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Senado recibe recomendación sobre cogobierno en centros penitenciarios

La Comisión Permanente recibió la Recomendación General 30 relacionada con las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, se establece que dicha recomendación está destinada a la Secretaría de Gobernación, los gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad.

De acuerdo con la CNDH, es inaceptable que exista un buen número de prisiones en el país con condiciones de autogobierno y/o cogobierno; y refiere que en los últimos cinco años, 42 centros presentaron esta condición, dato obtenido de las visitas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Asimismo, precisa que el problema se agrava por el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con capacidad económica, recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan la prisión, situación tolerada por algunas autoridades.

El problema de la ingobernabilidad radica en la falta de acciones que busquen evitar casos violentos, como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones, como los ocurridos en Topo Chico, Apodaca y Cadereyta en Nuevo León; Ciudad Victoria en Tamaulipas; Culiacán en Sinaloa; Cancún en Quintana Roo; Matías Romero en Oaxaca; y en la Ciudad de México.

La CNDH subraya que hacen falta políticas públicas eficaces que prevengan y nulifiquen dichos riesgos, documentados por los organismos protectores de derechos humanos a escala nacional e internacional.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que el presupuesto otorgado al sistema penitenciario en cada una de las entidades federativas, en la mayoría de los casos es insuficiente e inadecuadamente distribuido.

Detalla que 56 por ciento es destinado al pago de salarios, 30 por ciento para materiales y suministros –servicios de alimentación, gas, luz, telefonía, y todo lo relacionado con la operación de los centros– y 13 por ciento se distribuye en el resto de los capítulos, limitándose las acciones de mantenimiento y equipamiento de la infraestructura penitenciaria de todo el país.

La recomendación de la CNDH consta de seis puntos: ejecutar un programa de monitoreo permanente para verificar el estado de la seguridad y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios, y que se instrumente un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral.

 Además de destinar en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario de cada entidad federativacon apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión que cuenten con un número inferior al necesario; identificar a los servidores públicos que indebidamente propician las condiciones de autogobierno y proceder contra ellos administrativa y penalmente.

Impulsar los programas de rendición de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia y/o entidad federativa, para erradicar prácticas que fomenten condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.

desarrollar un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión del país, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La CNDH señala que la gobernabilidad de los centros de reclusión es un requisito indispensable para la consecución de sus fines, por lo que constituye un requisito ético, jurídico y de protección que recae indefectiblemente sobre las autoridades.

La recomendación general de la CNDH fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

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79 infantes son “visibles” al lado de sus mamás en Cefereso

Actualmente se cuenta con una población de 79 menores de edad habitando con sus madres dentro del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de los cuales 35 son niñas y 44 niños, reportó la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rebeca Peralta.

“En la Asamblea Legislativa nos congratulamos de que ahora ya se cuente con un padrón y estén visibles las hijas y los hijos de las mujeres privadas de su libertad en las cárceles de las Ciudad de México”, afirmó la representante popular de Iztapalapa. 

rebeca peralta

“Se terminó con el mito de que los hijos e hijas de las madres en prisión eran invisibles para la sociedad, ahora ya están ubicados, sabemos sus edades, cuántos asisten a la escuela, cuántos no van y viven con sus mamás”, refirió Peralta León, quien anunció que el en el marco del Día del Niño, el próximo 30 de abril, se entregarán juguetes y se realizarán diversas actividades recreativas con los infantes.

La legisladora detalló que de los 79 infantes, 55 (29 niñas y 26 niños) asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Amalia Solórzano de Cárdenas, en tanto que 24 (6 niñas y 18 niños) no asisten a la escuela, por lo que se platicará con sus madres para convencerlas de la necesidad de que sus hijos tengan la educación para su desarrollo.

Señaló que sigue a la baja la población infantil que vive en los reclusorios y recordó que de acuerdo con la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México,  que encabeza Hazael Ruiz,  en diciembre de 2015 había 107 hijos e hijas de internas, para el 28 de septiembre de 2016 la matrícula fue de 82 niños y niñas y para el 7 de abril de 2017 la cifra es de 79, es decir una reducción de 28 menores de edad en 1 año con 4 meses.

Insistió en que se tienen avances significativos derivados del trabajo que realizan coordinadamente las autoridades de la capital del país, los Organismos No Gubernamentales (ONGs) y la ALDF, sobre todo porque se cumplió la meta de que las niñas y los niños fueran visibles ante los ojos de la sociedad.

“El trabajo en conjunto ha permitido que ahora cuenten con la Cartilla de la Primera Infancia, actas de nacimiento, tabletas y juguetes, y estamos en la lucha para que sean considerados dentro de los grupos vulnerables para que reciban todos los beneficios de parte del gobierno de la Ciudad de México”, subrayó.    

En la Ciudad de México “ya son visibles” porque cuentan con los programas Cunas Seguras, BB Seguro, becas para niñ@s en situación de vulnerabilidad, con uniformes escolares y se cumple el derecho a la identidad de, es decir, se les registrar en el Registro Civil, precisó.

Consideró que en la Ciudad de México “vamos un paso adelante en la atención de las necesidades de los infantes, sobre todo porque se desconoce oficialmente cuántos menores de edad están en las cárceles a nivel nacional, aunque la A.C., Reinserta considera que son 377 infantes invisibles”.

 

CJF

INAI pide radiograma del caso Tlatlaya al Consejo de la Judicatura Federal

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá entregar a un particular la versión pública del informe por radio (radiograma), mediante el cual se informó de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, entre ellas dos menores de edad.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que la decisión se tomó a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, al resolver el recurso RRA 0101/17, donde el particular se quejó de no haber recibido la información solicitada.

