Ciudad de México a 7 de octubre.- Mientras especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles han documentado la recurrencia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del país; algunos analistas tachan de “conspiranoico” indagar sobre la participación del Ejército en la trágica noche del 26 de septiembre en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa; no obstante, la historia documentada por la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero revela la participación de los mandos castrenses en el periodo denominado como la “guerra sucia”.
La Fiscalía mexicana no ha cerrado las investigaciones del caso Tlatlaya; al respecto, analiza todas las opciones; por lo que, podría consignar a un alto mando de la Sedena y configurar el delito como omisión. La orden que recibieron los funcionarios de la procuradora es agotar todas las líneas de investigación para que el caso no se cierre y se queden sin elementos castrenses que juzgar.
Por su parte, CiroGómezLeyva, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan la percepción de que, “si no se trató de un crimen de Estado, tiene una gran similitud con un crimen de esa naturaleza”; al respecto, el columnista refiere que: “la narrativa y descriptiva de la CIDH son similares a la de la PGR y el gobierno”. “Grupos criminales coludidos con policías municipales sometieron a los jóvenes, los tras-ladaron, martirizaron y mataron”; cabría preguntarle a Leyva en que apartado del informe de expertos independientes se afirma que fueron asesinados; no obstante, el periodista del Universal señala que las diferencias entre la CIDH y la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam, estriban en que, el organismo “dice que no hay datos firmes para asegurar que, además, los quemaron y tiraron al río”; además, el comunicador reproduce un fragmento del testimonio de un militar del batallón 27 que narra como observador cuando los policías querían bajar a los estudiantes del camión Estrella de Oro, dichas declaraciones del mando castrense coinciden con las recabadas por la Fiscalía de Guerrero; por lo que, Ciro Gómez señala: “Y sólo un delirante, un complotista, afirmaría hoy que hubo una orden suprema para hacer coincidir las declaraciones de los militares en activo con las de los policías municipales detenidos el sábado 27”.
A su vez, CarlosRamírez detalla tres noticias que inciden en la agenda de seguridad pendiente: 1.- Un juez civil determinó la libertad de cuatro militares que estaban acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Será el primer caso simbólico de militares sometidos a leyes civiles, como lo exigieron organismos internacionales. 2.- Diputados priístas tomaron la iniciativa de homologar el marco legal de las fuerzas armadas que tiene años de rezagos. Hasta ahora, las fuerzas armadas cumplen con el requisito constitucional de participar en labores de seguridad interior, pero sin que exista una ley reglamentaria. El actual congreso debe legislar sobre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, doctrina de defensa nacional y leyes de espionaje e inteligencia. 3.- El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló los militares tienen una función legal y no existen razones para comparecer ante organismos internacionales los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre.
No obstante, el analista indicó que: “Mañosamente, la CIDH quiso endosarle al ejército la crisis de seguridad que fue responsabilidad de la autoridad municipal del PRD”; al respecto, caben las interrogantes, si el ataque perpetrado contra los estudiantes de Ayotzinapa sólo fue a manos del crimen organizado infiltrado en la policía municipal y el gobierno de Iguala, ¿qué responsabilidades tiene el CISEN, la CNS y la SEIDO?; acaso, ¿el Batallón 27 no conocía las actividades delictivas de los Abarca y qué hay de los señalamientos que ubica a la estirpe Figueroa al mando de GU?; sin embargo, el analista descalifica el informe del grupo de investigadores de la CIDH y acusa de tergiversación por intereses políticos mexicanos del secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Por su parte, el académico JaimeLuisBrito contextualiza los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014; en ese sentido, la normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos puesto que de sus aulas salieron los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero; la respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual todavía persiste la impunidad; cabe destacar que días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero presentó el informe donde documentó la participación del Ejército en contra de los disidentes en la denominada “guerra sucia”; Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época; además, las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.
Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo, con la finalidad de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”; al respeto, el clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza; al respecto, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.
En lo que respecta al caso Tlatlaya, Estado de México, la resolución de un juez de liberar a cuatro militares involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales, no es definitiva, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; en ese sentido, el ombudsman recordó que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya, cuando 22 personas murieron en un presunto enfrentamiento con militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. La comisión concluyó en octubre de 2014 que al menos 15 fueron ejecutadas.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló: “En caso de que la PGR y el Poder Judicial de la Federación persistan en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”; por lo que, la liberación de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, no implica que el Ejército haya sido exonerado, indicó el organismo; “Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.
