mayo 22, 2015 By Redacción Huellas

Añejas inercias, poderosos diques que protegen violaciones a derechos humanos e injusticias

Comparte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ciudad de México a 22 de mayo.- Los desafíos que enfrentan la seguridad y la justicia en México aún son muchos; por lo que, distintas autoridades suman propuestas en aras de consolidar un ambiente de paz y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que viven o transitan por el país.

La seguridad pública en México requiere la creación de una nueva Ley de Policías que contribuya a la profesionalización de los agentes sobre todo en las Policías Municipales, afirmó Ernesto Canales, presidente de la Asociación Renace, durante la clausura del Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que duró dos días.

Por otro lado, fue hace 70 años, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU); al respecto, el compromiso con los derechos humanos fundamentales, que consagró primero la Carta de las Naciones Unidas y luego la Declaración Universal de Derechos Humanos, perdura actualmente en muchos otros tratados y acuerdos. Entre ellos, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

No obstante, el Gobierno mexicano no atiende la desaparición de migrantes, ya sea por omisión, incapacidad y cinismo, acusaron organizaciones civiles; en ese sentido, el problema de las desapariciones de personas migrantes a su paso por nuestro país, calcula que hay más de 25 mil personas desaparecidas según registros oficiales; cabe destacar que, el primer obstáculo para abordar la problemática de la desaparición de personas migrantes es la falta de visibilidad que tiene el tema, por lo que su dimensión es difícil de calcular, a decir de Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada, publicó Sinembargo.

Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que sin excusas ni pretextos, en junio del próximo año estará en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional que permitirá acceder a una justicia pronta y expedita para los mexicanos.

Pero en Sonora hay no hay un avance del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP); a pesar de que, el gobierno de Guillermo Padrés recibió de la federación casi 62 millones de pesos desde el 2011 para implementarlo en la entidad. Dicho sistema, debería quedar listo en junio de 2016. No obstante, el reporte “Los avances de la implementación y operación de la Reforma Penal en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), destaca que Sonora presenta una calificación reprobatoria, pues ni siquiera ha hecho la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por el Congreso de la Unión en 2013.

En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) velará por el correcto desempeño de los juzgadores del nuevo sistema penal acusatorio oral, aseguro el Consejero Alfonso Pérez Daza; al respecto, la nueva etapa en la impartición de justicia mexicana, se caracteriza porque el Estado asume su responsabilidad y al mismo tiempo vigila que los operadores del sistema cumplan debidamente su función; «Los jueces del sistema penal acusatorio y oral enfrentarán una serie de responsabilidades propias de ese sistema. El desafío es importante, pues el juez deberá discernir entre lo justo y lo injusto en cada caso concreto, mediante la aplicación de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediatez, igualdad, legalidad, imparcialidad y presunción de inocencia», agregó Pérez Daza.

Por su parte, la Procuradora Arely Gómez González sostuvo una segunda reunión de trabajo con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. En el encuentro se abordó el avance de las tareas de coadyuvancia que desahoga el grupo de expertos para la investigación de la masacre de los 43 normalistas en Iguala y Cocula, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados, informó Reforma.

A su vez, Arely Gómez refiere cuatro ejes con los que la Procuraduría General de la República trabajará, en vísperas de convertirse en una fiscalía autónoma: procuración de justicia eficaz y eficiente, respeto a los derechos humanos, transparencia con rendición de cuentas y la transición al nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, la procuradora decidió poner al frente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Atención a la Comunidad a el doctor Éber Omar Betanzos Torres.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar la integridad de los líderes de la tribu yaqui opositores a la construcción del acueducto Independencia, impulsado por el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías. La CIDH consideró las medidas cautelares a favor de tres líderes indígenas ya que el caso “reúne los requisitos de gravedad e irreparabilidad” para solicitar al Estado mexicano que “adopte las medidas”.

 

 

Redacción. Huellas de México


Comparte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMMENTS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *