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Niegan a Mireles traslado a Michoacán

Por considerarlo de alta peligrosidad, el gobierno federal rechazó la petición del exlíder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, para trasladarlo al penal de Mil Cumbres, en Michoacán.

El titular del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero Durán, señaló que el traslado de Mireles representa “un riesgo inminente”, porque cuenta con las relaciones, contactos y medios económicos para obtener beneficios en reclusión, en virtud de que su círculo de acción se encuentra en ese estado.

En un escrito dirigido al juez, Eduardo Guerrero presentó un estudio clínico-criminológico titulado “El loco Mireles” para justificar la negativa del traslado.

Según el estudio, algunos de los rasgos de personalidad descritos son evasión, ansiedad, dificultad para las relaciones afectivas, egocentrismo, rigidez de carácter, tendencia a la fantasía, sobreestimando sus capacidades intelectuales y de estrategia política con afán de engrandecerse manifestando un ego social e intelectual en busca de reconocimiento y la obtención de poder.

En tanto, Mireles envió un audio al excomisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, donde le recuerda los compromisos que hizo con los grupos de autodefensa y le exige decir la verdad.

 

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Nestora Salgado será libre finalmente

Ciudad de México, 17 de mar.- Tras 31 meses de permanecer en prisión, un juez dictó dictó hoy auto de formal libertad a la activista social y comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

De acuerdo con distintas fuentes de organizaciones civiles, este viernes después de las 8:00 de la mañana Nestora abandonará el penal de Tepepan. El Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) confirmó su liberación esta tarde. Antes, su abogado dijo que Salgado había manifestado que tras su encierro viajará a Estados Unidos para recibir atención médica.

Durante el tiempo que estuvo recluida, dijo, no recibió el tratamiento y medicamento necesarios. Nestora tiene ambas nacionalidades: la mexicana y la norteamericana.

Grupos civiles mexicanos y extranjeras exigieron al Estado mexicano que la liberara, lo mismo que un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los grupos civiles han calificado el caso de Nestora Salgado como “representativo”, ya que el propio Gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

La líder de la policía de la Montaña de Guerrero fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) tendría dentro de sus funciones detener personas. En varias ocasiones, los procesos ameritaban simples castigos de trabajo voluntario. Sin embargo, algunos detenidos acusaron haber sido maltratados y que sus detenciones fueron, más bien, secuestros.

“La aprehendieron por cinco supuestos secuestros, pero los siguientes días la suma llegó a 50 que se repartieron en tres procesos. En todos ya se determinó su libertad [la semana pasada]”, detalló el abogado Sandino Rivero Espinosa en entrevista realizada la semana pasada.

El involucramiento de Nestora con la CRAC-PC no se dio sino hasta en el último lustro, con el arrecio del narcotráfico en la zona.

Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.

Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.

Sin embargo, pese a que los grupos de autodefensa en Guerrero están reconocidos en la propia Ley 701 como auxiliares de las fuerzas de seguridad pública estatal, y, además, el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero les dio recursos para la compra de armas y equipo, las operaciones de la policía comunitaria no terminan por ser avaladas en todos los ámbitos.

La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos, en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla, por lo que Nestora no pudo ser dejada libre.

Esta semana, según explicaron los abogados, se tomaron las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión.

El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.

“Su salud es buena. Sin embargo, ella sufrió un accidente automovilístico hace más de 10 años. Y viene arrastrando esas secuelas”, dijo Sandino.

NESTORA Y SU RESPONSABILIDAD

A pesar de que la Coordinadora tiene cientos de integrantes, a Nestora la Fiscalía la acusó de ser responsable por los secuestros.

“En particular detuvieron a Nestora y a otros nueve líderes que hay en Guerrero porque son la gente más emblemática que era más conocida, y era una forma de dar un mensaje a toda la coordinadora”, dijo Sandino.

Distintas organizaciones se opusieron en su momento a la liberación de la líder comunitaria. Entre ellas, Alto al Secuestro y México SOS, que dirigen Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, respectivamente.

El 13 de enero del 2015, Martí acusó que el Gobierno de Guerrero se había vuelto “narcoguerrillero”, por la convivencia entre autoridades y otros grupos. En conferencia de prensa presentó a cinco personas que aseguraron haber sido secuestradas por la Coordinadora.

“Desconozco cuál sea el móvil de estas personas. Pero al no haber un proceso donde haya sentencia, la presunción de inocencia siempre prevalece. Pero, fíjese, esto va más allá de un problema de particulares [en referencia a Martí y a Wallace], se trata de un proyecto de comunidades indígenas que pretenden su autodeterminación”, dijo Sandino.

El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.

“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.

A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.

Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.

 

sinembargo.mx

ff

Autodefensas reproducen en Michoacán el purgatorio olvidado

Ciudad de México a 13 de noviembre.- De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han registrado múltiples violaciones en contra de la ciudadanía cometidas por los grupos de autodefensas en Michoacán.

