marzo 7, 2014 By Jose G. Muñóz

Injusticias, corrupción, impunidad e irritación social

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José G. Muñoz García

@josegmunoz

La libertad bajo fianza concedida por un juez a Yakiri Rubí, la joven que asesinó a su violador, no es en forma alguna un acto de justicia, sino una confirmación que el término “justicia” está secuestrado por una casta de tecnócratas del derecho que opera todo el proceso de procuración e impartición de justicia con criterios crípticos indescifrables. Basta con leer que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal consideró que el proceso no debe seguirse por homicidio culposo, sino por “exceso de legítima defensa”.

Para que una víctima no incurra en delito de “exceso de legítima defensa”, el Tribunal debe publicar qué cantidad y calidad de “defensa” es válido para que no sufra una segunda, tercera, cuarta y así hasta el infinito victimización en interrogatorios y sentencias que envidiaría Torquemada, pero en pleno Siglo XXI, cuando se habla de derechos humanos en todos los rincones del orbe.

El primer absurdo es sospechar que la víctima consintió en su violación, porque los sabuesos de la PGJDF encontraron que Yakiri ingresó al hotel por su propia voluntad. ¿Se autoinfligió, por ese hecho, los golpes que dejaron marcadas huellas de violencia? Qué, ¿acaso no se considera violación cuando un hombre obliga a su esposa por medio de la violencia a tener relaciones sexuales? Con ese criterio cerril se han liberado a cientos de violadores, luego de encontrar culpables a las víctimas por usar minifalda o escotes atrevidos o hasta por caminar “provocativamente”.

Otra perla de colección: los Skerlock Holmes capitalinos, cual sabios que conocen al segundo los los tiempos pasados y por venir, determinaron que el violador asesinado estaba aletargado en la cama después de un orgasmo y por ello fue ventajosamente agredido a sangre fría.

Los moretones en la parte trasera del muslo derecho, lesiones en la entrepierna izquierda, en la espalda y en ambos antebrazos que presentaba Yakiri, fueron, dicen los otros tecnócratas, los dela medicina, “son coincidentes con aquellas que se provoca uno mismo”.

La abogada Karla Michee Salas, premio OEA de Derechos Humanos 2010, precisó que un peritaje oficial señala que las lesiones que presentó fueron autoprovocadas, pero cuestionó que la PGJDF se sostenga la afirmación de que Yakiri hizo un “montaje” para encubrir su crimen y cuando dice que salió corriendo ensangrentada, herida, en “shock” y con poca ropa buscando auxilio y gritando que había sido agredida. Por ello Salas disparó: “¿No hubiera sido más fácil simplemente salir del hotel e irse a su casa tranquilamente?”.

El hecho de que los primeros policías que conocieron del caso, en lugar de llevar a la víctima golpeada a un médico, la pasearon por la colonia Doctores para “buscar” al agresor; incluso cuando la presentaron en calidad de “presunta responsable ante la agencia del Ministerio Público 50, jamás consideraron que Yakiri era la víctima.

La serie de tropelías cometidas contra Yakiri Rubí terminan en la fianza de 423 mil pesos fijada por el juez 23 de lo penal delitos no graves del Distrito Federal, Fausto Agustín Ayala, de los cuales 130 mil son para la “reparación de daño”, (extraño título que se aplica a la cantidad que un reo sentenciado debe pagar para gastos funerarios y alguna indemnización, cuando es imposible “reparar” una vida humana), siendo que esa cantidad promedia los 25 mil pesos, incluso en caso de homicidios dolosos. Pero eso sí, todo con bases “legales”. La ley como escudo para tropelías y arbitrariedades que provocan la expansión de cáncer de la impunidad, pero también la creciente irritación social que se manera silenciosa permea en varias capas sociales de la capital,.

Cuando un ciudadano (o ciudadana, dirían los puristas de género) se presenta ante una autoridad, en este caso una agencia del ministerio público, en busca de justicia, pero se le victimiza en segundo término, se desestimula la denuncia. Recuérdese que en La década de los90 la mayor parte de los denunciantes de robo de teléfonos celulares acababa siendo extorsionado o en la cárcel, tras inquisidores interrogatorios que provocaban confusión y contradicciones de los denunciantes, hasta que se provoca el hartazgo y ahora el robo de un celular es sólo rabia interna individual que si se colectiviza puede convertirse en conflicto social incontrolable.

Va como ejemplo los letreritos que han aparecido en varias delegaciones políticas del Distrito Federal, donde se advierte a los “ratas” que no se acerquen por determinada zona, porque serán linchados. Este hecho no quita el sueño a las autoridades capitalinas, que simplemente adjudican el hecho a malas intenciones de opositores.

La responsabilidad de proporcionar seguridad corresponde al Estado y esto deben tenerlo presente en el GDF. O qué: ¿quieren el surgimiento de grupos de autodefensa?

G. Muñoz


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