La Secretaría de Marina (Semar) puso disposición del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a cinco de sus elementos presuntamente relacionados en un caso dedesaparición forzada el pasado 3 de agosto de 2013.

De acuerdo con la dependencia federal, el pasado 3 y 4 de marzo del presente año se determinó esta acción en contra de los involucrados, a quienes les fue dictado auto de formal prisión entre el 8 y 9 del actual por el delito de Desaparición Forzada.

“Se recalca que la institución colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la Repúblicadesde el inicio de la investigación que ésta llevó a cabo para conocer de los hechos que se imputan al personal de la Armada de México”, indica.

“Es de destacar que de acuerdo con el Principio de Presunción de Inocencia que rige en materia penal, se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el Juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria; asimismo, que corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa”, señala.

Los acusados se encuentran internos en una Prisión Militar sujetos al régimen establecido, aplicable a cualquier interno”, dijo Semar.

Insistió en que en cuanto exista una resolución judicial definitiva que determine su culpabilidad, de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, los acusados continuarán percibiendo únicamente un porcentaje de sus sueldos.

Quadratín

Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, detalló a senadores el contenido de la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada perpetrada tanto por servidores públicos como por particulares, que incluye hasta 100 años de prisión, y no tendrá justificación ni siquiera en tiempos de guerra ni cuando el Estado declare suspensión de derechos o perturbación grave de la paz pública.

En un foro organizado por las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos en el Senado, el funcionario de la PGR, quien ahora tiene a su cargo el caso Ayotzinapa, destacó que las penas serán ejemplares e irán de 50 a 100 años de prisión y multas de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo para los funcionarios que priven de la vida o de la libertad a una persona; instruyan, inciten, autoricen o apoyen por acción u omisión la desaparición. La iniciativa que se espera que en breve envíe el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso —dijo— establece de 40 a 90 años a los particulares que cometan el ilícito y destaca que el ocultamiento de una persona se penará con 30 a 60 años de prisión para servidores públicos y de 30 a 50 años a particulares.

Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los 10 días siguientes a la desaparición, la pena disminuye hasta la mitad; si proporcionan información relevante que conduzca a la localización con vida de la víctima o a dar con el paradero de los restos, la pena disminuye hasta en una tercera parte; y si proporcionan información para esclarecer los hechos o identificar a responsables, disminuye la pena hasta una cuarta parte.

Agregó que entre las agravantes se encuentra el deceso de la persona desaparecida, cuando la víctima sea mujer, embarazada, menor de edad, tenga alguna discapacidad o pertenezca a un grupo vulnerable.

Precisó que la desaparición por particulares se distingue al excluir la participación del servidor público o de un agente del Estado como el impulsor del ilícito. La iniciativa —dijo— resalta que no procede la entrega o la extradición de personas cuando haya razones fundadas de que podrían ser víctimas de desaparición forzada en el país de entrega, precisa que no puede haber obstrucción de la búsqueda de las personas ni existir circunstancias de incineración o desintegración de restos humanos sin conocimiento de las autoridades pertinentes.

“El delito de desaparición forzada es un delito imprescriptible (…)”, concretó.

En su oportunidad, Santiago Corcuera, integrante del Comité en contra de la Desaparición Forzada de la ONU, expresó que las palabras “propiciar o mantener su ocultamiento”, incluidas en la iniciativa del Ejecutivo Federal, no están en ninguna de las definiciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Por Tania Rosas/ElEconomista

Ciudad de México, 12 de oct.- Este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho pública una recompensa por un millón 500 mil pesos, para quien ofrezca informes que conduzcan a determinar el paradero de Rosendo Radilla, conocido cantautor guerrerense, desaparecido por el ejército mexicano, hace más de 40 años; uno de los casos más emblemáticos sobre desapariciones forzadas en México, y el cual ha generado diversos hitos legales que han dado pie a cambiar las leyes mexicanas.

