septiembre 10, 2014 By Redacción Huellas

CEDH y gobernador de Sonora buscan culpables del desastre ambiental

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De acuerdo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el desastre ocasionado por el derrame no fue atendido a tiempo por autoridades federales; al respecto, Padrés Elías dijo tener evidencia que corrobora la tardanza de las autoridades federales en la atención de la contaminación en los ríos del estado causada por el derrame de tóxicos; por lo que, el gobernador anunció que solicitará la sanción y el despido de los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En opinión de Julián Andrade, el proceder del gobernador sonorense es desequilibrado y sin debate, “en lugar de documentar la necesidad de la obra en la propiedad de su familia, o pedir rectificaciones o aclaraciones por los canales tradicionales, optó por escalar el conflicto y escabullir así la responsabilidad pública que tiene.” Andrade agrega que cuando se gobierna no sólo basta con tener la razón, sino que “se debe realizar una labor de convencimiento y más aún cuando existen dudas en la sociedad.” Esto en relación a las declaraciones de Padrés Elías, en las que sostiene que los delegados actuaron con sesgo político y omisiones en el caso del derrame tóxico. Por lo que, quiere fuera, pero del gobierno, al procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro, “por no prever” el peor desastre en décadas.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora interpuso una demanda penal y otra civil contra responsables de derrame tóxico; en ese sentido, la CEDH se presentó ante la delegación de la PGR en Hermosillo el viernes pasado, y el lunes se ratificó, informó Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión.

Rogelio Guedea considera que los últimos desastres naturales ocasionados en nuestro país lastiman por varios motivos. “Primero: porque no hay en los mexicanos conciencia de las consecuencias que traerá en el futuro no cuidar debidamente nuestro entorno, no al menos como la hacen en otros países. Segundo: porque las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad parecen discapacitadas para hacerlo. Y tercero: porque las empresas o instituciones que cometen tales catástrofes quedan, como casi todo en nuestro país, impunes.”

Por lo que, Guedea, resalta la urgencia de replantear las políticas medioambientales del país. Pues los efectos del desastre ocasionado por la minera de Grupo México, que no derramó 40 mil m3, como indicó la empresa, sino más de 240 mil, tal como lo aseguró Antonio Navarrete, del Sindicato Minero, no solo posicionan a este desastre ambiental minero como al más grande de la historia de del país, además las afectó a casi 24 mil personas de siete municipios, canceló las actividades agropecuarias y ganaderas e impactó incluso en la población infantil, que se quedó sin escuela, y sin agua potable, señala el comunicador.


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