La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó oficialmente que revisa la llamada “Ley Atenco”, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México el pasado 18 marzo, tras aprobarse en el Congreso mexiquense.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en esa entidad fue cuestionada por diversas organizaciones civiles, por considerar que restringe el derecho a manifestarse y permite que las fuerzas de seguridad pública puedan violar derechos humanos.

Actualmente corren los 90 días posteriores a la publicación en la Gaceta Oficial que tiene el Gobernador Eruviel Ávila para ratificarla, aunque declaró considerarla apegada a la Constitución.

Tanto el Gobierno del EdoMex como las organizaciones civiles pidieron a la CNDH revisar la ley que establece, por ejemplo, que una reunión o asamblea ciudadana será ilegal cuando las personas estén armadas.

Además, concede a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas letales cuando esté en riesgo alguna vida.

“Desde el momento mismo en que se aprobó la citada ley, y que le fueron presentadas esas peticiones, la CNDH inició la revisión y estudio integral de la legislación en comento, y los resultados serán dados a conocer en su oportunidad”, aseguró hoy la Comisión.

NTX

Ciudad de México, 9 de nov.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un reporte acerca del estado de la investigación del Caso Ayotzinapa, de forma previa a las conclusiones del organismo sobre el caso, no obstante adelantando serios cuestionamientos al proceso, emitiendo una serie de recomendaciones a la autoridad competente y haciendo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la exigencia de justicia, lo cual resulta vital para la defensa de las garantías individuales.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera estos sucesos como de una extrema gravedad. Por deshumanizados, por la forma como han evidenciado el rompimiento del Estado de Derecho, por su extrema violencia contra las víctimas y sus valores fundamentales que exigen la reparación de sus ofensas y el cumplimiento del Derecho a la Verdad; por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana, no es momento ni de callar ni de olvidar”

El máximo organismo de derechos humanos del país criticó severamente también el estado de degradación social que se pone de manifiesto con este tipo de crímenes.

“En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”.

En el documento, la CNDH fue insistente en llamar de atención para multiplicar esfuerzos y asegurar la verdadera aplicación de la ley, así como la necesaria separación entre el crimen organizado y el estado.

“Es preciso que, más allá de este caso, de suyo sumamente grave, todos podamos contribuir para romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. Sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México. No tenemos que esperar para ello que suceda otro caso de igual o mayor gravedad, el momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, sufrimiento e indignación que este caso ha generado.”

Asimismo se hizo un llamado para agotar todas las líneas de investigación, así como aclarar algunos rumores sin confirmar acerca de la situación de los estudiantes.

Recomendaciones clave

La CNDH emitió también una serie de recomendaciones a diversas dependencias federales, estatales y gobiernos municipales; con el afán de coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad en torno al caso; y con esto poder evitar que una tragedia como ésta se pueda volver a repetir.

Una de las peticiones que destaca, que sería clave y que sigue sin atenderse a pesar de las reiteradas peticiones, es la información de georreferencia que se podría obtener a partir de los dispositivos electrónicos de los estudiantes e involucrados.

Al respecto el ombudsman solicitó:

“Obtener la georreferenciación y los datos generales siguientes:
a) De las líneas de los teléfonos celulares de 2 estudiantes desaparecidos de los que, presuntamente, cada uno habría enviado un mensaje de texto a personas cercanas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo manifestado por familiares, en el primer caso, en entrevista realizada por Visitadores Adjuntos de esta Comisión y, en el segundo, en declaración ante el Ministerio Público.
b) De la línea del teléfono celular de un estudiante desaparecido del que, supuestamente, se habría enviado un mensaje a un familiar el 27 de septiembre de 2014, referencia hecha ante Visitadores Adjuntos de esta Comisión Nacional.
c) De la línea telefónica móvil de un estudiante desaparecido del que, aparentemente, se habría hecho una llamada telefónica a una persona cercana el 26 de septiembre de 2014, referencia hecha ante Visitadores Adjuntos de esta Comisión Nacional. Se estima que la información de las comunicaciones telefónicas que por voz y datos pudieron haber sostenido los alumnos desaparecidos, realizadas precisamente el 26 y 27 de septiembre de 2014, son fundamentales para lainvestigación de la “Ruta de Desaparición”. La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes”

La CNDH también insistió en la necesidad de entrevistar a varios militares del Ejército Mexicano, así como acceder a información del mismo.

De igual forma se hace referencia a la importancia de definir con precisión los motivos que llevaron al grupo de estudiantes a Iguala, así como ampliar las indagatorias en posibles puntos de la “Ruta de Desaparición“, como sería “Pueblo Viejo” y “Cerro la Parota”

De gran importancia podrían ser también nuevos análisis químicos propuestos por la CNDH en la tierra recabada junto con los presuntos restos óseos de normalistas, “Se requeriría dictaminar químicamente si en la tierra contenida en la bolsa recuperada del “Río San Juan”, se detecta componentes de combustible. Los resultados podrían ser comparados con los propios del dictamen similar practicado sobre la tierra del basurero en el que se hallaron residuos de combustible”.

