evidenciaron las principales dificultades de las familias de personas migrantes para ejercer su derecho a la verdad y acceso a la justicia.

Asimismo, el gobierno mexicano buscará la reparación del daño a familiares de 275 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, cuyos casos los documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la denominada guerra sucia sucedida entre los años 70 y principios de los 80.

Mientras tanto, José Luis Castillo , el padre de la menor Esmeralda Castillo de 14 años, quien desapareció el pasado 19 de mayo de 2009, protestó con huelga de hambre en Ciudad Juárez, tras la desaparición del grupo especial de la Fiscalía General que se encargaba de investigar una veintena de casos similares en la entidad.

 

 

Redacción. Huellas de México

Coahuila presenta la primera ley sobre desapariciones en México

Saltillo, Coahuila a 19 de may.- La primera ley en el país sobre declaración de ausencia por desaparición de personas, que reconoce y garantiza los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición, y otorga medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva con la víctima.

En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos (ONU-DH) a través de un representante, Javier Hernández Valencia, celebró la nueva norma constitucional y penal del estado de Coahuila contra las desapariciones.

Valencia añadió que la reforma constitucional de Coahuila es acorde con las obligaciones previstas en tratados que México ha ratificado y de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Por ello la ONU-DH exhortó al Congreso de la Unión y a los Congresos del resto del país a seguir los planteamientos aprobados en aquella entidad.

Con la entrada en vigor de la ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas, se permite a las familias que buscan a sus seres queridos no hacer uso de figuras jurídicas como la presunción de muerte, que dicho sea de paso, afecta los esfuerzos de búsqueda de las víctimas y sus expectativas de encontrar con vida a sus seres queridos provocando el efecto de deslegitimar sus luchas y revictimizarlas.

Por lo que, con el nuevo marco normativo, las familias podrán ejercer sus legítimos derechos civiles, familiares y patrimoniales sin menoscabar sus exigencias de justicia ni el estándar más alto de cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades.

 

 

Redacción. Huellas de México

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