Al respecto, el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en el Estado de Michoacán y las Violaciones a Derechos Humanos relacionadas con el conflicto, que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 33 municipios de Michoacán los grupos de autodefensa incurrieron en violaciones y abusos contra la población civil: ingresaban ilegalmente a sus domicilios, los encañonaban, les robaban sus pertenencias, gasolina, diesel, armas e incluso integraban a menores de edad “para tener mano de obra barata”. Además, realizaban sus rondines drogados o alcoholizados, intimidaban sobre todo a las mujeres y hasta cobraban multas de cinco mil pesos a quienes encontraban bajo la influencia de drogas; además, el documento señala también que se recopilaron testimonios en el sentido de que miembros de esos grupos eran “templarios disfrazados de autodefensas” y que ahora “se ocupan de la producción y tráfico ilegal de metanfetamina” que tenía el cártel liderado por Servando Gómez Martínez, La Tuta.

En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apresuró al gobierno de Michoacán para que investigue las acusaciones de infiltración de las organizaciones delictivas en los grupos de autodefensa y a presentar una iniciativa de ley para tipificar la desaparición de personas; al respecto, el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, reconoció que en la entidad se registraron violaciones a los derechos humanos y sociales de los habitantes de la entidad a partir del conflicto; además, detalló que en 33 de los 73 municipios de Michoacán se detectó la presencia de grupos de autodefensas, que representan el 56 por ciento del territorio estatal.

 

Redacción. Huellas de México

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Revive en Michoacán el dolor de cabeza de las autodefensas

Ciudad de México a 12 de noviembre.- La inseguridad sigue cobrando víctimas en Michoacán y los civiles armados continúan las protestas en la entidad.

Recién conformado el Mando Único Policial en Michoacán, aparecieron nuevamente grupos armados en cinco municipios de la región de Tierra Caliente, quienes bloquearon carreteras y tuvieron que ser removidos por las fuerzas federales y estatales. Los exautodefensas impidieron el paso durante cinco horas a los municipios de Parácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Aguililla; al respecto, exigían mayor seguridad en la región, y el esclarecimiento de los asesinatos de Juan Álvarez Ramírez La Burra, uno de los tres principales operadores del exlíder de las autodefensas Luis Antonio Torres, alias El Americano y un menor que viajaba con él.

Por su parte, el fundador de los grupos de autodefensas, Hipólito Mora, rechazó que haya tenido que ver con la muerte de dos personas del grupo de Luis Antonio Torres, El Americano. “Estamos tranquilos, no tenemos nada que ver con las dos muertes de la gente de El Americano. Esperamos que den con los responsables”, afirmó, Mora.

 

Redacción. Huellas de México

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El Americano me quiere matar y el gobierno está con ellos: Hipólito Mora

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prometió protección para Hipólito Mora Chávez, fundador de autodefensas en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, quien denunció amenazas de muerte por parte de Luis Antonio González “El Americano”.

“Comprendo la situación de Hipólito, pero él tendrá la garantía de que tendrá seguridad”, por parte de la Policía Militar dijo el mandatario en entrevista con Radio Fórmula.

En una misiva enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, el fundador de autodefensas de La Ruana afirma que el gobierno ordenó a “El Americano” que lo asesine.

“No se imagina lo peligroso que es para mí. Todos los delincuentes me quieren asesinar, el gobierno está con ellos. Martín Godoy (el procurador michoacano) es un asesino, al igual que (Alfredo) Castillo. Ya le dieron la orden al Americano para que me asesine por la ida mía a la Ciudad de México y la entrevista que le di a usted. Pero la verdad, por mí que chinguen a su madre, no les tengo miedo, y además para que lo logren necesitan agarrarme amarrado”, señaló en su carta Mora Chávez.

“Venden muchísima gasolina robada en complicidad con el gobierno, por eso les estorbo a ambos. Créame señor, no les tengo miedo ni al gobierno ni al Americano juntos. Si me asesinan muero con honor. Qué lata les he dado con un grupo de gente pobre. No estoy asustado ni preocupado, estoy feliz por lo que he logrado y me voy a morir como los buenos gallos: en la raya”, acusó en su misiva Mora Chávez.

Al respecto el gobernador michoacano insistió en que su gobierno tomará las medidas necesarias para brindar seguridad a las autodefensas, entre ellos Hipólito Mora y su familia. “Voy a tomar las medidas necesarias para evitar algún riesgo”, dijo.

Sin embargo hizo énfasis en señalar que existe un proceso de capacitación y depuración que las autodefensas y los elementos de la Fuerza Rural tienen que cumplir y negó que la inseguridad esté desbordada como lo afirmó Hipólito Mora en su carta enviada a Gómez Leyva.

“El cambio ha sido radical”, sostuvo, y aprovechó para informar que este lunes entrarían en operación 300 elementos de la Gendarmería Nacional cuyo objetivo será contener a grupos delictivos que operan en la capital del estado e inhibir los delitos de bajo impacto.

Los elementos fueron presentados en un acto realizado en la Plaza de Armas, donde comisario de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, detalló que el grupo policiaco está conformado por elementos de proximidad, dedicados al trabajo de la investigación e inteligencia, y un grupo de reacción inmediata que fueron capacitados por asesores españoles, colombianos y franceses.

Según el funcionario, se trata del segundo de tres grupos de elementos que arriban a la entidad y que operará en Morelia con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía.

Durante dicho evento Aureoles prometió “dar todas las garantías para que Morelia inicie una ruta de seguridad total” y para que esa ciudad, Uruapan y Lázaro Cárdenas se conviertan en los municipios “más seguros” del estado.

