Suprema Corte analiza propuesta de Comisión de la Verdad para caso Iguala

18 de julio 2018.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una batería de instrumentos legales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sentencia que lo obliga a crear una comisión de la verdad para volver a investigar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país durante la actual administración.

Según la lista de acuerdos publicada el martes por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del máximo tribunal atrajo los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por varias instancias oficiales sobre el “caso Ayotzinapa”, el nombre del municipio del estado de Guerrero donde está la escuela donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema.

El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante tortura”, y determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”.

Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pesquisas, sino que determinó crear una comisión de la verdad integrada por representantes de las víctimas, el ministerio público y el ombudsman, y a la que se podrían incorporar organizaciones internacionales.

La sentencia marcó un punto de inflexión en el caso porque, cuatro años después de los hechos, confirmó judicialmente muchas de las irregularidades y obstrucciones a la justicia denunciadas por expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El grupo tiró por tierra la versión oficial de que los 43 jóvenes habían sido habían sido entregados por policías locales a un grupo del crimen organizado y quemados en un basurero y pidió investigar a autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluido el ejército, algo que nunca se cumplió.

Organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alabaron la decisión del tribunal. Sin embargo, la fiscalía federal mexicana la rechazó desde el inicio y distintas instancias del ejecutivo iniciaron una estrategia legal para intentar paralizarla bajo el argumento de que se había excedido en sus competencias y era inconstitucional.

Carla Huerta, constitucionalista y miembro del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, explicó que, técnicamente, ante un recurso de amparo “los jueces pueden anular una investigación, regresarla y que se empiece de cero pero no pueden decir quién y cómo deben hacerla porque eso lo dicta la ley” y es potestad del ministerio público. Por este motivo, dijo que sí puede entenderse que los jueces se extralimitaron en sus funciones al ordenar la creación de la comisión, cuyo establecimiento correspondería al ejecutivo. Sin embargo, dada la gravedad del caso, debería imponerse una “interpretación política” de la sentencia, apuntó.

El abogado experto en litigios internacionales de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, reconoció que puede haber cierta polémica en la orden de crear la comisión pero subrayó que “la sentencia es clarísima en cuanto a las irregularidades cometidas en la investigación o la necesidad de investigar a funcionarios involucrados” por lo que “hay un montón de cosas que la PGR tiene que cumplir y no podría ampararse”. A su juicio, lo más importante que exhibió el tribunal es “una situación estructural de impunidad” existente en México.

La justicia mexicana ya había aceptado algunos amparos de parte del más de centenar de detenidos por este caso, pero nunca se había pronunciado con una sentencia de tanto alcance. Otros procesados confían en poder beneficiarse del fallo. Por ejemplo, Luis Argüelles, abogado de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, la localidad donde ocurrieron los crímenes, confió en que pueda favorecer también a su cliente.

La sentencia quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre su cumplimiento. Al margen de la decisión, el próximo gobierno, que asumirá el poder el 1 de diciembre, ya se pronunció a favor de crear una comisión de la verdad, con lo que algunos analistas consideran que la estrategia oficialista conseguirá ganar tiempo.

El ejecutivo tiene potestad para crear este tipo de instrumentos y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo hará como parte del proceso de pacificación al que se ha comprometido.

Cuatro años después de los crímenes de Iguala, no hay ningún sentenciado por las 43 desapariciones, 6 asesinatos y más de 180 víctimas de los ataques del 26 de septiembre de 2014.

 

AP

Se estrena documental producido por del Toro: ‘Ayotzinapa, el paso de la tortuga’

25 de junio 2018.- El documental mexicano “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, dirigida por Enrique García Meza y producida por Guillermo del Toro, clausuró hoy en el Centro Botín, la Semana Internacional de Cine de Santander (SICS).

Antes de la proyección de “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, el cineasta mexicano Guillermo del Toro mandó un mensaje por videoconferencia en el que calificó como “valiente” a este proyecto cinematográfico.

“Es un documental muy valiente, producido principalmente por Bertha Navarro, mi socia de tantos años desde ‘Cronos’, una amiga, una madre y una guía de solidaridad, de fuerza, y Enrique (García Meza) que se lanzó al lugar de los hechos, conviviendo, viviendo con la gente implicada”, dijo.