Guerra Ford comentó que en principio el solicitante requirió un oficio, cuatro mensajes todos muy específicos, incluyendo números y el Radiograma 041 del 30 de junio de 2014, por medio del cual el comandante de la Base Operativa “San Antonio del Rosario” informó las actuaciones del 30 de junio de 2014.

En respuesta, el CJF respondió que la información es parte de la causa penal 81/2014-II que continúa abierta, pues algunos involucrados están en libertad bajo reservas de ley, y contiene información de víctimas identificables y por tanto debe ser reservada en su conjunto.

Al inconformarse ante el INAI, el particular invocó el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, según el cual no se puede considerar reservada la información cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, carácter que tiene precisamente el asunto Tlatlaya, según recomendación 51/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida el 13 de enero de 2015.

Bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, refirió Guerra Ford, se puede entregar una versión publica en la que se reserve la información personal o datos de personas físicas identificables.

En ese sentido, expuso ante el pleno que los hechos de Tlatlaya tienen importancia social, pues se presume que los militares involucrados alteraron la escena del crimen, irregularidad que viola los derechos a la verdad y a la debida procuración de la justicia en agravio de las víctimas.

Al analizar el caso, el comisionado explicó que el Consejo de la Judicatura identificó y admitió de manera expresa que las documentales requeridas obran agregadas a la causa penal con número de identificación 81/2014-II.

A través de Requerimiento de Información Adicional (RIA), el CJF señaló que sólo está agregada a la causa penal el Radiograma 041 de 30 de junio de 2014, explicando que en un inicio clasificó todo el expediente como una unidad, aunque reconoció contar con este documento.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, el Pleno del INAI revocó la respuesta del CJF y le instruyó a entregar versión pública del Radiograma 041 del 30 de junio de 2014, clasificando los datos personales.

 

Topo Chico

Difunden en video trato humillante contra internos en Topo Chico

MONTERREY.- Mediante un video, internos del Penal de Topo Chico son vejados y humillados por otro grupo de reclusos.

En redes sociales se exhiben las torturas y abusos sexual a los que son sometidos varios reos. Las imágenes muestran a un grupo de internos, semidesnudos, con prendas íntimas femeninas, mientras friegan pisos en presencia de otros internos que los humillan y golpean.

Topo Ch

Entre las víctimas está un presunto capo que tiene amputada una pierna y quien fue acusado de operar secuestros y ordenar ejecuciones en los municipios del norte de la zona metropolitana de la entidad.

En las imágenes, presuntamente grabadas por propios internos del Penal de Topo Chico, se ve cómo un grupo de presos obliga a otros a limpiar con trapos el suelo de una de las celdas.

CNDH 2

Caso Nochixtlán, en etapa final: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, señaló que la investigación del caso Nochixtlán se encuentra en su etapa final y desde un principio sí se convirtió en un caso prioritario que ha requerido tiempo y ocupado recursos humanos y materiales de ese organismo.

En reunión con integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados a quienes informó de los avances sobre los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en el cual ocho personas fallecieron, manifestó que se han logrados avances importantes.

El reporte que les presento da cuenta de las acciones realizadas hasta el día de hoy, dentro del expediente que radicó este Organismo Nacional, mismo que se encuentra en su etapa final de integración. Estamos en presencia de un asunto complejo, con diversas facetas que necesariamente han requerido ser aclaradas, para lograr una visión integral, objetiva y realista de lo ocurrido el 19 de junio de 2016. La integración del expediente ha enfrentado diversas dificultades y representa varios desafíos, entre los cuales podemos mencionar:

•          La indebida preservación del lugar de los hechos, lo cual motivo que diversas evidencias no fueran resguardas y se hubiesen movido del lugar donde fueron originalmente encontradas;

•          La existencia de contradicciones entre los diversos testimonios recabados, lo que ha obligado a que los mismos se contrasten y confronten con otros elementos objetivos de convicción, a fin de dilucidar lo que realmente aconteció;

•          El hecho de que las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no siempre han sido oportunas ni incluyen todo lo requerido, por lo que la CNDH se ha visto obligada a dirigirse nuevamente a la autoridad correspondiente para insistirle en el envío de la información solicitada.

A manera de antecedente, considero necesario señalar que de manera previa a esta reunión, el 19 de julio de 2016 acudí a una reunión de trabajo con la Comisión Legislativa de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. En aquella ocasión se expuso el trabajo de la CNDH, en los siguientes rubros:

I.   Acciones inmediatas de la CNDH

II.   Investigación de los hechos

III.   Atención a víctimas

Detalló que se ha ampliado el espectro de la investigación, ya que si bien el enfrentamiento inició en Nochixtlán, los hechos de confrontación también se presentaron en las comunidades de Huitzo, Telixtlahuaca, Viguera y Hacienda Blanca.

Comentó que hasta el momento se han recabado 837 actas circunstanciadas, de las cuales 571 corresponden a los hechos suscitados en Nochixtlán, 43 a Huitzo y Telixtlahuaca, 93 en Hacienda Blanca y Viguera, que incluyen testimonios de diversas personas.

Indicó que de igual manera se realiza el análisis de 373 videos y 594 fotografías proporcionadas por habitantes y recabados de medios de comunicación, así como de videos proporcionados por la Secretaría de esa entidad.

González Pérez reiteró que en total fueron ocho las personas fallecidas, seis en los hechos de Nochixtlán y una en Viguera; los siete fallecieron por arma de fuego; mientras que una persona más fue lesionada un día después de los hechos por un cuetón y como consecuencia de ello falleció.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subrayó que en total hubo 190 personas heridas, de las cuales 122 fueron civiles y 68 policías, de estos últimos 43 son policías federales y 25 estatales; de ellos un policía federal y dos estatales fueron heridos por arma de fuego, mientras que el resto los fueron por quemaduras provocadas por cuetones y contusiones.