 

Apro/Radioformula

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Mireles no se rinde

Ciudad de México, 21 de oct.- Antes de Navidad, José Manuel Mireles podría salir de la cárcel, aseguróIgnacio Mendoza, abogado coadyuvante del exlíder de las autodefensas de Michoacán.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, detalló que el viernes pasado interpusieron un recurso de sobreseimiento para demostrar que el doctor y los comunitarios detenidos fueron engañados por el Estado Mexicano para hacerles creer que era legal la portación de armas.

Si ellos portaron armas de fuego es porque la autoridad les hizo creer que no estaban fuera de la ley.

“Antes de Navidad, es la meta para que Mireles esté fuera de la cárcel” gracias al recurso, indicó Mendoza.

José Manuel Mireles, fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido en el municipio de Lázaro Cárdenas, por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Actualmente se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora.

 

sdp

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Policía comunitaria de Guerrero cumple 20 años resistiendo

Los trabajos por el 20 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) iniciaron en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la libertad de los presos políticos y la unidad, bajo el lema Encuentro de Pueblos y Organizaciones.

Abad García, coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC-PC, reconoció que el evento se desarrolla en medio de una “profunda división en esta institución de seguridad comunitaria. El objetivo del encuentro es lograr la unidad con todos los pueblos y con los líderes”.

Se busca recuperar el espíritu del reglamento que le dio origen a la CRAC-PC “hoy en el 20 aniversario de la Policía Comunitaria y se ha logrado avanzar en más del 60 por ciento. Contamos con unos 28 pueblos de los más grandes en los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, e Iliatenco. Aunque varios pueblos de estos municipios se incorporaron a la casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec”.

Denunció que el dinero que otorgó el ex gobernador Angel Aguirre Rivero, al ex coordinador Eliseo Villar Castillo –actualmente preso en Acapulco–, trajo la división en la CRAC, porque dijo que nos iba a dar un millón de pesos, pero fue mentira, “siempre nos hemos mantenido con la aportación del pueblo”. Aseguró que no recibirán dinero del nuevo gobierno que encabezará Héctor Astudillo Flores.

Agregó que se esta “pidiendo la libertad inmediata de los presos políticos (Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos, y Bernardino García, entre otros), así como la presentación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, hace un año”.

Al encuentro asistieron los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, y Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; además de comités de enlace de los municipios de Tecoanapa, Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, Acapulco, y Metlatónoc, entre otros.

Por Sergio Ocampo /LaJornada

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Juez dicta libertad para Cemeí Verdía, pero seguirá en prisión

Morelia, Mich, 24 de sep.- Este jueves el Juez Tercero Menor Penal de Michoacán, Wilfrido Tapia López, dictó libertad para el líder de las autodefensas de Aquila, Cemeí Verdía, por falta de pruebas para procesar bajo reservas de ley, por los delitos electorales por los que era acusado.

A las 14:00 horas, el juez dicto libertad para el indiciado en la causa penal 12/2015 proveniente del Juzgado Menor de Coahuayana e identificado con el número de exhorto 6/2015.

El juez señaló que se verificaron diversas constancias, declaraciones de testigos, entre otros documentos de prueba con los cuales confirman que no había elementos suficientes para acreditar la existencia del cuerpo del delito, exculpando de este modo a Cemeí.

Se detalló que la resolución no implica que el proceso penal haya concluido, puesto que el término “por falta de pruebas para procesar” señala que el caso queda permanece en suspenso, en caso de que las autoridades pretendan continuar con las investigaciones.

El abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez y Cemeí se manifestaron conformes con la resolución del juez y expresaron su confianza para que el comunitario pueda recuperar su libertad antes de que termine el año.

Mendoza Jiménez, quien fue fiscal de la capital del estado, manifestó que se trata de un caso de persecución política del gobernador Salvador Jara, por le que se manifestó también confiado en que esto terminará con el cambio en la administración estatal.

 

Redacción. Huellas de México

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Atacan y matan a 7 autodefensas en Lázaro Cárdenas

La violencia es incesante en Michoacán

Un enfrentamiento entre civiles armados y supuestos policías rurales dejó como saldo preliminar siete muertos la tarde del miércoles, en el municipio de Lázaro Cárdenas, señalan reportes policiacos citados por Reforma.

El tiroteo se inició a la altura del poblado El Bejuco y se extendió hacia Caleta de Campos.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) confirmaron el saldo de siete fallecidos, todos por impactos de bala.

De cuatro cuerpos ya se tienen levantados registros por parte del Ministerio Público y de los otros tres aún están en ese proceso. No podemos dar aún más detalles”, dijo a Reforma un funcionario de la corporación.

En la zona hay una fuerte movilización de elementos de la Policía Federal y de cuerpos policiacos locales, para tratar de dar con los responsables de la balacera.

De acuerdo a los primeros informes, supuestos elementos de la Fuerza Rural o autodefensas que aún operan en la localidad de Caleta de Campos y en la comunidad de Chuquiapan, realizaban un recorrido de vigilancia en la zona.

Sin embargo, al marcar el alto a los ocupantes de una camioneta para efectuar una revisión, éstos respondieron con disparos de arma de fuego.

 

 

Fuente. aristeguinoticias.com

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Toman penal y oficinas en Ayutla, exigen libertad a autodefensas

Unos 500 vecinos de distintas comunidades de Ayutla y Acapulco, encabezados por las esposas de los presos políticos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, marcharon y cerraron de manera indefinida la cárcel de ese municipio en demanda de la liberación de los policías comunitarios recluidos desde hace más de dos años.