El caso de Rosendo Radilla fue el primero también en ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un caso grave de violación a los derechos humanos cometido por estado mexicano, motivo por el cual finalmente el gobierno federal se vio obligado a pedir disculpas públicas en 2011, y ahora en 2015, publican esta recompensa donde buscan nueva información que permita determinar con precisión, que ocurrió con Rosendo, quien era también un líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

De Rosendo Radilla se tiene aún una colección de canciones que compuso, dedicadas principalmente al movimiento subversivo y popular de Génaro Vázquez y su movimiento político que a la postre se convertiría en guerrilla.

Don Rosendo fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, posteriormente fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y de ahí no se volvió a saber nada de él.

Se teme que haya corrido la misma suerte de otros cientos de desaparecidos en Guerrero, quienes fueron asesinados y arrojados al mar por el Ejército mexicano, en el proceso conocido como la Guerra Sucia, otro crimen de lesa humanidad en Guerero, que sigue en total impunidad.

En 2005 una fiscalía especial investigó el caso Radilla y emitió una serie de recomendaciones a la autoridad civil, quien transfirió el caso a la corte militar; esto fue una de las cosas que cambió con la sentencia en 2011 de la CIDH, quien además instruyó al estado mexicano, para cambiar la ley y obligar a tratar estos asuntos en el ámbito civil, a manera de transparentar el proceso, lo cual también fue un hito en la historia de los derechos humanos en México.

Y aunque muchos ex militares podrían tener información sobre el caso, en la propuesta publicada este lunes por la PGR se excluye a servidores públicos en servicio o retirados.

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

Ciudad de México a 30 de septiembre.- El ataque en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27  de septiembre del 2014, debe ser considerado un crimen de lesa humanidad; al respecto, el secretario de gobernación presentó una polémica comparecencia que pretendía evadir las responsabilidades en los distintos ordenes de gobierno; no obstante, el movimiento por Ayotzinapa tiene un “eco global” y viste aires de cambio.

El especialista Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos señala que en México no existe una política de Estado que abarque un apoyo integral a la resolución de casos de desaparición forzada; en ese sentido, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa debe ser tratado como un “delito de lesa humanidad y llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional”, indicó el experto en temas de seguridad durante el Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México. Buscaglia comentó que el informe de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa fue muy valiente, pero ese organismo Interamericano “no tiene dientes” para sancionar o llevar a la cárcel a los involucrados en este problema, sean autoridades o integrantes de grupos delictivos.

Por su parte, el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó durante su comparecencia ante el Senado: “Ni perdón para los culpables ni olvido para las víctimas”; Chong, indicó que el gobierno federal busca “simplemente la verdad” sobre el caso Ayotzinapa; por lo que, “el presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en que “el gobierno y la sociedad estemos del mismo lado, porque buscamos el mismo propósito, no una verdad oficial o políticamente conveniente, sino simplemente la verdad”, sentenció el secretario.

No obstante, SalvadorGarcíaSoto, considera que Miguel Angel Osorio Chong miente al afirmar que la Federación no tenía facultades para intervenir en municipios como Iguala, contestación del secretario ante el cuestionamiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Soto dice: “Las facultades y averiguaciones ahí estaban, lo que no hubo fue voluntad”; por lo que, “el responsable de la seguridad interna pretendió justificar la inacción de la Federación en Iguala antes y durante el crimen cometido contra los normalistas”, sentenió; sin embargo, “la justificación de Osorio se estrella con dos hechos documentados e irrebatibles: el primero, que el gobierno federal sí tenía y tiene facultades constitucionales y legales para intervenir en Iguala porque el que ahí —como él mismo dijo— era crimen organizado, delincuencia organizada, que es total y completamente facultad y fuero federal, según establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, modificada en 2009, y que en su artículo 2, menciona que si ”.

Además, en la polémica comparecencia de Osorio Chong, afirmó que en relación al famoso “quinto autobús” (el Estrella Roja) del Caso Iguala, las averiguaciones de la PGR determinaron que los estudiantes en ningún momento abordaron dicho autobús, por lo que no se había considerado importante en las investigaciones; no obstante, las afirmaciones se oponen de forma total a la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes documentan la existencia de ese quinto autobús, así como la presencia de normalistas en el mismo.