En el reporte previo se señala además la necesidad de aclarar múltiples incongruencias en la investigación oficial; desde las múltiples contradicciones en las versiones contadas por los presuntos implicados, hasta los reportes periciales que se oponen entre sí; tal es el caso de Julio César Mondragón, el estudiante que fue desollado, y cuyo dictamen de necropsia establece que dichas lesiones post-mortem son producto de la intrusión de la fauna; no obstante un dictamen en materia de criminalística determina que las lesiones se produjeron con un instrumento cortante.

Aquí puede consultar el documento completo:

Estado de la investigación del Caso Iguala

David Galeano

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, impulsada por el gobernador Roberto Borge.

La CNDH considera que en esta ley, aprobada el pasado 3 de agosto por el Congreso del estado, “se violentan el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad jurídica y el principio de pro persona”.

Este recurso de inconstitucionalidad fue presentado el pasado 14 de septiembre y admitido por la SCJN con el número de expediente 87/2015.

La CNDH solicita la declaración de invalidez de los artículos tres, fracciones VI y XII; seis, fracción IX; 13, último párrafo, y 45.

Las fracciones VI y XII del Artículo 3 definen los conceptos de libertad de expresión y periodista.

De esta forma, para ley, libertad de expresión “es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación”.

Y “periodista” es “toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. Las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional”.

La CNDH estima que en el concepto de libertad de expresión, la ley “excluye otros aspectos constitutivos de la prohibición de discriminación consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal”.

Considera violatorio a la Constitución que esta ley condicione el concepto periodista como una actividad “permanente”, pues resulta violario de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, y disposiciones internacionales-.

El último párrafo del artículo 13 de la ley, señala que “se podrá solicitar la identificación oficial del periodista y la acreditación del medio de comunicación social para el cual labora” para el acceso “a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos o a los de carácter público que se desarrollen por personal o entidades privadas”.

Al respeto, la CNDH consideró que es inconstitucional solicitar acreditación de un medio de comunicación para acceder a actos de interés público.

Fuente: Proceso

Ciudad de México, 21 de sep.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya investiga los despidos de los miembros del equipo de noticias de Canal 22, informaron periodistas y comunicadores despedidos del canal, quienes acusan al director, Raúl Cremoux López, de coartar su libertad de expresión.

De acuerdo a un boletín de prensa, la CNDH, quien también tiene injerencia en asuntos laborales, decidió investigar el supuesto caso de censura, luego de que el 15 de septiembre pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal diera un pronunciamiento a favor de los periodistas afectados.

En el comunicado se informa que aún hay tres periodistas (Alejandra Flores, Irma Gallo y Guadalupe Pereyra) que laboran en la estación y que consideran que su empleo está en peligro al sumarse a la campaña en contra de la administración de Cremoux.

Respecto a Flores y Gallo, se asegura que no el proceso de rescisión de su contrato fue cancelado pues el director afirma que no sabía que eran madres solteras.

“La semana pasada, de manera informal, el Sr. Raúl Cremoux López expuso a dos de estas periodistas (Irma Gallo y Alejandra Flores), que estaban en vías de ser despedidas, que se había detenido el trámite mencionado, porque ‘no sabía que eran madres solteras’”.

Aunado a ello, se informa que Ariadna Ambriz, asistente de la jefatura de información, también fue despedida la semana pasada. Según la versión oficial, el despido (como todos los demás) se deben a falta de presupuesto, pero los periodistas despedidos aseguran que se trata de una reprimenda por hablar en el noticiero sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS, y posteriormente, por sumarse a la denuncia contra Cremoux.

“Todas estas acciones laborales han sido las principales herramientas para consumar los actos de censura por parte de la Dirección General de Canal 22, por ello seguiremos insistiendo en que las autoridades de la televisora pública abandonen la intención de despedir y ’congelar’ a personas que durante más de 10 años han demostrado un trabajo ético, serio y consistente, al servicio de los ciudadanos y con los más altos estándares profesionales”, exponen.

Asimismo, indicaron que han solicitado al secretario de Educación Pública y al presidente de Conaculta, Aurelio Nuño y Rafael Tovar y de Teresa, respectivamente, que intercedan en la solución del conflicto, y aunque públicamente han mostrado intereses, los periodistas del Canal 22 sostienen que ninguno de los dos funcionarios se ha puesto en contacto con ellos.

Fuente. etcetera.com.mx

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa, presentó hoy en la sede europea de Naciones Unidas los avances de México en materia de derechos humanos.

Campa, al intervenir en la apertura de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reiteró “el irrestricto compromiso de México en la promoción y protección de la libertad de expresión”.

“De forma congruente con el enfoque integral que hemos promovido en el seno de este Consejo, hemos llevado a cabo acciones para la promoción de medios libres y diversos, el fomento al acceso a la información, la búsqueda de accesibilidad a nuevas tecnologías de la comunicación sin discriminación y la protección de periodistas y comunicadores”, señaló.