Los manifestantes cerraron con cadenas y candados el Juzgado y el Ministerio Público (MP) de Ayutla ante la falta de compromiso del gobernador, Rogelio Ortega Martínez.

Hasta las 11 de la noche los manifestantes no habían sido atendidos por las autoridades del gobierno del estado, solamente por el fiscal regional de la Costa Chica, Víctor Parra Téllez, quien les pidió que liberaran el MP. Los inconformes accedieron a abrir el edificio, pero sólo en caso de una emergencia.

A las 12 del día los pobladores de las distintas comunidades se congregaron en la Unidad Deportiva de Ayutla, avanzaron y cerraron el Juzgado, el MP y culminaron en un plantón en la cárcel de esta cabecera municipal.

Los manifestantes llevaron cuatro cadenas y cinco candados con los que cerraron las puertas de acceso del Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Allende, la agencia del Ministerio Público y la cárcel. Pidieron a los trabadores que salieran porque las oficinas serían cerradas; la indicacion fue atendida sin confrontaciones.

En la cárcel informaron que su protesta incluía el cierre de la prisión, pero el director y los policias se negaron a dejar las instalaciones, entonces acordaron que se les permitiría pasar comida.

Siete policías estatales llegaron en una patrulla a las 2 de la tarde, y permanecieron a unos 100 metros de la cárcel de Ayutla, lo que fue calificado como una acción para intimidar a los manifestantes, aunque dos horas después los policías se retiraron.

Vía telefónica, el policía comunitario Ángel García García se quejó de que el director del penal de Ayutla, de quien no proporcionó su nombre, incitó a los demás recluidos ?que no son de la CRAC? a ponerse en contra de ellos, y responsabilizó al director de cualquier incidente dentro de la prisión.

En el recorrido, los manifestantes gritaron consignas como “libertad, libertad a los presos por luchar”, “presos políticos libertad” y “porque luchan por la tierra, por eso los encierran”.

En declaraciones, uno de los coordinadores del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Oger Morales Miranda pidió la liberación de los presos políticos del estado, pero en especial de los policías comunitarios de la CRAC.

Advirtió que la cárcel de Ayutla, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, no será liberada hasta que los siete policías comunitarios y un desplazado de Coyuca de Catalán sean liberados.
Mencionó que el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el 17 de junio visitó la cárcel de Ayutla y se comprometió a liberar a los presos políticos, pero no ha cumplido.

“Nosotros pedimos la libertad de Nestora Salgado, de Gonzalo Molina y de Arturo Campos, pero hoy (ayer) de manera especial por los de la CRAC”, puntualizó.

Además de los presos políticos está el desplazado por la violencia de La Laguna, Coyuca de Catalán, Gildardo Díaz Pérez.

El 21 de agosto de 2013, seis policías comunitarios fueron detenidos por efectivos de las diversas corporaciones policiacas mediante una operación en la Casa de Justicia de El Paraíso.

El 1 de diciembre de ese año, Arturo Campos fue detenido cerca de la central de combis del servicio público de la ruta Chilpancingo-Tixtla, tras participar en un acto por la libertad de 12 integrantes de la CRAC encarcelados.

 

Falta voluntad del gobierno del estado, denuncia Tlachinollan

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García declaró que la falta de voluntad del gobierno del estado tiene detenido el proceso de liberación de los siete policías comunitarios y el desplazado de La Laguna.

Explicó que los policías comunitarios pueden ser liberados por medio un documento llamado “incidente” para que haya una resolución a favor y seguir el proceso fuera de la cárcel.
Informó que, el viernes hará su declaración por los supuestos delitos de secuestro y robo Arturo Campos, luego de

abstenerse anteriormente, “no hay razón para que los compañeros permanezcan encerrados, los avala la Ley 701, la asamblea del pueblo y están reconocidos como institución, como CRAC”.

 

Coraje por la injusticia

La esposa de Ángel García, Minerva Donasiano de Jesús, pidió al gobernador Rogelio Ortega Martínez la liberación de los presos políticos de la Policía Comunitaria de la CRAC, porque aseguró que ellos no son delincuentes y fueron víctimas de delitos “fabricados”.

Llamó al gobernador a investigar a las familias de los presos políticos para corroborar si pertenecen a un grupo delictivo, “nosotros tenemos mucha necesidad, tenemos casa de adobe, otros ni vivienda tienen, el gobernador piensa que nuestros esposos son delincuentes, pero está equivocado”.

Con las lágrimas contenidas, Donasiano de Jesús manifestó que por acudir a las marchas y protestas en demanda de la liberación de los policías comunitarios, las mujeres de los presos políticos descuidan a sus hijos, “nuestros hijos trabajan en el campo no sabemos si se alimentan, ahora ni maíz tenemos para sobrevivir”.

Exigió libertad inmediata para los presos políticos, porque son personas dedicadas al campo y a cuidar a sus vecinos, “así como los detuvieron de rápido, así queremos que los liberen”.

“Quisiera gritar por la injusticia, porque nosotros somos personas indígenas y hablamos mixteco, pero tenemos la firme convicción de exigir la libertad de los presos políticos de la CRAC”, expresó.

Relató que jamás olvidará el día de la detención de su esposo, “ese día un convoy de policías fuertemente armados empezaron a sacar a los delincuentes (en reeducación) de la Casa de Justicia, y a nuestros esposos los golpearon, les hicieron feo, eso me da mucho coraje”.

