La masacre de Xochicuautla

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Toluca, Edomex, 20 de oct.- Las comunidades indígenas Ñhato (Otomí del Alto Lerma) del municipio de Lerma, Estado de México, están realizando serias acusaciones en contra del gobierno estatal, no solo por romper convenios y compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, firmados incluso por el ejecutivo, sino porque además se estarían violentando flagrantemente leyes nacionales, cometiendo delitos que inclusive ameritan cárcel y clausura de actividades según lo estipulado por la ley, todo ello para intentar apresurar la imposición del polémico proyecto de autopista Toluca-Naucalpan.

 

La humillación a los pueblos indígenas en el Estado de México

Seguramente ni Eruviel Ávila ni los poderosos empresarios sufren los temores de una persona que vive al lado de una carretera, con todo el ruido, contaminación, destrucción y riesgos que esto implica; lo mismo era para las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, quienes trataban simplemente de llevar una vida tranquila acorde a su cultura milenaria en armonía con el bosque, el agua y el medio ambiente; vital también para los valles de México y Toluca.

No obstante esta paz milenaria está siendo amenazada por un superproyecto carretero que pretende devastar más de 300 hectáreas de bosque comunal; se calcula que más de 7 mil autos, camiones, pipas y trailers atravesarán diariamente lo que era una tranquila zona de bosque indígena; pasando además por un costado del Cerro de la Campana, donde se encuentra el lugar más sagrado de la cultura ñhato, el cual “quedará solamente como un atractivo más al lado de la contaminante, ruidosa y nociva autopista”, como denuncian las comunidades en resistencia.

El conflicto es añejo; las comunidades indígenas han enlistado una serie de puntos notables para argumentar su rechazo a la imposición del proyecto, pues además no han sido consultadas ni siquiera en los términos previstos por la ley, motivo por el cual se han sumado a la denuncia múltiples organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quienes exigen al gobierno mexicano respetar los tratados internacionales.

 

La contradicción del trato a los indígenas en México

El 23 de septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, una serie de compromisos para garantizar el respeto a los pueblos indígenas del país; uno de estos documentos, hace referencia directa a la nación otomí de San Francisco Xochicuautla, donde explícitamente le recuerdan al gobierno mexicano que “es importante reconocer el principio de la autodeterminación de los pueblos“.

Xochicuautla, junto con otras 13 naciones indígenas de América, África y Asia, estuvieron preparando en la sede de las Naciones Unidas la declaratoria conjunta desde mayo del presente año; a través de diversos encuentros internacionales de la materia, se hizo un pronunciamiento para exigir el respeto a las garantías de los pueblos indígenas, lo cual fue signado por Peña Nieto en su reciente y primera visita a la ONU.

Ningún derecho es más sagrado para una nación, un pueblo, que el derecho a determinar libremente su futuro social, económico, político y cultural sin interferencia externa“; se lee en la Declaración conjunta de Xochicuautla y otras naciones indígenas avalada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU; no obstante la realidad es que ni siquiera este derecho esencial está siendo respetado en el Estado de México, pues las comunidades siguen denunciando el atropello y los abusos.

El Centro de Estudios de Indígenas del Mundo, respetada organización internacional defensora de derechos humanos con representación en la ONU y el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC por sus siglas en inglés) emitieron también desde el mes de junio del presente año, una carta dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, pidiéndole rectificar los permisos para los “proyectos que afectan a las tierras indígenas, territorios y otros recursos, especialmente en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, agua u otros recursos”.

En la carta de la cual poseemos copia, los organismos internacionales le externan a Guerra Abud su indignación; “Se acusa de violación a los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente de todos los seis artículos determinados a proteger los derechos de los Otomís en los alrededores de Lerma, localizados en el centro de los territorios de Otomís. A pesar de su misión de proteger el medio ambiente para garantizar la salud y el bienestar de la población la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha impedido el desarrollo de la Carretera Naucalpan Toluca en las marismas sensibles y los valles del territorio Otomí” (…) “El fracaso para garantizar el consentimiento libre, previo e informado del gobierno de San Francisco Xochicuautla y comunidades vecinas es contrario al compromiso expresado por México en la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, para apoyar y promover la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas“, se indica textualmente en la misiva.

Instamos a respetar los derechos constitucionales, humanos e indígenas de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, así como a un compromiso del gobierno mexicano a cesar las violaciones de su autonomía, autodeterminación y autogobierno que han sido reconocidas nacionalmente e internacionalmente como inherentes a las naciones indígenas“, agregó también el conjunto de organizaciones internacionales en carta firmada por el Presidente de la Junta y reconocido académico e investigador de los temas indígenas Rudolph Ryser, así como por Andrea Carmen, Directora Ejecutiva del IITC.

El organismo mundial reitera además, que “el gobierno de San Francisco Xochicuautla repetidamente ha hecho esfuerzos genuinos oficiales para comunicar su desaprobación hacia el desarrollo de la autopista a través de y cerca de territorios Otomís. Tales expresiones constituyen una negación del consentimiento del gobierno Mexicano, la SEMARNAT y quienes participan activamente en la imposición de dicho proyecto“, afirmó la organización mundial defensora de los derechos indígenas a carta que aún no tiene respuesta, en la cual también denunciaron el “el uso ilegal de las fuerzas de seguridad del estado para intimidar a los habitantes Otomís que se oponen al proyecto de la carretera“.