En lo que se refiere a la protección de periodistas y comunicadores, dijo que México ha tomado una serie de medidas que incluyen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.

A partir de una reforma constitucional, esta Fiscalía ahora tiene la facultad de atraer investigaciones sobre delitos del fuero común cometidos en contra de cualquier periodista, refirió.

De igual forma, Campa subrayó que se han realizado importantes mejoras en la operatividad del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Con este fin, se está trabajando con Freedom House en este proceso para mejorar la metodología y procedimientos internos del Mecanismo, logrando superar el rezago en el análisis de los casos.

“A esta fecha -destacó Campa-, el mecanismo protege casi a 450 defensores y periodistas, sin un solo incidente grave en los últimos 12 meses”.

Asimismo, subrayó que se trabaja en un proyecto de Ley General contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes que estará basada en los estándares internacionales, y buscará atender las diversas recomendaciones que ha recibido el país.

El proceso de elaboración de esta ley “se desarrolla sobre la base de consultas incluyentes con los actores interesados”.

El funcionario habló asimismo sobre desapariciones forzadas, “otro tema prioritario para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Uno de los avances más recientes en esta materia es la reforma constitucional al artículo 73, publicada el pasado 10 de julio, la cual faculta al poder Legislativo para aprobar leyes en materia de desaparición forzada y tortura, y determina un plazo de 180 días para contar con un marco normativo que atienda las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho sobre el tema.

Está lista la propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y por supuesto, atención a víctimas y sus familiares.

Señaló que dicho proyecto tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este sentido, Campa reiteró la voluntad del Estado Mexicano “por seguir colaborando de manera propositiva con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Un ejemplo claro de esta política de apertura, fue la solicitud de asistencia técnica que México hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre del 2014”, dijo Campa.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la citada Comisión presentó su informe el pasado 6 de septiembre, el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, indicó.

Señaló que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de este Grupo, así como analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”.

Campa adelantó que el gobierno incorporará el contenido del informe a la investigación que actualmente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República.

“Y teniendo en cuenta que éste ha sido un ejercicio de coordinación con organismos internacionales sin precedentes, se solicitará la prórroga del mandato por seis meses, para que el Grupo de Expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos”.

Esta mañana, el titular del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitará México en el mes de octubre, celebró al informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH sobre los 43 estudiantes desaparecidos hace un año.

Fuente: Notimex

Temoaya, Edomex, 11 de ago.- El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró en el “Centro de Ceremonial Otomí”, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, anunciando nuevas acciones e inversiones en todo el país; paradójicamente al mismo tiempo comunidades otomíes del Estado de México, exigían personalmente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, extender las medidas cautelares, para detener las agresiones derivadas de la imposición de un proyecto carretero que ha generado gran controversia internacional, pues además de atentar flagrantemente contra los derechos de los pueblos originarios, y de ocasionar un gran número de afectaciones ambientales, implica un posible conflicto de interés, pues nuevamente el beneficiario es Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

Peña Nieto señaló en su evento que se invertirán 28 mil 738 millones de pesos para llevar servicios de agua potable, drenaje o electricidad a más 3 mil pequeñas localidades indígenas, como describe ElEconomista, donde se subraya que los índices de indigenismo están estrechamente ligados a los de pobreza.

Tan falso como el Centro Ceremonial Otomí calificaron comunidades indígenas en resistencia, a los festejos del Día Mundial de los Pueblos Originarios; afirmando que en México están siendo pisoteados los derechos inherentes de los indígenas, como se pone de manifiesto en el caso de la autopista concesionada por 30 años para Juan Armando Hinojosa Cantú, como describe SDPNoticias.

Asimismo en SinEmbargo se detalla que los grupos originarios de los municipios de Lerma y Huixquilucan en el Estado de México, están exigiendo a la CNDH ampliar las medidas cautelares emitidas, las cuales están próximas a vencer; en estas se solicita detener las agresiones contra las comunidades y los habitantes de la región; pues ya han sido destruidas al menos cinco viviendas en la comunida de San Francisco Xochicuautla, de donde también más de 20 indígenas han llegado a ser encarcelados y se mantienen sujetos a proceso, además de que ha muchos los han hostigado y amenazado, solamente por el hecho de exigir se realice el procedimiento con apego a derecho, y no mediante la imposición y el cambio de estrategias que pone de manifiesto que nunca se han tenido los requirimiento esenciales para el trazo carretero.

Mientras tanto en Ostula, los indígenas Náhuas siguen exigiendo la liberación del comandante de su grupo de autodefensas, Cemeí Verdía; gran impacto está causando un reportaje de Laura Castellanos, donde se pone de manifiesto porque los Caballeros Templarios ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por su cabeza.

David Galeano. Huellas.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México solicitó al Gobierno del estado oriental de Veracruz la aplicación medidas cautelares por el ataque al semanario Presente, indicó hoy el organismo en un comunicado.