 

Atenco se solidariza con las esposas de los presos políticos

El integrante del Frente en Defensa de la Tierra de Atenco, Estado de México, Ignacio del Valle Medina dijo que el apoyo de la organización obedece a la solidaridad primero como seres humanos ante una situación de injustica.
Agregó que el único afán los policías comunitarios recluidos en el penal de Ayutla fue constituir otra forma de implementar la seguridad en las comunidades, “para nosotros es un ejemplo a seguir en la autonomía de los pueblos”.

“Los pueblos toman una actitud de cuidar sus comunidades, eso es una gran responsabilidad, sabemos que el gobierno pretende desprestigiar y criminalizar señalando delitos que no son justificables”,  finalizó.

En la marcha y en el plantón de la cárcel estuvieron policías de la CRAC, estudiantes de Ayotzinapa, abogados de Tlachinollan, integrantes del FODEG, de Atenco, comisarios y comisariados de las comunidades de El Paraíso y Fátima. De Acapulco fueron habitantes de El Campanario y Progreso de Cacahuatepec.

El 16 de agosto, esposas e hijos de siete presos de la CRAC, y de un desplazado de La Laguna, protestaron afuera de la cárcel de Ayutla para exigir al gobernador la libertad de sus familiares, y ayer lo volvieron a hacer.

 

 

Fuente. suracapulco.mx

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Matan en atentado a líder de autodefensas de Tancítaro

30 de ago.- Individuos desconocidos emboscaron a balazos a Jesús Bucio Cortés, quien fuera presidente del Consejo de Vigilancia de Autodefensas de Tancítaro, un acompañante de él también perdió la existencia. La Fiscalía Regional de Uruapan ya indaga el atentado. Trascendió durante el trabajo de investigación periodística.

El hecho fue alrededor de las 8:00 horas de este domingo, en las inmediaciones de la comunidad de Púcuaro, en este municipio.

El líder de autodefensa de esta región tiene unas propiedades por la zona donde fue agredido, dijeron fuentes policiales. El otro difunto es Antonio Bucio.

Diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar, así como el Ejército Mexicano.

Jesús Bucio fue quien en la batalla contra el narcotráfico librada en esta zona del estado durante 2014 recuperó con los grupos de autodefensa varias huertas de aguacate quitadas a sus legítimos dueños por Los Caballeros Templarios y se las entregó de nuevo a los verdaderos propietarios.

El personal de la Fiscalía Regional de Uruapan realizó las diligencias competentes en el sitio del acontecimiento y se montó un fuerte operativo para dar con los responsables. No hubo resultados positivos.

 

 

Fuente. mimorelia.com

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Antorcha Campesina libera a comunitarios desaparecidos en Guerrero

11 de ago.- Integrantes de la policía comunitaria de Olinalá que fueron retenidos por simpatizantes de la organización de Antorcha Campesina,fueron liberados, tras convenir un convenio de no agresión por la rivalidad política entre grupos antagónicos desde hace más de 25 años.

Desde el fin de semana fueron retenidos 24 policías comunitarios por integrantes de Antorcha Campesina, quienes se justifican de que los comunitarios “han cometido abusos en las retenciones que hacen”.

El reporte que llegó a autoridades del gobierno estatal señalan que a los comunitarios retenidos los mantenían atados de pies y manos y al rayo de sol en la plaza de la comunidad de San Antonio Cayahuacán, municipio de Olinalá, en la Montaña de Guerrero, y que entre ellos no había menores de edad como se había dado a conocer en otros medios.

Las autoridades no quieren ir hasta la comunidad porque no hay garantías de seguridad en la integridad, ya que en otras ocasiones los han retenido y los obligan a firmar minutas y acuerdos que no pueden cumplir.

Autoridades estatales informaron que fueron convocadas las partes en conflicto para que se lleve a cabo una reunión este martes en Chilpancingo, para firmar un convenio de no agresión y se evite este tipo de conflictos.

Este domingo se difundió que en la retención de los policías comunitarios pertenecientes a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), contó con la complacencia del gobierno municipal de Olinalá, que preside Eusebio González Rodríguez.

En un comunicado, la organización aseguró que entre las personas privadas de su libertad había mujeres y niños. Y responsabilizaban al gobierno municipal y estatal del desenlace de estos acontecimientos, señalaron.

La tarde del domingo, vía telefónica, Citlali Pérez Vazquez, integrante de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), de los municipios de Olinalá y Cualac, denunció que los funcionarios llamaron a vecinos que participan en Antorcha Campesina para apoyar en ese movimiento para privar de su libertad a los comunitarios y llevarlos a la cancha de la comunidad de San Antonio Coyahuacán.

En esa comunidad, persiste un conflicto serio y de confrontación entre los pobladores por la Comisaría municipal que a finales de mayo fue recuperada por vecinos luego de que Antorcha Campesina la tomó durante seis meses en otro cambio de autoridad.