Indicó que la integración del expediente ha enfrentado diversas dificultades y representa varios desafíos, pero la investigación se encamina a saber qué fue lo que ocurrió el 19 de junio, cómo y por qué sucedieron los hechos, así como determinar quiénes tuvieron responsabilidad para que sean investigados y en su caso sancionados.

Por último, González Pérez indicó que el organismo a su cargo no investiga delitos, pues esa es responsabilidad exclusiva de las autoridades ministeriales y judiciales; lo que indaga la Comisión Nacional son violaciones a los derechos humanos.

CNDH

CNDH ahorrará 50.8 millones de pesos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este día sus lineamientos de austeridad para 2017, donde establece ahorro por 50 millones 822 mil 731 pesos.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la CNDH realizará un ajuste de 15 por ciento en la partida de sueldos y salarios del personal de mando superior. Además se cancelará el gasto en la contratación de honorarios para las áreas de apoyo y se reducirá este mismo concepto en 15 por ciento.

Los gastos de alimentos por reuniones dentro de las instalaciones se reducirán 20 por ciento, así como 50 por ciento los gastos de representación de las y los servidores públicos de mando con motivo de reuniones de trabajo fuera de las instalaciones.

El consumo de combustible será exclusivo en la ejecución óptima de proyectos, actividades sustantivas y en unidades de transporte oficial en operación, contando con las bitácoras para llevar un estricto control de los ahorros correspondientes, se ajustará en 20 por ciento el gasto en el rubro de combustibles para el parque vehicular, señala el documento de la CNDH.

Se instrumentarán medidas para la optimización y disminución del consumo de los servicios de fotocopiado, restringiendo su uso sólo para el personal autorizado con límites máximos por Unidad Responsable, sustituyendo la comunicación interna por correo electrónico con un ajuste del 30 por ciento en el gasto.

Se impulsará el uso de la firma electrónica en la realización de trámites administrativos, utilizando medios electrónicos en la gestión de la documentación para optimizar procesos y disminuir el consumo de papel, a efecto de reducir en 20 por ciento los gastos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, así como de impresión y reproducción.

Se reducirán en 20 por ciento los recursos destinados a cubrir el costo de los servicios de impresión y elaboración de publicaciones, materiales informativos y editoriales; se optimizará el gasto en servicios de mantenimiento para equipo diverso con ajuste de 25 por ciento.

En el caso de la telefonía móvil y radiocomunicación se reducirá el gasto hasta 50 por ciento a través de la cancelación de líneas y la racionalización del uso y asignación de los equipos mínimos necesarios.

Las adquisiciones de mobiliario y equipo de administración se ajustarán 25 por ciento.

Se reducirá 15 por ciento los recursos para la realización de congresos, convenciones y eventos, ajustando los gastos inherentes de diversos artículos de apoyo y el gasto de servicios relacionados.

Sólo podrán adquirirse los vehículos que resulten indispensables para aquellos servicios que se presten directamente a la población, reduciendo el gasto por la sustitución del parque vehicular al 50 por ciento, y se reducirán en 25 por ciento los gastos relativos a actividades de comunicación. Cabe señalar que Oficialía Mayor será el área responsable para aplicar e interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos.

Mujeres

Consolidan espacios en pro de igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración para consolidar espacios en favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que ello permitirá coadyuvar en la erradicación de todo acto de violencia contra las mujeres.
El ombudsman refirió que la problemática de los derechos humanos tiene como objetivos alentar e incidir en la instrumentación de las recomendaciones que emite, por lo cual consideró necesario establecer alianzas.
Explicó que se trata de acuerdos para debatir los temas de género más apremiantes, como brecha salarial, violencia contra la mujer, mujeres en contexto de migración, feminicidios o trata, por mencionar algunos.
Por su parte, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Alberto Vital, celebró la firma de dicho convenio porque se fortalece el trabajo y la capacidad de difusión.
Por ello el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) pasó a convertirse en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
CNDH

México se prepara ante posible cambio de política migratoria de EU

Ante la eventualidad de un cambio en la política migratoria en Estados Unidos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) saluda que las secretarías y ministerios encargados de las Relaciones Exteriores de los países miembros de este organismo internacional desarrollen y apliquen un plan de acción para la defensa de los derechos y la protección a las personas en situación de migración que se encuentren en aquella nación.

En tal sentido, los ombudsperson iberoamericanos que participan en el XXI Congreso y Asamblea General de la FIO en Santa Cruz de Tenerife, España, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Luis Raúl González, recibieron la propuesta del ombudsman mexicano quien exhorta a que dichas autoridades fortalezcan las capacidades y recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus respectivos connacionales que radiquen en EU.

A propuesta del ombudsman mexicano, la FIO –que reúne a los defensores del pueblo, procuradores, proveedores, razonadores, comisionados y presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o provincial— manifestó su preocupación y rechazo por cualquier acción que pretenda menoscabar la dignidad  derechos que asisten a esas personas, al tiempo que reitera su convicción de que cualquier diferencia debe ser resuelta en el marco del diálogo, el respeto a las instituciones y a los derechos humanos.

De manera unánime aprobaron e impulsaron la propuesta mexicana en el sentido de solicitar, de manera respetuosa, la intervención y los buenos oficios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional.

De igual manera en forma firme y decidida aprobaron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que con su actuación directa, vele porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean observados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y se garantice a los migrantes iberoamericanos el goce efectivo de tales prerrogativas.

