Ciudad de México a 8 de octubre.- Los cuestionamientos al Estado por la violación sistemática de derechos humanos en el país son abordados por los especialistas en la materia ;no obstante, el Gobierno mexicano sigue empecinado en negar las observaciones de los expertos.

Mientras, la Constitución garantiza la firma de los tratados internacionales y el gobierno mexicano se encuentra obligado a actuar en consecuencia; el Estado se abre al escrutinio de los organismos internacionales, pero luego rechaza sus informes; en ese sentido, los cuestionamientos del Relator Especial sobre la Tortura, los miembros del GIEI, los representantes de la CIDH se suman y evidencian lo que el Gobierno no quiere reconocer; al respecto, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, señaló que, las autoridades mexicanas han reaccionado con “intolerancia ante la crítica pública”; en esa lógica, “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, dijo Hussein.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) dijo que para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones.

A su vez, el sacerdote y activista de los derechos humanos, AlejandroSolalinde emitió su opinión sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; al respecto, aseguró lo que dijo en un principio, sobre que algunos de ellos habían sido asesinados, se mantiene ya que existe un “Estado tan perverso, criminal, que no va a hacer caricias, van con todo”; asimismo, el padre, indicó que tuvo 6 informantes, quienes son habitantes de Guerrero, y tiene “perfectamente” ubicados, pero no puede revelar sus nombres por el peligro que corren.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, informó que hasta el momento hay 14 familias registradas ante dicho organismos por el caso Tlatlaya. De éstas, sólo a cuatro se les ha cubierto la reparación integral del daño; en ese sentido, Rochín detalló que atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 51/2014, se reconocieron a 17 víctimas por los hechos ocurridos en una bodega del Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento con el Ejército.

Redacción. Huellas de México

La representante para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ericka Guevara Rosas, advirtió que si no se corrige el rumbo de la investigación sobre las agresiones contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto será visto en el mundo como “facilitador de estos horrores”.

Y es que en ellos, agregó, se ha exhibido “un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.

A unas horas de que el mandatario mexicano se reúna con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, Guevara Rosas cuestionó “la inquebrantable determinación del gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero”.

Esa situación, dijo, es un reflejo de que en México “quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas” de las desapariciones.

En vísperas del primer aniversario de los hechos ocurridos en Iguala y por los cuales hay 111 personas detenidas, entre ellas el exalcalde José Luis Abarca, la representante de Amnistía Internacional difundió un comunicado para destacar que “el manejo negligente” de los responsables de la investigación por la desaparición forzada de los estudiantes “expone un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.

Al considerar que la tragedia de Iguala “es uno de los peores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México”, Guevara Rosas emplazó a Peña Nieto a tomar acciones determinantes para corregir el rumbo de la investigación, toda vez que la “verdad histórica” sólo representa “una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación”.

En estos hechos, abundó, los responsables de la investigación dentro de Procuraduría General de la República (PGR) “deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia, después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de lo abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”.

La vocera de AI en América se refirió a la identificación de los restos de los estudiantes Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, pero recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no avala la forma en que fueron recuperados los huesos de los jóvenes, en una bolsa de nylon presuntamente recuperada por buzos de la Secretaría de Marina.

La defensora también retomó algunas de las conclusiones que presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se descarta de tajo que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula.

Entre las deficiencias de la indagatoria identificadas por el GIEI, apuntó, resalta “el manejo negligente de la evidencia forense” que no fue procesada, además de que en el lugar de los hechos los oficiales “no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre, pelo, ropa o huellas dactilares”, es decir que “áreas enteras de la escena del crimen no fueron procesadas”.

Reprobó, asimismo, que las autoridades mexicanas impidieran “que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27”, a pesar de que documentos de inteligencia militar desclasificados “revelaron que militares de Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes”.

La representante de Amnistía Internacional subrayó que “si el gobierno está convencido de que los militares no tienen información relevante que proporcionar”, entonces “¿de qué están tan preocupados? Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas”.

Luego de recordar que buena parte de los detenidos por los hechos de Iguala han denunciado que fueron torturados para autoinculparse como responsables de la desaparición de los normalistas, Guevara Rosas se sorprendió de la “la falta de transparencia (…) Aún bajo los estándares de un país que parece absolutamente incapaz de abordar violaciones a derechos humanos”.

Y recomendó a las autoridades mexicanas “re-encausar las investigaciones de manera urgente” y permitir el acceso a los expertos independientes “a todos los crematorios en y cerca de Iguala”, además de “dejar de jugar con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa”.