El organismo pidió a las autoridades estatales “realizar labores de prevención con el objeto de evitar todo acto intimidatorio que tenga como consecuencia impedir que el medio y sus integrantes continúen ejerciendo su libertad de expresión”.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ordenó “el inicio de un expediente de oficio con motivo del atentado a las instalaciones de ese semanario” que tiene sede en Poza Rica, Veracruz, el pasado fin de semana.

Debido a ello, los visitadores adjuntos de la CNDH se trasladaron a Poza Rica para brindar acompañamiento al personal del semanario y recabar la información necesaria sobre esos hechos.

Las medidas cautelares, solicitadas el 3 de agosto, buscan “garantizar la seguridad de las instalaciones del medio de comunicación y, sobre todo, la vida, integridad personal y seguridad física de las personas que laboran en el semanario Presente”.

El organismo indicó que las medidas, que fueron aceptadas el martes, deberán otorgarse durante el tiempo que se requiera.

La CNDH dará seguimiento a las investigaciones que siga la Fiscalía General del Estado de Veracruz y exige que se sancione a los responsables de ese atentado, puntualizó.

Fuente. EFEMEX

Ciudad de México, 23 de jul.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó este jueves 23 de julio uninforme preliminar acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ya casi 10 meses en Iguala, Guerrero.

El informe, que es preliminar, da cuenta de los errores que ha habido en el seguimiento del caso, los principales: “fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales”,indicó la comisión en un comunicado. 

Al presentar 23 observaciones y recomendaciones a las autoridades mexicanas, principalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), el ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que no se puede esperar a que ocurra otro caso similar, “el momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado”.

Para ello, la comisión elaboró 32 observaciones:

1. A la Procuraduría General de la República (PGR): Integrar las fichas de identificación y establecimiento de perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda de los estudiantes desaparecidos disminuye su posibilidad de éxito sin estas fichas.

https://twitter.com/CNDH/status/624296934455574528/

Fuente. animalpolitico.com/huellas.mx

Ciudad de México, 14 de jul.- Después que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que Joaquín el Chapo Guzmán pudo fugarsedel penal del Altiplano debido a los dos puntos ciegos en su celda por losprotocolos de derechos humanos, laCNDH respondió que “no establece las normas bajo las cuales deben regirse los penales y centros de internamiento”.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respondió a Osorio Chong que “su función es observar y verificar que en dichos lugares se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de la persona sin que ello inhiba o determine las condiciones de seguridad” de las prisiones.

En estos momentos, Osorio Chong se encuentra reunido con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. También están presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y Ruth Villanueva Castilleja, visitadora encargada del Sistema Penitenciario.

Además, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, dijo que “los derechos humanos y el ejercicio de los mismos jamás serán obstáculos para que las autoridades realicen de manera eficaz su labor. Es lamentable y desafortunado que en esta fuga se creyera que la materia de derechos humanos es un obstáculo”.

Gómez explicó que el principio 2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que deberá asegurarse que las instalaciones de las prisiones “aseguren la privacidad y dignidad” de los presos.

En conferencia de prensa ofrecida ayer 14 de julio, Osorio Chong dijo que Joaquín el ChapoGuzmán logró fugarse “a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad”.

El funcionario afirmó que “por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad”, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos, mismos que el Chapo aprovechó para planear su fuga del penal.

Además, Osorio Chong explicó que, aunque el Chapo portaba un brazalete preventivo, éste no contaba con GPS de localización “pues es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien no permite el uso de brazaletes dentro de los penales”.

Al ser cuestionado sobre los protocolos de derechos humanos y sus posibles cambios o modificaciones, el secretario de gobernación afirmó que estos son necesarios y que ante la reciente fuga se presentarán modificaciones internas e iniciativas de ley para modificarlos.

Sobre este tema, la CNDH dijo que el respeto a los derechos esenciales en las prisiones está reconocido en la Constitución Mexicana y “debe basarse, igualmente, en los instrumentos internacionales en la materia”.

Fuente. periodicocentral.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se precise el término “abatir delincuentes en horas de oscuridad” contenido en la orden de mando recibida por el grupo militar involucrado en los hechos de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército.

También solicitó que les sea entregado el documento íntegro que hace unos días hizo público el Centro Pro de Derechos Humanos, y en el cual se señala que la orden recibida por el grupo soldados para los operativos de vigilancia en esa zona era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, informó además que ha solicitado a la Sedena emita medidas cautelares para que se evite imprecisiones o ambigüedades en ese término que ha sido cuestionado.

Entrevistado al término de su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por El Colegio de México, el ombudsman nacional dijo que la Comisión Nacional no conocía el texto que hizo público el Centro Pro, pero que ese mismo día le fue entregado.

Fuente. LaJornada

CANCÚN, Q. Roo (apro).- El vocero del gobierno del estado, Rangel Rosado, anticipó que el mandatario priista Roberto Borge no indemnizará ni ofrecerá una disculpa pública al activista y periodista maya Pedro Canché, que estuvo preso acusado de sabotaje y quien salió libre mediante un amparo.

