duartess
arely-gomez

Que siempre no; PGR se arrepiente de proceso contra Emilio Álvarez Icaza

Ciudad de México, 5 de abr.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el caso de la acusación contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por el supuesto delito de fraude se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Explicó que esta determinación en torno de la averiguación previa iniciada el pasado 15 de marzo se tomó en virtud de que en la denuncia contra Álvarez Icaza Longoria no se cumplieron los requisitos de procedibilidad.

En una tarjeta informativa, la PGR detalló que el 4 de abril hizo la notificación formal a la Secretaría de Gobernación (Segob), en su carácter de representante del gobierno federal.

Álvarez Icaza Longoria asumió en 2012 el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y anteriormente se desempeñó como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

NTX

mex-pgr

GIEI no avala estudio de PGR y los acusa de mentirosos

Ciudad de México, 1 de abr.- Horas después de que el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos diera por su cuenta y con un perito una conferencia de prensa para anunciar los supuestos grandes hallazgos del nuevo peritaje en Cocula, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha salido a desmentir de forma categórica que ellos avalen dicho diagnóstico señalando además que ni siquiera lo han revisado, denunciando al mismo tiempo que la PGR ha violado de forma autoritaria los acuerdos que se tenían.

A través de un comunicado de prensa señalaron que la PGR de forma sorpresiva les anunció que ya se había tomado la decisión de hacer público el diagnóstico del tercer peritaje, a pesar de que todavía ni siquiera era revisado por el GIEI ni tampoco se había informado a los padres, ambos eran acuerdos a los que se comprometió la PGR y que una vez más no cumplió.

Minutos antes Vidulfo Rosales, representante de las familias de Ayotzinapa, denunció también la molestia de los padres, pues el acuerdo era que se les informara primero sobre temas sensibles de la investigación, no obstante que la PGR ya tenía todo listo para hacer el anuncio junto con una campaña en medios, sin siquiera haberles informado a los padres o convocado para dar a conocer los resultados de la investigación.

En su comunicado el GIEI denunció que además de que la PGR rompió los acuerdos, los engañó antes de la conferencia, diciendo que el Sr. Torres sólo iba a decir que no había resultados concluyentes, no obstante todo lo contrario, Betanzos y Torres hicieron afirmaciones fuertes, que bajo ningún motivo son avaladas por el GIEI, como los mentirosos funcionarios afirmaron en la conferencia de prensa.

“El Sr. Torres señaló al GIEI que en todo caso su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo. Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI durante la reunión, ni son de consenso de los expertos de fuego.”

Ante esta situación, el GIEI consideró rotos los acuerdos con la PGR, señalando que ha sido la misma dependencia mexicana, quien violó los pactos a los que se comprometieron en Washington D.C, en la sede mundial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los reconocidos expertos, sobre quienes hoy se agudizó una campaña de desprestigio con los típicos bots priistas, señalaron que reconsiderarán su trabajo y las acciones que deberán llevar a cabo para el esclarecimiento del caso.

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

706b3d56dd79ba4322790a22baa32565

CIDH repudia campaña en México contra Álvarez Icaza y el GIEI

29 de mar.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria.

A través de un comunicado la CIDH rechazó en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en prejuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.

Aclaró que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”.

“Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”, aclaró.

La CIDH expresó su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.

La denuncia señala: “Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos.”

Refirió que el acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.

La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

Y dijo que las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.

La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.

El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales.

En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula.

Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

La Comisión reiteró su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.

Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Expresó además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Cabe recordar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

radioformula.com.mx

chong_g_21

Chong decidido a correr al GIEI en abril

Ciudad de México, 29 de mar.- A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que su trabajo concluye en abril y no habrá prórroga.

En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “ absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.

Y ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.

Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”, dijo.

El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI y no cabe otra.

“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó

 

Apro

N-A8-EU040316-1_Drupal Main Image.var_1457074131

GIEI expone en Europarlamento Caso Iguala y omisiones del Ejército

El  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI de la CIDH) aclaró que el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en  que “no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formaran parte o estuvieran infiltrados en ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre”.

En la presentación del, de avances y “desafíos” de la investigación sobre el México, ante el parlamento europeo –por invitación de su Subcomisión de DDHH–, el GIEI llamó a más autoridades mexicanas a “retomar las líneas de investigación y búsqueda de los desaparecidos, evitando volver hacia atrás en los elementos ya esclarecidos”.

Sobre el acuerdo de la PGR y el GIEI para la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica de fuego del basurero de Cocula, los expertos de la CIDH aclaran su disposición a colaborar pero dice que “dicho estudio responde a la voluntad de la PGR”.

“El GIEI está dispuesto a colaborar de forma que se examine toda la evidencia científica. Sin embargo, también ha alertado de la difusión de nuevas versiones de los hechos sin contrastar y que señalarían ahora una 5a versión de que un grupo menor de normalistas habría sido cremado en el basurero, cuando en la investigación por año y medio no ha habido ninguna versión no declaración que lo señale”, precisaron.

Por otra parte, el GIEI subraya la necesidad de tener acceso “a toda la información disponible por parte de fuentes militares, tanto de documentos importantes como de entrevistas a los miembros del 27 batallón que fueron testigos y cuentan con información de algunos escenarios de los hechos, así como fuentes de inteligencia sobre los hechos del 26 y 27”.

El GIEI insiste en que dichas declaraciones “sean tomadas por personal de la PGR en presencia de miembros del GIEI, en las mismas condiciones en que han sido realizadas de conformidad con lo dispuesto por la PGR en el resto de las ocasiones”.

Sobre las nuevas declaraciones y pruebas, el GIEI apunta que aún quedan numerosas diligencias por realizar; el grupo ha realizado cerca de 200 peticiones de pruebas y colaborado en la realización de muchas de ellas, precisa.

Los expertos de la CIDH resaltaron ante los parlamentarios europeos sobre el riesgo de la “fragmentación interna de la investigación”, es decir que mientras la investigación ha ido avanzando, simultáneamente, se han ido abriendo otras averiguaciones previas, que han desgajado para la investigación del caso de los 43 informaciones relevantes claves para el caso.

Dicho riesgo ha sido analizado junto a la procuradora Arely Gómez, con quien hemos tenido una estrecha colaboración en estos meses, y el grupo espera que se solucione para poder avanzar en la investigación.

El GIEI también se quejó de que varios miembros del Grupo “han sido objeto de intentos de descalificación personal y del propio GIEI. Los ataques y acusaciones tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad, con estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos”.

El Grupo resalta que fue creado “como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla. Nos encontramos en un momento clave. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso, lo que contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México, donde el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es también fundamental”.

Los expertos de la CIDH también remarcaron que “no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo en un intento de explicar la acción contra ellos”.

Asimismo, el GIEI precisó a los parlamentarios del viejo continente que los hechos del 26 de septiembre del 2014 que “produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad”.