Agregó que Enrique trató de la manera mejor posible de representar la verdad sobre ese hecho.

Para Del Toro, “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, es un documento importante no solo en materia cinematográfica, sino histórica.

La II edición de la Semana Internacional de Cine de Santander, que se llevó a cabo en esta ciudad del norte español desde el pasado 16 de junio, contó con gran presencia de México y con homenajes para los cineastas Michel Franco y Guillermo Arriaga.

La SICS, dirigida por Nacho Carballo, está organizada por el Centro Botín, Morena Films y la Filmoteca de Cantabria, en colaboración con el Festival Internacional de Guadalajara (México).

Tribunal ordena crear una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa

5 de junio 2018.- Un tribunal mexicano ordenó el lunes la creación de una comisión independiente para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México hace casi cuatro años, tras reconocer serias fallas en las pesquisas de la fiscalía nacional.

Los magistrados del tribunal, basados en argumentos presentados por la defensa del “Caso Iguala”, determinaron la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que estará integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público Federal.

“(La investigación) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)” como lo exigen protocolos internacionales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que México está suscrito, dijo el comunicado de la corte.

“Se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, agregó el texto.

La defensa ha dicho que el caso fue manipulado por el Estado para que concuerde con la versión oficial.

La decisión considera que las víctimas y la CNDH sean los que decidan las líneas de investigación, las pruebas a presentar y validen la incorporación de más organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), halló en el 2015 que la investigación estuvo plagada de errores que podrían obligar a la revisión completa del caso.

El extenso trabajo del caso que encendió la indignación dentro y fuera del país, logró echar abajo la versión oficial del Gobierno de que los estudiantes habrían sido quemados en un basurero del sureño estado Guerrero, donde ocurrió su desaparición en el 2014.

“La resolución (…) viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno Federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación”, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa legalmente el caso.

La fiscalía en México dijo más tarde que no había sido notificada de la decisión y que no compartía el criterio aplicado por los magistrados que participaron en ella.

México, a diferencia de otros países, no cuenta con una fiscalía independiente del Estado.

“Por primera vez se da poder a los padres de los jóvenes para que puedan aportar pruebas como actores principales, algo que tuvo que pasar desde el principio”, dijo a Reuters la exfiscal colombiana, Ángela Buitrago, que integró el GIEI.

La desaparición de los estudiantes del magisterio golpeó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo relaciones entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada en el país.

 

Reuters

ONU-DH lamenta ausencia de responsables por Caso Ayotzinapa

9 de mayo 2018.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.

El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que habían fuertes indicios que hacen pensar que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente”.

Indica que son cuatro las señales que confirman la intención, entre ellas el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial

En respuesta, el Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Fiscalía General, dijeron que al publicar su informe la ONU “se desatendió” del llamamiento que le había hecho el Gobierno mexicano en favor de una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía.

Asimismo, las autoridades mexicanas han respondido que tras aplicar el Protocolo de Estambul, que permite comprobar la existencia de tortura, “los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos”.

Agregaron que los hechos están aún bajo investigación judicial, por lo que las conclusiones del informe de la ONU “son prematuras”.

La PGR ha retrasado entrega de información sobre Ayotzinapa: CNDH
“Distintas informaciones que hemos solicitado no nos las están proporcionando”, señala el ombudsman nacional

Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país.

Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe “con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos”.

La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones “dentro de un plazo razonable” y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.

En un comunicado, la PGR en conjunto con la Segob y SRE aseguran que no se ha comprobado la comisión de tales actos como lo señaló el representante en Médico de la ONU-DH

En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que “hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable” de esas graves violaciones de los derechos humanos.

Según la versión oficial del Gobierno mexicano, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

 

EFE

CIDH reabre audiencias del caso Ayotzinapa

8 de mayo 2018.- El caso de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y el reclamo de sus padres de tener respuestas concretas sobre lo acontecido volvieron hoy a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también conoció casos de Brasil y Ecuador.

En una audiencia con motivo del 168 periodo de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la capital dominicana, Joaquina García, madre de Martín Sánchez; y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, describieron, conmocionados, la pesadilla vivida tras la misteriosa desaparición de sus hijos y exigieron respuestas.

García acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares de las víctimas y a la propia CIDH “solo puras mentiras”, mientras que Navarrete afirmó que continuará su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase” y reclamó que las audiencias sean en su país y “que ahí nos den solución”.

El Gobierno de México destacó ayer sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.

Mientras que en la audiencia de hoy, la representación del Estado de México dijo que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.

En una audiencia sobre la independencia judicial en Ecuador, representantes de la sociedad civil acusaron al Estado de no investigar las “graves” denuncias sobre la independencia judicial y afirmaron que en los últimos años se han abierto más de 500 sumarios contrarios a estándares interamericanos, con más de 160 jueces sustituidos.

La representación de Ecuador afirmó que el Estado continuará trabajando junto a la sociedad civil “para asegurar el apego de su accionar a la Constitución y a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró la invitación del gobierno al relator especial de libertad de expresión de la CIDH Edison Lanza para visitar el país y coordinar trabajo para el fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión en la nación suramericana.

En otras de las audiencias, representantes de la sociedad civil de Brasil reclamaron hoy ante la CIDH justicia en el asesinato de la concejala Marielle Franco y el conductor que le acompañaba, Anderson Gomes, tiroteados en marzo pasado en el centro de Río de Janeiro.

En ese punto, la CIDH subrayó la situación por la que atraviesan defensores de derechos humanos en ese país, donde, según el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, unos 60 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2017, “una cifra alarmante”.

Mientras que en otra se denunciaron los asesinatos de niños y adolescentes afrodescendientes en Brasil en acciones que involucran a la Policía, ante lo que la CIDH mostró su preocupación.

En la jornada de hoy, además, defensores de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia y discriminación a que son sometidos miembros de esa comunidad en las prisiones en América.

“Lo más grave que sucede en los centros penitenciarios es que nuestros cuerpos son utilizados como objetos sexuales y como mulas”, señalaron.

Estos casos formaron parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

La CIDH abrió el lunes una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

EFE

Recibirán en San Lázaro a padres de 43 normalistas

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados recibirá el 23 de noviembre en el Salón Legisladores de San Lázaro a los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace dos años en Iguala, Guerrero.
El presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Neri, acompañado de los diputados perredistas Cristina Gaytán y Jesús Zambrano, precisó en conferencia de prensa que no es necesario que este acuerdo sea ratificado por el pleno camaral.
El objetivo de este encuentro es que ante integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y la Especial que analiza este caso, los padres expongan lo que han vivido y los avances de las investigaciones.
Familiares de los estudiantes desaparecidos se plantaron desde el lunes en las afueras del recinto de San Lázaro en demanda de que sean escuchados en el pleno de la Cámara de Diputados.

Esclarecer caso Iguala, compromiso del gobierno: PGR

Las líneas de investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014, están abiertas con el propósito de esclarecer los hechos y no queden impunes, sostuvo el subprocurador Eber Omar Betanzos.
El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y el titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, recibieron al diputado por Guerrero y comisionado Especial del Caso Iguala, Ricardo Mejía Berdeja.
Los funcionarios federales refrendaron que la Procuraduría General de la República (PGR) está determinada y comprometida, en el ámbito de sus atribuciones, con la investigación del caso, por lo que insistieron que se trabaja con total apertura y transparencia en coordinación con autoridades locales y federales.
Por último, reiteraron el compromiso de la PGR de mantener un trabajo cercano y constante con los familiares de los estudiantes desaparecidos y en el desarrollo de las investigaciones del caso.

