febrero 2, 2015 By Ulises Navarrete

CNDH presenta informe sobre desapariciones forzadas ante ONU

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GINEBRA.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas su informe sobre esta materia.
En su participación en este encuentro, el ombudsman nacional también propuso un plan de 14 medidas para atender de manera integral la problemática en materia de desaparición de personas en México.
En un comunicado, la CNDH destacó el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales; aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Consideró necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.
Planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.
Así como poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
El titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.
Sobre el caso Iguala, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo una investigación para lo cual creó una Oficina Especial para atender el caso y ha tenido reuniones con familiares de los estudiantes, que aceptaron el acompañamiento del organismo.
El ombudsman nacional enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos con las que se cuenta, mediante una adecuada metodología y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado.


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