Fuente.  elfinanciero.com.mx

 

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Nunca hubo robo a alcaldía de Aquila, se cae la última acusación contra Cemeí

Un síndico presentó un documento en el que se afirma que nunca hubo ningún robo material al Ayuntamiento, por lo que ya no queda ningún cargo que imputar a Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán.
Ignacio Mendoza, abogado del miembro de los grupos de autodefensa, señaló que, de acuerdo al síndico, nunca hubo ningún robo a material de la alcaldía, por lo que el delito que pesaba sobre los hombros de Cemeí Verdía nunca se cometió.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán(fiscalía de la entidad) acusaba al policía comunitario de robar rollos de alambre de la alcaldía de Aquila el 30 de mayo pasado.
“Cemeí es inocente a todas luces de los tres delitos que lo han acusado”, enfatizó el abogado. La procuraduría estatal le acusaba de los delitos de portación de armas, homicidio y robo.
Se le exoneró del delito de portación de armas debido a que él era policía comunitario, y el arma que portaba le fue otorgada por las mismas autoridades.

Según los autodefensas, elementos del Ejército mexicano abrieron fuego frente a un grupo de inconformes.

Sobre el delito de homicidio calificado, la juez determinó que el expediente no se integró de manera adecuada y carecía de los elementos básicos. Además, se le imputó el cargo por un enfrentamiento en el que, como policía rural, Verdía y sus compañeros trataron de detener a cinco delincuentes, cuatro de los cuales resultaron muertos. También se determinó la falta de pruebas.
Cemeí Verdía Zepeda fue ingresado en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, en Morelia, la capital de la entidad de Michoacán.
“Mi cliente era un retador del gobierno mexicano y por eso ahora lo convierten en un vulgar ‘robador’ de alambre de púas. El chiste es, como sea, mantenerlo detenido”, había declarado previamente Mendoza.
Cabe recordar que Verdía fue ingresado en el penal de Mil Cumbres después de que el 29 de julio pasado fuera liberado del Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, luego de que un juez ordenó su liberación tras considerar que no había pruebas suficientes para procesarlo por violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. A su espera ya estaban agentes de la autoridad para apresarlo nuevamente por distintos cargos.
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Visitadores de la ONU investigan hechos de Ostula

29 de jul.- Personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arribó ayer a la localidad de Santa María Ostula, para investigar los hechos que causaron la muerte de un menor de edad durante una manifestación que se registró en la comunidad de Ixtapilla y en la que se vio involucrado el Ejército Mexicano.

 

Así lo confirmó el alcalde electo de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, quien detalló que diez integrantes de dicha organización internacional se apersonaron en el municipio para entrevistarse con los comuneros de la región y conocer su versión de los hechos.

 

Arteaga Olivares consideró que la “cacería que se viene dando a través de gobernantes que no están haciendo bien su trabajo tiene que terminar” y, por el contrario, se tiene que abogar por las personas que han llevado tranquilidad a la región. En este sentido, destacó que con Semeí como comandante de la policía comunitaria se había recobrado el turismo en la zona.

 

También informó que permanece un bloqueo carretero en el pueblo indígena de Xayakalan, en la localidad de Santa María Ostula. “Es mucha la gente de la comunidad que está presente y aparte tienen el apoyo de muchos lugares”, dijo.

 

“Hay desconfianza hacia el gobierno, eso es lo que me han expresado los habitantes. Me han hecho los comentarios de que van a seguir desarmando más personas, deteniendo más elementos (de la policía comunitaria), entonces hay una incertidumbre por parte de ellos”, externó.

 

 

Fuente: vanguardia

 

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Ingresan a Cemeí Verdía al penal de Mil Cumbres con decenas de templarios

29 de jul.- Cemeí Verdía Zepeda, principal líder del grupo de autodefensas del municipio indígena de Aquila, fue recluido este miércoles en el penal conocido como Mil Cumbres, en la entidad de Michoacán (al oeste del país), por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y robo calificado, informaron fuentes oficiales.
La fiscalía estatal indicó que Verdía Zepeda salió de la prisión de Tepic, en el estado de Nayarit (oeste), después de que un juez ordenara su liberación tras considerar que no había pruebas suficientes para procesarlo por violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Una vez en libertad, el dirigente fue trasladado a otra prisión ubicada en el municipio de Charo, Michoacán, donde quedó a disposición de dos jueces por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y robo calificado. El robo calificado habría sido cometido presuntamente en contra del gobierno municipal de Aquila.
El abogado de Verdía, Ignacio Mendoza Jiménez, dijo que policías estatales cumplieron dos órdenes de aprehensión emitidas el martes por un juez, por las cuales su cliente ingresó a la cárcel michoacana a las 4:00 hora local.
Además, señaló que va a solicitar la ampliación del plazo de 72 a 144 horas para aportar elementos de prueba que demuestren la inocencia de Verdía.
Una vez vencido ese plazo, ambos jueces deberán definir el próximo martes la situación jurídica del detenido.

Según los autodefensas, elementos del Ejército mexicano abrieron fuego frente a un grupo de inconformes.

