Ciudad de México a 11 de agosto.- No paran los asesinatos en México, mientras se investiga el asesinato de un periodista y una activista, ejecutan a un líder comunitario que buscaba a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero.

En ese sentido, fue asesinado, el líder comunitario que comandó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Miguel Ángel Jiménez; el activista rastreó los montes en busca de los alumnos de Ayotzinapa y desenterró decenas de fosas clandestinas ocultas en Guerrero; Jiménez conducía su taxi cuando fue ejecutado cerca de su pueblo natal, Xaltianguis, a 50 kilómetros de la ciudad turística de Acapulco, en el Pacífico mexicano.

Por lo que, “el oscuro homicidio del líder de grupos de autodefensa del estado de Guerrero ha vuelto a sacudir a México y dejó perplejos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”. “En momentos en que México todavía seguía impactado por otro atroz crimen múltiple, de un fotoperiodista, una activista y otras tres mujeres en un apartamento de Ciudad de México, fue encontrado el cadáver acribillado de Miguel Ángel Jiménez”, indicó El Economista.

Además, veintitrés personas que habían sido reportadas como secuestradas en la comunidad nahua de San Antonio de Coyahuacan fueron liberadas tras un operativo de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Olinalá, a cargo de la comandante Citlalli. Las víctimas fueron halladas en una cuneta, maniatadas y bajo el sol; al respecto, los comunitarios de Olinalá detallaron que entre ellos ubicaron a “una compañera herida de gravedad”, de quien no se dio el nombre y solo se precisó que tiene 22 años; por lo que, a través de un comunicado, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció que el gobierno municipal de Olinalá, en la Montaña Alta de Guerrero, y miembros de la organización priísta Antorcha Campesina, privaron de su libertad incluso a mujeres y niños la noche del sábado 8 de agosto.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 17 de junio.- Los activistas sociales parecen ser una piedrita en el zapato de las autoridades; al respecto, las desapariciones y atentados en su contra revelan el repudio que les provocan los ciudadanos organizados.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), desde que la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en junio de 2013, se han registrado 120 casos de desaparición forzada, en los que los perpetradores del delito fueron “posibles autoridades federales, ministeriales y/o municipales“; en ese sentido, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales; 25 más por autoridades municipales y 21 por estatales, detalló el reporte de fiscalía; asimismo, de las víctimas desaparecidas por autoridades gubernamentales, el informe reveló que son: 112 hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país.

A su vez, la PGR concentrará datos sobre fosas; al respecto, se homologará la información de desaparecidos, con identificación de cuerpos sepultados clandestinamente; por lo que, el censo con este tipo de información será elaborado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la dependencia, actualmente a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.

Por su parte, las ocho víctimas del ataque del 5 de junio en Veracruz consideraron que el atentado en su contra fue diseñado para “desmovilizar a la sociedad”; los alumnos de la Universidad Veracruzana estaban en una reunión en un domicilio particular en Xalapa, cuando en la madrugada, un grupo de personas vestidas de civil, con los rostros cubiertos y con chalecos estilo policía entraron a la casa y golpearon a los jóvenes con bates, palos, machetes y armas largas; al respecto, Josué Bello, uno de los agredidos piensa que: “Los grupos paramilitares le hacen el trabajo sucio al Estado”; en ese sentido, consideró que: “el ataque parece diseñado para causar el mayor daño posible sin matar, pero sí para producir terror y desmovilizar a la sociedad”; cabe destacar que las víctimas del 5 de junio son estudiantes universitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales.

Además, aproximadamente 600 pobladores del municipio de Tamiahua, en Xalapa, Veracruz, incendiaron el palacio municipal de la región, las instalaciones del DIF y la casa del alcalde Martín Cristobal Cruz, en protesta por el asesinato de un vecino de la zona a manos de policías municipales; los inconformes, denuncian la complicidad del edil puesto que se negó en primera instancia a entregar a los elementos de seguridad responsables del delito; al respecto, hace una semana, policías municipales irrumpieron en el domicilio del joven Jalid García Vidal, a quien confundieron con un delincuente; Jalid fue torturado por los elementos de seguridad y posteriormente, al ver que el joven no respondía por los fuertes golpes recibidos, los policías decidieron abandonarlo en la entrada municipal de Tamiahua.