El GIEI subrayó la posible participación de diferentes niveles de autoridades sobre lo que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las inmediaciones; primero y luego a la ciudad de Iguala, Guerrero, incluyendo policía estatal, ministerial, federal y el ejército.

El GIEI alertó ante los presentes en el foro, que el caso Ayotzinapa incluye desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida, y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de la autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como “crimen organizado” o “secuestro agravado” como está consignado ante los jueces.

El trabajo del GIEI ha mostrado que “la investigación –de más autoridades mexicanas encabezadas por la Procuraduría General de la República– tuvo déficits muy importantes tales como destrucción de algunas pruebas, mala recogida de evidencias, ausencia de investigación de hechos clave, también que numerosos detenidos muestras lesiones corporales que deben ser investigadas siguiendo los protocolos internacionales”.

Asimismo, destacó el GIEI “la omisión –en el reporte oficial mexicano– de un 5o bus que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado, y que las versiones recogidas sobre el mismo posteriormente eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido”

El GIEI apuntó a los parlamentarios europeos que “una hipótesis clave no investigada hasta ese momento es la posibilidad de que dicho bus podría haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona, y esa hipótesis podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses, y la agresión creciente contra ellos”.

Tras la realización de estudio científico sobre la dinámica del fuego, el GIEI señala que dicha acción no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempo señalados. Conclusión que ha sido apoyada por el estudio recientemente publicado por el –grupo de Expertos Argentinos de Antropologia Forense– EAAF que son parte de la investigación como peritos de las víctimas. Y como consecuencia de ellos la necesidad de retomar líneas de investigación y nuevas fuentes que permitan el esclarecimiento del destino de los normalistas.

El GIEI consideró necesario que “no se vuelva atrás en la investigación de hechos ya aclarados, y que se aborde en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda.

En ese sentido, el GIEI firmó un acuerdo de colaboración con el Estado para esta segunda etapa que termina el 30 de abril, con la creación de un nuevo equipo de investigación por parte de la PGR, nuevas líneas de trabajo y búsqueda en base a las recomendaciones incluidas en su informe.

El Grupo reconoce públicamente la importancia de este nuevo equipo, y está trabajando en los últimos meses para el desarrollo de líneas de investigación que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El GIEI se encuentra trabajando en el país hasta finales de abril. Espera que este trabajo sea visto como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos para otros casos que esperan poder avanzar en el camino de la justicia en México.

Un resultado más invisible pero muy importante de nuestro trabajo, ha sido ayudar a dar pasos en la atención a las víctimas, dado que “la ausencia de confianza en la institucionalidad es un problema grave”, resalta.

El GIEI ha colaborado con el Estado para facilitar acercamientos entre las víctimas y autoridades, ha estado presente en encuentros, ha realizado sus buenos oficios para la relación con las víctimas. En la actualidad el GIEI ha cooperado para que se lleve a cabo un estudio psicosocial del impacto en los familiares que contribuya a su atención siguiendo una de las recomendaciones de la CNDH y del propio GIEI en un documento de lineamientos para la atención a las víctimas compartido con las autoridades.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la CIDH, remarcó que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el homicidio de otros tres, así como de otras tres personas más en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y las heridas a otros muchos –algunos de ellos muy graves- supuso un aldabonazo a la conciencia de México y del mundo.

Como Grupo de Expertos, queremos antes de nada reconocer “el dolor y sufrimiento de los familiares, que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos, y cuya confianza ha sido fundamental para poder llevar a cabo nuestro trabajo” y la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la CIDH con un triple mandato: apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.

Además el grupo tiene facultad para evaluar y proporcionar recomendaciones sobre las políticas para enfrentar la desaparición forzada en México, más allá del caso de los 43 normalistas desaparecidos, cosa que ha hecho especialmente con sus aportes a la ley sobre desaparición de personas que está en curso de ser aprobada en los próximos meses y que esperamos que sea una herramienta para dar respuesta a la tragedia para miles de familias en el país que necesita de medidas profundas y estructurales para enfrentar as problemática.

En el informe del Grupo que hoy les presentamos Informe Ayotzinapa. Primeras revelaciones sobre la investigación de los 43 desaparecidos y homicidios contra normalistas de Ayotzinapa se da cuenta de la experiencia de los familiares, tanto del impacto de la desaparición forzada y los homicidios, como de las consecuencias sufridas por la victimización secundaria que han sufrido, por ejemplo a través de la difusión de informaciones poco contrastadas o la estigmatización de los normalistas y sus familiares.

El GIEI está convencido de que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y la propia investigación de los hechos.

El Informe puso de manifiesto que algunos elementos que habían constituido lo que se llamó “Verdad Histórica”, no tenían sustento en la investigación realizada, concluye el GIEI ante el parlamento europeo.

 

Rocío Méndez Robles

carrusel-MX-es

CIDH dictaminó que el Ejército tiene que dar la cara por Caso Iguala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente Enrique Peña Nieto –en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas– que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del 27 Batallón de Iguala, que presenciaron el ataque contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado este miércoles 2 de marzo, la CIDH advierte que la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero es una muestra de “las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos crímenes” y un un ejemplo “emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.

Los comisionados constataron en su visita a México, realizada el año pasado, que existen “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares” y que el país atraviesa “una grave crisis de violencia y de seguridad”.

La falta de acceso a la justicia, insiste, “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

En el informe, la CIDH respalda la actuación de los miembros del GIEI sobre elcaso Ayotzinapa y señala que el Estado mexicano no ha permitido las entrevistas a los miembros del Batallón 27 que presenciaron el ataque contra los estudiantes.

En la una audiencia pública, previa a la realización del informe, el Estado mexicano  recalcó que “la decisión de permitir acceso o no a que los integrantes del GIEI entrevisten a los soldados recae en el Presidente de la República, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas por mandato constitucional, y no en los líderes castrenses”.

Por tanto, en el informe a CIDH reitera su llamado “al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a los integrantes de Infantería tal y como ha sido solicitado”.

El informe refiere que hubo una actuación “tardía” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), pues intervino ocho días después de la desaparición de los estudiantes. Por ejemplo, horas después del ataque a estudiantes, fueron los propios padres y organizaciones sociales quienes consolidaron la lista completa de los desaparecidos, ante la inacción de la autoridad.

Después de estos hechos, el hallazgo de fosas con decenas de cadáveres resaltan que los familiares, “ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”.

El pasado 28 de febrero la PGR anunció, junto con el GIEI el inicio del nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial los estudiantes fueron incinerados.

Será hasta el 31 de marzo cuando los expertos encargados de hacer el estudio entreguen a ambas partes un “informe conclusivo”.