Acusado por tener armas que el gobierno le dio
Verdía Zepeda fue arrestado el 19 de julio por policías estatales, acusado de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos debido a que tenía en su poder dos rifles de asalto, así como una pistola calibre 0.9 milímetros, consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, su defensa demostró que dichas armas le fueron proporcionadas por el Gobierno de Michoacán cuando fue dado de alta como comandante de la Fuerza Rural, la corporación creada en 2014 para legalizar a los grupos de autodefensa que surgieron en 2013 para combatir el cártel de Los Caballeros Templarios.
El caso del líder indígena desató gran polémica semanas atrás cuando pobladores del lugar, en protesta por su detención, bloquearon varios accesos a la costa y desataron varios enfrentamientos verbales, pero en la localidad de Ixtapilla las autoridades federales dispararon contra la población civil dando muerte a un menor y lesionado a seis más.
Según denuncias que se hicieron a través de Facebook, los agentes no solo atacaron a las personas que se encontraban en el retén sino que abrieron fuego contra casas y restaurantes que se encontraban alrededor.
Varios videos -entre ellos un video de Facebook de poco más de dos minutos- muestran cómo un convoy del Ejército Mexicano y de la Fuerza Ciudadana recorrió el puente que conducía a una autopista donde unos pobladores de Aquila se manifestaban, tras lo cual vienen los disparos.
Personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visita este miércoles la comunidad de Santa María Ostula, en Aquila, para documentar posibles irregularidades de la fiscalía estatal en la detención de Cemeí el 19 de julio. También reúnen testimonios de los indígenas sobre la supuesta agresión de soldados.
Ha sobrevivido a dos atentados del narco
Verdía ha sido blanco de dos atentados por parte de Los Caballeros Templarios, el primero el 16 de diciembre del 2014 y el segundo el 25 de mayo pasado.
El 30 de mayo, policías estatales detuvieron a Juan Hernández, alcalde de Aquila, acusado de planear los atentados contra Cemeí Verdía por órdenes de Federico González Medina, alias El Lico, principal capo de Los Caballeros Templarios en la región.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que Juan Hernández en junio del 2013 se reunió con Servando Gómez Martínez La Tuta, jefe de El Lico y líder de Los Caballeros Templarios, quien fue detenido en febrero pasado.
Juan Hernández acordó con La Tuta permitir a los narcotraficantes explotar las minas de hierro de la región, de donde extraían miles de toneladas de mineral que eran exportadas de forma ilegal a China, a través del puerto internacional michoacano de Lázaro Cárdenas.
Aunque este indígena nahua no era un líder tan conocido como el médico José Manuel Mireles, uno de los fundadores y el rostro público de las autodefensas que fue detenido por el mismo motivo en mayo de 2014, Verdía compartía su rechazo a la política del gobierno federal en Michoacán que, según decía, no estaba destinada a acabar con el crimen organizado.
Aquila es uno de los tres municipios que se ubican en la costa del Pacífico de Michoacán, zona utilizada por Los Caballeros Templarios y otras organizaciones de narcotraficantes para recibir cargamentos de cocaína desde Sudamérica.

 

 

Fuente. Univision.com

Ostula

Hay Templarios en el Ejército acusa el EZLN y Ostula

Ciudad de México, 28 de jul.- Muy serias acusaciones se están vertiendo en contra del Ejército Mexicano, a quien acusan, con nombres y apellidos, de tener a personas pertenecientes al grupo criminal Caballeros Templarios dentro de sus filas; los cuales también habrían participado de los actos represivos del pasado 19 de julio en el municipio de Aquila, Michoacán, lo cual está siendo denunciado no sólo por los habitantes de la región, sino que además por decenas de agrupaciones indígenas del país, incluido el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Desde la conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los comunitarios de Ostula denunciaron que habían detectado a personas que eran buscadas por pertenecer al Cártel de los Caballeros Templarios, dentro de las filas del Ejército que acudieron esa mañana al municipio de Ostula, y quienes más tarde dispararon, al aire según la versión oficial, y contra los habitantes según la versión de los testigos.

Hace unos días también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, emitió un comunicado acusando al ejército mexicano de haber estar en complicidad con los Caballeros Templarios, exigiendo también la libertad para el líder de las autodefensas Cemeí Verdía.

“La criminal actuación de dichas corporaciones militares y policiacas y su complicidad con el crimen organizado, en este caso Los Caballeros Templarios, para escalar la guerra de conquista que desde hace años han desatado contra la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida, del crimen organizado que hoy sirve de brazo paramilitar al Estado Mexicano”, denunció el EZLN y el CNI, acusando también intereses de empresas extranjeras como la minera Ternium, quien busca hacer negocio en la región.

Este martes se realizó en la Ciudad de México una marcha para exigir, además de cancelar un proyecto carretero de Grupo Higa en Xochicuautla, la salida del ejército de la comunidad Ostula, Michoacán; en el encuentro y en redes sociales se emitió un nuevo comunicado de la comunidad donde señala más detalles de los presuntos implicados en el Ejército Mexicano que estarían coludidos con los Caballeros Templarios:

“Diversos elementos nos llevan a concluir que dentro del comando armado iban infiltrados, con el uniforme respectivo, sicarios del cártel de Los Caballeros Templarios, tal es el caso de Fabián Valencia Vargas, Alán GuerraF alcón, Margarito Preciado, alias La Pirri, Fidelina Falcón Landa y Miguel Landa, alias El Chaparrito, quienes pertenecen al cártel delos llamados Los Viagras (de origen Templario) y fueron identificados dentro del grupo de la Policía Ciudadana. Igualmente desde los radios que los miembros del citado comando robaron a la comunidad se escuchó la voz de Jairo Márquez, alias el Chilanguillo e integrante de Los Templarios, quien azuzaba a la violencia. Ya cuando el comandog ubernamental se retiraba de la Ixtapilla se escuchó por las radios y desde algunos altavoces de los vehículos del Ejército Mexicano consignas como: ¡Vivan los Templarios! ¡Somos del cártel templariocabrones! ¡Pinches comuneros ya se les acabó su fiestecita!”