Fuente: proceso.com.mx

Amnistía Internacional (AI) calificó como “atroz” el descubrimiento de una fosa común en Salinas Victoria, Nuevo León, la cual contiene los restos de al menos 31 personas y que, de acuerdo con la organización, “pone de manifiesto la urgente necesidad de emprender acciones enérgicas para hacer frente a la crisis de derechos humanos, que se deteriora rápidamente”.

“México está perdiendo estrepitosamente la batalla contra las desapariciones, con casi 25 mil personas que, desde 2007, han ido quedando en paradero desconocido. Este último descubrimiento [de la fosa] debe servir de alarma a las autoridades mexicanas y llevarlas a emprender acciones reales para detener lo que parece ser una lista interminable de horrores que están teniendo lugar en todo el país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Las autoridades locales del estado de Nuevo León confirmaron este martes el hallazgo de por lo menos 31 mil fragmentos de huesos humanos en un rancho de Nuevo León que supuestamente era utilizado por el crimen organizado para incinerar y desaparecer a sus víctimas.

La portavoz de la Procuraduría General de Justicia del estado, Pricila Rivas, informó ese día a la agencia Efe que hasta el momento han podido determinar que los restos pertenecen a al menos 31 personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Un día después, el miércoles, el Procurador Javier Flores Saldívar aclaró que el hallazgo de los más de 30 mil restos humanos se ha realizado desde el año 2011.

“Se han encontrado esa cantidad de restos óseos con lo cual han salido compatibles, desde tal año, 31 personas con perfil de ADN confirmado, son 31 personas en diversos operativos, por lo tanto es falso que hayan sido de que con motivo de las lluvias hayan emergido esos restos, sino que es una labor de trabajo que de ha hecho en esa zona desde 2011″, explicó Flores Saldívar el día de ayer.

A nivel nacional, la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene registradas, hasta el 31 de diciembre de 2014, a 24 mil 812 personas desaparecidas. En el Informe Anual 2014 de Personas Extraviadas o Desaparecidas la dependencia dijo que la cifra corresponde a los datos proporcionados por las Procuradurías de Justicia y la fiscalías de cada estado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), los estados del norte del país registran el mayor numero de personas extraviadas, a excepción de Baja California Sur, mientras que las entidades que se ubican en la región centro cuentan con un menor índice en cuanto al número de desaparecidos.

Al respecto, Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, dijo que el descubrimiento de esta fosa “debe servir de alarma a las autoridades mexicanas y llevarlas a emprender acciones reales para detener lo que parece ser una lista interminable de horrores que están teniendo lugar en todo el país”.

Refirió que las autoridades mexicanas deben garantizar que, “al contrario de lo que ha venido siendo excesivamente habitual en el pasado, se emprenden investigaciones forenses y periciales sobre este espantoso descubrimiento, y se llevan a cabo de una manera que proteja todas las pruebas y conduzca a la identificación de los restos y la justicia para los familiares de las víctimas.”

El poblado de Salinas Victoria está ubicado aproximadamente 26 kilómetros al norte de la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, y es un municipio controlado por la organización criminal de Los Zetas.

Pricila Rivas dijo a Efe que la Procuraduría trabaja en ese lugar desde el año 2011 y aún siguen localizando restos. Debido a ello lo mantienen bajo vigilancia policial y su ubicación exacta también se conserva resguardada.

Añadió que hasta ahora los peritos forenses han podido recolectar de los restos 31 perfiles genéticos que corresponden a personas reportadas como desaparecidas desde ese año.

La Procuraduría de Justicia informó sobre ese “narcorancho” en la pasada reunión que realiza cada dos meses con familiares de desaparecidos agrupados en la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Las familias organizadas en Dadhac realizan investigaciones conjuntas con las autoridades para localizar a unos 300 desaparecidos y revisan el avance de los casos con los fiscales cada dos meses.

Desde el año 2007 a la fecha, se han reportado en el estado de Nuevo León alrededor de 1 mil 100 personas desaparecidas, según cifras oficiales, y 1 mil 600, según organizaciones civiles. La mayoría son víctimas de los grupos del crimen organizado que operan en la región.

Los datos del informe revelan que Tamaulipas es el líder el listado, pues reporta 5 mil 392 casos lo que equivale al 21.7 por ciento de los casos a nivel nacional, le sigue Jalisco con 2 mil 184 desaparecidos, Nuevo León aparece como tercero al reportar mil 947 personas extraviadas, seguido del Estado de México con mil 945, Chihuahua con mil 1540 y Sinaloa con mil 536 casos.