Situación de Derechos Humanos en México CIDH

animalpolitico.com

Ejército

A pesar del compromiso de EPN; Ejército no dará la cara a la CIDH

Ciudad de México,  8 de nov.- Nuevamente el gobierno mexicano ha caído en contradicciones y ha confirmado que el Ejército mexicano no dará declaración alguna a la CIDH, argumentando que no está reglamentado en la Constitución.

Esta vez fue el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República quien en entrevista con ElUniversal confirmó que los especialistas del GIEI no tendrán autorización para cuestionar militares, debido a que la Constitución establece que sólo el Ministerio Público estará facultado para tales acciones.

Recientemente el GIEI había insistido en la necesidad de interrogar a militares y de estar presentes al momento de los cuestionamientos, lo cual está siendo censurado una vez más por el gobierno mexicano,

En la pasada comparecencia en Nueva York del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta del organismo cuestionó a los representantes del gobierno mexicano, acerca de porque el Ejército mexicano seguía contradiciendo el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de cumplir con todos los requerimentos del GIEI; lo cual no pudo ser respondido de manera concreta por Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos.

Campa se limitó a decir que a fin de cuentas el jefe máximo de las fuerzas armadas era Enrique Peña Nieto, dando a entender que sería él quien tendría en todo caso la determinación final; no obstante los hechos demuestran que esta determinación es contradecir su promesa de acatar las solicitudes del GIEI, enturbiando aún más el oscuro panorama.

Miles de personas y líderes de opinión han externado sus dudas del Ejército Mexicano, quien estuvo presente en diversos momentos de aquella trágica noche de Iguala, incluyendo cuando los jóvenes fueron desaparecidos, otros más baleados y varios asesinados; no obstante no reaccionaron ni hicieron nada por evitar el peor crimen de los últimos tiempos.

Por si fuera poco el Ejército Mexicano de forma sospechosa donó una enorme extensión de terreno para que José Luis Abarca se consolidara como el empresario más poderoso, además de que varios de sus comandantes se reunieron previamente con varios implicados en la desaparición de estudiantes, como el caso de César Nava González, el narco que se apropió de la policía de Cocula con total consentimiento del Ejército Mexicano.

 

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

ff

Derechos humanos, plataforma para el lucimiento personal y el saqueo del erario

Ciudad de México a 29 de octubre.- La innegable crisis de Derechos Humanos que prevalece en México y ha sido documentada por distintos organismos internacionales revela los déficits en distintas materias tales como el acceso a la justicia y a la seguridad; no obstante, algunos analistas responsabilizan a las instituciones encargadas de velar por los Derechos Humanos y a las organizaciones no gubernamentales.

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; al respecto, el mandatario refrendó el compromiso de México con la protección y promoción de los derechos humanos; en ese sentido, Peña Nieto, indicó que los esfuerzos se reflejan en el trabajo realizado en los últimos años para fortalecer el marco jurídico e institucional de los derechos humanos, así como la apertura para solicitar la asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el columnista RicardoAlemán arremete contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, luego de que, este organismo señala que durante la administración de Enrique Peña Nieto hay un fracaso en los derechos humanos y las instituciones creadas para atenderlos ; al respecto, Alemán considera que la crisis “no nació ayer y tampoco antes de ayer; viene de lejos”. “Y por pura casualidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es una de las más opacas y de mayor despilfarro en la primera década del nuevo siglo. ¿Y por qué es importante esa etapa de la CDHDF? Porque de 2001 a 2009 la CDHDF estuvo en manos de Emilio Álvarez Icaza”. “Por eso las preguntas. ¿Qué hacía Álvarez Icaza en casi una década en la que nunca vio la crisis que hoy ve? ¿De qué tamaño es la responsabilidad de Emilio en la grave crisis de derechos humanos que vive México?”, “Y si son un fracaso los derechos humanos, podemos concluir que los presupuestos anuales destinados a esas instituciones son un saqueo y una simulación”, sentenció el columnista.

No obstante, los factores que explican la crisis de Derechos Humanos en México según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son la situación extrema de inseguridad y violencia, así como la falta de acceso a la justicia que provoca un ambiente grave de impunidad; en ese sentido, la presidenta del organismo internacional, Rose-Marie Belle Antoine, consideró que un primer paso es: “romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas”.

En ese sentido, en una revisión de las denuncias presentadas por “tortura” ante la Procuraduría General de la República (PGR), realizada por Amnistía Internacional (AI), el organismo encontró que estas se duplicaron entre 2013 y 2014, pues pasaron de mil 165 a 2 mil 403, y hasta 737% en comparación con 2012; asimismo, AI detalla que actualmente se encuentran 22.000 personas secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido.

Por lo que, la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en “cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos”.

Por otro lado, el periodista HéctorDeMauleón, comentó las deficiencias del sector salud en el país; al respecto, señala que el cáncer no termina con la vida de las mujeres sino la falta de asistencia médica oportuna; “un estudio transversal realizado entre 886 pacientes de los cuatro hospitales más grandes de la ciudad de México demuestra que en México pasan en promedio siete meses desde que una paciente detecta los primeros síntomas de cáncer de mama, y el momento en que es diagnosticada”. “De esos siete meses, cinco son atribuibles a retrasos en el sistema de salud: 57% de las enfermas que se encontraban en los centros estudiados (el Hospital General, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de Oncología y el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4) fueron diagnosticadas seis meses después de que detectaron los primeros síntomas. Esto provocó que en la mayoría de los casos, 48%, el cáncer de mama fuera diagnosticado en etapas avanzadas (3 y 4), cuando ya no había mucho qué hacer. Sólo 15% de las pacientes con este tipo de cáncer fueron diagnosticadas en la etapa 0 y 1”.

 

Redacción. Huellas de México

giei-33

CIDH extiende misión del GIEI en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió este miércoles la misión de expertos que investigan la desaparición de 43 estudiantes en México hasta el 30 de abril de 2016.

“La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos” conforme a la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el acuerdo firmado con México y los representantes de las víctimas y familiares de los desparecidos, indicó la Comisión en un comunicado.

La renovación extiende por un segundo periodo de seis meses el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para continuar la búsqueda de los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables y la atención a las víctimas y familiares.

El gobierno de México y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron este martes las bases para continuar la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa (sur), pero la colaboración de miembros de fuerzas de seguridad aún está en duda.

Al margen del 156 período de sesiones de la CIDH, México y el GIEI firmaron un acuerdo para continuar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , Guerrero.

Según el documento de diez puntos acordado entre las partes, la investigación oficial, trasladada a una fiscalía especial – la Subprocuraduría sobre derechos humanos de la Procuraduría (Fiscalía) – deberá incorporar las recomendaciones que la GIEI formuló en su informe de septiembre.