Para el columnista JorgeFernándezMenéndez “no hay una sola prueba verosímil en contra de los acusados en este caso”; al respecto, refiere: “Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que los 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados. Tampoco hubo, durante casi tres meses, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados de haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio de los enfrentamientos”, señaló.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 2 millones y medio de pesos como recompensa a quien proporcione información que lleve a la detención de cinco probables responsables de delitos en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; en ese sentido, se busca localizar a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala; José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”; Érick Sandoval Rodríguez, “La Rana”, y Miguel Miranda Pantoja, “Pajarraco”.
Además, el entonces procurador guerrerense, Iñaki Blanco, acusado de apoyar a Los rojos, iba tras el alcalde de Iguala; al respecto, el 24 de septiembre de 2014 el procurador de Justicia de Guerrero, preguntó a un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) cómo iba su encargo. Desde mayo de ese año, en un encuentro de procuradores en Huatulco, Oaxaca, había requerido apoyo porque de las pesquisas sobre la coautoría del secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona se encontraron elementos del vínculo del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Beltrán Leyva.
Mientras tanto, la procuradora general de la República (PGR) Arely Gómez González, afirmó durante un encuentro privado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein que: “el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección, siempre han sido objetivos de suma importancia para México”; además, Gómez González, resaltó que “un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro”; asimismo, la funcionaria detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el gobierno de la República “contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por diversos órganos, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respaldó los resultados de los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, indicó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; en ese sentido, se afirma que existe una crisis generalizada en el país y que las conclusiones de la PGR son cuestionables.
A su vez, en otro caso de presunto abuso policíaco el pasado 27 de septiembre, “la Policía Federal se encontraba custodiando la oficina de la Fiscalía Antisecuestros en Villahermosa, Tabasco, ya que momentos antes habían presentado a unos detenidos por el delito de secuestro. Al tiempo, a escasos metros de ahí, un grupo de jóvenes tuvieron una discusión por motivos de vialidad, pero se resolvió rápidamente y cada quien continuó su trayecto”. “Los policías se percataron del hecho y siguieron la camioneta donde iba el arquitecto ambientalista Alejandro Contreras Sierra de 27 años, Miguel Ángel Martínez Domínguez, Roberto Contreras y Jorge Luis Gómez Estrada”. “Se desconoce el motivo por el cual la PF quiso tomar partido en ese asunto, ellos siguen su camino e incluso llegan a su casa con toda calma y se estacionan tranquilamente, porque no tenían nada que temer no habían cometido delito alguno, es ahí cuando los elementos se bajan, se les acercan y por la espalda les disparan, fue de atrás hacia delante. No hubo ningún tipo enfrentamiento como lo quiso manejar y manipular la policía Federal”, indicó el abogado Carlos Castillo Romero, defensor de la familia Contreras Sierra.
Por su parte, el medio LaRazón criticó las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por retomar testimonios de casos que datan de 1974 y nueve más de entre 2006 y 2014, incluido el caso Iguala; en ese sentido, la CIDH concluyó que en México la desaparición forzada es generalizada, además de que consideró que las ejecuciones extrajudiciales son parte de la “grave crisis” en materia de derechos humanos, basándose en los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, habría que rememorar los años de impunidad para las familias de los desaparecidos en Guerrero en el denominado periodo de la “guerra sucia”, las demandas de justicia fueron recogidas con la transición democrática del partido dominante y el arribo de Acción Nacional con Vicente Fox, quien instruyó la creación de la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero, cuya investigación fue presentada días después de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.
Asimismo, el columnista, RaymundoSánchez indicó que el caso Tlatlaya quedo “derruido” porque las tres mujeres testigos incurrieron en contradicciones y no hubo más prueba que sus declaraciones, que cambiaron hasta cinco veces, contra cuatro de los ocho militares a los que se apresó por esa supuesta matanza de 22 “civiles” dedicados al secuestro y la extorsión. Sanchez, dice que el abogado que defiende a los efectivos del Ejército, Juan Velázquez, identifica al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de haber inventado la versión de la supuesta “ejecución”, y haber aconsejado a las tres testigos para que así lo declararan ante el MP; al respecto, el columnista de la Razón detalla que “el director del Centro Pro Juárez es Mario Patrón, quien fue primer visitador de la CDHDF cuando la presidía Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario general de la CIDH, cuyos expertos sostienen que los 43 de Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula”; por lo que, en opinión del columnista son “las pequeñas venganzas de Álvarez Icaza, porque en 2009 no pudo ser ombudsman nacional”.
Redacción. Huellas de México