A su vez, el exsecretario de Seguridad municipal, Salvador Bravo Bárcenas, declaró que denunció al exsubdirector Cesar Nava (hoy procesado) pero los militares lo liberaron junto con otros policías infiltrados; al respecto, el expediente de la averiguación previa por el ataque en contra de los normalistas, que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó en enero pasado ante un juez, contiene la declaración de Bravo Bárcenas, en la que asegura que en 2013 alertó al 27 Batallón de Infantería de la infiltración entre sus subordinados; Cesar Nava fue pieza clave en la desaparición de normalistas.

Por su parte, Omar García, sobreviviente de la masacre de Iguala, fue entrevistado por RompeViento; al respecto, el estudiante perfiló un horizonte sugerente para el movimiento por Ayotzinapa: “[Transitar] de un movimiento por los desaparecidos a un movimiento por la transformación del país”; al respecto, el analista ArsinoéOrihuela considera que: “este planteamiento, que ciertamente yace en germen en el ánimo nacional (excepto en el de las oligarquías, políticos tradicionales, fuerza castrense de alto rango, y ciertas clases medias acomodaticias) es la condensación de una consigna que hoy tiene un eco global: la conversión del ciudadano desposeído en sujeto político de cambio”; por lo que, “Ayotzinapa es una coyuntura… Ayotzinapa es la posibilidad de cambiar mucho”; por su parte, Orihuela cita a Luis Hernández Navarro, quien aclara: “Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal (narcopolítica), hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado”.

Mientras tanto, diversas mantas en Morelos acusan a Federico Figueroa, hermano del fallecido cantante Joan Sebastian, de ser el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en ese sentido, los mensajes sin firma, señalan que Figueroa es el líder del grupo criminal Guerreros Unidos y que junto con Noé Reynoso, quien acaba de dejar el cargo como alcalde de Amacuzac, son los responsables de la desaparición de los estudiantes. “Señores guerrerenses, padres de los normalistas de Ayotzinapa, no se dejen engañar y que tampoco se les olvide lo de sus hijos y familiares pregúntenle a Federico Figueroa adonde están sus hijos él es el que sabe del paradero de los normalistas el mandó a levantarlos y pregúntenle como traía a los campesinos de Iguala y parte de la sierra de Guerrero, les quita la siembra de lo que siembran”.

No obstante, según la Procuraduría General de la República (PGR), los responsables de los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa los días 26 y 27 de setiembre de 2014 son “Los Bélicos”, un grupo de élite a cargo de Francisco Salgado Valladares, ex subdirector de policía de Iguala, Guerrero; al respecto, los integrantes del grupo, encargado de ejecutar acciones “de reacción inmediata”, también respondían al mando del entonces alcalde José Luis Abarca, quien además los empleaba para vigilar los accesos a Iguala y cuando veían vehículos sospechosos los detenían.

Además, la PGR indicó que el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca mintió siempre en sus declaraciones puesto que, estuvo al tanto de lo que ocurría con los estudiantes de Ayotzinapa, policías y miembros de Guerreros unidos desde las 22 horas del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, antes de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, había al menos tres procuradurías mexicanas que guardaban en sus archivos denuncias e investigaciones donde relacionaban a María de los Ángeles Pineda Villa, a su familia y a su esposo, el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca ampliar a más de seis meses la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso Iguala y se comprometió con los padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 a no abandonarlos.

Redacción. Huellas de México

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que el 26 de septiembre, fecha en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala, Guerrero, sea instituido como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.

La aprobación se dio con una reserva del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que, de último momento, propuso que en el mismo decreto se añadiera la creación de una Comisión Bicameral para la Atención a Víctimas de Desaparición Forzada.

La propuesta fue sometida a consideración del Pleno, pero fue rechazada por los legisladores de las demás fuerzas políticas.

Durante la votación, los diputados panistas, cuya bancada fue la que propuso el decreto, acompañaron su votación con la consigna: “¡Justicia para todos los desaparecidos en México!”.

En tanto, los priistas repitieron la frase “Justicia sin lucro político”, mientras que algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) incluyeron la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Los de Movimiento Ciudadano exclamaron “¡A favor también de una Comisión de la Verdad!”.

Previo al inicio del debate, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, se quejó de que el decreto, promovido por la bancada de Acción Nacional (PAN), se estaba dando de manera apresurada y se quedaba corto respecto del alcance que podría tener, pues podía incluir la creación de la Comisión Bicameral.

“No deja de llamar la atención que los que tenían prisa ahora quieren que se retrase”, expuso el vicecoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que además de Nahle, su compañero de bancada, Rodrigo Abdala, habían solicitado que el debate se pospusiera para la siguiente semana.

“Tenemos prisa y la seguimos teniendo”, contestó Nahle, quien se quejó de que el decreto, de dos páginas y de un sólo artículo, les fue entregado hasta hoy a las 10:00 horas.

La votación del decreto, por petición de la Mesa Directiva, se hizo de viva voz y de manera nominal debido a que distintos grupos parlamentarios aún no concluyen la asignación de curules a sus integrantes.

Fuente: diario.mx

Ciudad de México.- Integrantes de organizaciones civiles, así como Santiago Corcuera, de la Comisión contra Desapariciones Forzadas de la ONU (este último a título personal), señalaron que los casos de desaparición forzada que existen en México se han incrementado y a diferencia de la llamada “guerra sucia”, esta situación hoy ya no sólo se aplica por motivos políticos, y advirtieron que existe retroceso en materia jurídica.

Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que si bien la guerra sucia dejó a un México doloroso y mancillado, todas las desapariciones por motivos políticos siguen sin castigarse y además no se construyó el andamiaje jurídico que impidiera que los casos se repitieran.

También, mencionó Patrón, “no hay procesos de búsqueda ni de justicia (…) hoy tenemos que decir que la desaparición se aplica de manera generalizada, en los últimos ocho años hemos contabilizado más de 26 mil casos. Los anteriores señalamientos se dieron en el marco del 41 aniversario de la desaparición de Rosendo Radilla, un opositor al régimen que fue detenido y luego desaparecido durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, y cuyo caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que emitió una sentencia que ha generado diversas modificaciones legales entre ellas cambios en el ámbito del fuero militar.

Durante un acto realizado frente a la sede de la Procuraduría General de la República diversas organizaciones sociales, así como familiares de desaparecidos, entre ellos Tita y Rosa Radilla, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, quien desapareció desde 2007, y padre de dos de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, señalaron que desafortunadamente los casos de desaparición que han ocurrido en el país se contabilizan por miles y que no existió una verdadera política ni estrategia de búsqueda.

Santiago Corcuera, quien dijo que no podía hacer ningún señalamiento de casos ocurridos en México en su calidad de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a título personal que en nuestro país “estamos en presencia de graves retrocesos producidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos hacia atrás en algunos aspectos, vamos hacia adelante demasiado despacio”, y criticó que si hoy existe alguna norma constitucional contraria a la determinación de la CIDH, prevalezca la norma mexicana.

En el acto José Antonio Guevera, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que la manifestación se realizó frente a la PGR para exigir “que se investigue sin demora y eficazmente los casos de personas desaparecidas y solicitó que el expediente de Rosendo Radilla, el cual fue iniciado durante el gobierno de Vicente Fox e integrado por la extinta Femosp, sea puesto en manos de la “Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

Durante la manifestación Tita Radilla señaló que la PGR se ha negado a recibir las denuncias de muchas personas, cuyos familiares fueron desaparecidos durante la llamada guerra sucia en Guerrero, e indicó que las autoridades han llegado a cuestionar el porqué dejaron pasar tanto tiempo.

Sostuvo que las familias han tenido que hacer las investigaciones y las búsquedas porque las autoridades no han hecho nada al respecto.

En su oportunidad Nadine Reyes mencionó que “hay falta de voluntad política para investigar los casos de desaparición forzada”, por lo que dijo que es importante dignificar la vida de aquellas víctimas que han sido desaparecidas y rescatar su historia, “aunque como familiares tenemos el derecho y la razón para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos”.

Fuente. jornada.unam.mx

Ciudad de México a 7 de mayo.- El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, firmó el decreto de ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México. Dicha ley impone penas de hasta 40 años e inhabilitación de funciones para el servidor público que prive, ordene, autorice, apoye o consienta la desaparición forzada de una o varias personas y sanciona con una pena 15 a 30 años al particular que participe. La iniciativa tiene como propósito prevenir y combatir la desaparición forzada y sancionar a autores, participes y encubridores.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa 22 quejas por presunta desaparición forzada en el DF, informó la presidenta de la comisión, Perla Gómez Gallardo; en ese sentido, Quadratín cuestiono a la presidenta de la CDHDF sobre si hay cifras de cuántas personas han desaparecido en el Distrito Federal, a lo cual contestó que se carece de datos al respecto.

Por su parte, en Veracruz, tres expolicías municipales de Acultzingo, fueron detenidos y consignados por los delitos de desaparición forzada y secuestro, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Los hechos por los que fueron consignados los exagentes de seguridad ocurrieron en agosto de 2014 en el municipio de Maltrata, donde tres víctimas (cuyas identidades no fueron dadas a conocer) fueron privadas de la libertad, indicó CNN.

Por lo que, la violencia en México ha provocado la movilidad de un total de 281 mil 400 desplazados internos; no obstante, el gobierno “no reconoce oficialmente el desplazamiento interno”, según un informe publicado en Ginebra por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).; “La mayor causa de desplazamiento en México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (maras)”, afirmó el texto; en ese sentido, en México la violencia criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país, publicó La Jornada.

Redacción. Huellas de México

México, 29 abr .- El Senado aprobó hoy, por unanimidad, la reforma constitucional que faculta al Congreso a legislar en materia de desaparición forzada de personas, entre otros delitos.

Con esta reforma, resaltó el presidente de la comisión de Justicia, Roberto Gil, se responde a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos nacionales y al reclamo social de la herida que se abrió por la desaparición de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa.

Siete meses han transcurrido desde la desaparición forzada de estos estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, y hasta la fecha hay 104 detenidos, acusados de estar involucrados en los hechos ocurridos en Iguala.

Por su parte el presidente de la comisión de Estudios Legislativos segunda, el senador Alejandro Encinas, destacó que “otro escenario sería si esta legislación hubiera estado vigente hace años”.

Tras un largo debate, se insistió en que con esta modificación se podrá tipificar y homologar a nivel nacional diversos delitos, además de la desaparición forzada, entre ellos los referidos a la detención involuntaria, causada por el crimen organizado, y el secuestro.

Al presentar el dictamen la presidenta de la comisión de los Derechos Humanos, Angélica de la Peña, expresó que la desaparición forzada o la perpetrada por particulares “constituyen delitos graves”.

El Senado aprobó, con 107 votos a favor, la reforma constitucional Artículo 73, que pasa a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

Fuente. prensa-latina.com

Ciudad de México, 27 de abr.- Hace unos días el secretario de gobierno del Estado de México salió a negar que hubiera una ola de robo de niños en la entidad, afirmando además que estos falsos rumores están surgiendo recientemente en otras partes del país, lo cual es verdad, lo que aún es un misterio es el origen de estos rumores y que tanto tienen de verdad; la situación actual plantea que el origen de tales temores podría ser la exorbitante cantidad de desapariciones forzadas que se registran en México, realidad que cada día afecta a más y más familias de nuestro país.

Son ya 25 mil 821 personas desaparecidas en México, registradas por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual está a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 10,836 de estas desaparecieron durante el sexenio Peña Nieto, lo cual es descrito como una “verdadera tragedia nacional”, por Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, como relata Contralínea.

No obstante dichas cifras han sido criticadas por organismos como Amnistía Internacional, quien ha señalado que el número real de desaparecidos es mucho mayor a las cifras oficiales, que ya de por sí resultan desconcertantes.

En la misma publicación se relata un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, en el cual comprobaron que la PGR tenía 6 veces más desaparecidos investigando que los que estaban registrados en el RNPED, demostrando que se había ocultado el 84% de los casos de desaparición en la entidad.

Ante esta situación, este fin de semana el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informar de forma detallada cuántos de los casos de desaparecidos inscritos en el RNPED, tienen averiguaciones previas en curso, cuántos tienen acta circunstanciada y cuántos no tienen ninguna, con el fin de conocer de igual forma el proceso que han tenido las investigaciones, como abunda LaJornada.

Estas cifras, aunadas a los escandalosos casos de desapariciones o ejecuciones masivas, han colocado a México bajo la lupa internacional, así lo manifestó el subsecretario de Estado para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowksi.

Uno de los casos que más polémica sigue generando es el de los estudiantes desaparecidos de Iguala, los padres de las víctimas acusan que la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin acatar la solicitud hecha incluso por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han solicitado se giren órdenes de aprehensión, también por el delito de desaparición forzada, como narra Gustavo Castillo.

Destaca también la gravedad de la situación en estados como Tamaulipas donde se tienen más de 5 mil casos de desaparición forzada, así como Jalisco con más de 2 mil, como describe Fabiola Martínez, quien argumenta como uno de los principales faltantes, el “andamiaje para la búsqueda y localización de personas, así como para la reparación del daño”.

La grave situación ha alentado también severas críticas como la Denise Dresser en Reforma, donde no solo cuestiona la impunidad en torno al ex comisionado Castillo, sino también el prestigio de un gobierno sobre quien pesan ya acusaciones de crímenes de lesa humanidad: “Y ahora Alfredo Castillo, premiado con la Comisión Nacional del Deporte, juega pádel y evade su responsabilidad. Y ahora el Estado mexicano niega tenerla. Pero allí está en los artículos 7, 28 y 30 del Estatuto de Roma – que rige a la Corte Penal Internacional – el crimen de lesa humanidad que el gobierno, vía la PFP, cometió. ‘Ataques generalizados’ contra una ‘multiplicidad de víctimas’ civiles. Ataques consumados con ‘intencionalidad’ por parte de ‘fuerzas’ bajo el mando de una autoridad”.

Redacción. Huellas de México
Fotografía con licencia 2.0 de Creative Commons por karl sinfield

Ciudad de México a 14 de abril.- Descalificación, confrontación y difamación, son la oferta electoral de los 13 millones de spots que se trasmitirán hasta el 7 de junio; en ese sentido, las campañas muestran “sólo un poco cuando se trata del discurso personal de los candidatos, pero no tenemos, es un hecho, ninguna confrontación de ideas o propuestas, y lo que sí tenemos es el proceso electoral más caro de la historia y, hoy por hoy, uno colmado de incertidumbres.”, consideró Jorge Fernández Menéndez, en su columna “Campaña sin sorpresas ni reglas “publicada por Excelsior.

Mientras tanto, el secretario de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Leyva Ramírez, comunicó siete propuestas que serán el eje rector de la campaña “Mi Primera Vez”, la cual está dirigida a los cuatro millones de ciudadanos que votaran por primera vez para la elección federal; al respecto, detalló que esta campaña propone: “Creación de una Comisión de la Verdad, con el objetivo de crear la Ley Nacional de Desaparición Forzada e Involuntaria, que afecta sobre todo a los jóvenes”, indicó Leyva en el portal de Animalpolítico.’

Por su parte, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, afirmó a través de su cuenta de twitter @horacioduarteo, que el candidato priísta a diputado federal por el distrito X en Miahuatlán, Oaxaca, aparece en varios actos de campaña en compañía de hombres armados; en ese sentido, el político de Morena publicó varias fotografías en las que se observa al aspirante priísta en presuntos actos de campaña en diversos lugares, custodiado por hombres que portan armas largas, incluso la AK-47, conocidas como “cuerno de chivo”, recopiló La Jornada.

A su vez, en la opinión del columnista Luis Carlos Ugalde, el partido tucán estudia el mercado electoral, lo que le permite crear una estrategia global en la que focaliza sus audiencias y ofrece productos concretos y medibles; en ese sentido, los vales de medicina, circo sin animales, cadena perpetua a secuestradores; por lo que, “sus legisladores promueven leyes con la mirada en la campaña publicitaria y luego presumen que “; asimismo,”sus campañas usan todos los medios disponibles: TV, radio, cines, espectaculares, autobuses urbanos, entre otros.”; no obstante, “muchas de sus propuestas son sin duda superficiales, irrelevantes o populistas, pero sirven para la próxima campaña.”;al respecto, Ugalde cuestiona: “¿De qué sirve imponer cadena perpetua a los secuestradores si no hay capacidad de investigación y aprehensión?, publicó Milenio.

Redacción. Huellas de México