Ciudad de México a 2 de abril.- El relator de la ONU, Juan Méndez, afirmó que fue objeto de presiones para atenuar el informe sobre tortura en México; en ese sentido, el relator especial, indicó por tercera ocasión, en una carta dirigida este miércoles al representante permanente de México ante oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco. ‘‘Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible.
Asimismo, Méndez, agregó que su afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios que recogió en sus visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención”.
Además, el funcionario de la ONU, consideró como un “ataque personal” el desmentido del gobierno mexicano a su conclusión; alegó que los casos que documentó involucran a 107 víctimas y se quejó ante la SRE de que cuestionara su “ética”; el Relator contra la Tortura, refiere: “Quiero aclarar que esos 14 casos que he enviado a lo largo de pocos meses representan la situación de 107 víctimas mexicanas, además de un grupo indeterminado de personas que habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes como resultado del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones”.
No obstante, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuestiono severamente el actuar de Juan Méndez, Relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al cual calificó de “no profesional y ético”; Robledo, afirmo: “Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar concluya que hay una práctica generalizada”.
El gobierno de México, envió una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Joachim Rücker, firmada por el representante permanente de México ante Organismos Internacionales, Jorge Lomónaco, en la que resaltó que el país valora positivamente la visita, así como las recomendaciones que contiene el informe, “convencido de que un diálogo constructivo con el relator no puede sino contribuir al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de México”; sin embargo, Lomónaco pide pruebas a la ONU que testifiquen el informe que establece como practica la “tortura generalizada”.
Mientras tanto, “en la forma, en el fondo y en las implicaciones a futuro, la embestida del gobierno mexicano contra un relator de la ONU constituye un error gravísimo”; en ese sentido, “es deplorable e inaceptable, para empezar, que la cancillería encabezada por Meade Kuribreña haya actuado a contrapelo de los protocolos, las maneras y el lenguaje que la diplomacia mexicana dominó con maestría, al menos hasta la llegada de Vicente Fox a la Presidencia”; por lo que, ”las altisonancias y la incontinencia verbal de Gómez Robledo, aplaudida por Meade, parecieran confirmar que desde entonces sigue sin recuperarse el sentido de la política exterior como instrumento fundamental del Estado”; de tal forma que, “el virulento alegato en contra de un relator de la ONU expone, magnificada, la actitud gubernamental ya exhibida en meses pasados ante el Comité Especial de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, y coloca a la actual administración en una alarmante ruta de aislamiento y descrédito en el terreno internacional”.
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos deben ser aceptadas y no simuladas por los gobiernos los gobiernos; al respecto, González Pérez, afirmó que los gobiernos no cumplen de manera cabal con las recomendaciones emitidas por los organismos locales, lo que propicia la simulación y la impunidad en derechos humanos.
A su vez, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene muestras genéticas de mil 308 cadáveres que no han sido identificados desde el año 2000 hasta febrero pasado;; cabe destacar que según la información de la PGR, la mayor parte de los restos humanos han sido localizados en cinco entidades: Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Jalisco e Hidalgo.
En ese sentido, los familiares de personas desaparecidas arribaron a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir el cumplimiento de la Ley General de Víctimas, así como la renuncia del comisionado Julio Hernández Barros pues no procura el respeto de los derechos de las víctimas y de los familiares de las víctimas; por lo que, los familiares acusaron que la CEAV revictimiza a víctimas; al respecto, los manifestantes señalaron: “Nos tratan con insultos, nos tratan como limosneros”, “Es vergonzoso que pidamos asesoría legal y no sepan qué decirnos y nuestros casos se detengan”.
Para el columnista, Adolfo Sánchez Rebolledo, “la verdad es que nadie se acostumbra al horror, a las periódicas matanzas que siguen marcando hitos en la desconfianza hacia la autoridad que investiga o persigue el delito o, lo que es igual, a las mismas instituciones creadas para preservar la seguridad y la justicia. Los hechos de Iguala y Cocula, ocurridos hace seis meses, tocan cuerdas vitales de nuestra existencia como sociedad, pues se suman a un rosario de crímenes impunes en los que la autoridad estatal tiene una responsabilidad ineludible, sin mencionar el 2 de octubre o la guerra sucia contra la guerrilla. Fue la reacción a ese estado de indefensión la que abrió paso a los defensores de los derechos humanos, cuyo movimiento creció en medio de la incomprensión casi general de una élites formadas en la justificación del principio de autoridad y en la interesada confusión entre el poder y la justicia”.
Redacción. Huellas de México