En dicho pronunciamiento se destaca la importancia de actuar de manera decisiva en la generación de políticas públicas que atiendan el fenómeno migratorio en los países integrantes de este organismo internacional, para que en coordinación con las respectivas cancillerías se exija y vigile que los compatriotas no sean víctimas de arbitrariedades, y se prevengan daños y perjuicios indebidos a sus personas, bienes e intereses.

La FIO invita a que se atiendan las causas que propician la migración en los países que la integran, que se genere un entorno con condiciones de seguridad, igualdad y bienestar, que prevenga que los connacionales se vean forzados a migrar a otros países, por no encontrar en los suyos los niveles mínimos que les permitan su desarrollo integral, lo que por sí mismo implica una violación a sus derechos fundamentales.

El apoyo y atención que las naciones, cuyas instituciones autónomas defensoras de derechos humanos se encuentran representadas en la FIO, puedan brindar a sus nacionales deberá ser canalizado, en primer término, a través de las tareas de asistencia y protección que realizan sus embajadas y consulados, señalan los Ombudsperson firmantes del pronunciamiento.

Este pronunciamiento propuesto por el ombudsman mexicano fue aprobado en forma unánime por el Consejo Rector y la Asamblea General de la FIO.

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Proponen Red Nacional Pro Derechos de la Niñez

Con el fin de lograr avances y más rápidos en la defensa de los derechos plenos de la niñez mexicana, el diputado Rafael Hernández Soriano propuso crear la Red Nacional Pro Derechos de la Niñez.
En la reunión entre legisladores y representantes del gobierno federal, estuvieron la directora general del DIF, Laura Vargas Carrillo; el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, así como la Relatora sobre Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
El secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández, dijo que la intención es que las y los legisladores en todo el país articulen una estrategia con un solo eje, avanzar en los derechos de la infancia, y para ello se requiere organización.
Aseveró que hay 32 gobernadores a los que hay que decirles que en su propuesta de presupuesto anual que hacen al Legislativo consideren cada una de las circunstancias que enfrentan en sus estados, como las que se presentan en las fronteras para atender a menores migrantes, la necesidad de más procuradurías, entre otras.
En su oportunidad la Relatora de la CIDH precisó que en otros países se ha registrado un avance para lograr un incremento del presupuesto para políticas públicas para la niñez y confió que México, en breve, pase a ser de este grupo de naciones.
Prensa 1 CNDH y UNESCO

UNESCO México y CNDH impulsarán promoción y desarrollo de los derechos culturales

Defensores de la protección, promoción y salvaguarda de los derechos humanos, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidieron sumar esfuerzos para impulsar distintas iniciativas en al ámbito de los derechos culturales como facilitadores esenciales en el ejercicio efectivo de los demás derechos humanos.

Estos esfuerzos de cooperación entre la UNESCO en México y la CNDH se enmarcan en los trabajos de implementación en nuestro país de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales hacen constante referencia a los derechos humanos, que integran sus principios transversales.

Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, firmaron una Carta de Intención que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas para delinear directrices, establecer recomendaciones y comparar marcos conceptuales y técnicos internacionales tendientes a la definición de políticas públicas en materia de derechos culturales.

La carta brindará los puntos básicos esenciales para el diseño de metodologías que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de derechos culturales.

Nuria Sanz destacó la importancia de nuestro país en el reconocimiento del derecho cultural y recordó que uno de sus grandes impulsores fue Jaime Torres Bodet en los años cuarenta. Enfatizó que en 1982, en México, ministros de cultura de varios países establecieron que el derecho cultural, además de la participación en la vida artística y la libertad de expresión de las personas, tiene que venir unido a la idea de la identidad cultural, y eso se hace en México y se convierte en legislación mexicana. Desde entonces, dijo, todos esos principios han servido para guiar la voluntad de dos Convenciones importantes de la UNESCO en 2003 y 2005.

Señaló que la carta de intención signada con la CNDH permitirá refrescar el debate de los derechos culturales, generar un debate local, nacional y estatal -porque los Estados están muy interesados- y, sobre todo, internacional. Agradeció la disposición de la Comisión Nacional de acompañar a la UNESCO en la próxima reunión, en noviembre de este año, para tratar estos temas.

Luis Raúl González Pérez destacó que la firma de esta Carta de Intención permitirá la realización de acciones tendientes a prevenir violaciones a los derechos humanos, así como entablar diálogos interculturales, humanizadores y respetuosos de los derechos fundamentales de todas las personas, lo que será posible mediante la construcción de identidades que se reconocen, respetan y aprecian mutuamente.

Puntualizó que el Organismo Nacional comparte visiones con la UNESCO para revertir los efectos negativos de la globalización y convertirla en espacio de verdaderas oportunidades de vida digna, de ahí el impulso que los Ombudsman del mundo dan a la Agenda 2030 de la ONU.

Tras expresar que la educación es un derecho clave para acceder al ejercicio de los demás derechos, González Pérez apuntó que la UNESCO, con su labor, hace reflexionar acerca de que la paz no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.

Subrayó el interés de la CNDH por establecer una relación permanente y estratégica con la UNESCO, con quien se han afianzado lazos y tendido puentes de entendimiento que hoy se materializan con la firma de la Carta de Intención, por lo cual expresó su reconocimiento a la Directora y Representante en México de ese organismo internacional, por su capacidad para construir alianzas y coordinar esfuerzos para la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestro país.

La Carta de Intención permitirá, entre varios puntos, la celebración de congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, foros bilaterales o multilaterales, que permitan alcanzar los fines propuestos por ambas partes, en colaboración con instituciones mexicanas. Este acuerdo permitirá además desarrollar actividades de investigación conjuntas, así como fomentar talleres de capacitación técnica para impulsar el respeto y el ejercicio de la diversidad cultural.

