Morelia, Mich, 24 de sep.- Este jueves el Juez Tercero Menor Penal de Michoacán, Wilfrido Tapia López, dictó libertad para el líder de las autodefensas de Aquila, Cemeí Verdía, por falta de pruebas para procesar bajo reservas de ley, por los delitos electorales por los que era acusado.

A las 14:00 horas, el juez dicto libertad para el indiciado en la causa penal 12/2015 proveniente del Juzgado Menor de Coahuayana e identificado con el número de exhorto 6/2015.

El juez señaló que se verificaron diversas constancias, declaraciones de testigos, entre otros documentos de prueba con los cuales confirman que no había elementos suficientes para acreditar la existencia del cuerpo del delito, exculpando de este modo a Cemeí.

Se detalló que la resolución no implica que el proceso penal haya concluido, puesto que el término “por falta de pruebas para procesar” señala que el caso queda permanece en suspenso, en caso de que las autoridades pretendan continuar con las investigaciones.

El abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez y Cemeí se manifestaron conformes con la resolución del juez y expresaron su confianza para que el comunitario pueda recuperar su libertad antes de que termine el año.

Mendoza Jiménez, quien fue fiscal de la capital del estado, manifestó que se trata de un caso de persecución política del gobernador Salvador Jara, por le que se manifestó también confiado en que esto terminará con el cambio en la administración estatal.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 7 de agosto.- La liberación del líder comunitario de Ostula, Cemeí Verdía, presenta versiones encontradas, pese a que se ha demostrado la inocencia de Verdía y las acusaciones en su contra provienen de la esposa de un integrante de Los Caballeros Templarios.

El ayuntamiento de Aquila, Michoacán, abandonó la acusación contra el líder de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía, por el presunto robo de alambre propiedad del municipio; al respecto, el síndico de Aquila presentó ante un juez un documento en el que aclara que el material en cuestión nunca fue sustraído de la bodega del Ayuntamiento, tal como acusó la esposa del exalcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, actualmente preso acusado de atentar contra Cemeí Verdía y de formar parte del cártel de Los Caballeros Templarios; en ese sentido, su abogado, Ignacio Mendoza, confió en que sea liberado la próxima semana.

No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que el comandante comunitario Cemeí Verdía, no alcanza el beneficio de libertad durante el proceso que se lleve a cabo, ya que la legislación penal contempla el robo calificado como un delito grave; además, mediante un comunicado detalla que la formal prisión dictada sobre este hecho a Verdía Zepeda no solamente es por los 60 rollos de alambre, sino por otros bienes descritos en la denuncia penal que en su momento se presentó ante el Ministerio Público.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 5 de agosto.- La actuación de las fuerzas armadas en el país atraviesa na crisis de legitimidad, luego de presuntos abusos de poder que no han sido aclarados por las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional, atraviesa un proceso de pruebas de control de confianza para todos los mandos militares desplegados en el territorio nacional; cabe destacar que los generales del Ejército realizan periódicamente este tipo de exámenes, especialmente para las zonas donde el crimen organizado tiene alta presencia, indicó El Universal.

No obstante, pese a que la obligación del Estado mexicano, es respetar y hacer cumplir las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos y cada uno de los mexicanos, la cruenta realidad revela que la violencia, corrupción e impunidad, han abatido al Estado y las instituciones que lo componen; al respecto, el caso de Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo, un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal (PF) contra supuestos criminales, que dejó al menos 42 hombres muertos –aunque el número está en entredicho puesto que los familiares de la víctimas, aseguran que fueron más de 50–, mostrando que algo no está bien con un Estado que no responde a las necesidades de información ni a las exigencias de los ciudadanos para transparentar la actuación de las autoridades en todos sus niveles, publicó Sinembargo.

Mientras tanto, una juez penal dictó auto de formal prisión contra el comandante de la Fuerza Rural y líder de las autodefensas en Aquila, Cemeí Verdía, por el delito de robo calificado; no obstante, Verdía fue exonerado del delito de homicidio calificado y lesiones, que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), le adjudicó por la muerte de cuatro presuntos integrantes del ‘Cártel de Los Caballeros Templarios’. Dichas muertes se registraron durante un enfrentamiento con autodefensas al mando de Verdía, el pasado 26 de mayo en Aquila.

Redacción. Huellas de México

La jueza cuarto de lo penal del distrito judicial de Morelia, Amalia Herrera Arroyo, dictó auto de formal prisión a Cemeí Verdía Zepda por el delito de robo calificado, pero dicto libertad por el de homicidio.
Fue hoy a las 16:15 horas, pocos momentos antes de que concluyera el plazo legal solicitado por la defensa, la juzgadora dictó auto de formal prisión con respecto a la causa penal 23/2015 proveniente del Juzgado Mixto de Coahuayana e identificado con el número de exhorto 217/2015, por el delito de robo calificado, lo que significa que continúa el proceso en su contra.
Asimismo, este mismo día a las 16:00 horas, la jueza resolvió el otro proceso contra Verdía Zepeda, en cuanto al expediente 82/2015 del Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas y bajo el exhorto número 50/2015, por los delitos de homicidio calificado y lesiones, en el cual, decretó la libertad por falta de pruebas para procesar, bajo las reservas de ley.
Lo anterior, toda vez que el delito de lesiones se acreditó al igual que la calificativa, sin embargo no la probable responsabilidad, sustentada en que las pruebas que acreditan la misma no son suficientes, incluso son contradictorias. En cuanto al delito de homicidio, no se acreditó éste bajo la dinámica planteada en el acuerdo de consignación.
La libertad bajo reservas de ley implica que la autoridad correspondiente puede continuar con la investigación y, en su caso, formular una nueva imputación, puesto que la resolución de hoy no constituye una sentencia definitiva.

Fuente: La Silla Rota

29 de jul.- Personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arribó ayer a la localidad de Santa María Ostula, para investigar los hechos que causaron la muerte de un menor de edad durante una manifestación que se registró en la comunidad de Ixtapilla y en la que se vio involucrado el Ejército Mexicano.

Así lo confirmó el alcalde electo de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, quien detalló que diez integrantes de dicha organización internacional se apersonaron en el municipio para entrevistarse con los comuneros de la región y conocer su versión de los hechos.

Arteaga Olivares consideró que la “cacería que se viene dando a través de gobernantes que no están haciendo bien su trabajo tiene que terminar” y, por el contrario, se tiene que abogar por las personas que han llevado tranquilidad a la región. En este sentido, destacó que con Semeí como comandante de la policía comunitaria se había recobrado el turismo en la zona.

También informó que permanece un bloqueo carretero en el pueblo indígena de Xayakalan, en la localidad de Santa María Ostula. “Es mucha la gente de la comunidad que está presente y aparte tienen el apoyo de muchos lugares”, dijo.

“Hay desconfianza hacia el gobierno, eso es lo que me han expresado los habitantes. Me han hecho los comentarios de que van a seguir desarmando más personas, deteniendo más elementos (de la policía comunitaria), entonces hay una incertidumbre por parte de ellos”, externó.

Fuente: vanguardia

Fuente. Univision.com

Ciudad de México, 28 de jul.- Muy serias acusaciones se están vertiendo en contra del Ejército Mexicano, a quien acusan, con nombres y apellidos, de tener a personas pertenecientes al grupo criminal Caballeros Templarios dentro de sus filas; los cuales también habrían participado de los actos represivos del pasado 19 de julio en el municipio de Aquila, Michoacán, lo cual está siendo denunciado no sólo por los habitantes de la región, sino que además por decenas de agrupaciones indígenas del país, incluido el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Desde la conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los comunitarios de Ostula denunciaron que habían detectado a personas que eran buscadas por pertenecer al Cártel de los Caballeros Templarios, dentro de las filas del Ejército que acudieron esa mañana al municipio de Ostula, y quienes más tarde dispararon, al aire según la versión oficial, y contra los habitantes según la versión de los testigos.

Hace unos días también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, emitió un comunicado acusando al ejército mexicano de haber estar en complicidad con los Caballeros Templarios, exigiendo también la libertad para el líder de las autodefensas Cemeí Verdía.

“La criminal actuación de dichas corporaciones militares y policiacas y su complicidad con el crimen organizado, en este caso Los Caballeros Templarios, para escalar la guerra de conquista que desde hace años han desatado contra la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida, del crimen organizado que hoy sirve de brazo paramilitar al Estado Mexicano”, denunció el EZLN y el CNI, acusando también intereses de empresas extranjeras como la minera Ternium, quien busca hacer negocio en la región.

Este martes se realizó en la Ciudad de México una marcha para exigir, además de cancelar un proyecto carretero de Grupo Higa en Xochicuautla, la salida del ejército de la comunidad Ostula, Michoacán; en el encuentro y en redes sociales se emitió un nuevo comunicado de la comunidad donde señala más detalles de los presuntos implicados en el Ejército Mexicano que estarían coludidos con los Caballeros Templarios:

“Diversos elementos nos llevan a concluir que dentro del comando armado iban infiltrados, con el uniforme respectivo, sicarios del cártel de Los Caballeros Templarios, tal es el caso de Fabián Valencia Vargas, Alán GuerraF alcón, Margarito Preciado, alias La Pirri, Fidelina Falcón Landa y Miguel Landa, alias El Chaparrito, quienes pertenecen al cártel delos llamados Los Viagras (de origen Templario) y fueron identificados dentro del grupo de la Policía Ciudadana. Igualmente desde los radios que los miembros del citado comando robaron a la comunidad se escuchó la voz de Jairo Márquez, alias el Chilanguillo e integrante de Los Templarios, quien azuzaba a la violencia. Ya cuando el comandog ubernamental se retiraba de la Ixtapilla se escuchó por las radios y desde algunos altavoces de los vehículos del Ejército Mexicano consignas como: ¡Vivan los Templarios! ¡Somos del cártel templariocabrones! ¡Pinches comuneros ya se les acabó su fiestecita!”

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Morelia, Michoacán, 28 de jul.- El líder de las autodefensas de Ostula, Michoacán, Cemeí Verdía, quien había recibido su libertad por parte de un juez federal, volverá a ser detenido al salir del penal de Nayarit, confirmó su abogado, quien acusó que se fraguaron dos nuevas órdenes de aprehensión para mantenerlo en prisión.

Así lo informó Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor, quien manifestó desconocer aún los cargos en contra de Cemeí, quien fue exonerado del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército por falta de pruebas.

Un juez con sede en Lázaro Cárdenas habría emitido la orden de detención, por lo cual un grupo de ministeriales se trasladon al penal de Tepic, para llevárselo al penal del puerto michoacano, donde el juez lo está reclamando.

Noticia en desarrollo

Redacción. Huellas de México

28 de jul.- Un juez federal concedió la libertad por falta de elementos para procesar a Cemeí Verdía Zepeda, líder de autodefensas del municipio de Aquila, Michoacán, quien había sido acusado por las autoridades federales de haber violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El pasado 19 de julio, el líder nahua, oriundo de Santa maría Ostula fue detenido en la localidad mestiza de La Placita, municipio de Aquila, por presunta responsabilidad de poseer armas de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades  gubernamentales lo habían citado para ver lo relacionado con el auto blindado que le habían prestado, después de tres atentados, el último ocurrido en mayo pasado, cuyo autor intelectual presuntamente había sido el alcalde de Aquila, Juan Hernández.

Se debe recordar que tras la detención del líder de autodefensa se generaron diversas protestas entre ellas, una en Santa María Ostula en las cuales se ha señalado que integrantes del Ejército mexicano abrieron fuego contra los pobladores que bloqueaban un puente, lo que dejó un saldo de varios lesionados y un niño muerto.

Tras la aprehensión la Procuraduría General de la República reportó que Verdía Zepeda fue aprehendido en posesión de dos fusiles, un arma corta y cartuchos.

Fue puesto a disposición del juzgado tercer de distrito con sede en Morelia e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, en donde según fuentes del Poder Judicial de la Federación ya le fue notificado su auto de libertad por falta de elementos.

Fuente. jornada.unam.mx

Ciudad de México, 27 de jul.- Siguen multiplicándose los indicios de que el Ejército Mexicano actuó de forma brutal e imprudente en la protesta del pasado 19 de julio en Aquila, Michoacán, donde tres menores de edad resultaron heridos por arma de fuego, al igual que otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos, algunas de estas sin participar directamente de las acciones de protesta, que exigían la liberación del líder de las autodefensas Cemeí Verdía.

El periodista Luis Pablo Beauregard, del diario ElPaís de España, entrevistó a Delfino un joven de 17 años de edad, uno de los tres menores que fueron heridos de bala aquel día, aunque él sí sobrevivió y relata su testimonio, afirmando que vio directamente a miembros del Ejército Mexicano disparando en su contra, logrando herirlo en la pierna:

“Fue el Ejército”, afirma con seguridad. “En el chaleco, en el pecho, decía Ejército mexicano”, narra.

No sólo eso, el adolecente, quien tendrá que vivir de por vida con una bala incrustada en su glúteo derecho, afirma que vio con claridad que fue el séptimo u octavo que empezó a tirar, corroborando que fueron varios miembros del ejército mexicano quienes dispararon, y no solo al aire como afirmó el titular de la Sedena.

El testimonio de Delfino, coincide también con lo que se pone de manifiesto en diversos videos que circulan en redes sociales; algunos de estos recopilados por la agencia Subversiones, donde se ve con claridad los momentos previos al conflicto, donde decenas de militares fuertemente armados, amedrentan a una población que se declara desarmada en el lugar y que simplemente exigen de manera pacífica la liberación de “una persona que está haciendo las cosas bien”, como aluden los pobladores visiblemente molestos por la detención del respetado líder comunitario.

En otro video difundido por PersonajesMéxico, se pone en evidencia que el Ejército se abre paso a la fuerza, ante el descontento de la población que les recrimina por la desproporcionada respuesta del Ejército Mexicano, mucho mayor que la realizada en búsqueda de grandes capos de la mafia.

También hay videos del momento de la balacera, donde se pone de manifiesto dos cosas importantes; la primera de ellas es el momento, pues sucede cuando los militares ya se van del lugar, esta cuestión es completamente atípica para echar balazos al aire, lo cual normalmente no se realiza antes de echarse a correr, a menos que sea para asesinar; también destaca la forma de los balazos, los cuales no parecen disparos aislados de advertencia, sino más bien violentas ráfagas de metralla encaminadas a agredir o conmocionar severamente a los presentes.

La agencia Subversiones también realiza una entrevista a la madre de Hidelberto, el niño que murió a consecuencia de las balas aparentemente disparadas por el Ejército mexicano; la señora, visiblemente devastada, argumenta con gran valor contra el estado mexicano, acusándolo de mentiroso y de no querer decir la verdad acerca del asesinato de su hijo, acerca de lo cual también está convencida de que fue el Ejército Mexicano.

Analistas como RodríguezNajera califican además como “una treta de las autoridades federales, incluidas las del Ejército mexicano”, la maniobra que realizaron para detener a Cemeí Verdía, usando la misma táctica que en el caso de José Mireles, lo cual consideró cuestionable también por tratarse de “un engaño”, orquestado por el Ejército Mexicano.

Por eso no sorprende la exoneración inmediata que el jefe del ejecutivo federal realizó de las fuerzas armadas, sin siquiera haber realizado las investigaciones; pues se trata de una íntima y ciega complicidad, de una táctica de estado que está siendo denunciada de forma cada vez más reiterada e insistente de parte de decenas de organismos locales e internacionales de Derechos Humanos, que califican la estrategia nacional como  “atropellos de lesa humanidad”.

Habrá que investigar también las averiguaciones de la procuraduría del estado de Michoacán, quienes también han exonerado a las fuerzas armadas, basándose en su presunta incapacidad para detectar el origen de las balas, algunas de las cuales determinaron también mantener intactas dentró de los cuerpos de los agredidos.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Ciudad de México, 25 de jul.- Miles de personas han firmado en el portal change.org solicitando la liberación inmediata de Cemeí Verdía, líder de los autodefensas indígenas de Aquila, Michoacán, quien ha sido trasladado al penal federal de Nayarit, acusado de diversos delitos.

La petición sigue circulando en redes sociales, juntando una cantidad considerable de firmas tan sólo en la primer semana de campaña, donde miles de personas están exigiendo el respeto al pueblo náhua de Ostula.

Organismos como el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también se han sumado a la exigencia de libertad para Verdía.

En diversos testimonios se señala que tras la formación del grupo de autodefensas organizado por Verdía, se logró eliminar practicamente en su totalidad los recurrentes crímenes que cometía el crimen organizado, quien paradojicamente se convierte en el gran beneficiado con la detención de Verdía.

El grupo de autodefensas de Aquila gozaba de una gran reputación y reconocimiento a nivel internacional, siendo incluso reconocidos por el estado como fuerzas rurales, no obstante la nueva estrategia del general Gurrola, sucesor de Alfredo Castillo como encargado de la seguridad en Michoacán, ha planteado desmantelar a los grupos de autodefensa, como si sus instituciones policiales, nunca eficientes, ahora sí fueran a acabar con el crimen organizado.

Para firmar la petición de clic aquí.

David Galeano. Huellas.mx

Ciudad de México a 24 de julio.- Mientras se sigue buscando armar el rompecabezas con los pedazos inconclusos de la denominada verdad histórica y el presunto involucramiento del ejército, el gobierno entrega paliativos para contener el conflicto social en Guerrero, donde se cocina un hervidero de injusticia e impunidad; por su parte, los militares se deslindan de las acusaciones en su contra; no obstante, diversos testimonios afirman que el otrora “Ejército del pueblo” ahora está contra el pueblo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió fallas y omisiones en las diligencias ministeriales del caso Ayotzinapa; al respecto, luego de la comparecencia de nueve militares, la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) está ‘‘incompleta’’, sentenció el ombudsman, Luis Raúl González Pérez. Por lo que, el organismo sugiere la ampliación de la declaración de nueve militares, argumentando que hay etapas no concluidas en la acción pericial, así como diligencias aisladas en el video presentado por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con el cual llegó a la ‘‘verdad histórica’’ de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero. En ese sentido, la CNDH, afirmó que el video, con testimonios de algunos involucrados, no reúne los requisitos legales para estimarlo en una construcción de hechos.

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación puso en marcha la Caravana de Atención Integral y Prestación de Servicios en Chilapa, Guerrero para atender a los familiares de las personas desaparecidas en ese municipio, en abril pasado. La dependencia ofrecerá a los familiares de las víctimas programas como “65 y más”, “Prospera” y “Seguro de Vida”, además de que estará una Unidad Móvil de la SSA.

Por su parte, el mando especial para la seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola Ramírez, reiteró que no se permitirán más grupos de civiles armados ni autodefensas en el estado. Gurrola afirmó, “nosotros no vamos en contra de todos los autodefensas, sino en contra de aquellos que infrinjan la ley, sea quien sea y si encontramos a civiles armados en flagrancia pues sí vamos a actuar”; asimismo, negó que el ejército haya matado a un menor de la comunidad de Ostula en Aquila; en ese sentido, agregó el mando especial: “A mi parecer, sí existen grupos que quieren manchar al Ejército y culparlo de la muerte de un menor”.

No obstante, “desde diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a las fuerzas armadas del país de sus cuárteles y lanzarlas en una guerra contra el narcotráfico, la imagen del Ejército mexicano ha perdido el brillo y el respeto que le caracterizaron por décadas, al ser ”, indicó Sinembargo; “Nueve años después, el Ejército mexicano se ha convertido en el blanco de incesantes críticas y en el malo de una película traumática de la que nadie quería que fuera protagonista, pero los gobiernos del panista Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, quien a pesar de las promesas de cambio siguió la misma estrategia de Calderón en la lucha contra el crimen, lo han puesto al frente de un reparto donde sobresale de manera significativa porque, además, no parece que el Gobierno federal y los civiles que están a cargo hayan puesto el énfasis que la emergencia nacional demanda en la profesionalización de policías y mucho menos en los altos niveles de corrupción que han invadido a los diversos cuerpos de seguridad civiles”, añadió el portal .

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 22 de julio.- En el país de la impunidad, en donde los militares difícilmente son presentados a rendir cuentas, los crímenes que involucran a menores, se constituyen como un atentado en contra de los derechos humanos de los niños y adolescentes; por lo que, los hechos recientes en la comunidad de Ostula en Aquila, Michoacán y en Calera, Zacatecas, preocupan a organizaciones civiles que exige se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, las autoridades de Santa María Ostula desmintieron la versión oficial que sostiene que los militares realizaron “disparos al aire” en el operativo del 19 de julio; por su parte, Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia municipal y vocero de Ostula, negó que los militares que se desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria, Semeí Verdía, hayan hecho “disparos al aire”, por el contrario afirmó que los mandos castrenses dispararon contra los comuneros para que se dispersaran.

Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, señaló que ante los hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, en donde acciones de militares se presume participaron en la desaparición y ejecución de siete personas y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano que dispararon contra civiles , con saldo de un niño muerto y varios heridos, urge que: “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”; en ese sentido, luego del reciente el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez considera que estos hechos son: “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.

En ese sentido, según el estudio que el Índice Global de Impunidad (IGI), México está clasificado entre los cinco países con más alto índice de impunidad; al respecto, el exceso de policías, falta de jueces, un sistema penitenciario deficiente donde 46% de los presos no tiene sentencia, con rangos muy altos de ejecuciones extrajudiciales sin castigo, así como corrupción, son algunas de las características que le valieron para ser evaluado como uno de los países con más impunidad. El IGI analizó 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales sólo 59 fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Mientras tanto, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con sede en la ciudad de Morelia, dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del exvocero de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde; al respecto, de la nueva sentencia Talía Vázquez y Salvador Molina, abogados del doctor Mireles detallaron que fue establecida por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de que se desecharon los delitos contra la salud y delincuencia organizada a José Mireles.

Por su parte, la Red por delo Derechos de la Infancia (Redim), señaló como “inadmisibles los ataques y ejecuciones extrajudiciales de niñas, niños y adolescentes a manos de policías y militares”; para Redim es urgente la revisión del por qué no se están aplicando los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos policiacos y militares donde se encuentran niñas, niños y adolescentes. Al respecto, el asesinato de un niño de 12 años, además de cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña de 6 años y un adolescente de 17 años de edad durante el presunto ataque de elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán. En ese sentido, el “Grupo de Coordinación Michoacán” ha reconocido y lamentado este ataque en contra de población civil. Sumado a estos reprobables hechos, el pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas a manos de los militares del 97 batallón de infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; lo que aporta evidencia de ejecución extrajudicial.

Redacción. Huellas de México

Morelia, Michoacán, 20 de jul.- La abogada defensora de Mireles y otros grupos autodefensas, Talía Vázquez, ingresó una denuncia ante la PGR en la capital del país, contra el Ejército Mexicano y la Marina, por crímenes de lesa humanidad, tras la violenta represión que desataron contra pobladores de Ostula, Michoacán, quienes se manifestaban en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima, en contra de la detención del líder de los grupos de autodefensas Cemeí Verdía Zepeda, lo cual dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad.

PARA SABER MÁS DEL CONFLICTO EN AQUILA LEER TAMBIÉN:  Serían 2 niños muertos por ataque del Ejército a indígenas de Ostula

La legisladora reiteró en entrevista que se está exigiendo a la PGR investigar al Ejército mexicano, pues ante la reiterada reincidencia en graves violaciones a los derechos humanos, se viene a corroborar el carácter sistemático de la represión y “desprecio hacia los pobladores”.

La de este domingo era una protesta pacífica para exigir la liberación del líder de las autodefensas de Aquila, organización apartidista que devolvió la paz a una zona que se encontraba asolada por las extorsiones, homicidios, secuestros y demás agresiones del crimen organizado; cómo ellos mismos describen.

Lamentablemente los militares pretendieron abrirse paso a la fuerza entre los pobladores, aventándoles camionetas y atacándolos con gases lacrimógenes y artillería militar; los dos niños fallecidos se encontraban al interior de una humilde vivienda a un costado del lugar, se trata de una niña de 6 años y un niño de 12.

En la refriega varias personas más fueron heridas de bala, resultando fallecido también un señor de 60 años; hasta el momento el gobierno de Michoacán, quien inicialmente negó que se hubieran registrado actos de violencia, sólo ha reconocido la muerte del niño de 12 años.

En redes sociales ha generado gran indignación la noticia, pues se trata de una de las más graves agresiones cometidas por una institución desprestigiada y que se mantiene aún impune de múltiples crímenes de lesa humanidad, denunciados incluso internacionalmente,

Redacción. Huellas de México

Fuerzas federales y locales detuvieron a las 10 horas al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semei Verdía Zepeda, cuando desayunaba en la localidad costera de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán. Horas más tarde se registró un tiroteo en la cercana localidad de Ixtapilla, en el que murió un menor de edad y cuatro más resultaron lesionados, entre ellos una niña de seis años.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la detención de Verdía, líder de los comunitarios de la región Sierra-Costa, fue por su probable responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tras su detención, Verdía fue llevado de inmediato a la base de la Marina en La Placita, donde fue subido a un helicóptero en el que fue trasladado a la delegación de la PGR de Morelia.

Comuneros de Aquila aseguraron que a Semei se le invitó a una reunión con autoridades federales para hablar sobre la camioneta blindada que le prestó el gobierno tras los atentados en su contra. También se había convocado al comandante de la Fuerza Rural de Coahuayana, Héctor Zepeda, quien por alguna razón no se presentó.

Tras la detención del líder, se corrió la voz en las poblaciones nahuas de la costa y de la sierra, por lo que una hora después más de 300 comuneros bloquearon la carretera costera de Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de la comunidad de Xacalán, ubicada entre La Placita y El Duin.

Comuneros de Aquila aseguraron que minutos después de que instalaron el bloqueo en la carretera, integrantes del Ejército mexicano realizaron varios disparos e intentaron detener a varios de sus compañeros.

Después de las 11 horas otro grupo de militares intentó detener al comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula, población nahua ubicada a unos 15 kilómetros de Xacalán rumbo a la sierra.

Los habitantes de Ostula retuvieron a un grupo de militares, por lo que la situación se volvió más tensa cuando llegaron refuerzos de los uniformados.

Toda esa región nahua se agitó después de las 15 horas en Ixtapilla, donde se estaba gestando otro bloqueo. Se registró una balacera por parte de un grupo armado (existe la versión de que eran militares) que disparó contra la gente de la zona costera que estaba reunida.

En la balacera falleció el niño Iriberto Reyes García, de 12 años, con domicilio en la comunidad de Ixtapilla. Resultaron lesionados Melesio Cristino Dirsio 60 años domicilio en Palma Sola; Jeini Natali Pineda Reyes 6 años, con domicilio en el Duin; Horacio Valladares Manuel de 32 años con domicilio en el Zapote y Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años con domicilio en esta última comunidad. Los lesionados fueron trasladados a Tecomán, Colima.

La PGR afirmó que la detención de Verdía fue por parte de autoridades federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Michoacán.

Verdía portaba dos fusiles, uno calibre 7.62 conocido como cuerno de chivo y el otro calibre .233, además de un arma corta calibre 9mm y 69 cartuchos útiles de diferentes calibres, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la PGR en Morelia, según el reporte de la PGR.

“Por lo anterior y ante una flagrante conducta considerada y sancionada por el Código Penal Federal, Verdía Zepeda fue asegurado y puesto a disposición de la PGR para que resuelva su situación jurídica”, añadió el comunicado.

El líder de autodefensas también es investigado “por su probable participación en otras conductas que configuran delitos del fuero común y federal y que están relacionadas con la destrucción de material electoral”, señaló la fiscalía federal.

Por la noche pobladores de Ostula reunidos en asamblea acordaron reclamar justicia para el menor muerto, libertad para Verdía y designar a Germán Ramírez como comandante de la policía comunitaria.

Verdía fue detenido cuando desayunaba en la localidad costera de La Placita, municipio de Aquila, informaron comuneros de esa localidad.

Las fuentes señalaron que el líder nahua se había confrontado con el gobierno federal por la negativa de las autoridades a reconocerlo como encargado de la seguridad de esa zona, donde la delincuencia organizada también había hecho acto de presencia desde hace casi dos décadas.

El líder de las autodefensas fue aprehendido solo -aunque iba acompañado de un escolta- y fue trasladado al Distrito Federal.

Las mismas fuentes indicaron que una patrulla militar ingresó a Ostula, rompiendo el bloqueo que con vehículos habían hecho los indígenas nahuas residentes de esa comunidad.

Inicialmente Semei sólo estaba encargado de los grupos de autodefensa de Aquila y de comunidades vecinas como El Coire, Faro de Bucerías, El Duin, entre otras.

No obstantes después de que fuerzas federales detuvieron al dirigente de las guardias comunitarias de Aquila, Agustín Villanueva, a mediados de agosto de 2013, amplió su liderazgo hasta Chinicuila, Coahuayana y por todo el municipio de Aquila,

Semei fue gente cercana de José Manuel Mireles, hasta junio de 2014 que fue detenido el líder de autodefensas de Tepalcatepe en la costa del municipio de Lázaro Cárdenas.

El líder de autodefensas tenía en posesión una camioneta blindada que le había prestado el gobierno.

El 31 de mayo fue detenido el alcalde Juan Hernández Ramírez, acusado de haber mandado asesinar a Semei Verdía. Se presume que fue llamado a declarar, o bien porque se acusado de algún delito, incluyendo de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Fuente. LaJornada

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo auto de formal prisión contra el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, luego de que se acreditó su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento.

En un comunicado, informó que el órgano jurisdiccional consideró suficientes los elementos aportados por el agente del Ministerio Público para resolver auto de formal prisión por su presunta autoría en los hechos ocurridos los días 16 de diciembre de 2014 y 25 de mayo pasado, en los que se atentó contra el comandante del grupo de autodefensas de la comunidad de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda.

También se dictó auto de formal prisión contra el comandante de los grupos de autodefensa de la localidad Huahua, del mismo municipio, José Antíoco Calvillo.

Según constancias que obran en el proceso, Antíoco Calvillo informaba de los movimientos que realizaba Verdía Zepeda, actividad por la que el presidente municipal de Aquila, le otorgaba recursos económicos procedentes de un grupo delictivo.

Las pruebas muestran que los inculpados se encontraron en varias ocasiones en Maruata y Aquila con integrantes de la delincuencia organizada para planear la muerte de Cemeí Verdía.

Al rendir su declaración ante el representante social, los indiciados aceptaron tener contacto con integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos Federico González Medina “Lico” y haber asistido a reuniones en las que planeó el atentado contra el comandante de las autodefensas en Ostula.

Fuente: UnoTV

Ciudad de México a 2 de junio.- Las autoridades locales y su cercanía con grupos del crimen organizado están siendo investigadas por la justicia, luego de los recientes hechos de violencia en Michoacán y Guerrero.

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán consignó al presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio calificado y encubrimiento; luego de que se logró acreditar su presunta responsabilidad en la serie de atentados durante los últimos meses contra el líder de los grupos de autodefensa de la comunidad de Ostula, Semeí Verdía Zepeda; asimismo, se acreditó la probable responsabilidad del encargado del grupo de autodefensas de Huahua, José Antioco Calvillo García, quien informaba de los movimientos realizados por el líder de autodefensas de Ostula a Juan Hernández Ramirez, actividad por la que el presidente municipal de Aquila, le proporcionaba recursos económicos procedentes de integrantes de un grupo delictivo.