Comisión caso Ayotzinapa pide reunión con fiscal de Guerrero

Miembros de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados solicitarán a la Fiscalía de Guerrero una reunión de trabajo, así lo informó la presidenta de esa instancia legislativa, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
El encuentro tiene como propóosito analizar las conclusiones que vertió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
En esa reunión participarían integrantes de esta comisión especial, familiares del normalista y un representante de la CNDH, precisó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en un comunicado.
Explicó que originalmente se pensó fuera la audiencia con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres.
Sin embargo, añadió, los integrantes de la instancia legislativa coincidieron en que la gestión se realizara con las autoridades locales que se ocupan del caso.
Murguía Gutiérrez también informó que el 21 de julio la comisión especial recibió una propuesta por escrito del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, para que se presenten los padres de los normalistas ante integrantes de comisiones unidas del Congreso.La legisladora panista destacó que el documento se turnó inmediatamente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya que es la instancia que debe validar el formato para atender la solicitud de los padres y las organizaciones de derechos humanos. “El asunto ya está en la Jucopo, y solicitamos que los coordinadores de cada fracción parlamentaria tengan conocimiento de este hecho, y que sea motivo de acuerdo”, dijo.

PGR designa nuevo titular en el caso Iguala

La procuradora general de la República, Arely Gómez, entregó a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa el informe sobre el caso Iguala: estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
La funcionaria federal también informó de la designación de Alfredo Higuera Bernal como nuevo titular de la oficina de investigación del caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.
En reunión realizada en las oficinas de la PGR, Arely Gómez precisó que el documento se describen las principales actuaciones del Ministerio Público Federal ha llevado a cabo en dicha indagatoria y agregó que contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria, el 4 de octubre de 2014 hasta el 30 de abril de 2016, encaminada al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los estudiantes, aprender a los responsables y asegurar que estos delitos no queden impunes.
Al referirse al cambió de titular de la oficina de investigación, la procuradora general señaló que este ajuste de ninguna manera significa interrupción o reinicio de la investigación en curso, “habrá continuidad puntual”.Asimismo, giró instrucciones al nuevo titular de la oficina de investigación y al responsable de la Coordinación General de Servicios Periciales, Jorge Alberto Zúñiga Malváres, para actuar con estricto apego a la ley, honestidad, transparencia y absoluta dedicación, privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano con los padres.

Por último, precisó en un comunicado que la investigación continua abierta y se trabaja con exhaustividad en el esclarecimiento de los hechos.

Padres de los 43 se manifiestan ante sedes diplomáticas

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 20 meses en Iguala, Guerrero, protestaron  frente a varias sedes de embajadas en Polanco, a fin de exigir que se esclarezcan los hechos y la presentación con vida de sus hijos.

Los deudos de los jóvenes llegaron a las 10:00 horas a la estación del Metro Polanco, donde iniciaron su primera manifestación de exigir la destitución de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la adopción del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A la marcha se unieron agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en solidaridad con los padres de los normalistas.

La primera parada que hicieron fue al mediodía en el Consulado de España, ubicado en Galileo No. 114, en Polanco, donde entregaron al personal un documento en el que describen la violencia e impunidad que se vive en México, como harán en el resto de las embajadas de la zona.

Los padres de los estudiantes  prevén estar a las 13:00 horas frente a la representación de la Unión Europea para manifestarse, para después trasladarse al Ángel de la Independencia, donde encabezarán una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez, donde partirá un nuevo mitin, con el cual terminarán sus protestas alrededor de las 17:00 horas.

Padres de los 43 piden analizar caso Coacoyula

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar los peritajes necesarios para identificar los restos localizados en Coacoyula-Apipilulco, municipio de Iguala.

El abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, indicó que los padres pidieron establecer contacto lo más pronto posible con el Fiscal General de Guerrero, Xavier Olea con el fin de que permita a los peritos de la PGR realizar las indagatorias del hallazgo.

De acuerdo con el abogado no es competencia de la fiscalía estatal analizar las evidencias que podrían estar vinculadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas, razón por la cual descartó los resultados que pudiera arrojar. “Nosotros rechazamos las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Guerrero, porque le corresponde a la PGR indagar si tienen vinculación con nuestro caso, estos tienen que ser atraídos por la oficina del Caso Ayotzinapa”.

Rosales Sierra comentó que el trabajo de la Procuraduría podría ser complementado con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para generar certeza en los resultados de las pruebas a los restos encontrados. “Nosotros tenemos a los peritos argentinos que están acreditados dentro de la indagatoria, nosotros solicitamos a la PGR atraer estas investigaciones y se les dé parte a nuestros peritos”.

Vidulfo Rosales insistió que los padres esperan que si los restos están vinculados al caso sean remitidos a la PGR. “Nosotros no reconoceríamos los resultados, pero no queremos adelantarnos, ahorita el procedimiento adecuado es que si el fiscal considera que están vinculados con el Caso Ayotzinapa, los tienen que remitir a la PGR”.

Padres de los 43 piden esclarecer informe del GIEI

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos informaron que durante el encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez, pidieron a las autoridades el esclarecimiento de los puntos expuestos por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su informe final.

En conferencia de prensa, el abogado de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, afirmó que tiene que haber una explicación concreta y clara de varios puntos, entre los que destaca la separación del cargo a Tomás Zerón de Lucio, titular de la SEIDO.

“A la luz del informe del Grupo de Expertos y eso lo dejamos claro en la mesa durante la reunión con la procuradora, que ella pueda dar respuesta y contestación a todas y cada una de las peticiones que estamos haciendo y que a la luz del informe hay una serie de irregularidades en la investigación en que incurrieron funcionarios de la PGR y si no tienen respuesta, no podemos seguir caminando”, dijo el abogado.

Agregó que Arely Gómez tiene conocimiento de que los padres de los jóvenes estudiantes no están dispuestos a continuar con algún diálogo si no hay respuesta clara por parte de la Procuraduría.

Este jueves la canciller Claudia Ruiz Massieu recibirá a los padres de los 43 normalistas, a fin de darles informes sobre el proceso de seguimiento que mantendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el caso.

Los 43 normalistas fueron ejecutados: jueces

Dos juzgados federales sentenciaron que no existen indicios de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que los estudiantes habrían sido víctimas de una ejecución sumaria.
El Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas coinciden que la SEIDO no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.
La sentencia, publicada por el Diario Reforma, dice que según los elementos en su poder, las víctimas fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente.
De esta forma, los jueces rechazaron girar orden de aprehensión por desaparición forzada en contra de 56 acusados.

El diario señala que los magistrados, con base en sus sentencias, rechazaron girar las órdenes de captura por desaparición forzada en contra de 56 acusados, como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, como así también contra policías municipales y presuntos integrantes de la banda Guerreros Unidos.

Caso Ayotzinapa, un descalabro ético: Zambrano

Javier Divany Bárcenas

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “ha sido uno de los mayores descalabros éticos del país ante el mundo entero”.
Advirtió que es lamentable que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hayan terminado  en la “desconfianza absoluta”, dijo en declaraciones a la prensa.
“Estas descalificaciones que mutuamente se han tenido en los últimos días entre la PGR, a través de (Tomás) Zerón (de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal) y el GIEI, “vienen a demostrar que no hubo seriedad y que no la sigue habiendo, por parte de la PGR, sobre estos acontecimientos criminales”, agregó.
Zambrano urgió al titular de la PGR, Arely Gómez González, “salga y diga con claridad y mucha responsabilidad qué es lo que va a seguir”, luego del informe final que presentó el pasado fin de semana el GIEI y los comentarios que hizo hoy este grupo sobre las declaraciones de ayer de Zerón de Lucio.
“Lo más importante es que la PGR y la titular de la misma, la procuradora Gómez, salga y diga, no mande a segundones a dar la cara, que diga claramente qué fue lo que pasó, y que ellos mismos hagan por su propia cuenta la identificación de dónde pudo haber irresponsabilidades o responsabilidades administrativas y legales”, subrayó.
Expresó que el mensaje del GIEI es de mucha preocupación y de descalificación al sistema de procuración de justicia del país, lo que no deja nada bien a la PGR, como institución, y a México en general ante todo el continente.
Resaltó el alto reconocimiento y calidad moral que la CIDH tiene en todo el continente.
Los señalamientos que hizo hoy el GIEI sobre Zerón de Lucio, de que se presentaron nuevos elementos que no se los habían entregado, terminan dándole la razón al grupo de la CIDH y la PGR queda “terriblemente desacreditada”, añadió.
“Deja muy mal parado al gobierno mexicano y particularmente a la PGR”, insistió.
Zambrano Grijalva aseveró que lo más importante sigue siendo que la PGR diga qué fue lo que pasó realmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
También apuntó que deberían establecerse posibles responsabilidades de funcionarios por no haberse desempeñado con eficacia y eficiencia en las investigaciones “que han sido uno de los mayores descalabros éticos del país ante el mundo entero”.