CNDH

CNDH llama a eliminar discriminación en géneros

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó a asumir el compromiso de eliminar los obstáculos que den origen a cualquier práctica discriminatoria por motivos de género en los ámbitos familiar, cultural, económico, político y social.

Al inaugurar el foro Balance de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a 10 años de su promulgación, el ombudsman nacional consideró necesario erradicar las conductas que impiden a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos.

Reconoció que si bien ha habido avances normativos sólidos y congruentes en la materia y se han creado organismos que buscan incidir en la consecución de la igualdad, el reto es fortalecer las políticas públicas para que se materialicen los lineamientos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que es imprescindible seguir el trabajo legislativo para que todas las leyes, sin importar su objeto, incorporen en su lenguaje y componentes el conjunto de nociones que tienen como fin el reconocimiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. “Se requiere eliminar resabios que contrarían la visión progresiva que hoy defendemos”, expuso González Pérez ante senadores y representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Dijo que los datos duros y la realidad muestran la necesidad de trabajar de manera ardua para revertir esa situación, la cual incide en la participación de las mujeres en el ámbito laboral. González Pérez recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2012, ellas son quienes carecen más de trabajo -entre cuatro y seis puntos porcentuales- en todos los bloques de edades y niveles de escolaridad. 

CNDH

CNDH atraerá caso de Tamayo Rosas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprueba el homicidio del periodista Pedro Tamayo Rosas, colaborador del medio informativo El Piñero de la Cuenca, quien fue atacado con disparos de arma de fuego que lo privaron de la vida la noche de ayer, en Tierra Blanca, Veracruz.

La CNDH, que determinó iniciar un expediente de oficio y atraer la investigación del caso, ya estableció comunicación con la familia del periodista, para brindarle la solidaridad y el acompañamiento necesario, además de realizar las primeras diligencias y recabar la información correspondiente.

En un comunicado de prensa, la CNDH indicó que de conformidad con diversa información, el periodista fue trasladado al Centro Médico Regional de esa ciudad, donde falleció mientras recibía atención médica.

Los hechos son investigados por las autoridades correspondientes, quienes deberán analizar la vinculación entre la agresión y el trabajo periodístico de Tamayo Rosas, así como dar con los responsables para que no haya impunidad.

Reiteró que cualquier tipo de agresión contra informadores y medios de comunicación provoca afectaciones de muy distinto tipo, generando espacios de autocensura y silencio en muchas regiones del país, sobre todo en aquellas entidades como Veracruz, que ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas en México. 

Este Organismo Nacional hace un llamado a las autoridades de aquella entidad y a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a ofrecer la protección a la familia del señor Pedro Tamayo.

 
Julio Cesar

Normalista murió de traumatismo craneal: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo sin vida fue el único que los autores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no ocultaron, fue asesinado a causa de la “tortura física”que sufrió en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y no por recibir disparo de arma de fuego.

En su informe, la CNDH descartó que el estudiante fuera desollado en cara y cuello por instrumentos de arma punzo cortante y se señala que, postmortem, el arrancamiento de la piel y un ojo de Mondragón Fontes fue por mordedura de depredadores, como roedores y perros.

El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión, José Larrieta Carrasco, indicó que su hipótesis resuelve la controversia en torno a la muerte de Mondragón Fontes, de versiones de la Procuraduría del estado, la PGR o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Señaló que abre una nueva línea contra los probables responsables, pues “nadie está siendo investigado por tortura física contra Julio César”.

La investigación apunta que el cuerpo del normalista presentó 64 fracturas en 40 huesos. Entre estas heridas destacan fracturas provocadas en los ocho huesos del cráneo, en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara y en siete costillas izquierdas y tres derechas, entre otras. Se concluyó que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico. Desechan la teoría de que fuera lapidado.

El equipo pericial de la CNDH determinó también que al momento de ser perseguido y agredido en el camino del Andariego, en Iguala, forcejeó, luchó y se defendió de sus agresores.

La CNDH recabó el testimonio de un estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos que asegura que Julio César grabó con un celular parte de la agresión y persecución durante la noche del 26 de septiembre contra los normalistas.

Piden a la PGR investigue la existencia del material y en su caso sea recuperado para coadyuvar la línea de investigación. Solicitan a dicha autoridad que investigue a 11 individuos señalados por dos integrantes de la organización criminal  Guerreros Unidos como partícipes en la tortura y homicidio de Julio César, con especial atención a uno de los señalados como responsable, Víctor Hugo Benítez Palacios. Proponen que en el caso se consigne por el delito de tortura a quienes están siendo procesados por el homicidio de este normalista de Ayotzinapa.

Inai

Sedena deberá presentar imágenes y video de normalistas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), buscar y difundir fotografías, así como videos tomados por un militar la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, para ayudar a esclarecer el caso.
La recomendación emitida a la Sedena se registra después de que un particular solicitó documentación, escrita y audiovisual, sobre la información que el militar Eduardo Mota recabó el 26 de septiembre de 2014.
En respuesta, la dependencia federal declaró inexistente esta información, pero puso a disposición un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por Mota. La persona consideró esa decisión como insuficiente e interpuso un recurso de revisión.

Tetelcingo

CNDH afirma que va como observador a Tetelcingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que su personal sólo participará en calidad de observador durante la diligencia de exhumación y posterior reinhumación de los cuerpos encontrados en Tetelcingo, Morelos.

En un comunicado, la CNDH indicó que si bien ejerció facultad de atracción de este caso desde el 24 de noviembre de 2015, “por ser un asunto que trasciende el interés público”, la diligencia “corre a cargo y es responsabilidad de la Fiscalía General de Morelos”.