A su vez, la Fiscalía de Guerrero se reunió con los comisarios de Chilapa para investigar sobre el plagio de 16 personas perpetrado recientemente por policías comunitarios; por su parte, el alcalde de Chilapa, Francisco García, indicó que los civiles armados que tomaron esta ciudad del 9 al 14 de mayo lo hicieron en connivencia con el crimen organizado; los comunitarios “saben perfectamente los que entraron de manera cubierta. (Ellos) solamente fueron una pantalla para que pudieran entrar estos grupos de la delincuencia organizada”, señaló el presidente municipal.

Redacción. Huellas de México

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 1 de junio de 2015.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informa que derivado de investigaciones llevadas a cabo con relación a hechos ocurridos los días 16 de diciembre del 2014 y el pasado 25 de mayo y en los cuales se atentó contra el comandante del grupo de autodefensas de la comunidad de Ostula, Semeí Verdía Zepeda, se acreditó la probable responsabilidad del presidente municipal de Aquila y del encargado del grupo de autodefensas de Huahua.

Según un comunicado, durante las diligencias realizadas por el personal ministerial, se logró establecer la autoría y participación de José Antioco Calvillo García, quien al estar al frente del movimiento de autodefensas de Huahua, informaba de los movimientos realizados por Semeí V., actividad por la que el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, le proporcionaba recursos económicos procedentes de integrantes de un grupo delictivo.

De acuerdo a los datos obtenidos durante las diligencias, José Antioco y el alcalde, tuvieron encuentros en varias ocasiones en Maruata y Aquila, con integrantes de la delincuencia organizada para planear la muerte de Semeí Verdía, acordándose para ello la contratación de seis personas identificadas como Rigoberto Mejía Valdovinos, Argel Mejía Valdovinos, Ramiro Álvarez Medina, Christian David García de Asís y Victorino Mejía, a quienes ofrecieron el pago de dos millones de pesos al término del trabajo y de anticipo se les hizo entrega de siete mil pesos a cada uno de ellos.

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a una orden de localización y presentación, las autoridades ministeriales requirieron a José Antioco Calvillo García de 44 años y Juan Hernández Ramírez de 43 años, quien al momento de ser requerido ofreció una gran cantidad de dinero a sus aprehensores para no ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Al rendir su declaración ante el Representante Social, los inculpados aceptaron tener contacto con integrantes de la delincuencia organizada entre ellos Federico González Medina, Lico y haber asistido a reuniones en que planearon atentar contra la vida del comandante de las autodefensas en Ostula, Semei V. Z., ello a cambio de recibir importantes cantidades de dinero y seguir al frente de dichas comunidades.

También se determinó que en el mes de Junio del año 2013, el presidente municipal asistió a reunión con Servando Gómez Martínez, efectuada en la población de Tumbiscatío, con la finalidad de acordar la forma de explotación y repartición de recursos económicos de las Minas de Pómaro, actividad para la que veían a CemeíVerdía como un obstáculo para obtener regalías.

En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, resolvió ejercer acción penal en contra de Juan Hernández Ramírez y de José Antioco Calvillo, en los delitos de Cohecho, tentativa Homicidio calificado y Encubrimiento, por lo que esta tarde fueron consignados ante el Juez Penal correspondiente. Asimismo se remitirá desglose con actuaciones realizadas, a la Procuraduría General de la República por lo que corresponde a la probable participación de los inculpados en hechos cometidos por integrantes del crimen organizado.

Fuente. Quadratin.com.mx

Ciudad de México a 1 de junio.- La violencia y la inseguridad siguen aquejando el territorio mexicano; no obstante, hay entidades que destacan en los informes de seguridad por sus altos indices delictivos tal es es el caso del Estado de México.

En los primeros cuatro meses del año se registraron en el país 11 mil 836 homicidios dolosos, es decir, unos 98 por día, en promedio, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contenidos en el “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015” –en su corte informativo del miércoles 20– apuntan que la entidad que registró más homicidios de enero a abril fue el Estado de México, con mil 257; le siguió Guanajuato con 885; Guerrero con 831, y Michoacán con 714 casos registrados por este delito.

Mientras tanto, luego del atentado en contra Semeí Verdía Zepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chiniculia, en Michoacán, se activó un operativo para tratar de arrestar a los agresores, lo que generó varios enfrentamientos que se extendieron hasta las 9 de la mañana de hoy dejando al menos 6 personas muertas y un número indeterminado de heridos; al respecto, las autoridades comunales de Ostula informaron que en este operativo se desplegaron cerca de 2 mil policías comunitarios y autodefensas para cerrar el paso a los presuntos delincuentes, que según el propio Semeí Verdía, pertenecen a “Los Caballeros Templarios”.

Redacción. Huellas de México