“No creo que el gobernador deba hacer una disculpa pública a nadie”, sentenció el jefe de la Unidad del Voceo (UV), luego de la toma de protesta que realizó Borge Angulo a una agrupación de mujeres comunicadoras.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 11 de mayo una recomendación en favor de Pedro Canché, en la que solicita al gobernador reparar el daño a la víctima; ofrecer una disculpa pública y “colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias” en contra de los servidores públicos involucrados en la detención y tortura del periodista.

El funcionario estatal indicó que a las entrevistas que concedió Canché, tras su libertad, incluida una en CNN a Carmen Aristegui, “les faltó fondo” y “sin fuerza”.

Y cuestionó:

“Tampoco se vale martirizar a Pedro, como si fuera el bueno y todos los malos”.

También acusó que Canché dijo “muchas cosas que no son verdad”, y sostuvo que el periodista maya “está siendo abanicado y movido” por otros.

Aunque un tribunal federal concluyó que el MP no aportó pruebas contra Canché, el portavoz de Borge insistió en que el periodista independiente “estaba agitando el tema” del bloqueo a las oficinas administrativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que configuraron el delito de sabotaje.

Roban oficina del vocero

Rosado reveló que fue víctima de un robo en las oficinas de la UV en Chetumal, la capital del estado.

“Hace ocho meses, asaltaron mi oficina, la de Chetumal, se robaron mis expedientes”, dijo.

Apuntó que presentó la denuncia penal al respecto.

Fuente. Apro

Ciudad de México, 23 de jun.- Graves acusaciones pesan sobre los gobiernos de Chiapas y Veracruz, quienes una vez más son el blanco de señalamientos por violentar flagrantemente los derechos humanos, especialmente respecto a estudiantes y personas que realizan actividades relacionadas con el activismo social.

En el caso de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al ayuntamiento de Arriaga la recomendación 18/2015, mediante la cual les exige reparar el daño contra un grupo de activistas que fueron encerrados e incomunicados solamente por cuestionar problemáticas sociales, como abunda ElEconomista.

El ombudsman nacional señaló que se “acreditó la violación de los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la integridad y al trato digno”, contra un grupo de habitantes del municipio de Arriaga, quienes fueron encerrados cuando acudieron a oficinas gubernamentales a exigir respuesta por diversas problemáticas de la comunidad.

Sin orden ni delito de por medio los activistas fueron encerrados, inmovilizados e incomunicados, por lo que el gobernador de Chiapas, volvió a recibir una recomendación de la CNDH.

Mientras tanto en Veracruz, organizaciones defensoras de derechos humanos, siguen denunciando la impunidad que persiste tras el brutal ataque de un comando armado contra un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana en Xalapa, quienes fueron fuertamente golpeados y torturados, sin que hasta el momento se tenga una investigación seria al respecto.

La Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”, denunció que las autoridades gubernamentales no han hecho nada para investigar el incidente, el cual tiene claras señales de ser un intento para inhibir el activismo social que realizaban los jóvenes agredidos, cualidad que además ha tenido gran impacto en la comunidad estudiantil de la capital veracruzana, como relata AnimalPolítico.

Los estudiantes exigen el esclarecimiento de los hechos, castigo a los perpetradores, seguridad para ellos y sus familiares, la reparación del daño y garantías de que un hecho como éste no se volverá a repetir, lo cual está lejos de garantizar el gobierno de Javier Duarte.

Redacción. Huellas.mx

XALAPA, Ver. – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia en el caso de tres jóvenes veracruzanos “levantados” por policías estatales en enero del 2014.

Las víctimas fueron el cantante de “La Voz México”, Gibrán Martiz Díaz y el menor de edad Sergio Luis Hernández “sustraídos” del interior de su departamento por policías estatales –a una cuadra del Congreso Local– y encontrados muertos dos semanas después, en medio de inconsistencias e irregularidades solapadas por la SSP y la FGE; y otro joven, cuya identidad y paradero al día de hoy se desconocen y por quien la CNDH también se pronunció.

En un comunicado la CNDH expone que encontró “elementos” que evidencian la detención arbitraria y la desaparición forzada de los tres agraviados, vulnerándose con ello sus derechos a la libertad personal, integridad, seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno.

“Por ello el gobernador deberá garantizar el inicio de la correspondiente carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada en el caso de la persona que aún está desaparecida, así como se deberá extraer de la reserva la investigación Ministerial número 2, y darle seguimiento para que se aporten mayores datos de prueba y lograr su debida integración. Una vez determinada e identificados los probables responsables, se haga lo conducente”, expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La recomendación, radicada en el expediente CNDH/1/2014/353/Q, fue emitida al gobierno de Duarte el pasado 20 de mayo y notificada días después, sin embargo, la CNDH la da a conocer en un comunicado este miércoles y admite que tuvo “atracción del caso” por la repercusión periodística que tuvo el doble asesinato y la desaparición de otro joven.

Mientras tanto los familiares de Gibrán Martiz, encabezados por su padre, Efraín Martiz Aguirre decidieron exiliarse a principios de este año en Panamá, temerosos de su seguridad y con la zozobra de ser víctimas de represalias por parte del aparato estatal, expuso el padre del cantante a Apro en una entrevista concedida a principios de año.

En dicha entrevista, Martiz Aguirre sustentaba su temor en la liberación de los siete policías que participaron en el “levantón” de los tres jóvenes, entre ellos, el cantante del reality show de Tv Azteca, ello, luego de que el juez Florencio Hernández Espinosa otorgará “libertad condicional” a los policías Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, lván Cortes Espíritu, Mauricio Ramírez Santiago y Abel Bravo Martínez, tras pagar una fianza de 5 mil pesos.

Ello, pese a que el agente del Ministerio Público (MP), Guillermo Bencomo tenía en la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pruebas de que el GPS del celular de Gibrán Martiz durante los días de su “desaparición forzada” siempre estuvo dando como coordenadas la ubicación geográfica de la Academia de Policía de “El Lencero”, una residencia en las Ánimas –cerca de donde radica el titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez- y el departamento donde fue sustraído.

“Telcel entregó a petición del MP la sábana de llamadas y localización de datos de internet (un I-Phone 4) de mi hijo. Yo me apoyé con gente externa que conoce de cartografía, de coordenadas para obtener dónde habían tenido a mi hijo, y los resultados me dejaron helado. Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”, expuso Martiz.

El padre de Gibrán Martiz siempre recriminó que cuando solicitó al MP entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a cuentas a los policías de la SSP y al propio Bermúdez, aquel sólo dio evasivas.

Por ello, en la recomendación que emitió la CNDH exige al gobierno de Duarte “emitir” una circular dirigida a todos los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para que pongan “sin demora” a los detenidos a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda.

Además que –expone la CNDH- el gobierno veracruzano deberá reparar los daños ocasionados a los familiares de las víctimas, incluyendo la compensación que corresponda y la atención médica y psicológica que requieran hasta restablecer su salud física y emocional.

“También se impartirán cursos y elaborarán folletos sobre educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, para todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y se deberá colaborar con la CNDH en el trámite de las quejas y denuncias de hechos que promueva ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y su Contraloría Interna, todas del Estado de Veracruz”, resume el comunicado CGCP/158/15.

El “levantón” y posterior asesinato de Gibrán Martiz, la ejecución de uno de sus amigos y la desaparición de otro, se convirtió en un escándalo nacional en enero del 2014, pues cantantes nacionales y extranjeros repudiaron el hecho en sus redes sociales y el gobierno de Duarte se metió, una vez más, en una crisis política por el tema de la seguridad.

Además ni la SSP ni la FGE fueron capaces de hilar el eslabón del homicidio, pues mientras se comprobó que 7 policías “levantaron” los jóvenes de un departamento en Xalapa, jamás pudieron develar, como dos de ellos, aparecieron muertos en el interior de un coche, a manos de presuntos delincuentes, luego de un enfrentamiento con fuerzas federales en una carretera del municipio de Huatusco. En dicha refirega, los tres presuntos sicarios fueron abatidos por fuerzas del Estado.

Efraín Martiz, padre que interpuso la queja en la CNDH, en la PGR y en organismos internacionales, jamás creyó la historia oficial, pues recordaba las condiciones en que le fue entregado el cuerpo de su hijo en la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo).

“Tenía quemaduras en la espalda, producto de choques eléctricos producidos con cables de alta tensión, probablemente de 220 voltios, terminó con la mandíbula fracturada por los golpes y las piernas. Los glúteos con diversos hematomas y marcas, producto de varios tablazos”, expuso Martiz, médico de profesión.

Fuente. proceso.com.mx

Ciudad de México, 23 de may.- La Policía Federal (PF) rindió homenaje al elemento fallecido el día de ayer tras un enfrentamiento en el Rancho El Sol de Ecuandureo, Michoacán, ante presuntos sicarios de “un cártel de Jalisco”.

En evento realizado en el Centro de Mando en la delegación Iztapalapa de esta ciudad, más de 200 elementos recibieron el cuerpo del elemento fallecido, a quien le rindieron homenaje, en compañía de la familia.

El Comisionado General de la PF, Enrique Galinfo Ceballos, llamó a la reflexión acerca de los hombres y mujeres que están “entregando su vida y su talento por un México en paz”.

La muerte de este agente se suma a la de los 9 que fallecieron por el ataque del pasado 1° de mayo  ante presuntos sicarios del mismo cártel.

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmó que ya han enviado un equipo de visitadores, quienes se encuentran recabando información acerca de los hechos acaecidos en los límites de Tanhuato y Ecuandureo.

