octubre 24, 2014 By Redacción Huellas

Aborto, disputa entre el derecho a la vida y la criminalización

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Ciudad de México a 24 de octubre.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso de San Luis Potosí, Miguel Maza Hernández, respondió al cuestionamiento sobre la viabilidad de despenalizar el aborto en el estado, que: “En este momento no hay una propuesta firme para despenalizar el aborto”. No obstante, el funcionario agregó que el Instituto de las Mujeres del Estado está preparando una iniciativa para ampliar las causales en las que se permitirá a una mujer interrumpir el embarazo.

Mientras tanto en Veracruz,“Johana” –quien pide no revelar su identidad– fue arrestada por abortar, pese a que el Código Penal veracruzano no establece la reclusión, sino “la aplicación de medidas educativas y de salud”; por lo que, la Suprema Corte de Justicia mexicana decidió revisar el caso de la mujer detenida en dicha entidad cuando acudió a un hospital para ser atendida de emergencia, tras presentar complicaciones de salud a consecuencia de una interrupción del embarazo clandestina. En ese sentido, «Johana» es una de las más de 53 millones de personas pobres en México, indicó Verónica Cruz, de la organización Las Libres.

A su vez, una encuesta realizada por Ipas México a los asistentes a un Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia reveló que el 35 por ciento de los profesionales en esta rama considera que «la comunidad médica estigmatiza a un colega que hace abortos». Al respecto, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, señaló que, «el estigma que rodea el aborto, aún en esta ciudad (de México) es un estigma grande, que pertenece a las mujeres, la comunidad atribuye a las mujeres el aborto, pero también alcanza a los profesionales de salud que hacen aborto».

Por otro lado, en España continúan arreciando las críticas contra Mariano Rajoy y el PP, luego de mantener vigente la ley Aído/ZP del aborto; al respecto, las consecuencias presentarán un vuelco en el panorama político español de grandes dimensiones que va mucho más allá de la cuestión del aborto ya que un PP que hace suya la ley Aído/ZP al renunciar a derogarla, se transforma de la noche a la mañana en un partido que suscribe una de las leyes más abortistas del mundo. En ese sentido, la ley Aído –ahora ya Aído/Rajoy– no sólo despenaliza el aborto, sino que lo convierte en un derecho subjetivo financiado por el Estado, no contempla ni una sola alternativa al aborto dejando abandonadas a las embarazadas, convierte en algo irrelevante para el Derecho al no nacido durante sus primeras 14 semanas de vida permitiendo su libre destrucción y, además, legaliza en sus primeros 11 artículos la ideología que lleva a ver el aborto como un derecho, algo que no se atreve a hacer ninguna otra ley del aborto de ninguno de los países.

Por su parte, el ministro de Justicia en España, Rafael Catalá, informó que el Gobierno prevé aprobar antes del fin de 2014 la modificación de la legislación actual sobre el aborto, para que las menores de 16 y 17 años necesiten la autorización a sus padres en la interrupción voluntaria de un embarazo. El funcionario detalló que la iniciativa se desprende de un paquete de medidas de apoyo a la familia que está «prácticamente terminado».

Sin embargo, el Obispo de Alcalá de Henares (España), Mons. Juan Antonio Reig Pla, refiere que en España «no hay posibilidad de Estado de Derecho mientras no se legitime el derecho a la vida»; por lo que, Reig Pla ha culpado a la «sociedad liberal-capitalista» de trasladar a la moral privada la vida humana, el matrimonio y la vida familiar. A su juicio, lo anterior se debe «desprivatizar» porque son «cuestiones sociales».

A su vez, organizaciones provida indican que, “matar a un hijo cuando está fuera de su seno es un delito, mientras que matarlo cuando está en el seno materno es un derecho. ¡Qué hipocresía! ¿O es que estamos locos?”

Mientras tanto la población británica adulta piensa que es inaceptable que las mujeres de Irlanda del Norte tengan que desplazarse hasta Inglaterra para someterse a un aborto y que tengan que pagar un servicio que en el resto del país es gratuito, según reveló una nueva encuesta realizada por Amnistía Internacional.Al respecto, la encuesta, realizada el mes pasado sobre una muestra de más de 2.000 personas, dos tercios de los encuestados pensaban erróneamente que la legislación no se aplica por igual en todo Reino Unido, o simplemente no lo sabían, y casi tres cuartas partes opinaban que la legislación debería ser la misma con independencia del lugar del país donde vivas.


 

Redacción. Huellas de México


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