El informe también señala que el 72 por ciento de estas personas son del sexo masculino, lo que equivale a 19 mil 859, mientras que el 28 por ciento restante representa a 6 mil 953 mujeres desaparecidas.

Fuente. sinembargo.mx/efe

Ciudad de México, 28 de jul.- Mayor impacto genera en el mundo, del que produce en México, la enorme cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el estado de Guerrero; en nuestro país parece ya nada asombrarnos; no obstante medios internacionales hacen amplio eco de la noticia, mientras que organismos como Amnistía Internacional también se manifiestan horrorizados por la terrible situación de violencia e impunidad que reina en el país.

Fue la agencia AP quien detonó parte del escándalo al revelar, con base en reportes de la PGR, que durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se han encontrado otros 129 cadáveres, repartidos a lo largo de 60 fosas; principalmente en municipios como Iguala y Acapulco, como abunda el diario ElPaís de España.

Una de las cuestiones que más intriga produce es el hecho de que las autoridades han descartado que los cuerpos descubiertos estén relacionados con el caso Ayotzinapa, pues solamente han podido identificar a 16 de las 129 personas, la mayoría de las cuales permanece en calidad de “desconocido”. Incluso en 17 casos no ha se ha logrado determinar ni el género de los restos humanos.

Por su parte JavierGarduño ingresó otra solicitud para comparar también el descubrimiento de fosas en los años previos a la desaparición de estudiantes en Iguala, a lo cual la PGR respondió que de 2009 a julio del 2014 se investigaron a otros 112 cadáveres en 41 excavaciones, con lo cual suman 241 en el último sexenio.

No obstante, con esto también se pone de manifiesto, que en los últimos 10 meses se han descubierto más cuerpos de los que se descubrieron en los 5 años previos; de los cuales ningún cuerpo ha logrado ser identificado por la PGR, quien además aclara que la cifra podría ser mayor, pues sólo reportan los hallazgos de los que tomaron parte sus peritos.

Ante estas revelaciones la representación de las Américas de Amnistía Internacional se manifestó profundamente preocupada por la “macabra revelación” que resulta ser “verdaderamente estremecedora”, señaló la directora Erika Guevara-Rosas, quien a través de un comunicado externó que “Si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”; como detalla 24-horas.mx.

Amnistía Internacional también recalcó que se tiene que hacer mucho más para esclarecer y divulgar la verdad acerca del destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre pasado.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 1 de jul.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, está dando señales evidentes de su molestia; no sólo por las críticas en contra del ejército, tanto al interior como al exterior del mismo, sino también con la postura del gobierno de la república y hasta con la nueva legislación que les quitó el fuero militar, todo esto mientras se le viene encima la presión de organismos internacionales de derechos humanos, quienes exigen respuestas.

El periodista RaymundoRivaPalacio, realiza un interesante análisis del discurso empleado por el general Cienfuegos, particularmente en la entrevista realizada por ElUniversal, donde expone parte de la frustración que tiene actualmente pues considera que están poniendo a los militares en un dilema legal, siendo que además están cumpliendo funciones para las que no fueron preparados.

“Las palabras del general reflejan por primera vez la molestia del alto mando y de generales retirados, que en diciembre le reclamaron que el Ejército estaba sometido a una campaña de desprestigio, y que los había abandonado el Ejecutivo al permitir que fueran juzgados en tribunales civiles”, alude el columnista, haciendo referencia al abandono en que se siente ahora la cúpula militar, quien también fue duramente criticada al interior.

Asimismo resulta de particular interés la crítica realizada por Cienfuegos a la remoción del fuero militar, por lo que los juzgados civiles terminarán siendo sus inquisidores, algo que no considera justo el general, señalando que incluso los militares han terminado haciendo labores policiales que no les corresponden.

Esta molestia y “advertencia al presidente Peña Nieto”, podría ser el inicio de algo más grave, augura el mencionado periodista: “Lo que dijo el general secretario es que ya llegaron al punto, desde la tropa, los mandos, los generales y él, que esto ya no es posible. Externalizar el enojo interno es el primer paso. El segundo, no respondido, es cuánto más tolerarán la situación en la que se encuentran. Pero la denuncia, en forma de explicación, comenzó”.

Y es que la presión internacional también está encima de casos como el Tlatlaya; el día de ayer Aministía Internacional hizo un nuevo llamamiento para investigar a profundidad la cadena de mando acerca de las responsabilidades implicadas en la masacre de hace un año, como describe AristeguiNoticias. El organismo con sede en Londres también exigió una explicación detallada acerca de la cadena de mentiras que comenzaron precisamente con la Sedena.