Redacción. Huellas de México

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez ofreció el respaldo de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los periodistas y señaló la importancia de modernizar la legislación sobre libertad de expresión.

“La CNDH, reconociendo que en tiempos difíciles la libertad de expresión cobra más relevancia que nunca, está comprometida a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para atender de forma oportuna las quejas”, dijo.

El titular del organismo autónomo dictó la conferencia magistral “Los derechos humanos y el periodismo”, como parte de los festejos del 66 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

En su encuentro con estudiantes explicó que con el aumento en los riesgos para el ejercicio de la profesión vienen también otros problemas, como falta de resultados efectivos de las investigaciones, autocensura, desplazamiento y exilio forzado, sin descartar espacios de silencio que vulneran el derecho a la información.

En ese sentido González Pérez planteó modernizar la legislación sobre libertad de expresión, para que sea acorde con las nuevas exigencias de la comunicación en el marco de una sociedad democrática.

Es indispensable considerar lo que dicen los instrumentos internacionales de los que México es parte, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuso.

Señaló que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se tiene el registro de 100 homicidios de comunicadores, ocurridos entre el 1 de enero de 2000 a la fecha; 21 periodistas desaparecidos, desde 2005, y 45 atentados contra medios de comunicación, desde 2006, lo que da cuenta de la magnitud de las agresiones y debe obligar a todas las autoridades a atender este problema en todas sus fases: prevención, capacitación de los servidores públicos, condena de las agresiones, investigación oportuna y sanción de los responsables.

Apuntó que para el ejercicio pleno de la libertad de expresión también se requiere del fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y el compromiso de las procuradurías estatales de investigar las amenazas y evitar que se hagan efectivas, eliminar la impunidad, no descartar de inicio que el móvil de los atentados se deriva de la actividad periodística y agotar todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes.

Respecto del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puntualizó que debe cumplir eficazmente su obligación de otorgar medidas adecuadas de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que enfrentan.

Redacción: Huellas de México MGSH

La institución más socavada por los sucesivos episodios de violencia e impunidad en México, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía, ha entrado en otro bache. La titular de Derechos Humanos, Eliana García Laguna, ha renunciado a su cargo. La dirección de una de las funciones públicas más urgidas de credibilidad y resultados del país se ha convertido en una silla tambaleante. El antecesor de García Laguna, Ricardo García Cervantes, renunció a su vez en mayo de 2014. Esta nueva renuncia llega tres meses después de la caída del anterior número uno de la PGR, Jesús Murillo Karam, tumbado por la ola de indignación ciudadana por el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En medio de la renuncia y los movimientos en la institución de los Derechos Humanos habitantes del municipio de Chilapa, Guerrero, denunciaron ante representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la desaparición de por lo menos 30 personas durante la incursión hace una semana de hombres armados en ese municipio, supuestamente para combatir al grupo delictivo Los Rojos.

La denuncia se dio a cuatro días de que el grupo de 300 hombres armados se retiró de Chilapa, tras permanecer cuatro días en el municipio para pedir que se capture a líderes del grupo delictivo de Los Rojos. Ese grupo se retiró, aunque amenazó con regresar el próximo viernes, en caso de que el Ejército no detenga a los cabecillas del grupo criminal, en particular uno identificado como El Chaparro.

El Economista dio a conocer la semana pasada que habitantes de Chilapa denunciaban la desaparición, hasta ese momento, de unas 16 personas, en su mayoría jóvenes.

Redacción: Huellas de México MGSH

En el mundo se habla y esta presente la pena e muerte, algunas partes donde se preocupan por el terrorismo y otras tantas donde es el arma perfecta para deshacerse de personajes incomodos. A continuación damos mención a los últimos casos sonados sobre la pena de muerte.

Uno de ellos es “La decisión del jurado de Massachusetts de condenar a muerte al terrorista demuestra que hasta en Boston, la capital del liberalismo global, la enseñanza superior y la investigación científica, entienden que aplicar la pena de muerte a los terroristas es la manera más apropiada de combatir el terrorismo”, ha señalado Lieberman.

“Cuando una sentencia como ésta se pronuncia allí, y no en Texas o Alabama, estados donde la pena de muerte es habitual, uno puede ver que hasta la gente más liberal del mundo entiende que se necesita una mano de hierro inflexible para hacer frente al terrorismo islámico que está creciendo y volviéndose más extremo”, ha asegurado el líder de Israel Nuestra Casa.

Las autoridades ordenaron el cierre de los comercios del área y trasladaron a algunos de los testigos a lugares seguros, luego de que se reportara que otros miembros de estas bandas rivales se dirigían a Waco para continuar la pelea. Riña que inició en un bar restaurante, el Twin Peaks, y acabó extendiéndose hasta el estacionamiento del centro comercial donde se encuentra el local, un lugar habitual de concentración de motociclistas. La policía de Waco, en Texas tienen actualmente 170 personas arrestadas estas han sido encerradas o están en proceso de encarcelamiento en la prisión del condado de McLellan, además están siendo interrogadas y podrían enfrentarse a la pena de muerte, menciona el Zócalo en su redacción.