Una copia del diagnóstico también fue recibido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con sede en Suiza, así como por el embajador de México ante la ONU, Jorge Montaño.

 

 

Crimen de estado

A pesar de las denuncias y pactos internacionales, es precisamente el uso de la fuerza policial, lo que nuevamente sale a relucir como recurso para tratar de imponer el proyecto carretero. Desde el pasado viernes 10 de octubre de manera sorpresiva entraron a territorio comunal de San Francisco Xochicuautla cientos de granaderos fuertemente armados; ya lo habían hecho antes en múltiples ocasiones para tratar de manipular asambleas, aunque esta vez lo hicieron por un motivo diferente; para proteger a quienes ellos llaman “los talamontes”; trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, quienes han comenzado a destruir zonas comunales, a pesar de no tener ni siquiera los permisos legales para ello.

Deje usted que en el Estado de México no se cumplan los tratados internacionales; cuando respecta a los pueblos originarios, ya ni siquiera las leyes locales se respetan, pues a pesar de que existe una orden judicial que impide el paso de cualquier proyecto privado en zonas comunales de Xochicuautla, y que el tribunal agrario dictaminó dejar sin efecto todas las asambleas amañadas con las que intentaron imponer el proyecto, el gobierno de Eruviel Ávila hizo oídos sordos y está mandando a cientos de granaderos durante los días hábiles para realizar por la fuerza el avance de la autopista privada.

El pasado 15 de mayo del presente año, el magistrado Jorge Silva Cano, del tribunal unitario agrario, cumplió la ejecutoria del amparo directo 48/2014, dictado el 2 de mayo, y con el cual se decreta la nulidad de las asambleas irregulares con las que se pretendía legalizar la autopista; además de invalidar el convenio de ocupación previa; es decir que tanto el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) como la empresa constructora, se quedaron sin ningún documento legal que pueda avalar la incursión del proyecto, pues meses atrás ya también se había decretado la inválidez del decreto que intentó penosamente implementar el gobernador mexiquense.

Como si no hubiera problemas de seguridad en el Estado de México, cientos de policías estatales que deberían estar apoyando en la terrible situación de inseguridad de la entidad, en vez de ello están siendo utilizados para imponer un proyecto privado, el cual además del ecocidio que está causando en una región ya de por sí devastada, están violando además múltiples artículos de la legislación vigente.

A pesar de las insistentes consultas realizadas, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como el Saascaem, se han negado a presentar bajo que documentación se amparan para violar el territorio comunal indígena de San Francisco Xochicuautla, así como a dar más detalles de las masivas movilizaciones policiales para la realización del crimen; pues además se han masacrado ya decenas de árboles, lo cual es un delito bien definido por el código penal.

Destrucción realizada en zonas comunales.  Foto. frentedepueblosindigenas.org
Destrucción realizada en zonas comunales. Foto: frentedepueblosindigenas.org

 

Insólito conflicto que está causando eco internacional

Es de resaltar que este proyecto lleva años avanzando, a pesar de que nunca se ha tenido la autorización de al menos 3 regiones involucradas; por lo que se debería investigar como es posible que ya el gobierno del Estado de México y la empresa dieron desde hace años por un hecho la imposición de un proyecto privado, a través de comunidades indígenas a las que ni siquiera habían consultado; avanzando e invirtiendo millones en otros tramos del trayecto que ya están listos, siendo que otras comunidades que además de que nunca han dado su autorización para el macroproyecto que planea pasar por su territorio, se han externado también decididas a defender su autonomía, alertando de las severas consecuencias que dicho negocio provocaría en sus comunidades y su cultura.

También debería ser sujeto a escrutinio internacional la forma en la cual han cambiado en varias ocasiones de estrategia para imponer el proyecto carretero, pues en algunas incluso han recurrido a prácticas tan aberrantes como el soborno público, tentando con fuertes sumas de dinero a los comuneros para someterse al proyecto, generando también conflictos que han dejado huellas indelebles en las comunidades.

El pasado mes de mayo también se emitió también en el Senado de la Repúbica un punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat aclarar la situación legal y ambiental del proyecto carretero, lo cual tampoco ha sido respondido.

Los evidentes atropellos han provocado no solo la reacción de organismos internacionales, sino también decenas de organismos nacionales y comunidades originarias, quienes han externado su rechazo a los atropellos contra las comunidades ñhato del Bosque Otomí-Mexica, motivo por el cual incluso estas comunidades del municipio de Lerma, serán anfitriones en diciembre próximo del EZLN, las comunidades zapatistas, los pueblos originarios del CNI y de representantes de decenas pueblos indígenas de todo el mundo, quienes estarán participando de la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y las rebeldías.

 

Problema generalizado

Tal parece que mientras el país se encuentra en vilo por la situación de los estudiantes desaparecidos, en el Estado de México se aprovechó para resolver por la fuerza otros conflictos de territorio con los pueblos originarios, pues otra grave situación se presentó en la comunidad originaria de San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, quien también lleva tiempo luchando contra la imposición de proyectos privados; y quienes en días recientes han recibido múltiples órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes; algunos de ellos jóvenes de menos de 21 años de edad, quienes solamente se habían sumado a la exigencia de su comunidad de respetar el territorio.

 

 

 

David Galeano

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Written By Huellas de México

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