GIEI entregará mañana su II Informe a PGR

Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunciaron que mañana presentarán los resultados de su segundo informe del caso Iguala a la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa, los cinco integrantes del GIEI precisaron que dicha acción responde a su obligación de entregar cuentas a las autoridades mexicanas, luego de que su mandato concluye el próximo 30 de abril.

Asimismo, destacaron la buena relación que han tenido con las autoridades desde que iniciaron su trabajo de asistencia técnica. “Hemos tenido una relación que es de cordial colaboración en muy diferentes momentos, incluyendo en la fase en la que estamos, cuando el Estado nos dijo que probablemente no iba a venir a la presentación del informe”, dijo Carlos Beristáin.

Señaló que el objetivo es explicar el informe a las autoridades, por lo cual una vez que estuviera publicado, haríamos reuniones con ellos, en lo que tiene que ver con la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas.

También confió que el documento se convierta en una herramienta de transformación de las políticas públicas hacia las víctimas, “porque consideramos que esa es nuestra obligación”.

Por último dijo que ahora los resultados de la investigación se presentarán a la PGR, “queremos que ese informe tenga impacto también en las instituciones, ese es el compromiso hasta el último día de nuestra labor”.

 

CNDH integrará reporte de GIEI a sus expedientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que incorporará el Informe final del GIEI dado a conocer el domingo pasado a sus investigaciones sobre el caso Iguala

En un comunicado, la CNDH destacó que hizo lo propio con el Informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se rindió el 6 de septiembre de 2015 y ratificó su respeto al acuerdo entre el gobierno federal de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio sustento al trabajo del GIEI en México.

La CNDH comentó que la coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus más de 20 informes con las observaciones y propuestas que la CNDH previamente dirigió a diversas autoridades federales”.

Estas últimas forman parte del documento “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala” del 23 de julio de 2015” y del Reporte presentado el 14 de abril pasado.

En su documento, la CNDH consideró que la presencia en México de grupos y organizaciones de diversas latitudes suma a la defensa de los derechos humanos, pero no sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH.

Con base en la relación de colaboración que se ha mantenido con el GIEI, el 15 de marzo del presente año se solicitó al GIEI el soporte documental recabado de sus investigaciones, incluyendo los casos de tortura.

Al respecto, “este Organismo Nacional espera una respuesta favorable a esta petición de apoyo”.

Sobre los casos de presunta tortura, la CNDH precisó que ya se integran expedientes de quejas por presuntas detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en la detención y tortura, presentadas por algunos de los inculpados en el “Caso Iguala”.

Asimismo, precisó que hay cuatro expedientes por supuesto maltrato en la detención; 11 por supuesta detención arbitraria y 47 por posible tortura.

Para la debida integración de los expedientes de estos casos, la CNDH ha debido practicar multiplicidad de diligencias, solicitando información a varias autoridades. “Es pertinente mencionar que, en algunos casos, ha existido dilación para cumplir con lo solicitado”, señaló el comunicado.

 

GIEI teme por la vida de padres de los 43

Tras concluir sus labores al frente de las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó sobre es el futuro que tendrán los padres de los jóvenes.

Alejandro Valencia Villa, integrante del GIEI, cuestionó el sistema de justicia, pues después de la difusión de conversaciones telefónicas interceptadas de manera ilegal, tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación, externó que “eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”.

Si bien las autoridades dejaron mal parados a los investigadores, insistió acerca del trato a los deudos de los 43 jóvenes de Iguala, y dijo: “Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”., indicó el integrante de la GIEI a una publicación digital.

PGR: caso Iguala sigue abierto

La indagatoria para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, sigue abierta y se atienden todas y cada una de las líneas de investigación, manifestó el subprocurador Eber Betanzos.

En conferencia de prensa, el funcionario reiteró el compromiso permanente de la Procuraduría General de la República (PGR) con las familias y víctimas para esclarecer los hechos e insistió el interés por trabajar con los padres de los jóvenes desaparecidos.