En su reporte de 560 páginas el grupo de expertos internacionales refutó la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron asesinados e incinerados por sicarios en un basurero, poniendo en entredicho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

 

AFP

FF

Redirecciona la PGR su estrategia en el caso Ayotzinapa; la CIDH centra como blanco al Ejército

Ciudad de México a 22 de octubre.- La Fiscalía mexicana ha decidido reorientar la investigación del caso Ayotzinapa; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) solicita que se disipen las dudas que pesan sobre la participación del 27 batallón del Ejército Mexicano en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero; mientras tanto, la tortura en el país sigue en aumento en correspondencia con las denuncias realizadas por organismos internacionales.

Ante el derrumbamiento de la “verdad histórica” del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, el gobierno federal busca otras vías para aclarar el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante los días 26 y 27 de septiembre; en ese sentido, el relanzamiento de la investigación anunciado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene como primer paso quitarle a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el control de las pesquisas y entregárselo a la subprocuraduría de Derechos Humanos de la misma PGR; por lo que, con esta medida, el director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón ya no tendrá injerencia, tal y como demandaban los familiares de las víctimas y sus representantes legales, lo que algunos observan como una “victoria moral” para su causa.

Por su parte, Tomas Zerón, señaló que las declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos permitieron a la PGR conocer su estructura jerárquica, la cual está conformada por “células compartimentadas, propias de las guerrillas”. “La organización tenía delimitadas sus actividades en cuatro rubros: sicarios, halcones o estacas, narcomenudistas y responsables de la comunicación. Sus integrantes no se conocían entre sí y quienes se conocían sólo era por apodo”. “Con esto garantizaban la supervivencia de la organización, porque cuando un eslabón de la cadena se rompía, la estructura no se veía comprometida en la información o en la identidad de sus integrantes”, sentenció Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) motivó al gobierno mexicano a realizar las investigaciones correspondientes cuando se denuncien presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de Fuerzas Federales; al respecto, en la comparecencia del gobierno federal ante la CIDH, el experto en materia de derechos humanos de dicha instancia, James Cavallaro, enfatizó en que las investigaciones relacionadas con denuncias contra el Ejército, la Marina y corporaciones policiacas deben ser exhaustivas pues el número de presuntos delincuentes fallecidos contrasta con el número de elementos federales que participan en los operativos.

En ese sentido, existen serias dudas sobre la participación y papel del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, consideraron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la audiencia en la sede de la CIDH; en ese sentido, la experta del GIEI, Claudia Paz y Paz manifestó: “Para nosotros es claro que el Ejército mexicano estuvo presente en varios momentos y tuvo distintas participaciones, es por ello que tenemos dudas y, por tanto, es necesario que estemos presentes en los interrogatorios a los militares y podamos hacer nuestras preguntas conforme van contestando, eso nos ayudaría a resolver nuestras interrogantes”, indicó la experta del GIEI, Claudia Paz y Paz.

Mientras tanto, la columna FrentesPolíticos consideró: “Suave como terciopelo. La reducción de cinco millones de dólares del Plan Mérida no minó en nada la reunión bilateral México-Estados Unidos de ayer en Washington. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación; Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, y Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, quienes se reunieron con sus pares estadunidenses, lejos de hacer reproches o acusaciones por temas en los que discrepan, como el de los derechos humanos, recibieron parabienes.”

No obstante, integrantes de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria del Parlamento alemán externaron su preocupación por la situación de las garantías fundamentales en México, y alertaron que el tema formará parte de próximos acuerdos de cooperación e intercambio económico con la Unión Europea y Alemania en particular; por lo que, conocer la situación de los derechos humanos, y en especial del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene el objetivo de replantear el tratado comercial, e integrar “en las conversaciones cómo se pueden respetar los derechos, cómo darle un marco adecuado para que derechos humanos y medio ambiente sean respetados”, señaló Frank Schwabe, diputado socialdemócrata, publicó Proceso.

Al respecto, la practica de la tortura de México ha seguido incrementándose en el último año, según señala el informe de Amnistía Internacional (AI) titulado “Promesas sobre papel, impunidad diaria; la epidemia de tortura de México continúa”; al respecto, AI detalla que en el 2014 se presentaron a nivel federal 2 mil 403 denuncias por tortura, mientras que en 2013 fueron mil 165, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) otorgados mediante una solicitud de información.

En ese sentido, la grave crisis de derechos humanos que vive México, afecta severamente a los infantes y los adolescentes, afirma Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos”, afirmó el activista.

 

Redacción. Huellas de México

ff

Triunfa la CIDH: El caso Ayotzinapa pega a las ‘ayudas’ de EU a México para seguridad

Ciudad de México a 21 de octubre.- Tras resquebrajarse la verdad histórica de Ayotzinapa y con ello el expediente elaborado por la Fiscalía mexicana, se reinicia la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero; además, el Congreso de Estados Unidos le solicita un informe en materia de Derechos Humanos al Estado mexicano.

Al respecto, la crisis de Derechos Humanos por la que atraviesa la administración del gobierno federal ha cobrado diversas consecuencias; al respecto, la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad establecida desde el sexenio anterior, vía la Iniciativa Mérida, fue condicionada por el Departamento de Estado que señaló que México “no pudo confirmar” que cumplió con las expectativas sobre Derechos Humanos por lo que está obligado a retener el 15% de algunas partidas de dicha iniciativa hasta que se remita el Congreso un informe del tema.

Mientras tanto, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington DC, Estados Unidos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que se podrán obtener testimonios de los militares del 27 Batallón de Infantería, a través del Ministerio Público Federal; no obstante, descarta sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH.

En ese sentido, el gobierno mexicano aceptó reiniciar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala; asimismo, las autoridades mexicanas accedieron incluir, todos los elementos del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); además, la investigación ya no la llevará la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sino la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR); al respecto, esta decisión se tomó con base en que no hay pruebas que vinculen a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos con la delincuencia organizada y que, de comprobarse que un quinto camión, supuestamente cargado de droga, fue el móvil, la toma de ese vehículo sería fortuita y no planeada.

Por su parte, el columnista, FranciscoGarfias recordó las declaraciones del exprocurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco quien señaló que ganaba, “por lo derecho”, 200 mil pesos mensuales como titular de la Fiscalía de Guerrero, en los tiempos del ahora exgobernador de ese estado, Ángel Aguirre; en ese sentido, Garfias, considera que Blanco reveló el dato como parte de su alegato para demostrar que “no necesitaba recibir recursos del cártel de Los Rojos, como afirmó a las autoridades Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, el cártel que ‘desapareció’ a los normalistas de Ayotzinapa. Iñaki está convencido de que esas declaraciones se las dictaron a Sidronio para desacreditarlo, luego de que se negó a avalar la ‘verdad histórica’ de Ayotzinapa”, comentó.

 

Redacción. Huellas de México

cidhmilitaresayotzinaoa

México evade garantizar que militares den la cara a la CIDH

Washington, 20 de oct.- Este martes el gobierno de México compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), donde refrendó ante el GIEI y organizaciones de la sociedad civil, sus intenciones de relanzar la investigación del Caso Ayotzinapa, aunque dando indicios que hacen dudar se la plena disposición del estado, especialmente en casos como la posibilidad de interrogar a los miembros del Ejército mexicano.