En efecto, el personal de la comisión es encabezado por el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, e incluye visitadores adjuntos, criminalistas y psicólogos, si bien “la participación del personal de la institución es con la calidad de observadores”.

La intención es observar que durante el desarrollo de este trabajo se respeten los derechos humanos de las víctimas y el derecho a la verdad, habida cuenta que la CNDH ayudó a concretar el encuentro entre la titular de la Procuraduría General de la República y los familiares de las víctimas; también colaboró para concretar las reuniones con el fiscal de Morelos, representantes del gobierno del estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

CNDH

CNDH integrará reporte de GIEI a sus expedientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que incorporará el Informe final del GIEI dado a conocer el domingo pasado a sus investigaciones sobre el caso Iguala

En un comunicado, la CNDH destacó que hizo lo propio con el Informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se rindió el 6 de septiembre de 2015 y ratificó su respeto al acuerdo entre el gobierno federal de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio sustento al trabajo del GIEI en México.

La CNDH comentó que la coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus más de 20 informes con las observaciones y propuestas que la CNDH previamente dirigió a diversas autoridades federales”.

Estas últimas forman parte del documento “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala” del 23 de julio de 2015” y del Reporte presentado el 14 de abril pasado.

En su documento, la CNDH consideró que la presencia en México de grupos y organizaciones de diversas latitudes suma a la defensa de los derechos humanos, pero no sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH.

Con base en la relación de colaboración que se ha mantenido con el GIEI, el 15 de marzo del presente año se solicitó al GIEI el soporte documental recabado de sus investigaciones, incluyendo los casos de tortura.

Al respecto, “este Organismo Nacional espera una respuesta favorable a esta petición de apoyo”.

Sobre los casos de presunta tortura, la CNDH precisó que ya se integran expedientes de quejas por presuntas detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en la detención y tortura, presentadas por algunos de los inculpados en el “Caso Iguala”.

Asimismo, precisó que hay cuatro expedientes por supuesto maltrato en la detención; 11 por supuesta detención arbitraria y 47 por posible tortura.

Para la debida integración de los expedientes de estos casos, la CNDH ha debido practicar multiplicidad de diligencias, solicitando información a varias autoridades. “Es pertinente mencionar que, en algunos casos, ha existido dilación para cumplir con lo solicitado”, señaló el comunicado.

 

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Fundem: Más 27 mil desaparecidos en México

25 Abril.- Familiares de víctimas de desaparición y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado que la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas sea una herramienta para los parientes de quienes han sido víctimas de este flagelo que afecta al país.

Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), comentó que a la fecha el gobierno ha reconocido a 27,000 desaparecidos; sin embargo, dijo que estos casos son sólo los que tienen o una averiguación previa o un acta circunstanciada. “No cuentan que uno de cada nueve desaparecidos son los que tienen esos documentos, no consideran los miles de migrantes que ni siquiera sus familias saben si están en tránsito o están desaparecidos; no cuentan los miles de cadáveres sin nombre que están localizados en fosas clandestinas, fosas comunes, en los semefos, tampoco las personas que llegan en calidad de desconocidos a los hospitales”, criticó.

Dijo, como muchos de los participantes de la audiencia pública, que el fenómeno de la desaparición en México se debe principalmente a la falta de interés de las autoridades, impunidad y corrupción. Consideró que las desapariciones forzadas no ocurren sólo a manos de agentes del Estado, sino de particulares, pero refirió que cuando las autoridades “no hacen nada, se convierten en cómplices”.

Frente a senadores que encabezan las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, decenas de familiares de desaparecidos narraron sus historias de dolor y exigieron que la creación de ley en la materia cuente con su participación, ya que ellos son los que tienen la experiencia de las trabas que ponen las autoridades en las investigaciones.

Jorge Verástegui, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, detalló la necesidad de generar un sistema nacional de búsqueda, que coordine, opere y ejecute la búsqueda de los desaparecidos, además de una comisión nacional de búsqueda con una visión policial. “Sabemos que crear instituciones no resuelve las cosas, por lo tanto, estamos proponiendo crear un organismo de vigilancia ciudadano, integrado por familiares, por expertos y organizaciones de derechos humanos, que tenga un poder coercitivo, porque sabemos que los órganos que hacen recomendaciones no funcionan, necesitamos tener poder para quitar incluso al titular de la comisión de búsqueda”, indicó.

Fernando Yunes Márquez, senador titular de la Comisión de Justicia, reconoció que no ha sido eficaz la tipificación del delito de desaparición forzada.

A su vez, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó la necesidad de crear protocolos únicos de búsqueda e investigación, donde las unidades encargadas trabajen bajo un mismo concepto.

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Más denuncias en PGR por tortura, CNDH reduce sus recomendaciones.

Pese que la cantidad de denuncias por tortura aumentó en los primeros dos años de esta administración, se redujo el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La Procuraduría General de la República (PGR) recibió, en los primeros dos años de esta administración, 3 mil 568 denuncias, en cambio, entre 2006 y 2012 se iniciaron 487 denuncias, informó la PGR vía solicitud de información.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar inició 229 indagatorias por probables actos de tortura, entre enero de 2007 y junio de 2014, y destaca que en el año 2013 recibió la mayor cantidad de denuncias, con 56, de acuerdo con la información obtenida por transparencia.