En ese sentido la CNDH también se pronunció para que las autoridades den explicación acerca de los avances del caso, como narra Excelsior; pues a más de un año de que se hayan ejecutado a 22 personas en condiciones que no han quedado esclarecidas, resulta una gran interrogante como es posible que ni siquiera haya comenzado el juicio.

Este miércoles ElUniversal publica también un reportaje realizado en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, donde se realizó la masacre, poniendo en evidencia el gran temor que existe en la comunidad por la violencia que impera en la zona, y donde incluso los niños ya son preparados en las escuelas, para enfrentar situaciones de emergencia donde pudieran estar cerca las balas y detonaciones.

Redacción. Huellas de México

Londres, Inglaterra, 30 de jun.- Amnistía Internacional insistió en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realice una “investigación exhaustiva e imparcial” del caso Tlatlaya, que garantice llevar a la justicia todas las personas implicadas, incluyendo a los mandos militares implicados en los hechos.

A un año de los hechos ocurridos en esa comunidad del estado de México, donde murieron 22 civiles a manos de elementos del Ejército mexicano, la organización de derechos humanos señaló que ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos.

El director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz, recordó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos. En este sentido, dijo que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.

“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, señaló en un comunicado de AI México.

Además, reiteró su llamado al Estado mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos. De manera inmediata, se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.

Fuente. jornada.unam.mx

El diario BBC Mundo se hizo eco del caso de la niña paraguaya de 10 años embarazada producto de una supuesta violación de su padrastro. El material lleva la firma del periodista Fernando Peinado, donde hace un recuento del caso que conmocionó a todo el país y ahora es noticia en varias partes del mundo.

“Tiene 10 años, mide 1,39 metros, pesa 34 kilos y sabe que tiene una bebé en su pancita. La niña paraguaya embarazada de 21 semanas y media y supuestamente violada por su padrastro se encuentra en buen estado”, según le dijo a BBC Mundo Dolores Castellanos, la doctora al mando del equipo que monitorea su evolución.

Pero, por su corta edad, su embarazo es considerado de riesgo y hay quien teme que se pueda presentar alguna complicación que acabe con su vida y la del feto. “Nosotros estamos acostumbrados a tratar niñas-madres y vemos casos de niñas ansiosas, pero a ella se la ve bien”, dice Castellanos, jefa del área niñez y adolescencia del hospital Cruz Roja de Asunción. “Como está con otras niñas de su edad se la ve muy compensada”, agrega la publicación.

“El embarazo de esta pequeña, cuya identidad no ha trascendido, no es un caso aislado en Paraguay, donde 680 menores de 15 años dieron a luz en 2014, según cifras del Ministerio de Salud Pública. La madre de la menor pide el aborto ‘para salvarle la vida’ a su hija, pero las autoridades se niegan porque en Paraguay solo está permitido interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corre peligro”, añade entre otros puntos.

Para presionar a las autoridades, Amnistía Internacional (AI) lanzó la campaña #NiñaEnPeligro. Según AI, obligar a la pequeña a ser madre “constituye tortura y otros malos tratos conforme a la Convención contra Tortura de Naciones Unidas”, señala el medio extranjero, entre otros puntos.

Fuente. lanacion.com.py

Ciudad de México a 14 de abril.- El sacerdote y activista defensor de los migrantes, Alejandro Solalinde, no se rinde y anuncia que intentara llevar el “Viacrucis Migrante” por segunda ocasión a la Ciudad de México, luego de que, la caravana de migrantes centroamericanos fuera detenida por la Policía y las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM); en ese sentido, el padre Solalinde, indicó: “Por encima de cualquier ley, están los derechos humanos”, además, remarcó que la acción no persigue fines políticos ni busca desafiar al Estado; no obstante, el recorrido de los migrantes, tiene como objetivo visitar organizaciones defensoras de derechos humanos y culminar con una visita a la Basílica de Guadalupe, en la capital, como una forma de evidenciar la crisis de quienes cruzan las fronteras mexicanas, agregó el activista, de acuerdo con una publicación del portal Sinembargo.

Cabe destacar que la protesta realizada por los migrantes desde hace años, en la que se expresan cargando cruces de madera durante la Semana Santa, es una representación para realzar su sufrimiento a manos de delincuentes y policías corruptos; en ese sentido, el sacerdote Alejandro Solalinde, denunció que inmigrantes centroamericanos fueron amenazados por autoridades para no participar en la manifestación anual del “Viacrucis”, detalló Reporte Indigo.