En el marco de las audiencias públicas que la CIDH realiza en la capital estadounidense, para analizar los casos más serios de derechos humanos en el continente, se realizó  una audiencia especial para el caso Ayotzinapa, donde se incluyeron de forma inusual tres partes, el estado mexicano, representado por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador; también estuvo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El GIEI hizo un recuento de sus investigaciones realizadas, donde insistió en la necesidad de indagar nuevas líneas de investigación a la brevedad posible; de igual forma confirmó que horas antes, el estado mexicano finalmente firmó un acuerdo de 10 puntos donde se comprometió a integrar al GIEI en la investigación del Caso Ayotzinapa, atendiendo también a la mayoría de sus recomendaciones.

El estado mexicano reconoció plenamente el valor y aporte del GIEI, afirmando que estarán cumpliendo puntualmente con los 10 puntos formados, como muestra del compromiso para resolver el caso.

Rumbo al final de la sesión se desató la polémica por el tema de la participación del Ejército Mexicano; uno de los integrantes de la CIDH cuestionó a los representantes del Ejército Mexicano, cómo es posible que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contradiga los compromisos del presidente de la república, y afirme que los soldados no van a responder a los interrogatorios del GIEI.

Roberto Campa intentó dar respuesta aunque de manera ambigua, señalando que a final de cuentas el comandante supremo de las fuerzas armadas es Enrique Peña Nieto, y que están en la plena disposición de ampliar las declaraciones del ejército, aunque a través del Ministerio Público.

La ambiguedad de la respuesta de Campa, motivó la intervención de la presidenta de la CIDH, quien le cuestionó al subsecretario, si no tenía una respuesta en concreto para la pregunta.

Más brusca fue la respuesta de Campa, quien señaló que esa no era una de las 10 prioridades que se firmaron un día antes, afirmando que esos eran los únicos puntos a los que podría comprometerse.

Por su parte los integrantes del GIEI reviraron señalando que aunque no se dice explícitamente interrogar al ejército, si se establece en el acuerdo “permitir la observancia y participación del grupo” en cuestiones que consideren relevantes, como sería el caso de los interrogatorios a miembros del ejército mexicano; por lo que persiste la duda si es algo que se permitirá por el comandante supremo.

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

 

ff

Otra ‘verdad’ que sale a flote: ‘Errores’ legales impiden enjuiciar al matrimonio Abarca Pineda

Ciudad de México a 20 de octubre.- Por increíble que parezca, no hay pruebas que sustenten las acusaciones en contra del matrimonio Abarca Pineda y no podrán ser juzgados por desaparición forzada o como miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos.

Cerca de cumplir un año sin resolver en forma definitiva si los implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa serán o no juzgados por ese delito, el 27 de diciembre de 2014 el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas negó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión contra José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa y más de 50 policías y presuntos narcotraficantes, por desaparición forzada de personas; al respecto, el juez, consideró que los indicios aportados por la PGR no resultaron eficaces para configurar esa figura penal; en cambio, el caso Iguala tiene más elementos de secuestro, delito por el que sí giró las aprehensiones.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido sustentar con pruebas las acusaciones por delincuencia organizada por delitos contra la salud y con fines de modalidad de fomento de desaparición forzada y secuestro, contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quienes son señalados como presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos; en ese sentido, la versión pública del expediente de dicho caso, revela que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas consideró que sólo se le puede imputar a Pineda Villa el delito de cohecho, el cual habría cometido durante su detención en Iztapalapa, en octubre del año pasado.

Por lo que, la columnista YuririaSierra está preocupada por la suerte de Arely Gómez; en ese sentido, Sierra criticó las fallas del ex procurador Jesús Murilo Karam en el armado del expediente del caso Iguala, el cual ha sido severamente cuestionado por la GIEI y la CIDH, y corre el riesgo de que se caiga; “Y claro, ahora que Murillo ya no está, las responsabilidades caerán sobre quienes no deberían responder por sus fallas”, comentó la columnista.

A su vez, el periodista HéctordeMauleón señaló que: “la semana pasada, el ómbudsman Luis Raúl González Pérez reveló que en la noche de Iguala hubo un sexto autobús —y no solo los cinco que los expertos del GIEI habían contabilizado”; al respecto, “el último camión pudo contener droga o dinero ilícito, lo que habría desatado la persecución; al respecto, una nota de la reportera Tania Rosas, ese sexto autobús del que habla el ómbudsman ”.

Por su parte, Mary Speck, directora de proyecto de Crisis Group México y América Central, consideró que: “La manera en la que el Gobierno de México resuelva el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de un año, puede ser el evento que marque el antes y el después en materia de respeto a los derechos humanos en el país”, publicó Sinembargo; no obstante, la experta destacó que “hasta ahora de nada sirve que se haya prolongado por seis meses más la estancia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso, si no se les da acceso a partes vitales de la investigación que está en poder de la Procuraduría General de la República (PGR)”.

 

Redacción. Huellas de México

cidhmex

Ante la CIDH, México reconoce no tener verdad histórica sobre Ayotzinapa

Washington, D.C., 20 de oct.- Horas antes de la comparecencia del estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los avances en el caso Ayotzinapa y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el gobierno de Enrique Peña Nieto finalmente se comprometió formalmente con el GIEI, a través de la firma de un acuerdo en el que se incluyen 10 puntos en concreto donde se compromete el estado mexicano.

Con este acuerdo, firmado de parte del Estado mexicano por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador y Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, esencialmente el estado mexicano reconoce la importancia y el aporte de la investigación del GIEI, a quien integra de manera formal para ser parte en las indagaciones y nuevas líneas de investigación que se estará abordando, reconociendo la necesidad de buscar una nueva “verdad histórica”.
.
El estado mexicano reconoce que aún no hay una verdad absoluta, por lo que asume la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación, comprometiéndose ante la CIDH a “relanzar la búsqueda con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI”, como se menciona en el sexto punto.

A pesar de que hubo algunas voces que descalificaron la labor del GIEI, el estado mexicano de manera amplia termina reconociendo la importancia de su aporte, integrándolo como una nueva parte medular en la investigación oficial, y atendiendo a varias de sus recomendaciones, aunque en algunos temas como del ejército, siguen siendo intocables.

El primero de los puntos firmados tiene importancia mayúscula, pues finalmente la SEIDO estaría abandonando la investigación “de forma inmediata” a solicitud del GIEI.

