IFAI exige a Secretaría de Economía publicar títulos mineros

La Secretaría de Economía (SE) deberá dar a conocer el estatus actual de 78 títulos de concesión minera otorgados, el número de lotes que abarca cada uno y los oficios de los títulos que fueron cancelados.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó lo anterior al analizar un recurso de revisión presentado por un particular que se inconformó con la respuesta de la dependencia a su solicitud.

La secretaría federal, detalló un comunicado del instituto, no le proporcionó los documentos que dan cuenta del estatus actual de dichos títulos.

Además, reservó los oficios de cancelación, argumentando que se encontraban dentro de un proceso judicial que analiza un órgano del Poder Judicial de la Federación, del cual no existe una resolución definitiva.

En alegatos, la dependencia reiteró la clasificación de los oficios de cancelación y agregó que su difusión podía causar un serio perjuicio a las estrategias que se siguen en los procesos judiciales o administrativos.

Al analizar el caso, el comisionado ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov determinó que si bien la solicitud fue atendida, no se entregaron los documentos que dan cuenta del estatus actual de los títulos de concesiones mineras y omitió pronunciarse sobre el número de lotes que abarca cada concesión.

En ese sentido, concluyó que la actuación de la dependencia transgredió el derecho de acceso del peticionario, en razón de que no otorgó la información ni justificó legalmente dicha omisión.

Además, consideró improcedente la clasificación de los oficios de cancelación de los títulos de concesión, pues la secretaría no acreditó la existencia de un proceso judicial, administrativo, ni la vinculación que, en su caso, tuvieran con la documentación solicitada.

Advirtió que en respuesta a solicitudes, presentadas con anterioridad, la dependencia ha proporcionado información relacionada con el tema e incluso ha otorgado oficios de cancelación.

Al presentar el caso ante el pleno, el comisionado dijo que el otorgamiento de concesiones mineras favorece a particulares, para extraer y aprovechar recursos naturales propiedad de la nación, de acuerdo a los alcances que se fijen en dichos instrumentos.

“Resulta incuestionable que toda la información que se genera con relación a los títulos de concesión minera, se traduce en datos que, por su naturaleza, atañen a la ciudadanía, ya que dan cuenta de los límites del derecho que la autoridad competente otorgó a diversos particulares”, sostuvo.

Por lo anterior y a propuesta del comisionado Monterrey Chepov, el pleno del IFAI modificó la respuesta de la dependencia y le instruyó una búsqueda en la Dirección General de Regulación Minera, a fin de que entregue al recurrente la información de su interés.

 

 

Fuente. Notimex

Presentan destrucción de patrimonio biocultural ante CIDH

Washington, Estados Unidos a 30 de octubre.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en audiencia, a representantes de 14 organizaciones sociales, académicas y de comunidades indígenas, que denunciaron la destrucción del patrimonio biocultural de México por privilegiar megaproyectos, la falta de legislación y políticas culturalmente adecuadas para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu yaqui expusieron ante la CIDH el “patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos” en México.

Luis Arturo Carrillo, portavoz del colectivo MAOGM, que lucha contra los transgénicos detalló que uno de los planteamientos fue que 70% del territorio nacional tiene potencial minero, por lo que 35% fue concesionado por el gobierno entre los años 2000 y 2010, periodo en el que, destacó se autorizaron más de 29 mil concesiones para la explotación minera.

Carrillo Sánchez, agregó: “Alrededor de 17% de estas concesiones –unos 5 mil 87 títulos– se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas y, en algunos casos, las concesiones ocupan todo su territorio ancestral, como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios”, destacó.

Asimismo, se expuso ante la CIDH, las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.

Al respecto, los especialistas del tema señalaron: “Debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales, que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.

Además, en la Península de Yucatán han sido autorizados sin consulta, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas.Por lo que, comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.

Entre las peticiones realizadas a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural.

 

 

Redacción. Huellas de México

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