diciembre 26, 2013 By

Se multiplican los desplazados por la violencia en México.

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La falta de efectividad en la respuesta gubernamental es causa del aumento en la delincuencia, la proliferación de la impunidad representa también un incentivo en comunidades de Guerrero. Hombres, mujeres, profesionistas, comerciantes son víctimas de los delincuentes, quienes amenazan, golpean, secuestran, cobran rescate y asesinan. Exigen montos desde 200 pesos al mes hasta cantidades millonarias por liberar a personas retenidas.

De acuerdo con los expedientes que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta en escuelas de bachillerato, los profesores están en riesgo latente.

El motivo es poner calificaciones reprobatorias a los alumnos vinculados con grupos delincuenciales. Los prefectos omiten llamar la atención a los estudiantes indisciplinados, ante el temor de ser víctimas de estas bandas.

El organismo tiene una cantidad importante de testimonios; los más relevantes se refieren a las localidades de San José de la Hacienda, San Antonio Abad, La Villa, El Zapote, municipio de Ayutla de los Libres, así como las comunidades de Xaltianguis y Acahuizotla.

Un taxista recibió una llamada para transportar a varias personas a la comunidad de San José de la Hacienda. Ahí, una campesina vio cómo el chofer fue golpeado, le dispararon, lo metieron en su vehículo, rociaron gasolina y prendieron fuego. La hermana del fallecido presentó la denuncia, pero el agente del Ministerio Público le indicó que “mejor ya no le moviera porque ello era delicado”.

Una familia guerrerense fue víctima de varios delitos graves; extorsionaron al jefe de familia con 50,000 pesos; después sobrevino el secuestro de un hermano; durante cuatro días lo retuvieron y pagaron un rescate de 500,000 pesos, además de entregar alhajas. Las amenazas continuaron hasta que toda la familia salió del estado, algunos otros optaron por abandonar el país.

En otro ejemplo, a una mujer le robaron un vehículo, días después varios delincuentes se metieron a su casa. La secuestraron por siete días, su familia pagó 1 millón de pesos, de los 5 millones que pedían de rescate. Posteriormente, levantaron al hermano de la mujer, quien fue encontrado muerto. La respuesta de las autoridades, según se argumenta en los testimonios de la CNDH, es omisa.

Los agentes del Ministerio Público acuden a realizar el levantamiento de los cuerpos, pero en la mayoría de los casos no se informa el número de la indagatoria. Incluso las víctimas acusan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero de no notificar avances en las investigaciones.

Un ejemplo de los daños a ciudadanos por parte de la delincuencia es el de un empresario maquilador, quien en el último año ha sido víctima de diversos atropellos, como robo de camionetas, levantones, lesiones y amenazas de muerte a trabajadores. Su hija fue víctima de acoso de desconocidos, por lo cual se vio en la necesidad de sacar a sus hijos del estado.

Un sin número de casas abandonadas

Con base en datos exhibidos por la CNDH en su informe especial sobre grupos de autodefensas, en los municipios de Tlacotepec y Arcelia, en Guerrero la situación de inseguridad es preocupante. Por ejemplo, en Arcelia existe un sinnúmero de casas abandonadas, así como gran desolación y negocios cerrados.

También pudo observar que los inmuebles tienen huellas de violencia y orificios de arma de fuego en las fachadas.

En Teloloapan, una persona que se negó a proporcionar su nombre relató que en las localidades que colindan con Arcelia y Apaxtla de Castrejón los grupos de delincuentes entran a sus viviendas y obligan a los jóvenes a unirse a su organización o los asesinan.

También en Tlacotepec, una servidora pública municipal informó a personal de la CNDH que el número de desplazados oscilaba entre 700 y 900 personas. En esa misma localidad, visitó un albergue temporal para personas refugiadas, de las comunidades de Tetela, Acatlán, Pericotepec, Filo de Caballo, Huerta Vieja y Rodeo.

El testimonio afirma que en julio, 200 personas del crimen organizado habían tomado sus comunidades y los habían amenazado, razón por la cual tuvieron que dejar sus lugares de residencia.

En agosto, la CNDH se trasladó a distintos municipios de la región Costa Grande, pobladores relataron que un grupo de 150 personas en calidad de desplazadas arribó a Tecpan de Galeana, provenientes de San Miguel Totolapan, quienes fueron auxiliadas por el gobierno y albergadas en un principio en la primaria Hermenegildo Galeana y, posteriormente, fueron trasladadas a un hotel. 
Eran 32 familias albergadas, provenientes de la comunidad de Las Mesas II, San Miguel Totolapan, y se encontraban en pláticas con el gobierno estatal para su reubicación.

jose.reyes@eleconomista.mx

Fuente: ElEconomista.com.mx


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