El segundo también es fundamental, pues se reitera la necesidad de crear una nueva investigación para que realice un peritaje en el basurero de Cocula, pero desintegrando de manera definitiva la comisión de 7 expertos que había anunciado la PGR, y señalando las bases para determinar, en conjunto con el GIEI, cual será la ruta para elegir a los miembros de la nueva comisión. La anterior propuesta ya se veía agonizar, pues se dudó de la tendencia de algunos integrantes, además de revelarse que no todos los miembros propuestos habían aceptado aún participar en la comitiva internacional, que tendrá como objetivo comprobar si hubo o no incineración de estudiantes en dicho lugar.

El estado mexicano de igual forma se compromete en brindar atención a las víctimas, así como garantizar confidencialidad y mecanismos permanentes de comunicación con los familiares.

De forma particular se establecieron también las bases para el continuo trabajo ligado entre la PGR y el GIEI para ir evaluando los avances en las diferentes líneas de investigación.

A continuación el documento completo:

Download the PDF file .

David Galeano. Huellas.mx

cidhw

EN VIVO México comparece ante la CIDH en Washington

Washington, DC, 20 de oct.- Ha comenzado este martes la serie de comparecencias del estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede de la capital estadounidense, donde deberá rendir cuentas por cuatro asuntos: Caso Acteal; Informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Indepedientes (GIEI) del caso Ayotzinapa; Políticas de drogas y derechos humanos, y Ejecuciones extrajudiciales.

Esto se da en el marco de una profunda crisis de derechos humanos en México, lo cual es un concenso internacional, cómo afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein tras su reciente visita a México.

La CIDH también atestiguó los grandes desafíos que se tienen en materia de derechos humanos en México, en su reciente visita in loco a territorio nacional.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, será quien represente al estado mexicano en las comparecencia.

 

VIDEO de Caso Acteal

VIDEO de Caso Ayotzinapa

Video México Política de Drogas

 

Video México Ejecuciones Extrajudiciales

 

Martes 20 de octubre de 2015 – audiencias que involucran a México

11:30 Washington (10:30 DF): Caso Acteal.

13:15 Washington (12:15 DF): Informe GIEI Ayotzinapa.

14:30 Washington (13:30 DF): Políticas de drogas y derechos humanos.

15:45 Washington (14:45 DF): Ejecuciones extrajudiciales.

 

Redacción. Huellas.mx

ff

Ejército y PGR se defienden de la embestida mediática por el caso Ayotzinapa

Ciudad de México a 19 de octubre.- Frente a las pistas del caso Ayotzinapa que presumen la participación de los militares en los hechos acontecidos el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, el titular de la Defensa Nacional niega las imputaciones; asimismo, la Fiscalía mexicana dará la cara para precisar las contradicciones del expediente del caso.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se deslindó de los señalamientos que acusan a los militares de diversas violaciones ; “está plenamente comprobado que no tenemos absolutamente nada que ver en los hechos en los que se nos pretende involucrar. No es cierto lo que se dice contra el Ejército en la tv”. “Todo lo que se dice en los medios, en la televisión, nada es absolutamente cierto”, a su vez afirmó “hay hechos en los que nos quieren involucrar y que está plenamente comprobado que no tenemos absolutamente nada que ver”, indicó Cienfuegos.

Mientras tanto, el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, será uno de los temas centrales del 156º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que comienza el lunes en Washington. Las audiencias se extenderán por una semana en la capital estadounidense, y en ellas la CIDH tendrá la oportunidad de abordar temas directamente con las partes reclamantes y representantes de los países de cada caso.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos discutirá el caso Ayotzinapa y el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; al respecto, la fiscalía mexicana dará una postura “mucho más clara, dará detalles sobre las contradicciones dentro de dicho informe”; por lo que, será el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR quien se presente a nombre del gobierno mexicano a dar respuesta a la CIDH de las acciones que se tomaron luego del informe y las que vendrán.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no consideró en su investigación el testimonio del director de la normal de Ayotzinapa José Luis Hernández Rivera, ni el de, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; asimismo, los expertos tampoco buscaron al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ni al exfiscal del estado Iñaki Blanco, quienes fueron los primeros responsables de la investigación, comentó la legisladora perredista, Cristina Gaytán, integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento al caso en la Cámara baja.

Mientras tanto, los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron el contenido de un documental sobre el caso estrenado en la ciudad de México, por considerar que se apega a la versión oficial que en su momento ofreció Jesús Murillo Karam, ex procurador de justicia. “El documental que está presentándose en la capital no lo vemos con buenos ojos porque es el reflejo de la gran mentira que montó la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía) ante el pueblo y ante los padres de familia”, dijo el portavoz de los padres, Melitón Ortega, en una conferencia de prensa realizada en la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero; en ese sentido, los padres de los 43 dijeron que la cinta La noche de Iguala se apega a la llamada “verdad histórica” de la fiscalía, que señala que los estudiantes fueron incinerados en un basurero, lo que fue desacreditado en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.

 

Redacción. Huellas de México

ff

Solalinde y ONU insisten en el déficit de respeto a derechos humanos en México

Ciudad de México a 8 de octubre.- Los cuestionamientos al Estado por la violación sistemática de derechos humanos en el país son abordados por los especialistas en la materia ;no obstante, el Gobierno mexicano sigue empecinado en negar las observaciones de los expertos.

Mientras, la Constitución garantiza la firma de los tratados internacionales y el gobierno mexicano se encuentra obligado a actuar en consecuencia; el Estado se abre al escrutinio de los organismos internacionales, pero luego rechaza sus informes; en ese sentido, los cuestionamientos del Relator Especial sobre la Tortura, los miembros del GIEI, los representantes de la CIDH se suman y evidencian lo que el Gobierno no quiere reconocer; al respecto, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, señaló que, las autoridades mexicanas han reaccionado con “intolerancia ante la crítica pública”; en esa lógica, “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, dijo Hussein.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) dijo que para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones.

A su vez, el sacerdote y activista de los derechos humanos, AlejandroSolalinde emitió su opinión sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; al respecto, aseguró lo que dijo en un principio, sobre que algunos de ellos habían sido asesinados, se mantiene ya que existe un “Estado tan perverso, criminal, que no va a hacer caricias, van con todo”; asimismo, el padre, indicó que tuvo 6 informantes, quienes son habitantes de Guerrero, y tiene “perfectamente” ubicados, pero no puede revelar sus nombres por el peligro que corren.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, informó que hasta el momento hay 14 familias registradas ante dicho organismos por el caso Tlatlaya. De éstas, sólo a cuatro se les ha cubierto la reparación integral del daño; en ese sentido, Rochín detalló que atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 51/2014, se reconocieron a 17 víctimas por los hechos ocurridos en una bodega del Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento con el Ejército.