En cuanto a la CNDH emitió 120 recomendaciones al Ejército, entre el año 2007 y 2016; un total de 113 corresponden a la administración anterior y siete a la actual; estas fueron elaboradas al comprobar que los soldados cometieron delitos de tortura, homicidio, golpes, detención injustificada, cateo sin orden judicial, privación ilegal de la libertad y abuso sexual, entre otros. Todas las Recomendaciones fueron aceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Juan Méndez relator de la ONU y Amnistía Internacional (AI) advirtieron el año pasado que la tortura en México es generalizada y que ha alcanzado niveles catastróficos por recurrentes casos de asfixia, violaciones, abuso sexual, choques eléctricos y golpes en contra de personas detenidas.

Normalistas

Responde Policía Federal a CNDH caso Ayotzinapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación respecto al caso Ayotzinapa, por lo que la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, manifiestó:

Expresamos nuestro pleno respeto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside el Licenciado Luis Raúl González Pérez.

Desde el inicio de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, la Policía Federal ha aportado todos los elementos que se le han solicitado y ha dado seguimiento puntual al caso.

Los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la supuesta participación de dos elementos de la Policía Federal, fueron integrados con anterioridad al expediente y sobre los cuales se han desarrollado diversas diligencias por lo que no representan una aportación adicional al expediente.

Todos los elementos de la Policía Federal que se encontraban en la región han rendido declaración ante el Ministerio Público de la Federación, algunos de ellos hasta en dos ocasiones, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna responsabilidad en su contra.

La Policía Federal refrenda la disposición para atender cualquier requerimiento por parte de la Procuraduría General de la República, instancia que deberá informar sobre el desarrollo de la investigación.

 

Se anexa comunicado de la CNDH sobre el tema:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido desarrollando sus investigaciones con respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, acaecidos en Iguala, Guerrero, que tuvieron, entre otras consecuencias, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Desde la perspectiva de la Violación Grave a los Derechos Humanos, la Comisión Nacional ha indagado sobre la posible participación en los hechos de agentes de corporaciones de policía adicionales a las hasta ahora conocidas. Desde el 23 de julio de 2015, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, perfiló la existencia de una “Ruta de Desaparición” más a la sostenida por la Procuraduría General de la República que partía del lugar conocido como el “Puente del Chipote”. Hoy se confirmaría esa nueva ruta con la posible participación de agentes de dos Corporaciones Policiales adicionales a la municipal de Iguala, en la desaparición de los estudiantes normalistas que se trasladaban en el autobús “Estrella de Oro” número 1531, la noche del 26 de septiembre de 2014, específicamente, de la Policía de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal.

Previo a hacer pública la información sobre esta investigación focalizada en los cuerpos policiales, la CNDH enteró a los Padres y familiares de los normalistas desaparecidos y a sus representantes.

La CNDH informa este día del resultado de algunas de sus investigaciones, particularmente de la que desarrolló sobre la desaparición de los normalistas en el “Puente del Chipote de Iguala”. Lo hace con la intención de que se inicien acciones urgentes de búsqueda, se salvaguarde la vida de testigos y se realicen las investigaciones para la pronta sanción de los responsables. Las investigaciones ponen de relieve la cooptación de agentes de diversas corporaciones policiales por el crimen organizado en vastas regiones del Estado de Guerrero, particularmente en el Municipio de Iguala, Cocula y, presumiblemente, en el de Huitzuco.

En las investigaciones para esclarecer lo sucedido en el “Puente del Chipote”, la CNDH logró la confianza y las declaraciones de un testigo presencial y no partícipe de los hechos respecto del que, para salvaguardar su vida y seguridad personal, solicitó a las autoridades la reserva de su identidad y la protección y seguridad correspondiente. Su testimonio espontaneo y libre estaría corroborado por diversas pruebas agregadas al expediente.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” 1531, fue forzado a detenerse en el “Puente del Chipote”, por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Los entre 15 a 20 normalistas que viajaban en la unidad, fueron obligados a descender, incluso con gases lacrimógenos y agredidos física y verbalmente. A instancia de la Policía Municipal de Iguala,  arribaron al lugar tres patrullas, presumiblemente, del Municipio de Huitzuco. En ellas y en una más de la Policía de Iguala, los normalistas comienzan a ser subidos. En ese momento, llegan dos patrullas de una tercera corporación policial: la Policía Federal. De dichas patrullas, descienden 2 agentes que luego tienen un intercambio verbal con 3 agentes de la Policía Municipal de Iguala. Del diálogo sostenido se desprende que por el consenso de los intervinientes, los normalistas serían llevados al Municipio de Huitzuco ante la presencia de una persona a quien se identifica como “El Patrón”, individuo que pudiera ser el líder de una organización criminal y quien decidiría sobre su destino. Los estudiantes terminaron de ser subidos a las 4 patrullas las cuales se desplazaron sobre la carretera con dirección a Chilpancingo. Esa fue la última ocasión en que los normalistas fueron vistos.

Relacionado con los hechos del “Puente del Chipote”, el GIEI, en su Informe del 6 de septiembre de 2015, proporcionó una lista de los alumnos que, según su investigación, viajaban en  el autobús 1531, entre ellos, destaca el nombre de  Alexander Mora Venancio. La autoridad ministerial federal tendría que establecer los pasos subsecuentes en la Ruta de desaparición de los estudiantes desde el “Puente del Chipote” y  confirmar o no su paso por el Municipio de Huitzuco.

El pasado 15 de marzo, la CNDH solicitó formalmente al GIEI el soporte documental de sus investigaciones y conclusiones para que sea incorporado formalmente al expediente de este Organismo Nacional y valorado integralmente junto con  las pruebas existentes. La CNDH está pendiente de la atención que el GIEI brinde a esta petición.