Del lado Europeo los comentarios sobre la polémica declaración de Orbán no tardaron en llegar al pleno de la Eurocámara, reunido ese mismo 29 de abril en Estrasburgo, y varios eurodiputados y comisarios dejaron bien clara su indignación. “Para la Unión Europea, la pena de muerte no constituye jamás una respuesta”, respondió desde Estrasburgo Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Interior. El presidente del grupo popular en la Eurocámara, Manfred Weber, —al que también pertenece el partido del líder húngaro, Fidesz-Unión Cívica Húngara— defendió en su momento que “en el seno de la UE, afortunadamente, la pena de muerte pertenece al pasado, eso no es negociable”.

“La pena de muerte se ha convertido en el instrumento preferido de las autoridades egipcias para eliminar la oposición política. La mayoría de las condenas de muerte dictadas por los tribunales desde julio de 2013 han sido contra partidarios de Morsi. Parece que apoyar a Morsi se traduce inmediatamente en pena de muerte o en penas de años de prisión. Por el contrario, lo que Egipto debe hacer es garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y llevar ante la justicia a todas las personas que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.”

Redacción: Huellas de México MGSH

Ciudad de México a 6 de mayo.- Los representantes de Amnistía Internacional (AI) de Venezuela, Brasil y México advirtieron sobre los retos que enfrentan las organizaciones de derechos humanos en un contexto de criminalización de la protesta social; al respecto, Marcos Gómez, de AI Venezuela, explicó que un gran debate es el uso de materiales de denuncia que se difunden en redes sociales, pues no siempre son verídicos, y demandan una reacción rápida de estas organizaciones; “Las redes sociales van a ser cada vez más importantes, pero la calidad de la información nos pone en problemas porque la demanda de reacción de las organizaciones es muy alta”, detalló el activista.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indicó que México requiere avanzar urgentemente en temas se derechos de las personas con discapacidad; asimismo, el organismo exhorto a las instancias públicas para que garanticen lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas, y al mismo tiempo atender las recomendaciones que emitió el año pasado el Comité de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Redacción. Huellas de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más señalada por las constantes quejas en materia de derechos humanos y de derecho a la salud.

Reportó que el IMSS genera cerca de tres mil quejas al año por mal servicio y atención y sostiene que el acceso irrestricto a los servicios de salud es irrestricto es fundamental porque de eso dependen que las personas disfruten de otros derechos.

Por eso hizo un llamado a autoridades de las instituciones de ese sector para poner mayor cuidado en su desempeño y respetando los derechos humanos de sus pacientes atendiendo con claridad y calidez.

Señaló que desde hace años los organismos públicos ocupan los primeros lugares por el número de quejas y los reclamos tienden a aumentar.

Entre los principales hechos violatorios se encuentran: omitir o proporcionar atención médica, obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social o negligencia médica, prestar de manera indebida el servicio público, entre otras.

Al investigarlas, indicó la CNDH, se comprobó la falta de médicos especialistas, de personal de enfermería, insuficiente supervisión de residentes o pasantes, trato poco respetuoso o deficiente en realización de trámites, así como falta de capacitación para elaborar diagnósticos y estudios clínicos.

También existen conductas discriminatorias y limitaciones en infraestructura, recursos materiales y desabasto de medicamentos.

Con información de Héctor Herrera.

Fuente. RadioFórmula

Ciudad de México, 23 de abr.- En reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, confirmó que ya investigan también el caso de la masacre en Apatzingán desde el mes de enero, y aunque el ex comisionado Castillo finalmente salió a desmentir las acusaciones, el ombudsman pide calma y responsabilidad para permitir terminar las investigaciones y poder deslindar responsabilidades.

En su encuentro con los senadores el ombudsman nacional se comprometió a intensificar las pesquisas sobre el caso Apatzingán, confirmando que también siguen el caso desde el 6 de enero, fecha en que familiares realizaron la denuncia.

González Pérez evitó responder si participaron elementos de la Policía Federal en el homicidio de civiles, pues advirtió que la “gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obren en los expedientes de queja”, como relata ElEconomista.

De igual forma el titular de la CNDH pidió paciencia para permitir el desarrollo de las indagaciones, y pidió no anticiparse a las conclusiones, como se narra en LaJornada: “No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones de los hechos demandamos una investigación exhaustiva, integral y objetiva. Nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad nos demanda el esclarecimiento de estos hechos”.

Por su parte el gobernador michoacano se deslindó de las averiguaciones, y dejó en manos de la procuraduría federal dictaminar el caso y aplicar las sanciones que pudieran aplicar, como detalla Ernesto Martínez.

Mientras tanto el comisionado Castillo salió a desmentir la investigación sobre la matanza de Apatzingán, acusando a los periodistas de estar incurriendo en actos muy graves;  “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sentenció el comisionado en entrevista en Wradio.

Redacción. Huellas de México