 

Redacción. Huellas de México

9-es-559b5f3833da09c2219f7774e4fe27e9

Era militar un estudiante de Ayotzinapa, entre los 43; emisarios del pasado siembran discordia

Ciudad de México, 8 de oct.- Se ha confirmado que uno de los estudiantes desaparecidos era un militar en activo; no obstante profundizando en la identidad y la libreta del joven se confirma que sus intereses serían otros; la confirmación llega en momentos de debate político internacional, acerca de si deben o no deben responder las fuerzas armadas mexicanas, a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), discusión a la cual se ha sumado incluso la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, confirmó que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, era un militar activo, aunque al parecer poco interesado en las actividades castrenses como detalla una investigación de Milenio, donde se accedió a una de las libretas que usaba en la escuela.

Una de las frases que escribió en su libreta fue, “mis habilidades es ser responsable tanto en lo académico, trato de poner mucha atención a los maestros para poder sobresalir adelante”; con esto se viene a confirmar la versión de sus padres y familiares, quienes señalaron que Julio desertó del ejército, y tenía la intención de convertirse en normalista.

Asimismo se estarían despejando también las dudas, acerca de una posible infiltración del ejército mexicano en Ayotzinapa a través del ‘Julio’, como le decían, tratándose simplemente de un caso más de deserción, de los miles que se registran en todo el país.

 

El debate, ejército debe responder, o no.

Mientras tanto el rechazo de Cienfuegos a la CIDH sigue dando de que hablar; columnistas como Nuño Jiménez de Excélsior, quien se autodenomina “el experto nacional”; aplaude sutilmente la decisión de Cienfuegos, afirmando que es su responsabilidad defender la soberanía nacional ante “fuerzas ocultas y emisarios del pasado que han creado un ambiente de discordia nacional en el intento de vulnerar las instituciones nacionales”, calificando las intenciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como una amenaza a la seguridad nacional.

De similar opinión es el líder del PAN, Ricardo Anaya, quien ha cerrado filas con Cienfuegos, afirmando que el ejército “sólo debe rendir cuentas ante instancias nacionales”, como apunta Reforma.

No obstante análisis como el de BuendíaHegewisch, recuerdan que han sido precisamente los casos comprobados de abuso, tortura, desaparición forzada y ejecución en masa que ha cometido el Ejército Mexicano en años recientes, lo que ha generado reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos en México, algo que debería ser prioritario ante la grave crisis que se vive en el país.

El columnista hace referencia al caso de Rosendo Radilla, un cantautor guerrerense quien le componía corridos al movimiento guerrillero de Genaro Vázquez, motivo para haber sido levantado y desaparecido por el gobierno mexicano, siendo uno de los pocos casos que han sido reconocidos por el estado mexicano, quien dio disculpas públicas casi 4 décadas después.

El Alto Comisionado de la ONU, exhortó también al Ejército Mexicano a responder ante la CIDH.

 

Redacción. Huellas.mx

ff

Militares y policías federales son condenados en el tribunal mediático

Ciudad de México a 7 de octubre.- Mientras especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles han documentado la recurrencia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del país; algunos analistas tachan de “conspiranoico” indagar sobre la participación del Ejército en la trágica noche del 26 de septiembre en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa; no obstante, la historia documentada por la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero revela la participación de los mandos castrenses en el periodo denominado como la “guerra sucia”.

La Fiscalía mexicana no ha cerrado las investigaciones del caso Tlatlaya; al respecto, analiza todas las opciones; por lo que, podría consignar a un alto mando de la Sedena y configurar el delito como omisión. La orden que recibieron los funcionarios de la procuradora es agotar todas las líneas de investigación para que el caso no se cierre y se queden sin elementos castrenses que juzgar.

Por su parte, CiroGómezLeyva, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan la percepción de que, “si no se trató de un crimen de Estado, tiene una gran similitud con un crimen de esa naturaleza”; al respecto, el columnista refiere que: “la narrativa y descriptiva de la CIDH son similares a la de la PGR y el gobierno”. “Grupos criminales coludidos con policías municipales sometieron a los jóvenes, los tras-ladaron, martirizaron y mataron”; cabría preguntarle a Leyva en que apartado del informe de expertos independientes se afirma que fueron asesinados; no obstante, el periodista del Universal señala que las diferencias entre la CIDH y la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam, estriban en que, el organismo “dice que no hay datos firmes para asegurar que, además, los quemaron y tiraron al río”; además, el comunicador reproduce un fragmento del testimonio de un militar del batallón 27 que narra como observador cuando los policías querían bajar a los estudiantes del camión Estrella de Oro, dichas declaraciones del mando castrense coinciden con las recabadas por la Fiscalía de Guerrero; por lo que, Ciro Gómez señala: “Y sólo un delirante, un complotista, afirmaría hoy que hubo una orden suprema para hacer coincidir las declaraciones de los militares en activo con las de los policías municipales detenidos el sábado 27”.

A su vez, CarlosRamírez detalla tres noticias que inciden en la agenda de seguridad pendiente: 1.- Un juez civil determinó la libertad de cuatro militares que estaban acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Será el primer caso simbólico de militares sometidos a leyes civiles, como lo exigieron organismos internacionales. 2.- Diputados priístas tomaron la iniciativa de homologar el marco legal de las fuerzas armadas que tiene años de rezagos. Hasta ahora, las fuerzas armadas cumplen con el requisito constitucional de participar en labores de seguridad interior, pero sin que exista una ley reglamentaria. El actual congreso debe legislar sobre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, doctrina de defensa nacional y leyes de espionaje e inteligencia. 3.- El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló los militares tienen una función legal y no existen razones para comparecer ante organismos internacionales los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre.

No obstante, el analista indicó que: “Mañosamente, la CIDH quiso endosarle al ejército la crisis de seguridad que fue responsabilidad de la autoridad municipal del PRD”; al respecto, caben las interrogantes, si el ataque perpetrado contra los estudiantes de Ayotzinapa sólo fue a manos del crimen organizado infiltrado en la policía municipal y el gobierno de Iguala, ¿qué responsabilidades tiene el CISEN, la CNS y la SEIDO?; acaso, ¿el Batallón 27 no conocía las actividades delictivas de los Abarca y qué hay de los señalamientos que ubica a la estirpe Figueroa al mando de GU?; sin embargo, el analista descalifica el informe del grupo de investigadores de la CIDH y acusa de tergiversación por intereses políticos mexicanos del secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.

Por su parte, el académico JaimeLuisBrito contextualiza los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014; en ese sentido, la normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos puesto que de sus aulas salieron los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero; la respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual todavía persiste la impunidad; cabe destacar que días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero presentó el informe donde documentó la participación del Ejército en contra de los disidentes en la denominada “guerra sucia”; Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época; además, las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo, con la finalidad de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”; al respeto, el clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza; al respecto, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.

En lo que respecta al caso Tlatlaya, Estado de México, la resolución de un juez de liberar a cuatro militares involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales, no es definitiva, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; en ese sentido, el ombudsman recordó que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya, cuando 22 personas murieron en un presunto enfrentamiento con militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. La comisión concluyó en octubre de 2014 que al menos 15 fueron ejecutadas.

