Ciudad de México a 15 de julio.- Desde amenazas de muerte por parte de policías hasta asesinatos consumados en contra de los periodistas en México documentan diversas organizaciones civiles; en ese sentido, la llaga que daña la libertad de expresión y el libre ejercicio de los comunicadores está abierta y no sanará hasta que se garantice el respeto a la labor periodística, lo cual dicho sea de paso debería comenzar por el Estado.
El comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el municipio de Zinacantepec Jorge Peña, le advirtió al reportero Daniel Blancas del diario La Crónica que: “¡De periodistas como tú, están llenos los panteones!”; asimismo, la intimidación de la que fue objeto el periodista fue orquestada y consentida por Leonel Vargas, jefe operativo; un comandante de apellido Olín, encargado del municipio de Lerma y Víctor Everardo Bringas, un subalterno de Isaac Carrera, fiscal de Toluca, también presente en el lugar, narró Blancas. Los hechos en contra del reportero ocurrieron en la casa de obra negra donde, dicen las autoridades, desembocó el túnel de escape de Joaquín El Chapo Guzmán, en la colonia Santa Juanita Centro.
Mientras tanto, el gobierno de Veracruz está en la mira de senadores y diputados luego de documentarse que dicha entidad se constituye como la más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo; la Primera Comisión de la Permanente aprobó 24 dictámenes, entre los que destaca uno en el que exhorta al gobernador Javier Duarte para que se intensifiquen las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas en la entidad. En el dictamen se hace referencia a un estudio realizado por la organización Artículo 19 que registra diversos homicidios de comunicadores, sumándose decenas de agresiones cometidas por la delincuencia y por parte de funcionarios públicos en Veracruz.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, en el marco del “Foro Derechos Humanos y Protocolos de Actuación en la Protección a Periodistas” reconoció la violencia hacia las y los periodistas; en ese sentido, Gallardo afirmó que el país vive en estado de alerta; no obstante, dicha violencia no ha sido atendida de manera estratégica y preventiva por parte de las autoridades y niveles de gobierno; por lo que, pondero el trabajo de las organizaciones civiles en la materia, ya que de manera constante documenta rigurosa e independientemente el nivel de riesgo que se vive en nuestro país, agregó la Ombudsman de la CDHDF.
En ese sentido, la organización Reporteros sin Fronteras, ha registrado el asesinato de 80 periodistas en México durante la última década. Además, en el año 2014 se reportaron 326 agresiones en contra de periodistas; así como 227 agresiones contra comunicadores en el primer semestre del 2015 en México, señaló Artículo 19; al respecto, se detectaron 38 agresiones contra periodistas en el estado de Guerrero, lo que posiciona a la entidad en el primer lugar de México con este problema. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que alrededor de 500 periodistas han muerto en todo el mundo por ejercer su profesión, en los últimos 10 años. De estos, de acuerdo a reportes de la ONU, la quinta parte estaba en México.
Asimismo, otro los impedimentos a los que se enfrentan los periodistas en México son los denominados delitos contra el honor, o “contra la dignidad” o “contra la buena fama” (difamación, calumnia e injurias), que buscan proteger cuestiones como el nombre, la imagen o la reputación de las personas, estableciendo penas de prisión o multas. Dichos tipos de delito favorecen la utilización del sistema penal para restringir injustificada, innecesaria y desproporcionadamente los derechos a la libertad de expresión e información, lo cual inhibe el ejercicio pleno de estas libertades, frente a la posibilidad de ir a prisión o pagar multas excesivas o la simple comparecencia en un proceso judicial. Actualmente, en México hay 11 estados que prevén los delitos de honor en sus códigos penales.
Por otro lado, Artículo 19, refiere que durante los dos primeros años de administración, el gobierno federal ha derrochado más de 10 mil 800 mdp en publicidad oficial (en pesos de 2014); al respecto, dicho ejercicio de recursos públicos se caracteriza por sobre-ejercicios continuos y una ausencia de reglas claras; por lo que, se prevé que si la administración actual continúa la tendencia en el aumento de sus gastos es factible que al final del sexenio alcance niveles históricos.
Mientras tanto, en un hecho histórico para el periodismo, tras ocho meses de negociaciones, el cártel de Sinaloa permitió que la cadena británica Sky News entrara en sus laboratorios clandestinos de Culiacán, Sinaloa, y la Ciudad de México. De esta forma los reporteros pudieron filmar el proceso de producción de drogas sintéticas en una grabación “sin precedentes”. Los reporteros, encabezados por el corresponsal en jefe de Sky News, Stuart Ramday, se han convertido en los primeros informadores que entran en los laboratorios del cártel de Sinaloa situados en zonas urbanas, “en las narices” del Ejército, subrayan.
A su vez, el especialista en el tema de la comunicación Raúl Trejo Delarbre, publicó el libro “Alegato por la Deliberación Pública”, uno de los libros “más completos y redondos de Trejo”, calificó el periodista, Francisco Báez Rodríguez; al respecto, la nueva publicación de Trejo aborda un tema central —el de la involución de la discusión de fondo en los medios. Delarbre tiene décadas escribiendo diversos tipos de problemas relacionados con el tema de la comunicación; por lo que, “nada ha pasado desapercibido bajo esa lupa inteligente: ni las redes de Televisa y otras cadenas, ni el análisis de las agencias de noticias, de la legislación, de los medios públicos o el internet”, agregó Báez Rodríguez.
En relación al despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS, la final que se había emprendido vía judicial, llegó a su fin; en ese sentido, un tribunal colegiado federal desechó la demanda de amparo que promovió Aristegui contra MVS, concluyendo este juicio. Se trató del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal quien aprobó el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión de un juez de distrito de admitir el juicio de amparo, de acuerdo con lo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Con respecto, al amparo de Aristegui, el columnista RaymundoRivaPalacio plantea varias interrogantes que quedan para el análisis; en ese sentido, luego de que, su abogado Javier Quijano, logró un amparo a la conductora, se sienta el precedente que quien ocupe un espacio de “relevancia social” y ejerza un “periodismo crítico”, está protegido para hacer de su espacio en medios electrónicos un territorio libre e independiente de la empresa, inamovible bajo cualquier consideración siempre y cuando entre en esa categoría. “Pero, ¿quién define qué es “periodismo crítico”? Si el espíritu del amparo obedece al señalamiento de Aristegui que el gobierno presionó para que saliera del aire, entonces ¿“periodismo crítico” es aquél que critique al gobierno? El alegato de Quijano logra que los actos de autoridad del gobierno para los que existe el amparo, se le adjudiquen a una empresa privada, convirtiéndola, para estos fines, en un ente público.” Además, ¿Cómo se define la “relevancia social” en un noticiero de radio o televisión? Quienes apoyan el recurso del amparo de Aristegui, sugieren que tiene que ver con el derecho de las audiencias, que bajo su racional significa la posibilidad de romper con “el monopolio de la opinión pública”, cuestionó Riva Palacio.
Redacción. Huellas de México