En relación con los hechos del “Puente del Chipote”,  representantes de Personas Morales habrían omitido proveer la información requerida por esta Comisión Nacional y, al propio tiempo, obstaculizar sus investigaciones de Violaciones Graves a Derechos Humanos. Del mismo modo, se abstuvieron de proporcionar información al Ministerio Público de la Federación, con lo cual también habrían obstruido las investigaciones de delitos y de sus autores. Con dichas acciones, los representantes de esas Personas Morales habrían contribuido con la organización criminal involucrada en los hechos y, en algún sentido,  encubierto a probables responsables. La PGR tendría que determinar la eventual responsabilidad de dichos representantes.

Bajo criterios de confidencialidad, urgencia e inmediatez, esta Comisión Nacional entregó formalmente, bajo reserva, a la PGR una carpeta con las evidencias relacionadas con los hechos que se dan a conocer y, además, una propuesta de diligencias que para ese momento resultaban urgentes. Se requería y se requiere, entre otras cosas,  salvaguardar la vida y la integridad física del testigo que rindió declaración sobre los hechos, razón por la que se solicitó a la PGR la instrumentación de las medidas cautelares del caso, tal como reservar la identidad del testigo, cuestiones por las que esta CNDH se abstiene de proporcionar datos específicos sobre la investigación y sobre  el testigo.

El resultado de las investigaciones practicadas por la CNDH que se informa, perfiladas desde el 23 de julio de 2015, en el documento “Estado de la Investigación del ´Caso Iguala”, es una muestra clara de que las indagaciones oficiales sobre los hechos ocurridos en Iguala podrían ser conducidas conforme a los planteamientos establecidos en las 26 Observaciones y Propuestas formuladas desde aquella fecha a la Procuraduría General de la República.

Sobre los hechos de desaparición de los normalistas ocurrida en el “Puente del Chipote”, este Organismo Nacional planteó a la Procuraduría General de la República la implementación de 17 Observaciones y Propuestas, entre ellas: A partir de las investigaciones de la CNDH, continuar y profundizar las investigaciones para confirmar o descartar la intervención de agentes de la Policía de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos del “Puente del Chipote” y su vinculación con grupos de la delincuencia organizada; Practicar las diligencias necesarias para determinar la identidad de los normalistas  que viajaban  en el autobús  número económico 1531; Investigar si fue circunstancial el hecho de que los 2 autobuses de los que fueron sustraídos los normalistas, hayan sido los mismos en los que originalmente los estudiantes se trasladaron de la Normal a Iguala. Esta investigación podría ser relevante en la determinación del móvil de las agresiones a los normalistas; Ampliar la declaración ministerial del conductor del autobús número económico 1531 para que precise las circunstancias del ataque a los normalistas; Iniciar acciones urgentes de búsqueda  de los normalistas de acuerdo a la información entregada a la PGR; Llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer la identidad de quien se identifica como “El Patrón” posible líder de alguna organización criminal ante cuya presencia serían llevados los normalistas; Ampliar la declaración ministerial del elemento militar que acudió al “Puente del Chipote” y presenció parte de los hechos suscitados e hizo 4 tomas fotográficas en la escena criminal; Continuar con las investigaciones hasta lograr, de ser posible, la recuperación técnica o material del video del Palacio de Justicia de Iguala  que contiene imágenes del “Puente del Chipote” correspondientes a la noche del  26 de septiembre de 2014; Determinar la probable responsabilidad en la que pudieron incurrir quienes omitieron entregar información al Ministerio Público de la Federación y determinar si ello fue para encubrir a implicados en el caso, con lo cual habrían obstaculizado las investigaciones de la PGR así como las de la CNDH y establecer si ello obedeció a situaciones particulares o representó una contribución al grupo criminal investigado por su intervención en los hechos. Para estos efectos, es relevante el resultado que se haya obtenido en la diligencia  que oportunamente se propuso practicar a la PGR.

La CNDH continúa con su investigación y dará seguimiento al desarrollo de las acciones que lleven a cabo las autoridades en el presente caso.

CNDH

Hacinamiento, principal problema en cárceles: CNDH

Clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, son las principales causas que detectó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante su visita a 130 centros penitenciarios del país.

Así lo señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 que entregó la CNDH a la Cámara de Diputados, sobre el estudio realizado en esta materia y que precisa las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los 130 centros revisados.

El reporte que recibió la Cámara de Diputados señala también que se identificaron como faltas importantes, la carencia de personal de seguridad y custodia, prevención y atención de incidentes violentos, es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender casos como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines.
Advierte que la mayoría de los centros visitados no cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de COC, dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.
La CNDH resalta que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y la seguridad.
Otro asunto persistente es la sobrepoblación, que conlleva a problemas de salud y seguridad. Una deficiente distribución de los internos aunado a la sobrepoblación da como resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad; en zonas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30.
En algunos penales se observaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
También, señala el reporte, que se constataron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica y carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a los internos y de atención psicológica.
De igual manera, prevalecen insuficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no se contemplan dietas especiales para enfermos que así lo requieren.
Por lo que hace a centros federales, en algunos es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, y existe hacinamiento en varios de ellos. Hay deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos.
En seis de los centros visitados, el día de la supervisión se observaron sobrepoblación, deficiencias en las condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos; se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes técnico-jurídicos.
Respecto a las prisiones militares, la situación más recurrente es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.
El diagnóstico se realizó sobre una muestra conformada por 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 359 que hay en el país, cuya población total -al día de la supervisión- era  de 194 mil 977 internos, 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales.
Se visitaron 21 centros federales, entre ellos los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), con una población global de 24 mil 455 internos.
Se incluyeron las tres Prisiones Militares, que albergan 786 internos. La muestra abarcó el 89 por ciento del total de la población penitenciaria nacional.
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