Además, el hostigamiento contra el sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, continúa por parte del “titular” del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, mismo funcionario que encabezo el operativo en San Salvador Atenco desde la extinta Policía Federal Preventiva, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México; al respecto, el padre Solalinde denunció desde su cuenta en Twitter que su albergue “Hermanos en el Camino”, ubicado en el istmo de Tehuantepec, estaba rodeado por policías armados en un claro acto de intimidación, luego del sabotaje oficial al “Viacrucis del Migrante”, refiere Notigodinez.

En un breve paréntesis, ¿Quién es Ardelio Vargas Fonseca?, en respuesta, además de ser el actual titular de Instituto Nacional de Migración, el funcionario oriundo de Puebla ha ocupado diversos cargos en los que ha sido cuestionado por su violación flagrante de los derechos humanos y por practicas de nepotismo; al respecto, los excesos que cometió en Puebla al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en la disolución de la protesta en Chignahuapan, le valieron para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, girara la recomendación 60/2011, en la que señaló a Ardelio Vargas Fosado, por el exceso del uso de fuerza y la utilización de proyectiles de goma y gas similares a los utilizados años después en el operativo del 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan.

Pero la historia al frente de los abusos por parte de este funcionario continua; en ese sentido, fue del dominio publicó el uso de la Policía Estatal para amedrentar a los rivales políticos de su hija Guadalupe Vargas cuando ésta contendió por una diputación federal en el distrito de Huauchinango; además, como titular de la Policía Federal Preventiva, dirigió los operativos en contra de los campesinos de San Salvador Atenco, en donde se cometieron atropellos en contra de los derechos humanos de los manifestantes ampliamente documentados.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó al Instituto Nacional de Migración que el ejercicio de su autoridad no debe inhibir los derechos legítimos de las personas en tránsito.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, reiteró su exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, permita el paso de migrantes que acompañan el Viacrucis 2015.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 14 de abril.- Suspenden temporalmente en Tennessee la pena de muerte, luego de que el Tribunal Supremo dictamina sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales y la silla eléctrica en ese estado; por lo que, tras el fallo, los magistrados frenaron tres ejecuciones programadas para agosto, octubre y noviembre de este año y otra para marzo de 2016; cabe señalar que en los últimos meses este tribunal ya había suspendido media docena de ejecuciones al aceptar apelaciones individuales de los presos, pero la decisión anunciada hoy paraliza todo el protocolo hasta que sea revisado, publicó el portal El Mañana.

Al respecto, Amnistía Internacional desafió los mitos más frecuentes que utilizan como argumentos quienes apoyan la pena de muerte; en ese sentido, “La pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre la delincuencia violenta y hace que la sociedad sea más segura.”, falso dice AI: “No hay datos convincentes que demuestren que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único.”, “Más de tres décadas después de abolir la pena de muerte, el índice de asesinatos de Canadá sigue siendo alrededor de un tercio inferior al de 1976.”, además, “un estudio comparó durante 35 años los índices de asesinatos de Hong Kong, donde no hay pena de muerte, y Singapur, cuyo tamaño de población es similar y donde se llevan a cabo ejecuciones periódicamente. La pena de muerte tenía poco impacto en los índices de delincuencia.”

En relación al mito que refiere, “La amenaza de ejecución es una estrategia eficaz para prevenir los atentados terroristas.”, Amnistía lo cuestiona con los siguientes argumentos: No es probable que la perspectiva de una ejecución tenga un efecto disuasorio en personas dispuestas a matar y causar lesiones por una ideología política o de otra índole; asimismo, AI señala que, ”en realidad, algunas autoridades de la lucha antiterrorista han indicado en reiteradas ocasiones que las personas ejecutadas pueden ser percibidas como mártires cuyo recuerdo se convierte en punto de cohesión para su ideología o sus organizaciones.”; a su vez, “los grupos armados de oposición han señalado también al uso de la pena de muerte como justificación de sus represalias, continuando así el ciclo de violencia.”, agregó el organismo internacional defensor de los derechos humanos.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 13 de abril.- Luego de que agentes del Instituto Nacional de Migración(INM) impidieran el “Viacrucis Migrante 2015”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fijó su postura: “El uso de las atribuciones propias de una autoridad no debe ser medio para inhibir el legítimo ejercicio que las personas hagan de sus derechos de movilidad, libertad de expresión y de protesta social que buscan visibilizar la situación y problemas que se enfrentan, especialmente en materia migratoria. Todas las autoridades deben ejercer sus atribuciones con pleno respeto a los derechos humanos y de conformidad con los términos y principios establecidos por el artículo 1ºde la Constitución, dando cumplimiento a los tratados internacionales en la materia firmados por nuestro país. En materia migratoria, es preciso que, al tiempo que hacen uso de sus atribuciones, las autoridades realicen un ejercicio autocrítico en que revisen las obligaciones que, siéndoles propias, no han cumplido a cabalidad, y emprendan acciones para la atención inmediata de las mismas.”

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos continua deportando a migrantes por Reynosa, “sin control y a escondidas”, ya que las personas repatriadas son expulsadas durante la madrugada y sin cobijo, violando los tratados para la extradición de indocumentados y lo más grave, es que las autoridades mexicanas siguen permitiendo estos abusos, denunció el presidente de la organización derecho humanista “A Corazón Abierto”, Margarito Grajed, en entrevista el diario El Universal.

A su vez, Amnistía Internacional (AI), se manifestó a favor de brindar seguridad a los migrantes y sus defensores que forman parte del “Viacrucis Fronteras Aliadas”; en ese sentido AI, detalló que aproximadamente 215 migrantes que pertenecen al Viacrucis, están siendo atendidas en el Albergue Hermanos en el Camino y que dichas personas han solicitado refugio en México debido a que han huido de condiciones de violencia en países centroamericanos; en ese sentido, Amnistía Internacional, se declaró: “profundamente preocupada por la seguridad de las personas que integran está caravana y de quienes les defienden”. La organización recordó que la preocupación se deriva de los abusos que se han documentado en contra de migrantes, publicó MVS.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 13 de abril.- Luego del el informe del relator de la ONU, Juan Méndez, el gobierno ha negado e intenta matizar el tema de la tortura; no obstante, los organismos pro derechos humanos internacionales y nacionales continúan presentando evidencias de dicha práctica; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos aporta sus propias cifras: más de 4 mil casos en los últimos ocho años; mientras que, el representante de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, sostiene que la “generalización” de abusos como la tortura va “más allá de los números”, publicó la revista Proceso.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado varias recomendaciones al estado de Veracruz, tras las quejas presentadas por mujeres y sus familiares, quienes recibieron una atención inadecuada o sufrieron violencia obstétrica mientras acudieron a los servicios de salud para atender procedimientos, señaló Araceli González Savedra, integrante del Comité Estatal por una Maternidad Segura.

A su vez, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha logrado excarcelar a 2 mil 773 indígenas de los 8 mil 558 que había desde 2013; no obstante, la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, afirmó que en cada una de las liberaciones hay una historia de injusticia; en ese sentido, se han localizado casos de personas que: “están en prisión por robar un aguacate o llevar madera!, puntualizó Mayorga Delgado, en una entrevista recopilada por el diario El Universal.

Además, un grupo de personas se manifestó para denunciar los malos tratos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas(CEAV); al respecto, los familiares de víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos se congregaron para protestar por la pésima atención que han recibido de parte de esa instancia, que fue creada justamente para lo contrario, informó el portal de Sinembargo.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 10 de noviembre.- El director ejecutivo de Amnistía Internacional, México, Perseo Quiroz Rendón señaló que “Jesús Murillo Karam, da cuenta de lo rebasadas que están las instituciones en materia de procuración de justicia y derechos humanos”.

Luego de la hipótesis que presentó la PGR en torno a que los 43 estudiantes normalistas pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, Perseo Quiroz Rendón, representante de AI en México agregó: “Hay muchos cabos sueltos en las investigaciones que da conocer el Procurador y en todos estos cabos hay fallas de procuración de justicia”.

Además, AI indicó en un comunicado que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en relación con los hechos del 26 de septiembre en Iguala, “han sido limitadas e incompletas”.

Asimismo, la organización lamentó que en este caso haya “funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los derechos humanos”.

Redacción. Huellas de México

Santiago, Chile a 9 de octubre.- En Chile, se practican anualmente más de 300 mil interrupciones inseguras del embarazo; por lo que, este país se prepara para una discusión sin precedentes sobre la despenalización del aborto terapéutico, que debería aprobarse este año.

En ese sentido, la cámara de Diputados de Chile aprobó por amplia mayoría el proyecto que crea el ministerio de la Mujer. Entidad que reemplazará al actual Servicio Nacional de la Mujer (Serman). Al respecto, la ministra del Sernam, Claudia Pascual, indicó que se aumentarán los recursos económicos y humanos, minorizando las diferencias de género en distintos ámbitos. “Hemos sido educados en una cultura machista que se nota en los roles”; por lo que, sobre el aborto: “Es necesario revisar la legislación para despenalizar en las tres causales”, agregó, Claudia Pascual.