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló: “En caso de que la PGR y el Poder Judicial de la Federación persistan en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”; por lo que, la liberación de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, no implica que el Ejército haya sido exonerado, indicó el organismo; “Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.

Para el columnista JorgeFernándezMenéndez “no hay una sola prueba verosímil en contra de los acusados en este caso”; al respecto, refiere: “Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que los 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados. Tampoco hubo, durante casi tres meses, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados de haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio de los enfrentamientos”, señaló.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 2 millones y medio de pesos como recompensa a quien proporcione información que lleve a la detención de cinco probables responsables de delitos en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; en ese sentido, se busca localizar a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala; José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”; Érick Sandoval Rodríguez, “La Rana”, y Miguel Miranda Pantoja, “Pajarraco”.

Además, el entonces procurador guerrerense, Iñaki Blanco, acusado de apoyar a Los rojos, iba tras el alcalde de Iguala; al respecto, el 24 de septiembre de 2014 el procurador de Justicia de Guerrero, preguntó a un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) cómo iba su encargo. Desde mayo de ese año, en un encuentro de procuradores en Huatulco, Oaxaca, había requerido apoyo porque de las pesquisas sobre la coautoría del secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona se encontraron elementos del vínculo del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Beltrán Leyva.

Mientras tanto, la procuradora general de la República (PGR) Arely Gómez González, afirmó durante un encuentro privado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein que: “el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección, siempre han sido objetivos de suma importancia para México”; además, Gómez González, resaltó que “un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro”; asimismo, la funcionaria detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el gobierno de la República “contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por diversos órganos, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respaldó los resultados de los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, indicó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; en ese sentido, se afirma que existe una crisis generalizada en el país y que las conclusiones de la PGR son cuestionables.

A su vez, en otro caso de presunto abuso policíaco el pasado 27 de septiembre, “la Policía Federal se encontraba custodiando la oficina de la Fiscalía Antisecuestros en Villahermosa, Tabasco, ya que momentos antes habían presentado a unos detenidos por el delito de secuestro. Al tiempo, a escasos metros de ahí, un grupo de jóvenes tuvieron una discusión por motivos de vialidad, pero se resolvió rápidamente y cada quien continuó su trayecto”. “Los policías se percataron del hecho y siguieron la camioneta donde iba el arquitecto ambientalista Alejandro Contreras Sierra de 27 años, Miguel Ángel Martínez Domínguez, Roberto Contreras y Jorge Luis Gómez Estrada”. “Se desconoce el motivo por el cual la PF quiso tomar partido en ese asunto, ellos siguen su camino e incluso llegan a su casa con toda calma y se estacionan tranquilamente, porque no tenían nada que temer no habían cometido delito alguno, es ahí cuando los elementos se bajan, se les acercan y por la espalda les disparan, fue de atrás hacia delante. No hubo ningún tipo enfrentamiento como lo quiso manejar y manipular la policía Federal”, indicó el abogado Carlos Castillo Romero, defensor de la familia Contreras Sierra.

Por su parte, el medio LaRazón criticó las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por retomar testimonios de casos que datan de 1974 y nueve más de entre 2006 y 2014, incluido el caso Iguala; en ese sentido, la CIDH concluyó que en México la desaparición forzada es generalizada, además de que consideró que las ejecuciones extrajudiciales son parte de la “grave crisis” en materia de derechos humanos, basándose en los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, habría que rememorar los años de impunidad para las familias de los desaparecidos en Guerrero en el denominado periodo de la “guerra sucia”, las demandas de justicia fueron recogidas con la transición democrática del partido dominante y el arribo de Acción Nacional con Vicente Fox, quien instruyó la creación de la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero, cuya investigación fue presentada días después de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.

Asimismo, el columnista, RaymundoSánchez indicó que el caso Tlatlaya quedo “derruido” porque las tres mujeres testigos incurrieron en contradicciones y no hubo más prueba que sus declaraciones, que cambiaron hasta cinco veces, contra cuatro de los ocho militares a los que se apresó por esa supuesta matanza de 22 “civiles” dedicados al secuestro y la extorsión. Sanchez, dice que el abogado que defiende a los efectivos del Ejército, Juan Velázquez, identifica al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de haber inventado la versión de la supuesta “ejecución”, y haber aconsejado a las tres testigos para que así lo declararan ante el MP; al respecto, el columnista de la Razón detalla que “el director del Centro Pro Juárez es Mario Patrón, quien fue primer visitador de la CDHDF cuando la presidía Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario general de la CIDH, cuyos expertos sostienen que los 43 de Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula”; por lo que, en opinión del columnista son “las pequeñas venganzas de Álvarez Icaza, porque en 2009 no pudo ser ombudsman nacional”.

 

Redacción. Huellas de México

Cienfuegos-1857626

Extranjeros (CIDH) no podrán interrogar nunca a militares mexicanos: Cienfuegos

Ciudad de México, 6 de oct.- El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, rechazó tajante la posibilidad de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue a los soldados del 27 batallón de infantería sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas” e insistió: “Yo he estado en la posición de que no tiene por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento” en contra de ningún soldados.

En entrevista de televisión con Joaquín López Dóriga, el militar reconoció que uno de los 43 estudiantes desaparecidos es un elemento del Ejército en activo, de nombre Julio César López Patoltzin, quien, aseguró, no cumplía ninguna labor militar en la Normal Isidro Burgos.

“El nombre de uno de éstos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos coincide con el nombre de un militar en activo, el cual tampoco hemos encontrado. La respuesta en concreto es que sí, creemos que es la  misma persona. Pero esto no es nada extraño, los comandantes de los diferentes niveles tienen la autorización, por reglamento, de que aquellos jóvenes que quieran estudiar y no interfiera en su actividad de servicio, les autoricen. Y éste muchacho tenía dos o tres meses de haber ingresado a la Normal y quería estudiar para maestro”.

“Hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía. En dos tres meses ahí, pues no podía haber servido de nada”, dijo.

Afirmó que existe una política de la Defensa Nacional de apoyar a los soldados que quieran estudiar, y que esa era la situación del militar que tenía menos de tres meses de haber ingresado a la institución.

“Querer involucrar al Ejército, porque a alguien se le ocurrió es muy grave”, señaló Cienfuegos, quien subrayó que él considera que no tienen por qué declarar los soldados, ya que el convenio que firmó el gobierno federal con el grupo de expertos, “en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados? , esta todo declarado”.

Insistió en que más de 50 soldados han declarado ante la PGR, por lo que, “yo no puedo permitir  que los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos. Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy, y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar”.

Asimismo, dijo que no hay ninguna razón para aceptar la exigencia de los padres de ingresar a los cuarteles, porque ni la PGR, ni la CNDH, ni el grupo de expertos han involucrado a los militares en los hechos.

Fuente. LaJornada

Menu Title