Ante ello, Eber Betanzos señaló:  “no vamos a permitir que queden impunes”, por lo que la PGR seguirá hasta que todas las personas responsables sean presentadas ante las autoridades judiciales.

El subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR sostuvo que se brindará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información necesaria para su seguimiento.

Respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas.

Recordó que el 17 de julio de 2015 los integrantes del GIEI estuvieron presentes durante la toma de declaración de ocho estudiantes normalistas agredidos y ninguno formuló imputaciones a corporaciones federales de estar involucrados en el ataque.

Sobre el quinto autobús, dijo que su presencia fue integrada en el expediente desde que la PGR atrajo la investigación.

Al referirse al incendio en el basurero de Cocula, precisó que el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la evidencia contenida en el expediente, inclusive observable físicamente “para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado”.

El funcionario de la PGR indicó que el Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México y ha contado además con ejercicios inéditos de colaboración internacional, transparencia y trabajo con las víctimas.

Por último, reconoció la labor de los integrantes del GIEI, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente y que en todo momento, la procuraduría ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor.

El informe fue entregado a James L. Cavallaro, quien a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y como Relator para México, agradeció el “invaluable trabajo realizado por el Grupo”.

En tanto, integrantes del GIEI señalaron en sus conclusiones que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa no se encontraban infiltrados por el crimen organizado ni habían acudido a boicotear un acto político.

 

GIEI presentó informe: desconocen destino de los 43

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la Repúblicam.

Los expertos reconocieron que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México, argumentando que ello a las fallas y demoras de la PGR, dependencia que lleva el caso.

En el reporte del caso, los expertos denunciaron obstáculos, como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni ex altos funcionarios o la PGR ahondara en líneas de investigación propuestas.

“La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud. Esas dificultades no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales”, agregó el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del actual gobierno para avanzar en las investigaciones.

El grupo, quien a pesar de las demandas de los familiares no continuará en el caso porque el gobierno dio por concluida su participación ya no es necesaria.

Los expertos advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de Iguala cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.

Los expertos dijeron que a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.

Continuará la búsqueda de normalistas: Campa

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, tras reunirse con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes desde ayer mantienen un plantón a las afueras de la dependencia, comentó que pese a la conclusión del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), existe el compromiso del gobierno de mantener la búsqueda.

El segundo compromiso que se deriva de las medidas cautelares es profundizar en la investigación hasta concluirla, y su terminación tiene como referente al Poder Judicial y las sentencias condenatorias que éste emita.

Otro aspecto es en cuanto a las obligaciones del Estado en lo referente a la atención de las víctimas, el cual es un tema muy delicado que hay que atender, explicar y en el que hay que expresar las cosas con todo cuidado.

Refirió que en el encuentro con los padres de los 43 normalistas, el cual se atendió por indicaciones del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio, se enfocó a garantizar que el evento que han planteado para este domingo transcurra sin interferencia alguna, pero también con la protección que requiere.

Dijo: “nos hemos puesto de acuerdo en cuál será el mecanismo de coordinación con la Policía Federal, que atiende la seguridad del edificio de Gobernación, con una comisión que ellos ya definieron para que esto se dé sin ningún problema”.

Al referirse al informe final que entregará el GIEI, precisó que “sea rico en propuestas y en recomendaciones, aunque sabemos, porque lo hemos conversado mucho con los expertos, que tendrá aspectos duros en el diagnóstico”.

Indicó que “hemos comprometido con la Comisión Interamericana, y también con los familiares, que las recomendaciones del GIEI serán de la mayor importancia para el gobierno, por lo que el escrutinio internacional sobre este caso no termina con lo establecido con el grupo de expertos”, aclaró.

Se refirió a la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que se investigue si policías federales participaron en la desaparición de los normalistas y al respecto dijo que se trata de una línea de investigación que ya está siendo averiguada a profundidad.

Sobre la solicitud de los padres de los normalistas de entrevistarse con Osorio Chong, dijo que “comentamos que el secretario ha tenido siempre disposición plena para éste y otros encuentros”.

Señaló que el plantón que mantienen los familiares de los normalistas frente a la Segob concluirá éste domingo a las 10:00 horas.