Al respecto, la postura de Amnistía Internacional en relación al aborto se resume en cuatro puntos fundamentales: facilitar a las mujeres y hombres información completa en materia de salud sexual y reproductiva, y a anticoncepción y anticoncepción de emergencia; además de derogar las leyes que criminalicen a las mujeres que buscan un aborto o a los/as profesionales que lo practican; asimismo, garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise, con independencia de si el aborto se practicó dentro de la legalidad o ilegalmente; así como garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto a cualquier mujer que quede embarazada a consecuencia de una violación o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud física o mental y en los casos de anormalidad fetal grave.

Mientras tanto en España, ante la retirada de la refoma de “la ley de aborto”, más de cuarenta asociaciones civiles, presentaron en rueda de prensa la convocatoria de una manifestación en contra de esta decisión y en defensa de la vida, la mujer y la maternidad. El acto está previsto para el 22 de noviembre.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 23 de septiembre.- Aproximadamente 60 personas marcharon por las principales calles de la ciudad de Córdoba, Veracruz, para manifestar su desaprobación a favor de la legalización del aborto en la entidad pues esta acción la contemplan como un asesinato. Con consignas como “Sí a la vida… sí al amor, protege a la madre y proteges al menor”; y “No al aborto en nuestra legislación, defiende al futuro desde la concepción”. Cabe destacar, que diariamente se realizan 300 abortos en Veracruz.

Además, con el anuncio de que la “planificación familiar volverá a México” mediante el programa social Prospera, el gobierno federal retrocede en las políticas de población, desconoce los derechos sexuales y reproductivos y menosprecia la capacidad de las jóvenes indígenas para decidir sobre su cuerpo, indicó la experta en salud y fundadora de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), Pilar Muriedas Juárez, en entrevista con el medio Cimacnoticias.

El 28 de septiembre del 2014 se cumplen 24 años de haberse instaurado el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Fue en 1993 cuando se concretó la Campaña 28 de septiembre, que tiene por objetivo alzar la voz para visibilizar que la prohibición del aborto condena a las mujeres más pobres, pone en riesgo su salud y su vida, y apelar a la responsabilidad que tienen quienes toman la decisión para impulsar medidas legislativas y políticas públicas que permitan a todas las mujeres tener acceso a servicios de aborto legal y seguro.

Por su parte, el gobernador de Texas, Rick Perry, defendió una ley aprobada por él que provocaría el cierre de la mayoría de las clínicas de aborto en el segundo estado más poblado de Estados Unidos. Perry, señaló que la ley hacía que Texas fuera más seguro; no obstante un juez bloqueó en agosto una provisión clave que obliga a las clínicas de aborto cumplir con los estándares operativos del nivel requerido a los hospitales. Si dicho requerimiento hubiera entrado en vigor, únicamente siete clínicas habrían quedado abiertas en Texas –de las más de 40 que había en el 2012.

A su vez, la concentración de La Marcha por la Vida en San Sebastián-Donostia de este domingo, 21 de septiembre, en España, que tiene como lema “Derogación del aborto, Ya”, tuvo el propósito de urgir al Gobierno para que cumpla sus promesas de legislar para proteger la vida y la maternidad.

En ese sentido, la Izquierda Unida de España ha forzado al Congreso para someter a votación la retirada o continuidad del anteproyecto de ley de aborto elaborado por el Gobierno. Por lo que, los diputados del Partido Popular tendrán que pronunciarse en una votación sobre la conveniencia de mantener el trámite, en un momento en el que el Gobierno ha aclarado lo que hará y ha sido sobrepasado el plazo al que se comprometió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Para tal votación habrá que esperar al martes 30 de septiembre, con la expectativa de que el Gobierno explique sus intenciones. Por lo que, el primer paso se producirá este miércoles cuando el PSOE e IU pregunten al ministro de Justicia sobre sus intenciones, por segundo miércoles consecutivo.

Por su parte, el PP, solicitó públicamente al Gobierno que “intente sacar adelante” la reforma, con el “máximo consenso”. El secretario de Organización del PP, Carlos Floriano, se ha mostrado incluso esperanzado en que la polémica contarreforma “pueda ver la luz”.

