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CEDH y gobernador de Sonora buscan culpables del desastre ambiental

De acuerdo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el desastre ocasionado por el derrame no fue atendido a tiempo por autoridades federales; al respecto, Padrés Elías dijo tener evidencia que corrobora la tardanza de las autoridades federales en la atención de la contaminación en los ríos del estado causada por el derrame de tóxicos; por lo que, el gobernador anunció que solicitará la sanción y el despido de los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En opinión de Julián Andrade, el proceder del gobernador sonorense es desequilibrado y sin debate, “en lugar de documentar la necesidad de la obra en la propiedad de su familia, o pedir rectificaciones o aclaraciones por los canales tradicionales, optó por escalar el conflicto y escabullir así la responsabilidad pública que tiene.” Andrade agrega que cuando se gobierna no sólo basta con tener la razón, sino que “se debe realizar una labor de convencimiento y más aún cuando existen dudas en la sociedad.” Esto en relación a las declaraciones de Padrés Elías, en las que sostiene que los delegados actuaron con sesgo político y omisiones en el caso del derrame tóxico. Por lo que, quiere fuera, pero del gobierno, al procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro, “por no prever” el peor desastre en décadas.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora interpuso una demanda penal y otra civil contra responsables de derrame tóxico; en ese sentido, la CEDH se presentó ante la delegación de la PGR en Hermosillo el viernes pasado, y el lunes se ratificó, informó Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión.

Rogelio Guedea considera que los últimos desastres naturales ocasionados en nuestro país lastiman por varios motivos. “Primero: porque no hay en los mexicanos conciencia de las consecuencias que traerá en el futuro no cuidar debidamente nuestro entorno, no al menos como la hacen en otros países. Segundo: porque las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad parecen discapacitadas para hacerlo. Y tercero: porque las empresas o instituciones que cometen tales catástrofes quedan, como casi todo en nuestro país, impunes.”

Por lo que, Guedea, resalta la urgencia de replantear las políticas medioambientales del país. Pues los efectos del desastre ocasionado por la minera de Grupo México, que no derramó 40 mil m3, como indicó la empresa, sino más de 240 mil, tal como lo aseguró Antonio Navarrete, del Sindicato Minero, no solo posicionan a este desastre ambiental minero como al más grande de la historia de del país, además las afectó a casi 24 mil personas de siete municipios, canceló las actividades agropecuarias y ganaderas e impactó incluso en la población infantil, que se quedó sin escuela, y sin agua potable, señala el comunicador.

2 mil millones de pesos en daños estima CEDH de Sonora

Ciudad de México a 9 de septiembre.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora estima en 2 mil millones de pesos las afectaciones por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora generado por la explotación y operación de la mina Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, por parte de Grupo México. Es decir, que cada litro derramado dejó daños por 50 pesos.

Cabe destacar que pasaron 20 días después del derrame en Sonora de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas generadas por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México para que el panista Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora visitara la zona del desastre, que comprende siete municipios y afecta a 24 mil personas. La visita del gobernador fue el mismo día en que Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que derivado de un análisis de expertos, la contaminación causada por los ríos Sonora y Bacanuchi era el “peor desastre ambiental en la industria minera” mexicana en su historia.

Por otro lado, alrededor de 600 personas se dieron cita en el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en el Municipio de Olintla, Puebla, en dicha reunión exigieron la libertad de Marco Antonio Suástegui Muños líder del CECOP, así como un alto a la criminalización de activistas opositores a las hidroeléctricas. En el foro, estuvieron presentes estados como Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, y Coahuila; los cuales expusieron los conflictos que viven las comunidades en el país.

 

 

Redacción. Huellas de México

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