noviembre 6, 2014 By Redacción Huellas

Alertan reducción de derechos sexuales de los menores

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Ciudad de México a 6 de noviembre.- De aprobarse la minuta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la forma en la que regresó de la Cámara de Diputados, queda acotada a la interpretación discrecional y riesgosa de los funcionarios públicos, explicó el director de Redim.

En ese sentido, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), detalló en entrevista con 24 Horas, que dicha iniciativa: “Es un retroceso porque lo siguen reduciendo a una lógica de información y no de ejercicio de derechos. El que vaya un adolescente a un centro de salud y le digan cuáles son los órganos reproductivos no se traduce en el derecho de acceder a métodos anticonceptivos o exámenes ginecológicos sin que sea necesaria la presencia del tutor. Queda a discreción del médico”.

Cabe destacar que sectores conservadores objetaron el término “derechos sexuales y reproductivos” que incluyeron los senadores en la Ley de protección a la infancia pues referían que la ley intentaba quitarles a los papás la tutela sobre la educación de sus hijos.

No obstante, Pérez García, agregó: “En nuestro país cada vez hay más casos de madres de 10 años, son niñas que ya sufrieron abuso, violación y un parto y por eso sus derechos sexuales y reproductivos tienen que ser garantizados: tratamiento médico especializado, orientación, seguimiento ginecológico. Esto hoy no está establecido y la niña depende de que la mamá la lleve o que el médico la quiera atender”

Asimismo, el director de Redim señaló: “Los chicos no quieren tener hijos, quieren disfrutar su sexualidad y su cuerpo. Si nosotros sabemos que la edad de inicio en la vida sexual es a los 13 años, tenemos que buscar políticas públicas”.

La minuta que envió la Cámara de Diputados contiene modificaciones a 14 artículos del primer texto remitido por el Senado. Por lo que, dentro de los cambios que hicieron los diputados, el artículo 57 dice que los padres deben intervenir en la educación de sus hijos y el 58 elimina el papel del Estado en la educación sexual y la formación el ejercicio informado y responsable de los derechos sexuales y reproductivos de los niños.

No obstante, el primer texto que envió el Senado a la Cámara de Diputados promovía el derecho a una educación sexual integral para que los menores de edad pudieran “ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos”.

Al respecto, Jimena Suárez, abogada de incidencia legislativa en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), indicó: “Esta ley no debería defender los derechos de quienes ejerzan la patria potestad y la tutela, sino proteger los derechos humanos de los menores. Por eso en la práctica las autoridades deben reconocer que si bien los padres deben intervenir en la educación, esta intervención no debe violentar el interés superior de la niñez y los derechos humanos”.

 

 

Redacción. Huellas de México


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