Mientras tanto, las últimas directrices de Irlanda sobre el aborto son medidas que confundirán a los profesionales de la salud y ponen en peligro las vidas y los derechos de las mujeres y las niñas, según Amnistía Internacional. En ese sentido, “Lo único que realmente ponen en claro estas directrices es el carácter increíblemente restrictivo e impracticable de la actual ley”, ha dicho Elisa Slattery, investigadora sobre derechos sexuales y reproductivos de Amnistía Internacional. “Elaborar onerosas directrices para aplicar una ley sumamente restrictiva que está desfasada con relación a las normas internacionales de derechos humanos es un ejercicio de futilidad. No basta con dictar directrices para una ley deficiente: se necesita un enfoque totalmente distinto.”, agregó la especialista.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 4 de septiembre.- Amnistía Internacional presentó el primero de una serie de cinco informes de países diferentes que se publicarán en el marco de “Stop Tortura”, la campaña global de la organización.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), la tortura sigue siendo práctica generalizada en la actuación de fuerzas policiacas, militares y de seguridad en México. Al respecto, es frecuente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agentes del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos justifiquen, toleren o hagan caso omiso de este delito, señaló AI.

Asimismo, en mayo pasado, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, Juan Méndez, calificó el fenómeno de la tortura como “endémico”, pues es una “práctica que está generalizada entre las instituciones de seguridad de México”,indicó el especialista.

No obstante, el término “tortura” sólo aparece en cinco ocasiones en el Segundo Informe de Peña Nieto de las cuales tres se encuentran en el apartado “México con responsabilidad global” y las dos restantes se encuentran en el apartado que habla de Derechos Humanos.

En el informe, “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, de Amnistía Internacional, la organización señala que el despliegue a gran escala del Ejército y la Marina para combatir al crimen organizado en los años recientes es un factor clave en el aumento del uso de tortura.

Además, la investigación reveló que tras la aplicación de una encuesta realizada por AI que el 64 por ciento de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos.

En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 7 mil 164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y finales del 2013.

Cabe destacar que en 2013, aumentaron 600 por ciento las denuncias por tortura, respecto a 2003. Las practicas más comunes fueron por semi-asfixia, palizas, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.

Según AI, la Procuraduría General de la República, ha incrementado las investigaciones sobre denuncias de tortura, pero no los enjuiciamientos o condenas.

No obstante, Amnistía Internacional refiere que el registro de quejas de la CNDH no es una medida exacta de los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en el país, ya que “muchas personas no presentan denuncia y la CNDH es responsable sobre todo de tramitar las quejas contra las agencias federales, pero no las dirigidas contra agentes estatales y municipales”.

Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales, recientemente aprobado, anula cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, Amnistía Internacional indica que el Código “no formula recomendaciones específicas sobre la tortura y otros malos tratos y la obligación de investigarlos”.

Redacción. Huellas de México

Huntsville, Texas, 9 de abr.- El mexicano Ramiro Hernández Llanas, quien estaba condenado a muerte desde el año 2000, fue finalmente ejecutado como estaba previsto, en la prisión estatal de Huntsville, Texas, en los Estados Unidos.

Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Hernández fue encontrado culpable por un juez, por los delitos de homicidio, violación y robo con allanamiento, tras haber entrado a un Rancho de Texas.

Hace unas semanas, el gobierno de México, a través de la cancillería, emitió una protesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU, denunciando que Estados Unidos, no está respetando un decreto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual se exhorta a revisar los casos de mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos, que no tuvieron el derecho de asistencia consular, lo cual no ha sido respetado por el gobierno de Texas. Cabe señalar que a partir de que se implementó el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital (MCLAP por sus siglas en inglés), ningún mexicano ha sido condenado a muerte.

Sin embargo, esta mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconocía que ya era poco probable, lograr la salvación del tamaulipeco, toda vez que se habían agotaban las instancias legales. Horas antes la Corte Federal de los Estados unidos desechó la orden judicial de un juez que ordenaba la suspensión de la ejecución, debido a que no había claridad sobre la procedencia de los fármacos utilizados en la inyección letal.

La agencia de noticias AP, informó que a las 18:28 horas de este miércoles, Ramiro fue declarado muerto por inyección letal, a sus 44 años; sus últimos 15 los pasó en el corredor de la muerte.

Seis de los ocho hermanos de Hernández, lo estuvieron acompañando en sus últimos días, “estos días hemos estado conviviendo juntos, llorando, riendo, compartiendo lo que él nos ha transmitido” , dijo a la agencia Efe una de las hermanas.

También contaron que Hernández deseaba ya regresar a Nuevo Laredo, donde será enterrado junto con su padre.

La polémica internacional sigue por los casos de ejecutados en Estados Unidos, el presidente Barack Obama se ha mostrado dispuesto a cambiar las cosas, sin embargo esa voluntad no se ha traducido en avances reales en las negociaciones para hacer respetar el dictamen de la corte internacional.

Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, también se habían expresado a favor de suspender la ejecución, para permitir el derecho a revisar su caso.

Redacción. Huellas de México