Ciudad de México a 28 de octubre.- La inseguridad en México, la operación y control de territorios por el crimen organizado, la corrupción, las injusticias y el abuso de autoridad, se convierten en el día a día de una sociedad desprotegida.
Luego de que, la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, afirmó haber sufrido intentos de extorsión y que las pasadas administraciones pagaban hasta 25 millones de pesos a la delincuencia organizada por derecho de piso, la iniciativa privada, partidos políticos y legisladores indicaron que debe demostrar con pruebas y denunciar ante el ministerio público federal; en ese sentido, la alcaldesa señaló que administraciones pasadas de Matamoros pagaban cuotas a delincuentes y que, debido a que ella, durante sus casi dos años de gestión, no ha cedido a esa situación ha sido blanco de ataques a su gobierno.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) consideró que existe evidencia de que elementos de la Policía Federal cometieron ejecuciones extrajudiciales este año en Apatzingán y en Tanhuato, en Michoacán. En un reporte que se presenta, el organismo indica que al menos 50 civiles podría haber sido asesinados por las fuerzas del orden de manera extrajudicial en dos masacres distintas.
Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) identificó al hombre que el lunes 19 fue colgado del Puente de La Concordia, en los límites entre la delegación Iztapalapa y el Estado de México; no obstante, sin hacer pública su identidad, sólo su retrato, informó que se trataba de un varón de 29 años de edad, originario de Chiapas, pero que vivía en la Ciudad de México desde hace 18 años y no tenía antecedentes penales, según la revisión y análisis de sus huellas dactilares.
Por otro lado, en el Estado de México terminó el secuestro de grandes empresarios, los cuales se han vuelto poco rentables. “Difícilmente se conoce el plagio de algún banquero o de un político”. “Los secuestradores del oriente del DF cambiaron objetivos: la hija del taquero, del paletero; la dueña de la papelería, el verdulero del mercado. Policías y ex policías, algunos con cada pie en un lado distinto de la Ley, explican que los secuestros ambiciosos se han vuelto inviables por los grandes dispositivos de seguridad pero, más que eso, porque los pobres no tienen la opción de denunciar por la cadena de complicidades con que operan los plagiarios”; en ese sentido, los más pobres también son las más desprotegidos.
A su vez, un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 10 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes presuntamente le “sembraron” un arma de fuego al abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, informó Arely Gómez González. Los mandamientos judiciales, indicó la funcionaria ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fueron librados por delitos contra la administración de justicia e informes falsos rendidos ante una autoridad distinta a la judicial.
Luego de que este martes, se diera a conocer a través de redes sociales un supuesto grupo armado denominado Blancos de Troya en el municipio de Apatzingán, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Rogelio Guízar Pérez aseguró que estos hechos son reflejo de la falta de autoridad, la cual indicó es un resultado de la poca eficiencia y eficacia que se ha tenido en el estado.
“Es triste todo este tipo de noticias, se supone que estamos erradicando y disminuyendo la violencia en nuestro estado”, aseveró. En exclusiva para Quadratín, el empresario indicó que situaciones como estas no abonan al desarrollo del estado, ya que según comentó, estas acciones alejan a la llegada de inversionistas a Michoacán, quienes representarían una considerable generación de fuentes de empleo.
“Desgraciadamente cuando sucede algo por muy pequeño que sea en nuestro estado, en cualquier comunidad, a nivel mundial resuena bastante fuerte, y con todo este tipo de situaciones difícilmente llegaran inversiones, ya que los empresarios buscan de alguna forma el conservar la seguridad de su patrimonio y de su gente”, enfatizó.
De esta forma, el empresario confío en que estos hechos no pasen a mayores y que asimismo, pueda tenerse un mayor control sobre la situación en el municipio de Apatzingán.
No obstante, al ser cuestionado sobre su percepción ante las barricadas que se instalaron en la comunidad de Ucareo del municipio de Zinapécuaro como medida para combatir la llegada de delincuentes a la región, Guízar Pérez señaló que esta lamentable medida, únicamente es una muestra de que lo ineficiente que resulto, la Comisión de Seguridad que fue instalada en el estado.
“La gente que vino a combatir el crimen simplemente no lo hizo adecuadamente y este es el resultado de ello”, concluyó.
MORELIA.- En la región agreste de Apatzingán, se registró un enfrentamientoa balazos entre policías e integrantes del cártel de “Los Caballeros Templarios”que dejó un saldo preliminar de siete muertos.
De los siete, dos son policías estatales y cinco presuntos delincuentes, quienes emboscaron a los uniformados y los calcinaron. Se registran también dos patrullas incendiadas en el lugar de los hechos.
Los policías estatales realizaba tareas para desmantelar un inmueble que perteneció al extinto líder de los templarios, Nazario Moreno, “El Chayo”, y en respuesta un grupo criminal atacó con armas de fuego a los policías.
Por su parte, la jefa de prensa de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Magdalena Guzmán, confirmó a El Financiero el enfrentamiento, pero dijo que el número de muertos aún no lo tiene preciso.
Guzmán agregó que en el transcurso de la tarde, la procuraduría emitirá la versión oficial sobre la emboscada que preliminarmente deja siete muertos.
Ciudad de México, 14 de jun.- Este domingo la periodista San Juana Martínez publicó una serie de entrevistas desgarradoras con sobrevivientes de la masacre en Apatzingán del 7 de enero pasado, quienes reafirman que se trató de una matanza perpetrada con todo el dolo por policías federales, quienes ejecutaron a sangre fría a varias personas desarmadas.
Una de las entrevistas es realizada a Gonzalo Alfonso Castillo Sáenz, un joven que ha visto destrozada su vida por las balas que han mermado severamente su salud.
El joven narra la forma en que su familia ha tenido que empeñar hasta la casa para poder afrontar una colostomía que lo impide además de continuar su trabajo como jornalero, como relata su familia: “Todo lo que come cae en esta bolsa. Ahorita estamos batallando, porque la caja de las bolsas cuesta 900 pesos, con 10 piezas, y le cambiamos la bolsa cada dos o tres días. Empeñé mi casa. Hemos pagado más de 100 mil pesos en medicinas y el gobierno nomás viene, nos entrevista y no nos ayuda en nada. Ahorita nos urgen las bolsas y todo. Él tiene que alimentarse bien, porque, si no, no lo pueden volver a operar en julio”.
Gonzalo ha perdido casi 30 kilos desde entonces, su familia denuncia que no han recibido apoyo alguno del gobierno, a pesar de haber sido víctimas de un intento de homicidio por parte de policías federales.
El joven además relata la forma en que la Policía Federal, asesinó y hasta remató a varias personas: “Fue testigo de cómo los federales, al llegar al vehículo donde viajaban una docena de hombres, la mayoría adolescentes y menores de edad, algunos heridos y otros ya muertos por las balas, bajaron a un sobreviviente: ‘¡Bájate, hijo de tu puta madre!’ –le dijeron– ¡Ya te cargó la chingada! Con la mirada triste por el recuerdo del episodio más traumático de su vida, añade: Luego lo hincaron y le metieron un tiro.
Noé Ramírez, otro sobreviviente entrevistado, refiere como estaba a punto de ser ejecutado también por los federales, cuando unas personas que comenzaron a grabar desde la azotea, inhibieron a los uniformados, quienes optaron por retirarse.
Los dos movíamos los brazos pidiéndoles ayuda. Pero no nos hacían caso. Luego, al rato llegó Protección Civil y ellos sí se metieron a pie donde estábamos nosotros. Y en eso los federales se tomaron fotos con nosotros como si nos estuvieran auxiliando, pero en realidad era mentira. Algunos murieron desangrados; señaló Noé.
El mismo joven incluso refiere la confesión de uno de los doctores que lo atendió, quien le avisó que un Policía Federal le pidió darle algo a Noé para que se muriera, a lo que el galeno se habría negado y habría dado aviso al joven y a la familia para estar pendientes.
Ambas familias han tenido que gastar decenas de miles de pesos en tratamientos, operaciones y medicinas, mientras que la PGR se negó incluso a tomar su declaración.
De confirmarse estas afirmaciones debería tener serias repercusiones, pues hoy más que nunca se está poniendo en evidencia en todo el mundo al gobierno mexicano como un protector de criminales uniformados, son ya demasiadas las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Ejército y elementos policiales, quienes siguen viviendo en total impunidad cobijados por un estado que podría ser acusado también de complicidad y encubrimiento en cortes internacionales.
Ni siquiera en el caso de Tlatlaya, uno de los más flagrantes, la SEDENA ha querido aceptar las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que permanece censurado el expediente y la información, misma situación que en Apatzingán.
Ciudad de México, 23 de abr.- En reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, confirmó que ya investigan también el caso de la masacre en Apatzingán desde el mes de enero, y aunque el ex comisionado Castillo finalmente salió a desmentir las acusaciones, el ombudsman pide calma y responsabilidad para permitir terminar las investigaciones y poder deslindar responsabilidades.
En su encuentro con los senadores el ombudsman nacional se comprometió a intensificar las pesquisas sobre el caso Apatzingán, confirmando que también siguen el caso desde el 6 de enero, fecha en que familiares realizaron la denuncia.
González Pérez evitó responder si participaron elementos de la Policía Federal en el homicidio de civiles, pues advirtió que la “gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obren en los expedientes de queja”, como relata ElEconomista.
De igual forma el titular de la CNDH pidió paciencia para permitir el desarrollo de las indagaciones, y pidió no anticiparse a las conclusiones, como se narra en LaJornada: “No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones de los hechos demandamos una investigación exhaustiva, integral y objetiva. Nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad nos demanda el esclarecimiento de estos hechos”.
Por su parte el gobernador michoacano se deslindó de las averiguaciones, y dejó en manos de la procuraduría federal dictaminar el caso y aplicar las sanciones que pudieran aplicar, como detalla Ernesto Martínez.
Mientras tanto el comisionado Castillo salió a desmentir la investigación sobre la matanza de Apatzingán, acusando a los periodistas de estar incurriendo en actos muy graves; “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sentenció el comisionado en entrevista en Wradio.
MÉXICO, D.F.- El excomisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, negó que la policía federal haya matado a 16 personas en Apatzingán, defendió la versión oficial de “fuego cruzado” y aseguró que en los hechos violentos del 6 de enero pasado sólo fallecieron 10 civiles.
En entrevista con W Radio el ahora director de la Conade, acusó a la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje Las ejecuciones de Apatzingán, que se publicó en la revista Proceso, edición 2007, y los portales del semanario, de Aristegui Noticias y Univisión, de distorsionar los hechos.
Según el funcionario, “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.
Castillo comentó estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.
“Lo que yo puedo decir es está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?. Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar”, declaró.
De acuerdo con la versión de Castillo no se operó un desalojo en la presidencia municipal de Apatzingán. “La zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición. No es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40, 50 personas”.
Y continuó con su relato: “Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas”.
Cuenta que en una entrevista radial de esa mañana, le preguntan qué sabe de 9 muertos en Apatzingán y contesta que pedirá un reporte. “Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.
“¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.
En el espacio de W Radio le preguntan a Castillo que el reportaje de Castellanos señala tres cosas: que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?
Responde Castillo: “Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración.
“En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos.
“En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante”.
México, 20 Abr.- Las instituciones de seguridad del Gobierno de la República llevan a cabo una importante labor de apoyo a la población en Michoacán, particularmente en Tierra Caliente, e investigarán cualquier violación a los derechos humanos, sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Antes de iniciar su discurso por la firma de un convenio de colaboración, informó que se solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos en los que presuntamente elementos de la corporación violaron derechos humanos.
El funcionario sostuvo que respecto al caso en el que policías federales presuntamente cometieron irregularidades contra un grupo de personas en Apatzingán, Michoacán, la ciudadanía será debidamente informada de los resultados de esas investigaciones.
Aseveró que ha trabajado de manera intensa para que las fuerzas federales sean siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Por ello, se inició la investigación correspondiente de esos hechos y dio a conocer que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, le informó que existe una queja abierta desde que ocurrieron esos hechos, y que continuarán con el procedimiento respectivo.
En entrevista posterior al acto, Osorio Chong destacó que en ese caso se actuará con pulcritud y transparencia y se investigará a fondo cualquier hecho que lastime los derechos humanos.
Durante el acto, González Pérez enfatizó que “si los agentes del Estado violentan a sus ciudadanos en su integridad y dignidad de derechos, será responsable de reparar el daño causado y realizar las acciones necesarias para evitar que estas violaciones se repitan”.
Agregó que el derecho a la reparación integral comprende todos los daños materiales y morales, y en su caso, otras modalidades de reparación tales como la rehabilitación, compensación y satisfacción incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación y las garantías de no repetición
Ciudad de México a 20 de abril.- Tras la denominada Guerra contra el narcotráfico emprendida por el otrora presidente Felipe Calderón y la implementación de labores de seguridad pública por parte de mandos militares, las cifras de denuncia por tortura se han incrementado exponencialmente; al respecto, luego de una solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha recibido 1,177 denuncias contra igual número de militares, acusados de actos de tortura desde el año 2008, a la fecha; no obstante, en el año 2014 repuntaron las denuncias contra los militares registrándose 714 acusaciones; asimismo, la PGR detalló que en 23 casos, accedió a iniciar el Protocolo de Estambul, para determinar el grado de tortura denunciado, sobre todo durante los procedimientos de detención de personas, publicó El Economista.
En el Reglamento de Deberes Militares dice en una parte su artículo 3/o: “… Se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo el caso de hacer aclaraciones respetuosas…”, al respecto, el columnista Elías Flores considera que dicho documento esta desfasado; “ Se les mete a punta de presiones psicológicas que su superior jerárquico aun cuando las evidencias demuestran que está actuando incorrectamente este no se equivoca y en caso de ser así todo lo solucionará emitiendo órdenes en otro sentido, lo cual es válido para unas Fuerzas Armadas ociosas y de ceremonial como mucho tiempo lo fueron las nuestras, no lo es así para un ejército desplegado y operando, donde el error de un elemento insignificante puede ser perjudicial e incluso catastrófico.”, sentenció Flores.
En ese sentido, el caso Tlatlaya es emblemático y expone que: “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, que tuvo como consecuencia de que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”, según la resolución emitida por la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, la Cámara Baja detalló que, los impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos en el caso Tlatlaya se encuentran en: La alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por elementos de la Sedena; la tortura e intimidación en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial, en las que presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno mexiquense, informó El Economista.
Por su parte, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur, indicó que, los dos testigos de los hechos ahora son consideradas víctimas y que se les compensará económicamente por los daños; además, advirtió que se investiga a 28 funcionarios por los supuestos abusos cometidos durante el encubrimiento de la matanza perpetrada por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en la que murieron doce personas que ya se habían rendido, detalló Animalpolítico.
A su vez, las recientes revelaciones que arrojo una investigación periodística dan cuenta nuevamente del uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas del orden, en este caso en el municipio de Apatzingán, Michoacán, en donde se presume que policías federales asesinaron a civiles desarmados que protestaban en una plaza pública; al respecto, el pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, causando la muerte de por lo menos 16 personas y varias heridas; sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en la entidad y recientemente nombrado director de la Conade, indicó que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.
Y es que, parece que el Ejército en las calles ¡Es un peligro!, de esto da cuenta un estudio estadístico realizado por expertos de la Universidad Harvard que demuestra que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos, informó Proceso.
En ese sentido, el académico Oliver Linton, refiere: “El gobierno gastó 334 mil millones de dólares para mantener la paz en toda la República, monto que representa un 27.7% del PIB, sin embargo México tiene el primer lugar en secuestros a nivel mundial, y hasta enero de 2015 se extraviaron 9 mil 384 personas, 13 personas desaparecen al día, y aún así el pusilánime Peña Nieto explica que los precios bajos del petróleo son los culpables del ya anunciado recorte de 2016, porque su avaricia no tiene limites, es un judas con corbata, que buscará enriquecerse él, costa de hundir al pobre”.
Además, el informe del Índice sobre la paz global y en México, detalla que los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las rencillas entre autodefensas en Michoacán y el choque entre fuerzas federales y grupos del narcotráfico han elevado los índices de inseguridad y “continúa en una espiral de violencia”, publicó Revolucióntrespuntocero.
A su vez, el gran cementerio mexicano como lo han llamado medios internacionales, suma alrededor de 40 posibles fosas clandestinas con indicios positivos con la presencia de restos humanos en el norponiente de Guerrero; al respecto, integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada, Los Otros Desaparecidos, ubicaron los cementerios clandestinos con probable presencia de restos humanos en la zona llamada las Antenas, entre las Parotas y el paraje la Joya, custodiados por personal de la Procuraduría General de la República, reveló El Financiero.
Ciudad de México, 19 de abr.- Minutos después de haber publicado una investigación acerca de la responsabilidad de Policías Federales en las ejecuciones extrajudiciales de varios jóvenes en Apatzingán, el pasado 6 de enero, el portal de Aristegui Noticias ha quedado fuera de servicio, después de ser víctima de un ataque DDos (Denegación de Servicio Distribuido, por sus siglas en inglés).
En el reportaje que se publicó también vía revista impresa en Proceso y vía televisión por Univisión, se contradice la versión oficial del gobierno del presidente Peña Nieto, en lo que sería un nuevo escándalo de ejecuciones arbitrarias de fuerzas federales, el cual se suma a otros que causaron críticas y desconfianza internacional, como los de Tlatlaya e Iguala.
El portal lleva varias horas fuera de servicio, motivo por el cual, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, han emitido un comunicado exigiendo al gobierno mexicano garantizar el ejercicio de la libre expresión en nuestro país, en especial a los medios digitales que han sido blanco de ataques de tiempos recientes.
“ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades para que garanticen el libre flujo de información, dando especial atención a los medios digitales, los cuales se han vuelto blanco constante de agresiones en los últimos años.”
La organización internacional también publica la respuesta de Rackspace, el provedoor del Cloud Server donde está alojado el portal de Aristegui, y quien confirma que el sitio web está siendo blanco de un ataque DDos.
Este tipo de ataques son basicamente millones de peticiones simultáneas enviadas a un mismo servidor para hacerlo colapsar, solo es posible realizarlo de manera dirigida, deliberada y con el apoyo de cientos de equipos conectados y atacando de manera simultánea.
Es decir, se debe perseguir y castigar severamente a los responsables de estos ataques que amenazan con consolidar a México como uno de los peores del planeta en cuanto a libertad de prensa se refiere, pues alguien está pagando facturas millonarias para silenciar a los medios que exponen de forma amplia la realidad.
Ciudad de México, 19 de abr.- A más de cuatro meses de haberse registrado la masacre de Apatzingán, este fin de semana de manera simultánea Proceso, Univisión y Aristegui Noticias, publican una investigación en la que afirman que fuerzas federales asesinaron a 16 personas desarmadas en Apatzingán, Michoacán, en lo que amenaza ser un nuevo escándalo de abuso de poder, en una gestión que ha tenido ya graves antecedentes como el de Tlatlaya.
El reportaje está basado en casi 40 testimonios grabados, tanto de personas que estuvieron presentes en el ataque, vecinos del lugar y miembros del sector salud que atendieron a los heridos, además de videos y fotografías que dan cuenta de una masacre.
Todo comenzó con una protesta de las fuerza rurales G-250, las cuales recién habían sido disueltas por su fundador, el Comisionado de ese entonces en Michoacán, Alfredo Castillo, motivo por el cual protestaban en la alcaldía de Apatzingán. Dicho grupo estaba encabezado por Nicolás Sierra alias El Gordo, a quien se le vincula también con el grupo criminal Los Viagras.
El mismo Nicolás Sierra llegó al plantón que mantenía su gente en la plaza central de Apatzingán, para advertirles que no fueran a responder con armas a ninguna agresión, pues ya había habido un conato de enfrentamiento, al desalojarles un retén que tenían instalado en Lomas de Hoyos.
Horas más tarde llegó el primer ataque el cual se registró en la plaza central de Apatzingán, minutos más tarde el mismo grupo que había sido desalojado en el centro, en su mayoría jornaleros, intentaron rescatar a los detenidos que eran trasladados en un convoy de federales.
No obstante a pesar de bajarse de sus camionetas solamente con palos, fueron retenidos y asesinados a sangre fría por policías federales, según el relato de testigos.
Se cita también el testimonio de fuentes periciales que revisaron los cuerpos y que encontraron marcas características de cuando una bala es disparada a menos de 20 cms de distancia, lo cual viene a contradecir la versión oficial que señalaba que se trató de fuego cruzado.
Testigos también afirmaron que las armas que se llegaron a observar al lado de jóvenes agonizando, fueron colocadas ahí por los mismos policías federales.
Curiosamente horas después de la revelación; el portal de Aristegui Noticias, el que más alcance estaba teniendo en redes sociales ha quedado fuera de servicio.
En la investigación también se afirma, que internamente la PF ya está realizando una investigación interna, pues también tiene información que revela el abuso de autoridad y un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales que podría desestabilizar un gobierno que con complicaciones se mantiene en pie.
La publicación ya ha comenzado a generar reacciones fuertes, en Twitter se convirtió en TT #FueronLosFederales, mientras que figuras públicas como el Senador Javier Corral, han afirmado que esta información es un motivo importante para exigir la dimisión del presidente Peña Nieto.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó sobre la detención de Jesús Méndez, “El Chuchín”, hijo de uno de los líderes y fundadores del cártel de La Familia Michoacana, fue detenido en un operativo realizado el pasado 6 de enero en la alcaldía de Apatzingán, cuando fuerzas federales desalojaron la presidencia municipal.
“El Chuchín” estaba entre las 44 personas detenidas tras los enfrentamientos registrados en la mañana del miércoles 6 de enero, quienes que fueron trasladados a un penal federal de Tepic, Nayarit. Son acusados del delito de posesión de arms de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con información de inteligencia, “El Chuchín” figura en una imagen junto a Nicolás Sierra Santana, presunto integrante del grupo delictivo Los Viagras cuando mantenían tomadas las instalaciones de la alcaldía de Apatzingán, desde el pasado 21 de diciembre.
La procuraduría michoacana señaló que Méndez fue sorprendido mientras portaba uno de los 14 rifles de asalto que los soldados decomisaron a Los Viagras, grupo que sirvió de brazo armado a La Familia Michoacana y posteriormente a Los Caballeros Templarios.
Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, fue detenido el 21 de junio del 2011 en Aguascalientes, después de romper relaciones con Nazario Moreno González, “El Chayo”, con quien compartía el liderazgo de La Familia Michoacana.
Durante el operativo del martes pasado también fue capturado Jordán Plancarte Cabrera, supuesto pariente de Enrique Plancarte Solís “El Kike” Plancarte y de Dioniso Loya Plancarte, “El Tío”.
MORELIA.- Un muerto y varios detenidos fue el saldo que dejó el desalojo de la Presidencia Municipal de Apatzingán la madrugada de este martes.
Autoridades locales señalaron que elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal tomaron el control del inmueble, tomado desde el pasado 22 de diciembre por presuntos miembros de la autodefensa.
Sin embargo, la resistencia de los manifestantes hizo que se iniciara un enfrentamiento donde una persona perdió la vida.
En el lugar personal militar y policial detuvo a varios de los manifestantes que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
SEGUNDO ENFRENTAMIENTO
Por su parte, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, indicó que fueron dos enfrentamientos, uno
en la madrugada de este martes cuando elementos del Ejército llegaron a la alcaldía, la cual desalojaron, con un saldo de un muerto.
Y precisó que el segundo enfrentamiento se registró durante el traslado de vehículos de Apatzingán a Morelia, dejando saldo de nueve muertos y 44 detenidos.
En tanto, civiles bloquearon la carretera Morelia-Uruapan en su entronque con la autopista Siglo 21, por lo que los manifestantes atravesaron autobuses y camiones de carga para impedir la circulación por la vía de comunicación.
Cabe señalar que la alcaldía fue tomada el pasado 22 de diciembre por civiles que exigían se esclareciera el asesinato de Manuel Mora, hijo del fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora; ello obligó al gobernador Salvador Jara a solicitar al gobierno federal su intervención.
En tanto, el sacerdote Gregorio López, conocido como padre Goyo, señaló que los manifestantes pertenecen al grupo delictivo conocido como “Los Viagra”.
Morelia, Michoacán, 24 de dic.- La noche de este martes el comisionado para la seguridad y el desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo, informó que se ha tomado la decisión de remover y disolver las Fuerzas Rurales de Apatzingán, La Ruana (Buenavista) y La Mira (Lázaro Cárdenas); dejando la seguridad en manos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Estas tajantes medidas surgen cuando se cumple una semana de la balacera que costó la vida de 11 elementos de la Fuerza Rural en la comunidad de La Ruana, Michoacán, y mientras permanecen las protestas en Apatzingán, donde se exige la renuncia del comisionado Castillo, así como la captura de todos los responsables en la matanza.
En tono serio, el comisionado sentenció también, que tanto Simón el Americano, como Hipólito Mora, tienen hasta el día viernes 26 de diciembre, para presentarse ante el juez, pues se pretende iniciar un proceso penal contra ambos, el cual será dictaminado por la autoridad judicial.
La drástica medida se dio porque los exautodefensas “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”, afirmó Castillo, quien acusó también que los grupos armados tienen intereses particulares detrás de sus acciones.
El comisionado advirtió también que no se permitirá tampoco el desarrollo de grupos de autodefensa en todo el estado, advirtiendo que todo civil que se sorprenda en esas regiones, o en cualquiera de Michoacán, “será detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes”.
Redacción. Huellas de México
Foto de archivo. Apro
Apatzingán, Michoacán, 22 de Diciembre.- Diversos grupos de autodefensas tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, para exigir se presente ante las autoridades judiciales a los atacantes de la familia de Hipólito Mora y afines a su grupo comunitario, es decir a Simón El Americano y su gente.
Los inconformes también exigen se presente a Servando Gómez, alias “La Tuta”, a quien acusan de estar detrás del ataque del 18 de diciembre donde perdieron la vida 11 personas en la comunidad de La Ruana, entre quienes afirman esta versión está el Padre Goyo, quien afirmá que todo fue preparado por la Tuta, por un presunto ajuste de cuentas.
Por su parte Hipólito Mora está iniciando una campaña de recolección de fondos para el movimiento de autodefensas independientes de Michoacán, para lo cual se está difundiendo un video con los datos de dos cuentas bancarias.
Mora señaló en entrevista en Radio Fórmula que son alrededor de 400 elementos pertenecientes a la presunta organización criminal dirigida por El Americano, quienes se tienen que entregar a la justica sentenció; reiterando que ellos acudirán en el momento que les sea requerido.
Hace unos días el diario mimorelia.com dio a conocer una grabación, en la que presuntamente se escucha parte de la conversación de radio que sostuvo Simón El Americano con su equipo y algunos de los elementos que se encontraban en el lugar del incidente momentos antes de que se desatara la balacera.
De ser veraces dichas comunicaciones, serían un serio elemento testimonial importante, pues se escucha supuestamente a Simón El Americano, quien sabía plenamente del operativo, el cual aparentemente se trataba de una incursión que pretendía hacer su gente en terrenos de Hipólito Mora, para dar alcance a gente de la Gendarmería.
Y aunque son reveladores estos datos, resulta intrigante el hecho de que solo se presenten minutos previos al incidente, si se tenía acceso a dichas comunicaciones, seguramente los minutos de la balacera y los posteriores también serían relevantes; además de que la grabación está editada y con múltiples cortes.
Mientras tanto lonas siguen obstruyendo el acceso al palacio de gobierno de Apatzingán, los inconformes desconocen también la autoridad de Alfredo Castillo y exigen diálogo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Morelia, Michoacán, 26 de oct.- La situación en Michoacán está lejos aún de resolverse; a pesar de haber costado ya la dimisión del gobierno estatal, aún es una interrogante cuantos alcaldes y funcionarios más se encuentran vinculados con el crimen organizado, pues cada mes siguen cayendo más, además de que se siguen multiplicando los rumores de más narcopolíticos en la entidad; también preocupa que sigue libre el máximo capo de los Caballeros Templarios, quien estaría siendo protegido por el ejército mexicano, según las acusaciones del Padre Goyo.
¿Qué a la Tuta lo protege el ejército?
El reconocido sacerdote Gregorio Gómez, mejor conocido como el padre Goyo de Apatzingán, quien ha encabezado un movimiento para exigir la restauración del orden social en la entidad, afirma que Servando Gómez, alias La Tuta, estaría siendo protegido por el Ejército Mexicano, quien lo trasladaría incluso vestido de militar en ocasiones.
El párroco afirma que esta información proviente de un mando superior que participó en la captura de Ana Patiño, ex esposa de la Tuta, quien fue detenida esta semana, y quien habría revelado que los Templarios pagan una suma millonaria a un coronel o alto mando de la Sedena, para trasladar al famoso narcotraficante de forma encubierta.
Gómez afirmó que La Tuta sigue en el estado, en zonas de Tierra Caliente donde no se han implementado operativos de búsqueda y que actualmente están blindadas por la Sedena.
Solo se conoce la cima del Iceberg de los narcovideos de La Tuta
Por su parte un corresponsal de MVS afirma tener información de una fuente anónima de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ), la cual señala que ya se ha iniciado en la dependencia una averiguación previa especial para investigar el contenido de al menos 30 narcovideos de La Tuta, los cuales estaban en posesión de la jefa de una célula de los Templarios en Uruapan.
Se señala que solamente 8 de esos 30 videos ya han salido a la luz pública, aún habría otros 22 materiales donde aparecen alcaldes, políticos, empresarios e incluso periodistas.
La mujer que tenía los videos, identificada como Yareli, habría sido detenida desde abril del presente año; por lo que resulta sospechoso porque no se han presentado a la luz pública, tal como lo denunció hace unas semanas el líder estatal del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien acusó a la PGJ de estar “administrando de forma dolosa los videos”.
El nuevo caso
Hace unos días se concretó también la captura José Luis Madrigal, alcalde del municipio de Numarán, así como otros cuatro funcionarios locales, quienes están siendo vinculados también al grupo criminal encabezado por Servando Gómez.
El alcalde, de extracción perredista, se encuentra bajó disposición de la PGR junto con dos comandantes de la policía municipal, así como Edwin Madrigal Figueroa, hermano del presidente municipal y quien también asistía presuntamente a los encuentros con el líder de los Caballeros Templarios.
Las autodefensas se vuelven a rebelar
Ante la falta de solución al conflicto las autodefensas han advertido que están comenzando a reorganizarse, pues consideran que la Fuera Rural está siendo rebasada y no está cumpliendo su cometido, como relata ElUniversal.
El levantamiento coincidió con el asesinato de Felipe Díaz Ávila otro líder de autodefensas, originario de Coalcomán, donde fundó el grupo de autodefensas. Díaz Ávila era comandante de la Fuerza Rural y ya había advertido a Alfredo Castillo que se encontraban mejor equipados cuando eran autodefensas.
Los comunitarios se han quejado además de la falta de espacio para ingresar a las fuerzas oficiales, de que éstas se encuentran sin el armamento ni equipo necesario para hacer frente al crimen organizado, para lo cual se organizan para volver a levantarse; a pesar de que José Mireles siguen en la cárcel y buscando promover mecanismos legales y de presión internacional para su liberación.
Ciudad de México, 6 de may.-Mientras diversos medios señalan el surgimiento de un nuevo Cártel en Michoacán denominado el H3 o La Tercera Hermandad, en el que estarían involucrados integrantes de las autodefensas, Templarios y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tanto el Comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, como Estanislao Beltrán y José Mireles, ambos líderes de autodefensas han negado la formación de un nuevo grupo criminal y refieren que son rumores sin fundamento. No obstante, al parecer los líderes de las autodefensas en lo que no están de acuerdo es ¿Cómo surgió el nombre del H3?
Por su parte, José Mireles, vocero oficial de los grupos de autodefensas indicó que la letra “H“, significa hermandad y el número señala el orden en el que se fueron produciendo los levantamientos, e incluso agregó que pretendían utilizar la letra F en alusión a la palabra fraternidad pero que finalmente se decidieron por hermandad.
La versión de Mireles, parece desconocida para Estanislao Beltrán, líder de las autodefensas, quien indica que el nombre de H3surgió para identificarse entre ellos y se eligió por una camioneta Hummer que utilizaban en su movimiento y que fue decomisada a criminales.
De acuerdo con la información que documenta la creación de un nuevo Cártel llamado H3, sus líderes son miembros del crimen organizado infiltrados en el movimiento de las autodefensas; en ese sentido, el párroco de Apatzingán, Salvador M. González denunció que en el avance de las autodefensas se infiltraron criminales que posteriormente dieron origen al nuevo Cártel el H3, el cual según el párroco,está formado por los líderes de las autodefensas en la Huacana y en Buenavista Tomatlán, Miguel Ángel Gallegos Godoy (El Migueladas) y Luis Antonio Torres González (El Americano), respectivamente.
Asimismo, órganos oficiales de seguridad nacional han identificado como líderes del H3 a “El Migueladas“, “El Americano” y José Alvarado Robledo “El Burrillo“, patrocinador de los autodefensas de Buenavista, que comanda Estanislao Beltrán, alias “Papá Pitufo“.
A su vez, en el medio Tierra del Narco se informó que el reparto de las plazas del nuevo Cártel H3 que lidera Miguel Ángel Gallegos Godoy (a) “Migueladas” y sus lugartenientes los “Hermanos Sierra Santana” alias “Los Viagras“, así como los hermanos José Méndez Vargas y Antonio Méndez Vargas alias Don Toño, hermanos del “Chango Méndez“, fue para proteger las propiedades de Jesús “El Chango” Méndez, las cuales son huertas de aguacate robadas anteriormente y casas-habitación.
Por otro lado, el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que no habrá prórroga para el desarme de las autodefensas, el cual concluye el 10 de mayo; asimismo, refiere que los acuerdos con los guardias comunitarios siguen en pie.
Morelia, Michoacán 28 de abr.- Inició el desarme de los autodefensas en los municipios de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo del estado de Michoacán con el registro de 490 armas; además, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo señaló que actualmente se tienen 685 solicitudes para integrarse a la policía comunitaria bajo un mando único que devuelva la seguridad a Michoacán. Sin embargo, los muertos en Michoacán continúan, luego de que grupos de autodefensas de Caleta se enfrentaron en la Costera del puerto Lázaro Cárdenas con autodefensas de Chuquiapan, quienes presuntamente estaban relacionados con Los Templarios, el saldo dejó la muerte de cinco personas en el territorio que presuntamente cobijaba las actividades ilícitas de Servando Gómez alias “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios. Asimismo, la procuraduría general de Michoacán informó de la detención del alcalde y ex diputado perredista Arquímides Oseguera Solorio, edil del Puerto Lázaro Cárdenas por presuntos vínculos con La Tuta.
No obstante, a pesar de los embates del gobierno federal y las autodefensas en contra de la organización criminal de los Templarios, las interrogantes persisten en torno a la relación de los grupos de autodefensas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); al respecto, la periodista Anabel Hernández, especialista en el tema del narcotráfico, indicó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación participa en las autodefensas con el propósito de hacerse con el control de la plaza. Asimismo, el párroco de Apatzingán señaló el surgimiento de un nuevo grupo criminal denominado el H-3 cuyo dirigente es Luis Antonio Torres González, alias “Simón el Americano”, uno de los principales líderes autodefensas.
En el primer día de desarme de las autodefensas de Michoacán comenzó en los municipios de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo.
CIUDAD DE MÉXICO (28/ABR/2014).- Durante el primer día de desarme de las autodefensas de Michoacán se contabilizaron 490 armas al corte de las 14:00 horas.
Este lunes, el proceso comenzó en los municipios de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo, de acuerdo con el calendario pactado entre el gobierno federal y las autodefensas.
La Defensa reportó en el primer corte 490 armas entregadas: 265 en Coalcomán, 165 en Parácuaro y 60 en San Juan Nuevo, municipios de Michoacán.
La Defensa reportó en el primer corte 490 armas entregadas: 265 en Coalcomán, 165 en Parácuaro y 60 en San Juan Nuevo
La semana pasada, el gobierno federal y los grupos de autodefensa acordaron el desarme de sus fuerzas para posteriormente integrarlas como parte de la policía rural en Michoacán.
Castillo apuntó que hasta el momento se evalúan 685 solicitudes que han recibido para la Fuerza Rural Estatal, mientras que en las instituciones de seguridad estatal se continúa con la depuración de elementos que no acreditaron los exámenes de confianza.
A su vez, la Procuraduría de Justicia de Michoacán indicó que el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, es investigado por secuestro y extorsión.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán dio a conocer que el alcalde Arquímides Oseguera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), es investigado por secuestro y extorsión, además de por relación con un jefe criminal.
Asimismo, la detención del alcalde Arquímides Oseguera está relacionada con sus presuntos nexos con Servando Gómez, alias La Tuta.
El alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio, fue detenido la mañana de este lunes para ser investigado por sus posibles vínculos con Servando Gómez Martínez, la Tuta, el líder del grupo delictivo de los Caballeros Templarios.
El saldo del enfrentamiento entre autodefensas de Caleta con autodefensas de Chuquiapan presuntamente relacionadas con los Templarios dejo como saldo cinco personas muertas.
Morelia, Mich. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó esta mañana que en el enfrentamiento de ayer en la tarde en la costa michoacana murieron cinco personas que se hacían pasar como autodefensas y hasta el momento han sido identificados Israel Salas Vázquez y José García García.
El enfrentamiento entre autodefensas y el grupo que presumiblemente era financiado por la delincuencia organizada se registró ayer a las 17 horas, en las inmediaciones de Chuquiapan, a unos 31 kilómetros del puerto Lázaro Cárdenas.
Por otro lado, la periodista Anabel Hernández refiere que Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, tras ser líder máximo de Los Caballeros Templarios se integró al Cártel de Jalisco Nueva Generación y cuya colaboración en las autodefensas tiene como objetivo hacerse con el control de la plaza.
De acuerdo con la nota de Anabel Hernández publicada en la edición 1954 de Proceso, Torres y Farías en realidad estarían vinculados a Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, que tras ser líder máximo de Los Caballeros Templarios se integró al Cártel de Jalisco Nueva Generación y cuya participación en las autodefensas tendría el propósito precisamente de hacerse con el control de la plaza.
En ese sentido, aún no se conoce más datos de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República por la presunta participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación en las autodefensas.
(…)
Afirmaciones se han venido dando desde hace meses, la PGR realiza una línea de investigación que hasta el momento no han concretado si es real o ficticia, incluso el propio Procurador. General de la República. Jesús Murillo Karam declaró en una ocasión que se investigaba la presunta participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación en las autodefensas.
Por su parte, Salvador M. González párroco de Apatzingán señaló el surgimiento de un nuevo grupo criminal denominado H-3 en el municipio de Buenavista Tomatlán e indicó que el comisionado federal tiene acusaciones de que está en la nómina de este nuevo grupo.
Salvador M. González asegura que el grupo se denomina H-3 y opera en el municipio de Buenavista Tomatlán; su líder es Luis Antonio Torres González, alias “Simón el Americano”, sucesor de Hipólito Mora, al frente de las autodefensas.
(…)
Salvador M. González, señaló: “El comisionado federal tiene acusaciones de que está en la nómina de este nuevo grupo criminal y lo acusan también de recibir mensualmente 500 mil dólares”.
A su vez, grupos de autodefensas indicaron la muerte, por enfermedad, de Samer José Servín Juárez, quien fue identificado como el operador financiero de Los Caballeros Templarios.
Por otro lado, grupos de autodefensas reportaron la muerte, por enfermedad, de Samer José Servín Juárez, identificado como operador financiero de la organización criminal Los Caballeros Templarios.
A través de la cuenta de Twitter Valor por Michoacán, señalaron que este hombre supuestamente era velado ayer en una funeraria de Morelia, a donde llegaron elementos del Ejército para llevarse el cuerpo.
¿Y los bienes procedentes del narcotráfico a quien le corresponden?
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) busca que 25 propiedades ubicadas en nueve estados del país, que fueron vinculadas al crimen organizado, formen parte de los bienes nacionales.
La Procuraduría General de la República (PGR) busca que 25 propiedades ubicadas en nueve entidades del país, vinculadas al crimen organizado, formen parte de los bienes nacionales. Inmuebles de los secuestradores del esposo de la cantante Gloria Trevi, de los plagiarios de Fernando Martí, viviendas en las que fueron abatidos dos jefes de cárteles y hasta una residencia que fue sede de una célebre “narcoposada”, están en la lista.
Ciudad de México, 23 de abr.- El caso del alcalde de Apatzingán, actualmente preso, devela todo una pirámide de corrupción en la administración municipal de Apatzingán, así como evidencias importantes de la infiltración de los Caballeros Templarios dentro de la estructura gubernamental de nuestro país.
El fin de semana santo, mientras millones de mexicanos disfrutaban del periodo vacacional, se confimó que Uriel Chávez Mendoza, detenido el pasado 15 de abril, ha sido declaradoformalmente preso, por el delito de extorsión en contra de tres regidores.
Fue la juez primero de lo penal del estado de Michoacán, quien confirmó que hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del funcionario, quien además no alcanza fianza por tratarse de un delito considerado grave, como reconoció la misma Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Desde su detención, la PGJE, reconoció que se tiene conocimiento, que el alcalde estaba actuando para favorecer a un “grupo delictivo” de la zona, sin embargo, hasta el momento no se ha reconocido de manera oficial, que ese grupo delictivo, serían los Caballeros Templarios, según las acusaciones realizadas por los regidores que están denunciando la extorsión.
El caso es sumamente grave, pues al menos tres regidores de Apatzingán, han denunciado publicamente, que el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, llevó a los 12 regidores a una zona alejada, en las inmediaciones de la comunidad Las Bateas, a donde conocieron a Rigo Díaz Soto, quien ha sido señalado como uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios, y quien fue presentado por el alcalde de Apatzingán, como su compadre, “casi hermano“, según afirmaron los regidores en una reveladora sesión de cabildo. Díaz Soto, sería actualmente el segundo al mando de los templarios, ante los decesos de El Chayo y Enrique Plancarte y la captura del Dionisio Plancarte “El Tío”, solo por debajo de Servando Gómez, alias La Tuta.
En esta sesión, realizada el 31 de marzo del 2014, los regidores exigieron la restitución de 240 mil pesos a cada uno, producto de las deducciones de 20 mil pesos mensuales, realizadas durante los primeros 11 meses de su gestión, y que fueron para apoyar las finanzas de “la empresa” (como se autodenominan los Caballeros Templarios), las cuales no se encontraban en buen estado, según el testimonio.
En el video se observa que varios regidores reconocen que asistieron a dicha reunión (más de 3), aunque algunos otros perdieron los estribos y acusaron al regidor panista José Martín Gómez Ramírez, de estar loco y requerir atención psiquiátrica, defendiendo claramente al alcalde, hoy preso.
Uno de los regidores que más se exasperó e incluso abandonó la sesión, fue Efraín Álvarez, a quien diversos grupos de autodefensa y activistas han denunciado como Caballero Templario.
Hace unas semanas desde las cuentas de “Valor por Michoacán SDR”, se publicó una lista de 10 funcionarios relacionados con los Caballeros Templarios en Apatzingán, encabezados por el edil Uriel Chávez, aunque también figuraba el regidor Efraín Álvarez, la tesorera municipal Jaqueline López Cárdenas, a quien acusan de ser hermana de “El Tucán”, jefe regional de los templarios, y quien también aparece en el video, así como a Lilia Ceja Canela, de quien también se afirma se ha reunido en diversas ocasiones con Servando Gómez, alias La Tuta, y quien también aparece preocupada, jalándose el cabello en la sesión de cabildo.
Cabe recordar que Lilia Ceja es la síndico de Apatzingán, y quien ha tomado interinamente el mando en el ayuntamiento, en espera a que el congreso apruebe la propuesta de reemplazo, que deberá presentar el partido a quien pertenecía el alcalde, el PRI.
Lilia Ceja, es conocida también por haber aparecido en las polémicas fotografías en la que se observan felices bailando a un mismo tono, a Melissa Plancarte, la hija de Enrique Plancarte, junto con la Senadora perredista Iris Vianey Mendoza.
“Aquí en la toma de protesta del lic reina garcia — con Eloisa Parra Roman”, presumió la misma Lilia Ceja. Parra Román es otra incondicional de Reyna
Otro personaje que aparece en el video, defendiendo vehementemente al alcalde es el regidor Victor Sandoval, quien además de negar los hechos, afirmó que esos 20 mil pesos no tendrían importancia y que incluso él los donaría a una escuela, en caso de que fueran devueltos; probablemente el señor no lo necesita, en su perfil de Facebook igual se le ve alegre pescando en yate o disfrutando de bellas playas que cerrando acuerdos en el congreso.
La pregunta es, si Uriel Chávez, está preso por extorsión, porque no lo están todos los demás regidores y funcionarios, quienes habrían sido cómplices e incluso habrían defendido publicamente a quien ahora está reconocido como un criminal. Chávez, también fue señalado por el sacerdote de Apatzingán y por el líder de las autodefensas Manuel Mireles, como alcalde templario.
También es de cuestionar el funcionamiento interno de los partidos políticos, pues a este señor, vino a apoyarlo en su campaña el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con todo su equipo de campaña, así como el ahora gobernador del Estado, Fausto Vallejo, entre muchos otros funcionarios que respaldaron al alcalde en vías de ser consignado como Caballero Templario.
El presidente de la república, celebrando junto con el alcade, actualmente preso.Lilia Ceja, siempre ha sido la mano derecha de Uriel Chávez.El presidente Peña Nieto, estuvo con los elementos principales de su equipo de campaña en Apatzingán.
Merece una explicación seria de parte del PRI, como es que este presunto delincuente llegó a un cargo tan importante, si hay más personas involucradas y hasta donde llega la infiltración del narcotráfico en la política.
La dupla Chávez – Ceja, incluso tenía acceso preferencial en eventos de boxeo de Televisa. “Todo un éxito sábados de corona de Televisa deportes” escribió el alcalde junto con esta foto en su cuenta de Facebook
Otra interrogante que surge es, que pruebas hay de que las acusaciones vertidas en contra Uriel Chávez son ciertas, para haber recibido la orden de formal prisión, es porque debieron haber habido pruebas sólidas que demostraran el desvío de recursos y la extorsión, mismos que también tendrían que inculpar a más de uno.
De igual forma, surge la inquietud, de si será este el único caso que terminó por ser cierto, respecto a los alcaldes y funcionarios que han sido señalados de manera recurrente, de pertenecer al crimen organizado, pues al igual que se denunciaba con antelidad al ex gobernador Jesús Reyna, se ha denunciado también a varios como a los presidentes de Aquila, Nueva Italia y Buenavista, entre otros. Cabe mencionar que este fin de semana, la Policía Comunitaria de Tepalcatepec, también publicó un video poco nítido en el que presuntamente se observa una reunión de Servando Gómez, con Jesús Reyna y el ex diputado priista José Martinez Pasalagua. La PGR informó que está investigando el video.
El caso de Uriél Chávez es tan grave que ni los abogados han querido entrarle, en horas recientes se confirmó que el grupo de abogados que defendía al edil, prefirió retirarse, excusando falta de tiempo.
Morelia, Michoacán, 15 de abr.- Este martes ha sido capturado el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, acusado de estar al servicio de un grupo delictivo, del que aún no se ha confirmado su nombre, sin embargo se presume que podría ser por sus vínculos con los Caballeros Templarios, pues las autodefensas llevaban meses acusándolo de pertenecer a dicho cártel.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJM), informó en un mismo mensaje, que también fue detenido el alcalde de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, aunque en este caso el delito a perseguir sería el de peculado, según informó en un mensaje posterior la PGJM.
Para el caso del polémico edil de Apatzingán, la procuraduría reconoció que hay evidencia de que trabajaba para favorecer a un grupo delectivo, para lo cual pedía cuota mensual a los regidores.
Cabe señalar que este mismo día, uno de los regidores de la oposición, en Apatzingán, Martín Gómez Ramírez, había sido encerrado por el alcalde, con la acusación de alterar el orden público, fue este alcalde quien también detalló a la prensa que los regidores estaban siendo víctimas de extorsión, de parte del edil de extracción priista.
El regidor estuvo en la cárcel unicamente dos horas, antes de obtener una fianza para salir, y de que varios medios fueron avisados del hecho y se dieron cita en la cárcel preventiva de Apatzingán.
Autoridades detallaron que los inculpados han sido trasladado al penal de Morelia, donde rendirán su primera declaración.
El día de ayer, el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, en reunión con las autodefensas les adelantó: “al rato les voy a dar una noticia muy buena”; probablemente refiriéndose a la inminente captura del alcalde de Apatzingán, quien había sido denunciado insistentemente como templario por los grupos comunitarios.
