enero 16, 2015 By Ulises Navarrete

CIDH designa expertos en caso Ayotzinapa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó los nombres de quienes integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes de México con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.
En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:
Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos;
Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristaín (España), médico y especialista en educación para la salud; Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En este sentido, se acordó que el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.


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