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

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Imputan nuevas órdenes de aprehensión contra Cemeí Verdía para mantenerlo preso

Morelia, Michoacán, 28 de jul.- El líder de las autodefensas de Ostula, Michoacán, Cemeí Verdía, quien había recibido su libertad por parte de un juez federal, volverá a ser detenido al salir del penal de Nayarit, confirmó su abogado, quien acusó que se fraguaron dos nuevas órdenes de aprehensión para mantenerlo en prisión.

Así lo informó Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor, quien manifestó desconocer aún los cargos en contra de Cemeí, quien fue exonerado del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército por falta de pruebas.

Un juez con sede en Lázaro Cárdenas habría emitido la orden de detención, por lo cual un grupo de ministeriales se trasladon al penal de Tepic, para llevárselo al penal del puerto michoacano, donde el juez lo está reclamando.

Noticia en desarrollo

 

Redacción. Huellas de México

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Decretan libertad para Cemeí Verdía por falta de pruebas

28 de jul.- Un juez federal concedió la libertad por falta de elementos para procesar a Cemeí Verdía Zepeda, líder de autodefensas del municipio de Aquila, Michoacán, quien había sido acusado por las autoridades federales de haber violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El pasado 19 de julio, el líder nahua, oriundo de Santa maría Ostula fue detenido en la localidad mestiza de La Placita, municipio de Aquila, por presunta responsabilidad de poseer armas de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades  gubernamentales lo habían citado para ver lo relacionado con el auto blindado que le habían prestado, después de tres atentados, el último ocurrido en mayo pasado, cuyo autor intelectual presuntamente había sido el alcalde de Aquila, Juan Hernández.

Se debe recordar que tras la detención del líder de autodefensa se generaron diversas protestas entre ellas, una en Santa María Ostula en las cuales se ha señalado que integrantes del Ejército mexicano abrieron fuego contra los pobladores que bloqueaban un puente, lo que dejó un saldo de varios lesionados y un niño muerto.

Tras la aprehensión la Procuraduría General de la República reportó que Verdía Zepeda fue aprehendido en posesión de dos fusiles, un arma corta y cartuchos.

Fue puesto a disposición del juzgado tercer de distrito con sede en Morelia e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, en donde según fuentes del Poder Judicial de la Federación ya le fue notificado su auto de libertad por falta de elementos.

 

 

Fuente. jornada.unam.mx

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Ya son más de 20 mil que exigen libertad para Cemeí Verdía

Ciudad de México, 25 de jul.- Miles de personas han firmado en el portal change.org solicitando la liberación inmediata de Cemeí Verdía, líder de los autodefensas indígenas de Aquila, Michoacán, quien ha sido trasladado al penal federal de Nayarit, acusado de diversos delitos.

La petición sigue circulando en redes sociales, juntando una cantidad considerable de firmas tan sólo en la primer semana de campaña, donde miles de personas están exigiendo el respeto al pueblo náhua de Ostula.

Organismos como el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también se han sumado a la exigencia de libertad para Verdía.

En diversos testimonios se señala que tras la formación del grupo de autodefensas organizado por Verdía, se logró eliminar practicamente en su totalidad los recurrentes crímenes que cometía el crimen organizado, quien paradojicamente se convierte en el gran beneficiado con la detención de Verdía.

El grupo de autodefensas de Aquila gozaba de una gran reputación y reconocimiento a nivel internacional, siendo incluso reconocidos por el estado como fuerzas rurales, no obstante la nueva estrategia del general Gurrola, sucesor de Alfredo Castillo como encargado de la seguridad en Michoacán, ha planteado desmantelar a los grupos de autodefensa, como si sus instituciones policiales, nunca eficientes, ahora sí fueran a acabar con el crimen organizado.

Para firmar la petición de clic aquí.

 

David Galeano. Huellas.mx

 

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General Gurrola confirma que se revisará la Fuerza Rural

Morelia, 23 de julio.- El general Felipe Gurrola, mando especial para la seguridad de Michoacán, advirtió que el gobierno ya no arropará a grupos de civiles armados, que so pretexto de resguardar la seguridad de sus comunidades incurran en delitos, pero aclaró que el ejército no actuará contra ningún líder de las autodefensas, sino contra aquellos que violenten la ley.

“Hay líderes y grupos armados que próximamente serán ubicados”, sentenció Gurrola Ramírez. En conferencia de prensa, el mando militar reconoció empero, que la existencia de estos grupos fue producto de las “condiciones extraordinarias que prevalecieron en Michoacán y que en su momento fueron auxilio para la estrategia del ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes en su lucha contra el cártel de los Caballeros Templarios”.

Y en medio de contradicciones, el general Gurrola manifestó que el Estado Mexicano no tolerara la proliferación de grupos armados y anunció una reedición en los procesos de integración y revisión de la Fuerza Rural.

El general participó en encuentro con medios de comunicación acompañado por el Grupo de Coordinación de Michoacán, donde se tocó el tema de Cemeí Verdía y las agresiones ocurridas en San Juan de Ostula, de la tenencia de Ixtapilla.

Ahí, informó que la indicación presidencial es la de iniciar el difícil proceso de institucionalización y legalización de dichos cuerpos policiacos, a fin de arribar a la pacificación de algunos puntos de la geografía estatal.

 

 

Fuente. Quadratín

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