Mientras tanto, en Michoacán se elevó la cifra de personas fallecidas a siete, además de que hay cinco heridos y un agente desaparecido, como saldo del enfrentamiento registrado en Apatzingán según informó la fiscalía del estado; además, la PGJE, detalló que dos de los fallecidos son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los otros cinco son civiles, dos de los cuales murieron calcinados.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 6 de mayo.- Los representantes de Amnistía Internacional (AI) de Venezuela, Brasil y México advirtieron sobre los retos que enfrentan las organizaciones de derechos humanos en un contexto de criminalización de la protesta social; al respecto, Marcos Gómez, de AI Venezuela, explicó que un gran debate es el uso de materiales de denuncia que se difunden en redes sociales, pues no siempre son verídicos, y demandan una reacción rápida de estas organizaciones; “Las redes sociales van a ser cada vez más importantes, pero la calidad de la información nos pone en problemas porque la demanda de reacción de las organizaciones es muy alta”, detalló el activista.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indicó que México requiere avanzar urgentemente en temas se derechos de las personas con discapacidad; asimismo, el organismo exhorto a las instancias públicas para que garanticen lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas, y al mismo tiempo atender las recomendaciones que emitió el año pasado el Comité de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Redacción. Huellas de México

Washington, Estados Unidos a 28 de agosto.- Autoridades estadounidenses detuvieron a 140 activistas frente a la Casa Blanca que exigían al presidente Barack Obama, una reforma migratoria.

Los arrestos ocurrieron en respuesta al acto de desobediencia civil por parte de activistas, quienes rehusaron acatar las órdenes del Servicio Secreto y la policía del Servicio Nacional de Parques para desocupar la acera frontal de la residencia presidencial.

Los manifestantes reclaman al presidente de EUA, Barack Obama, que legalice “a la mayor cantidad de inmigrantes como le sea posible”; en ese sentido, indicaron que 11 millones de indocumentados corren el riesgo de ser deportados.

“Estoy dispuesta a dejarme arrestar porque ya llevo más de una década de estar por la reforma, de visitar oficinas de congresistas, de estar ayunando en carpas, de estar registrando votantes”, indicó Susana Sandoval, de la organización “We Belong Together”.

Rodolfo López, un inmigrante indocumentado originario de San Luis Potosí, México, quien se contó entre los arrestados señaló que Obama debe actuar inmediatamente: “Él no está haciendo su trabajo, ahora le exigimos que cumpla su promesa (de aprobar una reforma migratoria) pues cada día que pasa no muestra el liderazgo por el cual fue electo, ya que miles de familias siguen siendo separadas y la gente sufre”, dijo en entrevista.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 28 de may.- Activistas y representantes sociales anunciaron el día de hoy su intención de articular una red de “autodefensas” a nivel nacional en México para denunciar y enfrentar hechos de violencia. No obstante, la red de autodefensas nacional no promoverá el uso de armas.

Por su parte, José Mireles Valverde se pronunció a favor de la creación de un frente nacional de autodefensas. En ese sentido, el exvocero de las autodefensas de Michoacán indicó que promoverá en el Congreso la creación de una Guardia Nacional, la cual es mencionada en la Constitución, pero en los hechos es inexistente, a la cual podrían sumarse personas que como ellos formaron grupos de autodefensa.

Mireles afirmó que como autodefensas de Michoacán no pretenden llamar a un levantamiento armado, pero sí “llamar a la insurrección de la conciencia” de los mexicanos.

Asimismo, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en La Ruana dijo que estar en la cárcel lo hizo “más fuerte” y aseguró que no dejará de participar en la promoción de las autodefensas. Agregó, “Vamos a seguir luchando ya no sólo por Michoacán, si es necesario por todo México“.

A su vez, el sacerdote católico y defensor de los migrantes, Alejandro Solalinde señaló: “Hacemos un llamado a la sociedad civil… a declararse autodefensas sin armas“.

En la red nacional de autodefensas también participa el obispo Raúl Vera, defensor de los derechos de migrantes y homosexuales , quien señaló al Estado como el principal responsable de la violencia que se vive en varias zonas del país; sin embargo, cualquier cambio desde la sociedad debe hacerse por la vía pacífica. “Una revolución armada sería una locura“.

Redacción. Huellas de México

Oaxaca, 29 de mar.-Las personas fueron identificadas como Ignacio García y Emmanuel López, quienes eran colaboradores del ex diputado local del PT y miembro de la APPO; sus cuerpos fueron hallados en la carretera
De acuerdo con reportes preliminares, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca identificó a las dos personas asesinadas la madrugada de este sábado como colaboradores del ex diputado local por el Partido del Trabajo y líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 (APPO), Flavio Sosa Villavicencio.

Las dos personas fueron halladas sobre la carretera federal 190, a la altura de la Ciudad de las Canteras, de Santa María Ixcotel.

Según las primeras indagatorias, se trata de Ignacio García Maldonado, quien fue detenido el 4 de diciembre de 2006, junto con Marcelino Coache Verano, a causa del conflicto de ese año entre el gobierno de Oaxaca y el magisterio.

La segunda persona asesinada respondió al nombre de Emmanuel López Martínez y en su identificación oficial se detalla que tenía su domicilio en la colonia Víctor Bravo Ahuja, en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.

Por otra parte, la dependencia corroboró que la unidad en que viajaban, un coche tipo Tsuru color blanco, marca Nissan, está registrado a nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Hasta el momento continúan las indagatorias por parte del Ministerio Público para identificar a los probables responsables del doble homicidio.

Fuente: El Universal